EL DERECHO AL BUEN COMER
Por Andrés Cárdenas
Legisladores del Frente de Todos, con Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña como firmantes del proyecto, impulsan una “Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas” de todos los niveles de CABA, mientras el Gobierno de la Ciudad abrió otra vez una licitación millonaria con los mismos concesionarios denunciados por pésimos servicios e intoxicaciones.
Diversos colectivos de las comunidades educativas de la Ciudad de Buenos Aires colaboraron en elaborar y apoyan el reciente proyecto de ley presentado por el Frente de Todos ante la Legislatura porteña para que el servicio de comedores y viandas escolares sea gratuito y con participación de la economía popular y las cooperadoras de los colegios.
Sin embargo la gestión del Gobierno de la Ciudad pese a la acumulación de graves denuncias por el mal servicio, incluidos repetidos episodios de intoxicación en los últimos años, propone continuar con los mismos concesionarios proveedores, con un nuevo llamado a una licitación multimillonaria, en la que estas empresas se encuentran mejor posicionadas debido a las normas vigentes.
Actualmente, en caso de existir multas o sanciones, como sucede aunque sin afectar el volumen del millonario negocio, tales hechos no se toman en cuenta a la hora de las licitaciones, por lo que las empresas que incurren en faltas pueden volver a ser seleccionadas sin impedimentos, y además suman más puntos “por antigüedad” por haber provisto al gobierno de modo previo, aún cargando con denuncias por malos servicios, lo que no les computa en contra.
Para participar de la licitación se exige la adquisición de pliegos por más de 700 mil pesos solamente en concepto de inscripción, una suma que luego no es devuelta cualquiera sea el resultado. Este procedimiento funciona como disuasorio para numerosas cooperativas más pequeñas que desisten de presentarse al llamado: por ello todo el sistema en los últimos años gira en torno a un grupo concentrado de 19 empresas, según denuncian representantes de la comunidad educativa. Una situación insostenible por la cual se presentó un amparo judicial.
No se trata de sumas menores -en la actualidad hablamos de una gestión de más de 12.600 millones de pesos anuales- por parte de este puñado de concesionarios para la provisión de un servicio claramente ineficiente, por lo que hay que decir firme y fuerte: con la comida de las chicas y los chicos no se jode.
“Creo que no debería ser mucho pedir que ningún pibe se intoxique comiendo en la escuela. Defendamos la mejor infancia posible, las mejores escuelas y un Estado sensible”, pidió la legisladora Fernández en un video de difusión del proyecto.
Durante 2020, en plena pandemia, desde Proyectar Ciudad denunciamos que la comida brindada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a niños y niñas de las escuelas del distrito, en medio de la crisis sanitaria por el covid-19, no cubría estándares nutricionales, además de repartirse en operativos riesgosos y con elevados sobreprecios respecto de los valores de mercado, por intermediaciones de empresas que acaparaban el presupuesto.
El ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, negó en aquel entonces la existencia de sobreprecios y adujo que se trataba de costos logísticos por trasladar comida a muchas escuelas, cuando la realidad es que cualquier comercio de barrio o cercanía tenía similares costos de traslado y ofrecía la misma canasta al menos un 100% más económico.
Justamente en marzo de 2020, casi cien alumnos se intoxicaron por alimentos en mal estado en escuelas de Caballito y Palermo, bajo la concesión de Lamerich SRL.
Repasando los nombres de entonces, encontramos casi a los mismos concesionarios actuales: Lamerich SRL; Servicios Integrales de Alimentación SA; Díaz Vélez SRL; Carmelo Antonio Orrico SRL; Servicios Integrales de Alimentación SA; Compañía Alimentaria Nacional SA; Friends Food SA; Arkino SA; Tavolaro SRL; Spataro SRL; Alfredo Grasso; Rodolfo Ferrarotti SRL; Treggio SRL; Dassault SA e Hispan SA; Alimentos Integrados SA; Servicios Integrales Food And Catering SRL; Sucesión de Rubén Martin SA y Siderum SA; Bagala SA; Servir SA y Caterind SA.
Un negocio que evidentemente resiste el paso del tiempo y las denuncias por parte de la comunidad educativa y los colectivos sociales y políticos.
