PARTICIPACIÓN POPULAR CONTRA ATROPELLOS DEL GOBIERNO PORTEÑO
Por Andrés Cárdenas
En los últimos cinco años, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta vendió o concesionó 47 hectáreas de terrenos solo en la costa del Río de la Plata, además de impulsar otros cuestionados convenios urbanísticos en CABA. Miles y miles de porteños y porteñas se opusieron a la iniciativa privada para edificar un barrio exclusivo en Costa Salguero en la audiencia pública, en marchas y con más de 50 mil firmas pidiendo por un parque público, aún cuando desde el oficialismo buscan bloquear toda discusión política, imponer una mayoría circunstancial en la Legislatura e ignorar la creciente movilización social.
En un artículo(1) sobre modernización del Estado y políticas públicas el sociólogo y doctor en Filosofía Daniel García Delgado, al analizar el primer cuatrimestre del gobierno nacional de Mauricio Macri en 2016 (con este sector político por entonces en el apogeo de su poder a cargo de los Ejecutivos nacional, porteño y bonaerense), identificaba las marcadas coincidencias de matriz ideológica de Juntos por el Cambio, con el concepto de “posdemocracia” plasmado por el intelectual argelino-francés Jacques Rancière(2).
“En la posdemocracia actual, coincidente con el capitalismo tardío, el pueblo desaparece de la escena política y su rol y peso en la toma de las decisiones son sustituidos por una élite corporativa de clase y tecnocrática, donde la soberanía del pueblo es reemplazada por la soberanía y el poder de mercado. La política se forma cada vez más por la interacción entre los gobiernos, los electores y las élites corporativas, así como por los organismos que representan mayoritariamente intereses comerciales y bancos multilaterales. Este predominio de las fuerzas del mercado en la política paradojalmente, no es considerado escandaloso, como lo fuera en el pasado, como algo que debía ser ocultado de alguna forma. Por el contrario, es abiertamente normalizado y de hecho las instituciones públicas quedan subordinadas a esta dinámica”, planteaba entonces García Delgado.
“El pueblo es registrado en la esfera política como la población, como un conjunto o número de individualidades a ser administrado y disciplinado. El marketing político toma un lugar central en la constitución del nuevo poder, el modelo comunicacional reemplaza al representativo. Cuando las resistencias emergentes, cuando las nuevas subjetividades democráticas y populares se formulan, sus demandas son denunciadas y desacreditadas bajo el discurso del peligroso e irresponsable ‘populismo'”, agregaba García Delgado.
En CABA, único de los tres distritos electorales antes nombrados en el que Juntos por el Cambio logró revalidar electoralmente su mandato en 2019, la tendencia ideológica “posdemocrática” persiste y se exacerba.
Bajo esta visión “los vecinos”, “la gente”, pasan a ser las denominaciones aceptables para catalogar cualquier tipo de organización popular que resulte inocua para los factores de poder real y sus gestores en gobiernos elitistas, apuntalados por la constante manipulación de los medios hegemónicos y costosas campañas publicitarias financiadas con fondos públicos. Los mismos fondos que luego se retacean del Presupuesto para sectores estratégicos como Salud y Educación: en estas dos carteras porteñas, por ahondar en el ejemplo, se produjeron recortes de diez puntos porcentuales en una década consecutiva (sin contar el período de pandemia en Salud).
A modo de balance en planificación urbana, solo en los últimos cinco años, la gestión de Rodríguez Larreta vendió, malversó o renovó en concesión 47 hectáreas de terrenos sobre la costa del Río de la Plata, además de impulsar otros cuestionados convenios inmobiliarios en toda la Ciudad, montando un negocio inmobiliario en un distrito con clara escasez de espacios verdes e instituciones educativas. En el caso puntual de Costa Salguero miles y miles de porteños y porteñas se opusieron a la iniciativa en audiencia pública y, con más de 50 mil firmas, pidieron un parque público, pero desde el oficialismopretenden obturar toda discusión política, para imponer la mayoría que ostentan en la Legislatura.
En la Ciudad, a fines del 2021, la Legislatura -por el voto del bloque oficialista de Juntos por el Cambio y aliados- aprobó un paquete de once convenios urbanísticos entre el Gobierno porteño y constructoras privadas para levantar torres en distintas comunas, algunas de hasta 85 metros de altura con excepciones a las normas vigentes, apenas una parte de más de cien megaobras, en un “barricidio”, que representa el avance perjudicial de intereses inmobiliarios concentrados sobre la calidad de vida de vecinas y vecinos, tal como lo viene denunciando Proyectar Ciudad.
