VIANDAS CON SOBREPRECIOS: NEGOCIOS Y PANDEMIA
Buenos Aires, 2 de junio de 2020
La comida brindada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a niños y niñas de las escuelas del distrito, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, no cubre estándares nutricionales, además de repartirse en operativos riesgosos. El Frente de Todos denunció elevados sobreprecios, por intermediaciones de empresas que acaparan el presupuesto, y propuso implementar una Tarjeta Alimentaria.
Los comedores escolares y la provisión de viandas en los establecimientos educacionales públicos porteños se encuentran en el ojo de las críticas de la comunidad educativa durante los últimos años y la calidad y condiciones de estas prestaciones empeoraron aún más a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado en el país el 20 de marzo pasado, en plena pandemia.
Los niños y niñas que solían recibir almuerzos o cenas calientes, según el turno, al suspenderse las actividades escolares debieron retirar en los primeros días del ASPO refrigerios elaborados por los concesionarios con sándwiches de pebete con dos fetas de fiambre, una fruta y un paquete de galletitas, que recibieron coincidentes repudios por su pésima calidad, además del poco aporte nutricional.
Ante las crecientes quejas, se cambió esta modalidad por la entrega de una “Canasta Escolar Nutritiva”, uno de los habituales eufemismos de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, esta vez para referirse a un bolsón de mercaderías básicas, que tampoco cumplen mínimos estándares de alimentación integral y se retiran de modo presencial en los establecimientos educativos cada quince días.
Un paquete de fideos, uno de lentejas o porotos, arroz, una polenta, un puré de tomate, un aceite de 900 centímetros cúbicos, una lata de atún pequeña, un kilo de azúcar, eventualmente harina, dos postres en polvo y cinco unidades de fruta, una calabaza y medio kilogramo de cebollas, como alimentos frescos, deben alcanzar para “diez días hábiles” en la alimentación de niños y niñas en crecimiento.
Lo que de por sí suena a poco y juega con un derecho sagrado como la nutrición infantil no alcanzaría los niveles de escándalo que logró el tema si no se le agregara la adquisición pública de estos alimentos con hasta 115% de sobreprecios, debido a una innecesaria y poco clara red de intermediación empresarial, denunciada por el Frente de Todos en la Legislatura porteña.
FIESTA DE LOS INTERMEDIARIOS
“Además de no cumplir con los objetivos nutricionales básicos, los bolsones de comida que el Gobierno de la Ciudad terminó pagando en abril cerca de $1.400 cada uno al hacerlos llegar a las escuelas para su distribución, tienen un costo real de $658 en productos en un supermercado de cercanía de barrio, como pudimos comprobarlo a valores de abril y, de $720, según los precios actualizados de los últimos días de mayo”, explicó Santiago Roberto, legislador del Frente de Todos, uno de los impulsores de la denuncia y el pedido de informe que “duerme” en la Legislatura debido a la mayoría del PRO y sus aliados.
Pese a los requerimientos de los legisladores opositores y de entidades como el Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC), recién el 28 de mayo el Boletín Oficial, un mes y medio después del pedido de explicaciones, confirmó que más de la mitad del costo de esta ayuda alimentaria, un estimado de al menos 52%, se desvía hacia un puñado de empresas intermediarias, que hacen un enorme negocio.
El ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, negó la existencia de sobreprecios y adujo que se trataba de costos logísticos por trasladar comida a muchas escuelas, cuando la realidad es que cualquier comercio de barrio o cercanía tiene similares costos de traslado y ofrece la misma canasta al menos un 100% más accesible.
Otro avance importante fue identificar a algunas de las principales empresas beneficiadas: Lamerich SR; Servicios Integrales de Alimentación SA; Díaz Velez SRL; Carmelo Antonio Orrico SRL; Servicios Integrales de Alimentación SA; Compañía Alimentaria Nacional SA; Friends Food SA; Arkino SA; Tavolaro SRL; Spataro SRL; Alfredo Grasso; Rodolfo Ferrarotti SRL; Treggio SRL; Dassault SA e Hispan SA; Alimentos Integrados SA; Servicios Integrales Food And Catering SRL; Sucesión de Ruben Martin SA y Siderum SA; Bagala SA; Servir SA y Caterind SA.
“La realidad es que hace tiempo venimos siguiendo el pago de sobreprecios en bienes esenciales por parte del gobierno porteño con una metodología que se repite que es la de utilizar intermediarios para bienes altamente necesarios como viandas alimentarias, agua potable o barbijos, casi como un modelo de negocios. Un sistema altamente costoso y además ineficiente”, declaró recientemente María Eva Koutsovitis, integrante del ODC y miembro de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA.
“Existen faltas de mecanismos adecuados de control para la ciudadanía con un progresivo deterioro de la democracia participativa. Aumentaron estas concesiones desde la época de Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno, así como la compra discrecional de manera directa también para no pasar por controles de la Legislatura ni que sean auditados”, agregó la especialista.
Otro ejemplo de este modo de acción son las concesiones para llevar agua potable con camiones cisterna a barrios populares de CABA, por las que hace más de una década se abonan cifras multimillonarias. Si se sumaran estos pagos por servicios que deberían ser de contingencia, con seguridad se podría haber resuelto de modo permanente problemas de infraestructura como los de la Villa 31 de Retiro, cuyas trágicas consecuencias en vidas humanas perdidas y personas contagiadas con coronavirus lamentamos en estos días.