“Creo que por la relevancia que viene tomando el tema y cómo se evidenció que la alimentación en las escuelas no funciona bien, que no solo está privatizada y no es para todes, sino que les pibis comen esa comida aunque muchas veces no les gusta, que sobran casos de intoxicaciones o falta de raciones a la hora de la entrega, al Gobierno de la Ciudad no le va a quedar otra opción que proponer algún cambio. Sea enmarcado en mi proyecto o no. Desde ya que no es una garantía, por lo que hay que seguir generando redes, organizándonos detrás de la urgencia de que se haga algo y pronto. Estudiantes, docentes, familias, cooperadoras, nutricionistas, agentes de la salud, organizaciones de la sociedad civil vienen organizadxs con este tema y sí hay que convertir toda esa fuerza en la garantía de que si no quieren escucharnos y transformar el sistema, van a tener un alto costo de cara a la sociedad”, dijo la legisladora Fernández.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO ALIMENTARIO INCLUSIVO
Las fundamentaciones de la “Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas” del Frente de Todos en la Legislatura porteña consideran que el Estado argentino reconoce el derecho humano a la alimentación al otorgarle jerarquía constitucional mediante el artículo 75, inciso 22 de su Constitución Nacional, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Según estos marcos normativos, el derecho a la alimentación adecuada “se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” o, en otros términos, es “el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”.
Las vergonzosas viandas escolares como la que ilustra este comentario, entregada en una escuela primaria porteña, distan muchísimo de respetar estos derechos básicos, así como los estándares nutricionales deseables: muchos carbohidratos, embutidos y azúcares, pocas verduras y frutas crudas y poca proteína, caracterizan la oferta.
El Servicio de Comedores Escolares, Refrigerios y Viandas es, en nuestro distrito, un servicio público en consonancia con lo establecido por los artículos 20, 22 y 46 de la Constitución de la Ciudad. A lo largo de los últimos años, hubo muchas alertas por parte de la comunidad en relación al servicio brindado en los establecimientos escolares por parte de empresas adjudicatarias de las licitaciones. Como decíamos, lejos de dar cumplimiento a una alimentación adecuada, los alimentos que se les brindan a los/as estudiantes presentan muy baja calidad y diversidad nutricional. Poco queda, al día de hoy, de aquellos comedores escolares que garantizaban a les estudiantes un plato de comida abundante y nutritivo, a los fines de permitirles llevar a cabo la jornada escolar. En este sentido, se presentaron en la Legislatura proyectos de preocupación, pedidos de informe y de ley a los fines de abordar esta problemática tan urgente para las comunidades y de suma importancia para la construcción de una Ciudad más igualitaria.
Este último proyecto se respalda en la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el interés superior de las niñas y niños en virtud de lo establecido en la Ley Nro. 114, la Ley Nacional Nro. 26.061 y la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
La propuesta se centra en la perspectiva de la soberanía alimentaria, entendiéndola cómo “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. Esta definición fue consensuada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde el año 2015.
La efectivización del derecho a la nutrición adecuada está ligada al enfoque político, e incluso filosófico, que el Estado asume respecto de la alimentación. No es posible garantizar plenamente este derecho si se adopta, por ejemplo, una perspectiva alimentaria subordinada al mercado, sostiene el Frente de Todos.
El acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos de los/as estudiantes en el ámbito escolar resulta un eje central en pos de abordar, desde la Ciudad de Buenos Aires, la discusión acerca de la soberanía alimentaria. Entendemos que un alimento “sano” es aquel que sea bueno para nuestro cuerpo, que provea una nutrición integral y natural y, a la vez, que no sea perjudicial para la tierra en la que se produce. Por su parte, “seguro”, refiere a que todos/as los/as habitantes puedan tener cantidad y diversidad de alimentos cada día a través de mecanismos basados en equidad, reciprocidad y mejorando la estabilidad de la comida local. Con “soberano” nos referimos a poder controlar como productores y consumidores los productos en cuestión, posibilitando que respondan a nuestras necesidades, culturas y que reconstruyan las relaciones entre el campo y la ciudad.
Otro pilar de este proyecto es el acceso universal y gratuito. Es fundamental que todos/as los/as estudiantes de los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada con cuota cero accedan a la asistencia alimentaria de manera gratuita e irrestricta, entendiéndolo como una de las bases para garantizar el derecho a la alimentación y alejarnos de la perspectiva mercantilista que caracteriza al sistema actual.
