Newsletter nº1 – Los resultados del ajuste en Salud, Educación y Seguridad Alimentaria frente a una Pandemia
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito más rico del país, no es novedad, y su PBI se compara con el de los países más desarrollados y prósperos del mundo. Su Jefe de Gobierno recibe muchos más recursos per cápita que cualquier otro Gobierno del país, a tal punto que dispone de un presupuesto de aproximadamente $110 mil pesos por ciudadano porteño.
Sin embargo, desde que comenzó la gestión del PRO en la Ciudad, su política estuvo caracterizada por el endeudamiento, el ajuste sobre la inversión social y el desarrollo de obras públicas que no mejoran el transporte, la salud, la educación ni el acceso a la vivienda.
Por el contrario, según un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV), entre 2015 y 2019 el presupuesto destinado a la Salud cayó 29% en términos reales. Esta información cobra significancia frente a un escenario de emergencia sanitaria, donde el Estado -en todos sus niveles- corre detrás de la pandemia del Covid-19 y la urgencia es tener la mayor cantidad de camas disponibles para la internación de pacientes que lo necesiten.
¿Qué significa el ajuste en esta materia? el recorte del Presupuesto 2019, respecto al inicio de la gestión del PRO en 2007, representa 563 camas menos, 30 mil internaciones menos anuales y 22% menos de consultas en los Centros de Salud y Acción Comunitaria.
La política de ajuste está acompañada por la diferenciación en el trato y la atención de las ciudadanas y los ciudadanos. Los barrios del sur de la Ciudad son los que más padecen los recortes permanentes sobre los servicios esenciales que debe brindar el Estado. Debido a la desprotección, las juntas comunales del sur informaron que se enfrentan con dos problemas: el alimentario y el epidemiológico.
El avance del Covid-19 acompaña al dengue, que viene consolidándose en la Ciudad de Buenos Aires desde su gran brote en el año 2016. Asimismo, sólo en 2020 hubo 28 casos de sarampión en la Ciudad, otro virus que no debe desatenderse.
Venimos reiterando sistemáticamente la necesidad de que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta atienda esta problemática y refuerce las herramientas de concientización, ya que desde principio de 2020 el mosquito transmisor Aedes Aegypti está presente en todas las comunas porteñas. Frente a un contexto de pandemia y emergencia sanitaria, más que nunca se debe prevenir el dengue para no colapsar el sistema de salud.
Sin embargo, durante la cuarentena se confirmaron más de mil casos de dengue en la Ciudad, sumando un total 3173 en lo que va del 2020. No sorprende que los barrios más afectados, donde se presentan la mayoría de los casos, sean Flores, Villa Lugano y Barracas.
A la par de estas consecuencias de la política de ajuste sobre la Salud, trabajadores y trabajadoras de los hospitales Moyano y Tornú han denunciado la falta de insumos que precisan para enfrentar la pandemia del Coronavirus. Afortunadamente la Justicia lo entendió e hizo lugar a tres amparos, ordenando al Gobierno porteño a garantizar los insumos necesarios.
El resguardo de la salud de los y las trabajadoras no solo es un derecho, sino también un beneficio para todos. Desde hace meses se suceden movilizaciones de los residentes y concurrentes que reclaman por su formación y rechazan la flexibilización laboral a la que están sujetos. Hoy más que nunca, cobra importancia el valor esencial de responder favorablemente a esos reclamos.
La política del ajuste rige también para la educación, en el mismo informe de la UNDAV referido anteriormente, se data que la caída de la inversión en Educación entre 2015 y 2019 fue del 24%. Es decir, por cada $100 en el área, se pasó a gastar $76.
También venimos advirtiendo sobre cómo estos recortes perjudican a las alumnas y los alumnos de la educación pública de la Ciudad, quienes frente a la pandemia del coronavirus, quedan más desamparados que nunca por el Estado a cargo de Horacio Rodriguez Larreta.
El año escolar, que no logró alcanzar el mes de cursada presencial, arrancó con casi 25 mil niños y niñas sin vacantes en los niveles inicial, primario y secundario. Asimismo, casi 100 chicos se intoxicaron por alimentos en mal estado. La concesionaria del servicio Lamerich SRL, que se encarga de los alimentos destinados a las escuelas, acumula 16 multas por el mal manejo de los alimentos, falta de rotulado y corte de la cadena de frío.
Como venimos señalando, el recorte alcanza también a las viandas y los comedores escolares. En reiteradas oportunidades manifestamos la necesidad fundamental fortalecer la educación pública y garantizar un Plan integral de Seguridad Alimentaria y Alimentación Saludable en las escuelas.
Cuando todavía no se había decretado la cuarentena obligatoria, el Gobierno de la Ciudad ya había determinado reemplazar las viandas escolares por sandwiches, reduciendo a la mitad la cantidad requerida. La polémica que se generó en torno a la comida fría, insuficiente y carente de los nutrientes que necesitan las chicas y los chicos porteños, hizo que el Gobierno de la Ciudad reemplace las viandas por bolsones con alimentos.
En principio la entrega es quincenal, destinada a todas las escuelas públicas porteñas y compuesta por leche, té, mate cocido, azúcar, galletitas, frutas y verduras, aceite, diferentes latas de conservas, atún, arroz, y flanes o gelatinas, junto a otros productos. En los primeros días de la implementación, diferentes docentes de las escuelas de los barrios más carenciados de la ciudad, denunciaron que los alimentos eran insuficientes, que hubo faltante de bolsones, demoras y largas colas de personas bajo la lluvia.
Mientras las políticas educativas continúan siendo deficitarias, particularmente en un contexto de crisis en la que miles de familias no tienen ingresos y no tienen la oportunidad de trabajar para adquirir alimentos, el Gobierno porteño elige gastar de forma urgente más de 52 millones de pesos en la compra de “material antidisturbios”.
Seguimos sosteniendo que no se trata de un problema de recursos, sino de un problema de prioridades. Frente a una crisis económica brutal y una emergencia sanitaria sin precedente esto queda aún más evidenciado. El distrito más rico del país tiene la oportunidad de cambiar sus prioridades y generar políticas públicas que garanticen una distribución más justa del ingreso, permitiendo que todas y todos los habitantes tengan acceso a la salud, la educación y la alimentación.