Como último grado de un sistema de por sí cuestionable llegamos a los casos delictivos flagrantes, que producen ganancias instantáneas, como la estafa con barbijos tricapa que se compraban en una fábrica de CABA y eran revendidos en un “pasamanos” al gobierno porteño al doble de precio. O peor aún, un cargamento de cinco millones de barbijos pagados y nunca entregados por la firma fantasma E-ZAY SRL (1).
LA VISIÓN DESDE LAS ESCUELAS
Mientras los negocios transitan por otra parte es en los barrios, en especial los vulnerados más que vulnerables, donde más se sienten los perjuicios de las carencias, como en la Escuela Primaria Común Nro. 10 del Distrito Escolar 5, “Deán Diego Estanislao de Zavaleta”, en plena zona de influencia de la Villa 21-24 Núcleo Habitacional y núcleo Transitorio Zavaleta de Barracas.
Su director, Daniel Ferro, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), cuenta: “Nosotros le llamamos entrega de mercadería porque el nombre Canasta Escolar Nutritiva suena muy lindo pero es mentira. Mandan diez saquitos de té o mate cocido, uno por día hábil, y ahora repusieron harinas que antes repudiaban en los planes nutricionales. A veces es casi incomprensible cuando incluyen gelatina light para preparar con agua de pésima calidad como la del barrio”.
“Otro problema es que no mandan máscaras faciales ni alcohol en gel ni barbijos suficientes para los operativos quincenales de entregas de bolsones, lo que pone en riesgo de contagio a toda la comunidad educativa, docentes, personal auxiliar, de portería y de concesionarios de comedores, así como a los padres de alumnos que forman a veces largas colas con aglomeraciones no recomendables”, agregó Ferro.
En otro plano de necesidades, Ferro apoyó el proyecto de ley presentado por la legisladora Maria Bielli, del Frente de Todos, para garantizar el acceso a wi-fi gratuito en barrios populares de la Ciudad, en el marco de la pandemia: la idea es reducir la brecha digital que rige en el distrito y garantizar el acceso al teletrabajo y a los recursos online de la Ciudad.
El GCBA en tanto volvió a dar muestras de su enorme capacidad para retorcer argumentos al explicar lo inexplicable: anunciaron que en adelante las entregas de bolsones de alimentos serán mensuales en lugar de quincenales, para no exponer a la comunidad educativa a mayores riesgos de contagio. Sin embargo, desde muchas escuelas, como la Zavaleta, respondieron que se trata de una maniobra para reducir y abaratar aún más los envíos, en lugar de intentar una mejora en las condiciones de reparto, y que, con la nueva frecuencia, se verá reducida al menos a la mitad la ya escasa presencia de alimentos frescos perecederos que se brinda actualmente.
TARJETA ALIMENTARIA FAMILIAR
Los problemas de las escuelas con las concesiones de viandas llevan años, el caso más reciente fue en marzo pasado en la escuela Úrsula Llames de Lapuente (Nro. 5 D.E.2) con 59 chicos intoxicados, según los padres, por el mal servicio de la concesionaria Lamerich SRL, que cuenta con un extenso listado (2) de irregularidades e incumplimientos relevados por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), siendo multada en varias oportunidades.
Tanto Lamerich SA, como Hispan SA y Siderum SA estuvieron involucradas en denuncias de irregularidades sin perder su condición de concesionarias y proveedoras del Estado porteño.
El Frente de Todos presentó hace dos semanas en la Legislatura un proyecto de ley para una Tarjeta Alimentaria (3), similar a la Alimentar a nivel nacional, que reemplace la entrega de canastas escolares por un monto mensual de $5.000 exclusivamente para compra de alimentos y bienes básicos.
“Actualmente muchos de los eventuales beneficiarios cuentan con tarjetas del Programa Ciudadanía Porteña o perciben Asignación Universal por Hijo, lo que facilitaría mucho la implementación, se evitarían colas y problemas de espera en el marco de pandemia que vivimos”, explicó el legislador Roberto.
Desde el ODH estimaron que una Tarjeta Alimentaria porteña, al transferir fondos directamente a las familias, ayudará a duplicar la cantidad de alimentos que perciben con los mecanismos actuales y sacará de la ecuación al ineficiente y poco transparente sistema de intermediarios.
Desde nuestra perspectiva, se trata de instancias necesarias luego del reciente otorgamiento de “superpoderes” a Rodríguez Larreta, por los cuales puede disponer del cien por ciento del presupuesto y de las partidas, una verdadera suma del poder público, que hasta lo habilita a suspender leyes: una señal de alerta si tenemos en cuenta los antecedentes de gestión de la fuerza que representa.
1- https://www.infobae.com/politica/2020/05/14/la-ciudad-de-buenos-aires-pago-por-adelantado-170-millones-por-barbijos-que-nunca-le-entregaron/
2- https://drive.google.com/file/d/1JZeB0683ibZ7HvroqjnWs09g01skwwnn/view?usp=sharing
3- https://drive.google.com/file/d/1lh3ijlBZYHhrBD3AuBAk8NCMyv-k1JrB/view?usp=sharing