“La política educativa de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña es muy representativa de la forma en la que gestionan en general la Ciudad. Con marketing, política on demand, basada en el sostenimiento delirante de un relato de sus prioridades que no tienen ningún correlato en la realidad material. Desde ya que recuperar la inversión en educación tiene que ser una bandera central, por la infinidad de problemáticas presentes hoy y porque la partida para Educación cayó casi 14 puntos reales en los últimos diez años en la Ciudad. Pero, de todas maneras, con lo que hoy se destina, por ejemplo, en alimentación, si estuviera planteado otro modelo de gestión, podría ser muchísimo mejor. Primero, porque un gran problema es que las empresas no cumplen con los pliegos y las obligaciones que tienen, entregando viandas de menor gramaje y de menos cantidad que las que efectivamente deberían, cuando no directamente en mal estado. Estas empresas son las mismas que tienen a su cargo la concesión hace años. Incluso, el hecho de haber ya tenido contratos con el GCBA otorga puntaje en la licitación y las sanciones son casi inexistentes, entonces que expliquen cómo garantizan de esta forma la calidad de las prestaciones” explica Lucía Hamilton, asesora legislativa y colaboradora en la elaboración del proyecto de ley.
Además, en estos momentos son múltiples los problemas ocasionados para acceder a las becas para comedores derivados de los trámites que se deben realizar, razón por la cual es una necesidad de primer orden la modificación de dicho sistema y garantizar la comida de todos/as quienes cursan sus estudios.
Por último, el proyecto prevé además otro punto fundamental: las empresas que hayan incumplido el servicio no podrán volver a presentarse en las licitaciones, al contrario de la actual política porteña.
“Sobran experiencias por parte de las familias de hacer un reclamo por intoxicación o falta de viandas y que no haya forma de contactarse con los proveedores y el acompañamiento por parte del Ministerio porteño es básicamente nulo. Desde ya que varía mucho según la escuela, por la vocación y el compromiso de las conducciones y docentes, pero la regla suele ser el no hacerse cargo. Y esto es para casos específicos del incumplimiento alevoso de las prestaciones, después respecto del funcionamiento normal hay una jactancia insólita como si todo funcionase bien. Nutricionalmente, la comida que les dan a los niños es de una baja calidad alarmante y la educación alimentaria, el derecho a comida sana, discusión tan importante y que tanta relevancia viene tomando, es un derecho que el Ministerio de Educación porteño tiene que garantizar”, agrega Hamilton.
ALIMENTACIÓN SALUDABLE JUNTO A LA ECONOMÍA POPULAR Y LAS COOPERADORAS ESCOLARES
Prosigue la letra del proyecto: “Por otro lado, es fundamental abordar la dimensión de la educación alimentaria con el objetivo de promover hábitos saludables y acordes a la perspectiva planteada, que entiende a la salud de manera integral. Además, nos circunscribimos a un contexto de proliferación de problemas y trastornos alimentarios, derivados de la mala alimentación y de la reproducción de mandatos sociales. La situación requiere un rol activo, preventivo y precautorio del Estado para resguardar y promover los determinantes de la salud, para que las personas puedan alcanzar el nivel más alto posible de bienestar físico, mental y social”.
Y añade: “Por ello, el sistema de gestión de la alimentación y sus fuentes de provisión constituye uno de los aspectos fundamentales a modificar, con el objetivo de disminuir el poder del sector privado que hace años es el responsable principal de la comida de los/as estudiantes y los problemas derivados de ella y fomentar la inserción en el servicio de alimentación escolar de las asociaciones cooperadoras y grupos asociativos de la Economía Popular, Social y Solidaria, en consonancia con la ley N° 6376 de Promoción de la Economía Social.
Si bien las Cooperadoras son actualmente una fuente de gestión prevista en la Ordenanza 43.478, no poseen el acompañamiento estatal necesario para proveer efectivamente la alimentación, quedando a la deriva de la voluntad y el esfuerzo de sus miembros.
Por su parte, el presente proyecto de ley propone incorporar como otra fuente de provisión directa de alimentos a un actor clave para el desarrollo social y económico de nuestro país y nuestra Ciudad: los grupos asociativos de la economía popular, social y solidaria. Tal incorporación se propone como estrategia de desarrollo basada en la promoción y fomento de relaciones económicas con perspectiva de derechos humanos, en las que prime la dignidad de las personas ya que los y las trabajadores/as de la Economía Popular realizan diversas tareas necesarias y esenciales, para el sostén del funcionamiento de nuestra economía. Por otro lado, su inclusión es necesaria como garante de la calidad y soberanía de los alimentos que, como mencionamos anteriormente, al día de la fecha son provistos por empresas que no las garantizan”.