“La presentación de convenios urbanísticos, en trámites acelerados, sin estudios ni planes del sector o anteproyectos urbanos avanzados que permitan evaluar con rigor técnico sus alcances, es un antecedente grave en materia de política urbana. En este caso se acentúa debido a la cantidad y dimensión de las intervenciones simultáneas autorizadas. Se elevará el precio del suelo del sector y, por referencia de sectores aledaños y de toda la Ciudad. Podría constituir un paso sin retorno en materia de acceso a la vivienda y a un hábitat saludable. Se profundiza un modelo de ciudad excluyente, destinado a la especulación financiera a través de la renta inmobiliaria.”, señalaba en relación al tema la arquitecta Gabriela Muzio, especialista en normativa urbanística y asesora en Planeamiento Urbano.
Las modificaciones al Código Urbanístico permiten el aumento de la capacidad constructiva sin tener en cuenta el costo ambiental y social que esto significa para los habitantes de la Ciudad. No solo se sancionó un Código Urbanístico a medida de los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, sino que ahora se les permite a éstos ampliar sus beneficios en detrimento del bienestar de la población y la calidad de vida, desvirtuando los objetivos de una herramienta de intervención urbanística de características excepcionales.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA REAL O TESTIMONIAL
El sociólogo García Delgado profundiza en su análisis: “En la posdemocracia, la magnitud del debate político se transforma en un espectáculo controlado, manejado por expertos y regulado por los medios de comunicación dominantes, donde se tratan temas seleccionados por ellos y donde la ciudadanía queda reducida a un papel pasivo. Los objetivos de esta modernización son evitar al máximo la intromisión del Estado en la actividad de las grandes empresas y maximizar sus capacidades de ganancias: vía contrataciones, precios de tarifas, aumento de transporte, en subas de servicios de agua, gas y fundamentalmente para la reproducción del endeudamiento externo. La concentración y el círculo vicioso de la bicicleta financiera, de una acumulación que no se destina a la reinversión sino a la fuga, la evasión de impuestos de los más ricos, requiere ser pagada por un programa de ajuste llevado a cabo sobre las espaldas de los trabajadores y de los sectores más débiles de la sociedad”.
Estamos ante el ejemplo acabado de los alcances de la posdemocracia enunciada por Rancière, esto es el modelo de una “democracia sin demos”, sin pueblo, ausente o borrado de las instancias decisorias que impactan de modo directo en su vida cotidiana.
“Resulta necesario poner de relieve que el modelo de la derecha necesita vaciar la discusión política y hacer un ‘como si’ de la misma, una parodia. Por eso escenifican la participación y a la vez señalan como violento a todo aquel que trate de elevar su voz por sobre el discurso manipulado como un trámite o una suerte de puesta en escena”, advirtió la arquitecta Muzio.
Al igual que en una guerra de trincheras distintos conflictos estallan en CABA y pasan a coexistir con un largo listado de derechos ciudadanos en peligro o directamente vulnerados. Por ejemplo, a los terrenos de la costa del Río de la Plata, espacio negado para la mayoría de la población, hay que sumarle la polémica por la cesión irregular de terrenos ferroviarios que fue autorizada por Macri a Rodríguez Larreta, en abierta violación de la Constitución Nacional, el día anterior a dejar el gobierno nacional, el 9 de diciembre de 2016.
Un informe de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) indicó la cesión de terrenos por un valor de entonces de al menos 16 mil millones de pesos. La cesión denunciada incluyó varios playones ferroviarios como los de Palermo y Caballito, o los terrenos en los que actualmente, en otro gran negocio inmobiliario, se pretende construir un corredor comercial desde la Avenida Congreso a la Avenida Dorrego.
En febrero de 2020 el presidente Alberto Fernández firmó un decreto en el que frenó estas cesiones inconstitucionales y ordenó que sean revisadas, por lo que el avance de los proyectos en terrenos ferroviarios se encuentra en suspenso.
Mientras tanto la voracidad inmobiliaria se sale de cauce como un río desbordado: al no poder disponer del playón ferroviario de Caballito para desarrollos comerciales privados como pretendía, el Gobierno de la Ciudad tampoco acompaña el pedido de los vecinos de la Comuna 6 de crear un amplio espacio verde público en estos terrenos, que volvieron a manos de la administración nacional en diciembre de 2020. En cambio, un nuevo y resistido proyecto fue anunciado desde la gestión de Rodríguez Larreta a pocas cuadras, esto es la creación de un parque lineal que convertirá la mitad de los carriles de la Avenida Honorio Pueyrredón en una suerte de maceteros gigantes, llenos de cemento, más que de nuevos espacios verdes. Posiblemente otro negocio millonario para los prósperos contratistas hacedores y reparadores de veredas de CABA: el anuncio en septiembre estimó una erogación de al menos 500 millones de pesos para ejecutar esta obra desde inicios de 2022.