En este marco, la iniciativa legislativa promueve un mínimo del 25% de la gestión destinado a los grupos asociativos de la Economía Popular, Social y Solidaria con el objetivo de garantizar y promover su participación. Este monto se establece como un piso que, con el correr del tiempo y la presencia activa del Estado, tienda a aumentar para poder incorporar a más actores pertenecientes a este sector socio-económico.
Para el Frente de Todos debe ser prioridad garantizar un sistema que acompañe y fomente que estos grupos y las Asociaciones Cooperadoras puedan tener una mayor participación en la provisión de los alimentos, razón por la cual deben desarrollarse las capacitaciones, otorgarse los recursos y medidas necesarias para que eso ocurra.
Todo lo contrario de lo que sucede ahora, donde exitosos intentos de gestión por parte de cooperadoras escolares sufrieron intervenciones injustificadas por parte de las autoridades educativas porteñas, con la ministra Acuña como principal promotora, como fórmula de castigo y disciplinamiento.
Existían en 2020 cuatro experiencias de gestión de los comedores por parte de cooperadoras. Una de ellas, la de la escuela Álvarez Thomas del barrio de Agronomía, se destacó además como modelo por la incorporación de alimentos sanos, frescos y saludables. Ese mismo año, en plena pandemia, el GCBA intervino esa cooperadora por un supuesto “incumplimiento de las normas contables” que nunca comprobó y las familias denunciaron que se trató de un “ataque” por organizarse por fuera de los mandatos del Gobierno. Recién a fines del año pasado, en diciembre de 2021, dichas familias pudieron recuperar el control tras quince meses de intervención.
“Las cooperadoras deberían tener un rol protagónico dentro del sistema educativo y de los actores desde dónde se piensa y proyecta. Son literalmente quienes garantizan que las escuelas no se caigan a pedazos, haciendo las obras y refacciones que el Ministerio de Educación no lleva a cabo o comprando insumos y materiales para el desarrollo de las clases. En la pandemia se vio muy claro cuando compraban los insumos sanitarios que el Ministerio porteño dejó de mandar para que estudiantes y docentes puedan cursar seguros”, explica Hamilton.
“En relación con los servicios de alimentación el proyecto del Frente de Todos tiene enlistada formas concretas de garantizar el acompañamiento: que se impartan cursos y capacitaciones, entrega de manuales o instructivos respecto de la gestión de los comedores, la creación de equipos ministeriales específicos de acompañamiento técnico, entre otras. Hoy en día, en el marco de las Cooperadoras se tienen que organizar las comisiones de comedor que auditen el correcto funcionamiento de los mismos y evitar que ocurran los desastres que los concesionarios hacen. Y esto no pasa porque desde el Ministerio porteño no tienen una política de facilitar información y fortalecer la continuidad de las cooperadoras sino que queda librado al compromiso de las familias que muchas veces no pueden asumir todo lo que esto implica. Desde ya que hay que tejer redes y comprometer a las familias y la comunidad educativa toda con la cotidianeidad de las escuelas, en todos los sentidos, pero no puede ser en detrimento del rol del Ministerio. Porque termina pasando que aquellas cooperadoras que tienen la posibilidad y la casualidad de ser más comprometidas terminan accediendo a una mejor calidad educativa. Y eso es contrario a la igualdad y gratuidad fundante del sistema escolar”, analizó la especialista.
En la ciudad futurista, la Buenos Aires del “metaverso”, en la que “la transformación no para”, que quiere vendernos Rodríguez Larreta, la respuesta oficial a una situación tan real y no virtual, urgente y llena de aristas como es el derecho a la alimentación adecuada se resume en la negación total. Pero no solamente eso, sino que también se contraataca a los colectivos de la comunidad educativa acusándolos de querer instalar una “campaña del miedo” (igual que en 2015 cuando millones de argentinos alertaban sobre el desastre que finalmente terminó haciendo Mauricio Macri como presidente).
El otro aspecto que no falta es el de la propaganda con legisladores del oficialismo ayudados por medio afines, quienes montaron verdaderos circos con cámaras para intentar demostrar el supuesto perfecto funcionamiento de los comedores escolares porteños, sin cambiar en lo más mínimo el casi inexistente régimen de supervisión, ni dar respuestas con reformas superadoras, al actual mal servicio de las prestaciones.
De parte de Juntos por el Cambio y sus aliados reeditan la vieja escuela romana de “pan y circo”, pero reformulada al extremo de sacarle el pan de la boca a los que más lo necesitan.