Gran cantidad de vecinos alegan que la mitad de las viviendas, comercios y garages sobre la actual estructura de boulevard de Honorio Pueyrredón quedarán virtualmente tapiados en ocho cuadras entre las calles Neuquén y la Avenida San Martín (a la altura del Cid Campeador), a lo que se sumará más caos vehicular pues esta avenida actúa como arteria de descompresión de los pasos a nivel en superficie de las vías del Ferrocarril Sarmiento en cercanías de la estación Caballito, aliviando el embudo de tránsito que a esa altura se forma en horas pico, especialmente en Avenida Acoyte. Mayor contaminación atmosférica y acústica asegurada para los vecinos de la zona.
Todo apunta a generar más problemas que soluciones y a un magro agregado de “megamaceteros” en el engañoso conteo oficial de espacios verdes tan necesarios: una medición técnica discutida por especialistas, indica menos de cuatro metros cuadrados disponibles por habitante en CABA. Muy lejos de los quince metros cuadrados mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud en grandes urbes, marcando un déficit que afecta a la salud pública y al medio ambiente. En tanto en sus páginas oficiales el Gobierno de la Ciudad computa “a su favor” hasta los canteros dentro de cementerios públicos.
Mientras tanto una gran manifestación vecinal tuvo lugar antes de terminar el año en resistencia a la iniciativa del Parque Lineal sobre Honorio Pueyrredón y pedir por el parque público en tierras del Ferrocarril Sarmiento.
El corolario tal vez sea que las herramientas de la verdadera democracia, tales como la organización y la movilización popular, siguen siendo las más eficaces para visibilizar conflictos que pretenden ser silenciados por una lógica posdemocrática, aún cuando la actual mayoría en la Legislatura porteña avale lamentablemente de manera reiterada medidas antipopulares.
PERSEVERAR Y AMPLIAR LA CONCIENCIA ES LA TAREA
Al recapitular la política de estos años de la “Inmobiliaria Rodríguez Larreta” puede resumirse en pocos conceptos cómo la venta desenfrenada de tierras fiscales y la autorización de convenios urbanísticos para las construcción de torres, centros comerciales y barrios de lujo que maniatan la necesaria planificación urbana de CABA, que debería estar pensada en beneficio de las y los porteños pero, en cambio, es entregada de modo excluyente para beneficio exclusivo de los intereses de grandes desarrolladores inmobiliarios.
Las consecuencias están a la vista, un estancamiento poblacional que lleva décadas con características expulsivas ligadas a la percepción o no de ingresos medio altos y altos, alquileres por las nubes, miles de personas en situación de calle en la ciudad más rica de Argentina y la visible desigualdad entre el norte y el sur confirmada en todos los indicadores socieconómicos.
En el caso emblemático de Costa Salguero debe tenerse en cuenta en todo momento que se trata de tierras públicas y que se podría haber revocado la concesión para hacer todo tipo de proyectos: un parque público (tal como promueve el Frente de Todos en la Legislatura con la recolección de firmas), un centro cultural, complejos escolares, un centro de salud y vivienda a precios asequibles. Sin embargo, nada de esto fue priorizado por el oficialismo porteño, que avanza con decisión en la propuesta de levantar un barrio de viviendas de lujo y amarraderos que bloqueará el acceso público al río, hoy casi inexistente para porteñas y porteños.
Solamente la enorme resistencia popular, la recolección de firmas para impulsar el parque público, las movilizaciones y la judicialización sobre el procedimiento de venta de las tierras con un amparo mantienen aún en suspenso un avance más demoledor de las políticas excluyentes que se pretende imponer en el predio de Costa Salguero: la audiencia pública que batió todos los récords de participación en la historia de la Ciudad con siete mil inscriptos, determinó un rechazo de 98% al proyecto oficialista.
Para el caso del proyecto de la constructora IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors – también habilitado por la mayoría de Juntos en la Legislatura- la cuestión se complica por tratarse de tierras con títulos de propiedad privados, aunque cedidas del patrimonio público hace décadas y luego transadas en sucesivas ventas de opaca legalidad tal como analizó en profundidad un informe reciente de Proyectar Ciudad. Poco importa la ubicación de las futuras torres en zona de humedales, vecinas a la Reserva Ecológica de Costanera Sur y sin los mínimos estudios ambientales y de factibilidad que respalden el suntuoso proyecto también exclusivo para millonarios.
En tiempos de maniobras institucionales alevosas, lawfare, posverdad y manipulación mediática, la cuestión de fondo radica en fortalecer las conciencias con participación popular y compromiso político democráticos, pese al desánimo que muchas veces generan los permanentes avances contra las mayorías populares, que son alentados por las políticas neoliberales arraigadas en concepciones posdemocráticas.
(1) García Delgado, Daniel. 2016. La modernización del Estado: el poder vuelve al poder (editorial). Revista Estado y Políticas Públicas, 4 (6): 13-17.
(2) Rancière, J., El odio a la democracia, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2006.