La ola de frío de mediados de este año dejó de manifiesto el lamentable contexto que enfrentan las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia del fallecimiento de Sergio Zacariaz, un hombre de 52 años encontrado sin vida en San Telmo, no fue suficiente para evitar nuevas muertes a causa del desamparo. Días después, trascendió el fallecimiento de otra persona en la guardia del Hospital Pirovano, adonde había ido a refugiarse de las bajas temperaturas. Fuentes periodísticas mencionan que incluso habría ocurrido otro caso en el centro porteño[1].

El frío muestra solamente uno de los aspectos más crudos de lo que sufren quienes viven en la calle, pero se trata de una problemática que involucra múltiples dimensiones. Quedarse sin hogar implica una mayor exposición a situaciones de violencia, consumos problemáticos, deterioro de la salud, dificultad de continuar los estudios y aislamiento del mercado laboral.

La información disponible sugiere que en la Ciudad de Buenos Aires la problemática de las personas en situación de calle está adquiriendo características novedosas que lo hacen aún más preocupante.

El incremento en la cantidad de las personas es sólo uno de los aspectos de esta transformación. El otro es el cambio de perfil de quienes se encuentran sin techo, que se caracteriza por más personas sin tradición de estar en la calle, mayor cantidad de niños y de familias, y la preeminencia de factores económicos como determinantes para quedarse sin vivienda.

Si efectivamente estuviera teniendo lugar un cambio en el perfil de las personas sin techo ello tornaría inadecuados los dispositivos, de por sí deficientes, con los que cuenta el GCBA para abordar la problemática.

Mientras tanto las autoridades locales parecen más preocupadas por cuestionar los datos disponibles, que por tomar nota del fenómeno y ofrecer respuestas adecuadas a la problemática.

 

La crisis económica empuja a más personas a vivir en la calle

Esa realidad cotidiana de las personas en situación de calle se agrava mientras continúa la recesión que comenzó a mediados de 2018. La caída general de la actividad económica ha repercutido sobre el empleo y los ingresos de la población, lo cual se refleja en el aumento de los niveles de pobreza e indigencia. La Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad dio a conocer que, a marzo de este año, 94.000 personas más habían caído en la pobreza. En el mismo período, 52.000 personas más pasaron a la indigencia, con ingresos que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas alimentarias.

El recrudecimiento de la situación económica es el principal factor que explica el aumento de personas sin hogar. El último censo[2], realizado a fines de abril de 2019, registró 7251 personas en situación de calle. Son 2838 personas más que hace dos años, cuando se había realizado el relevamiento anterior.

[1]http://revistaanfibia.com/cronica/la-calle-una-mierda-tambien-cuando-no-frio/

[2] El Censo Popular de Personas en Situación de Calle es una iniciativa de la que participaron el  Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Ciudad y participaron instituciones y organizaciones sociales como: Abrigar Derechos, ACIJ, Asamblea Popular de Plaza Dorrego, CELS, MP La Dignidad (Puentes), No tan Distintas, Proyecto 7.

Uno de los datos salientes del reciente Censo es que se incrementó la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle, mientas que en 2017 se habían relevado 624 menores de edad, en la versión 2019 se identificaron 871[1].

Que la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle se haya incrementado más que el total de la población que se encuentra en estas condiciones podría ser un indicio de que está teniendo lugar un cambio relevante en el perfil de las personas sin techo, donde los determinantes económicos son muchos más relevantes que antes.

 

Personas que nunca antes vivieron en la calle

La apertura de los datos del censo revela que en los últimos dos años hubo cambios significativos en la población que vive en la calle. Mientras que en 2017 sólo el 22% había contestado que su situación llevaba menos de un año, en 2019 ese porcentaje se expandió al 32%. Más de la mitad de las personas que están en situación de calle llegó a esa situación desde el año 2016.

El incremento de la cantidad de personas sin hogar es un fenómeno reciente y no se trata, además, de personas que están en transición entre la calle e inquilinatos, sino de casos que atraviesan por primera vez esta situación.

[1]La comparación subestima el número de menores de edad en situación de calle en 2019, dado que el censo de 2019 solamente los identificaba si aceptaban responder la encuesta, mientras que en el censo anterior se añadía un reconocimiento visual por parte del/la censista sobre todas las personas relevadas.

Consultados respecto a si alguna vez habían vivido en la calle antes de su situación actual, el 52% de las personas que contestaron la pregunta manifestó que nunca antes había vivido en la calle. El 70%, además, respondió que antes de vivir en la calle tenía su propia vivienda o alquilaba.

Entre los motivos por los que las personas están en situación de calle, este año el 63% de quienes respondieron la encuesta contestó que las razones económicas fueron causa de su situación. Hace dos años, el 34% había contestado que estaba en la calle por factores económicos, mientras que los problemas familiares y de consumos problemáticos de alcohol y drogas eran motivos más frecuentes.

Estos aspectos refuerzan la hipótesis de un cambio de perfil en las nuevas personas que entran en situación de calle. En la actual coyuntura, en la que se advierte un fuerte incremento del total de personas sin hogar, las causas económicas resultan predominantes, hay más sujetos afectados que nunca antes habían estado en esta situación y que incluso vivían bajo una vivienda propia o alquilada que tuvieron que dejar.

Estrategias de supervivencia

Contrariamente a uno de los sentidos comunes más difundidos respecto a las personas en situación de calle, un 72% de ellas declaró realizar alguna actividad económica. De hecho, más de un 12% trabaja en formas ocupacionales relativamente tradicionales y poco características de las personas en situación de calle, como trabajo en relación de dependencia, trabajos de pintura, albañilería, plomería, limpieza en casas particulares, cuidados y trabajos en gastronomía. La actividad económica predominante es el cartoneo (42%), seguida por la venta ambulante o en ferias (24%) y cuidacoche/limpiavidrios (17,7%).

Este dato llama a la consideración sobre la reforma del Código Contravencional de la Ciudad, proyecto impulsado por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y aprobado el año pasado en la Legislatura con los votos del PRO-Cambiemos y aliados radicales, que habilitó un reforzamiento de la persecución sobre las personas que se refugian en esa clase de actividades económicas.

Mientras que el nuevo Código fue presentado como un acto de rectitud ante “las mafias de los trapitos y los manteros”, estas medidas terminan endureciendo la persecución de las actividades con las que muchas veces sobreviven las personas en situación de calle. Sin que se haya modificado el cobro ilegal de tarifas por estacionar en la vía pública a cargo de organizaciones delictivas que realizan un lucro indebido, como en las inmediaciones de los estadios de fútbol.

Otro aspecto destacado de la población en situación de calle son sus trayectorias educativas. El 92% de los encuestados asistió a alguna institución educativa (en sus diferentes niveles), y la mitad pasó por la escuela secundaria e incluso un 20% tiene estudios secundarios completos. Que una parte tan significativa de las de las personas sin hogar haya pasado varios años dentro de las instituciones del sistema educativo da cuenta de rasgos particulares en el actual incremento de casos, con una mayor presencia de perfiles menos característicos de la exclusión estructural.

 

El Gobierno de la Ciudad se niega a reconocer el problema

Los datos del Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por instituciones públicas y organizaciones sociales contrastan con los números difundidos por el Gobierno de la Ciudad, que reconoce 1146 personas en esa situación en 2019 y 1066 en 2017. En referencia a ese relevamiento, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Guadalupe Tagliaferri, desconoció los números del censo, y restó relevancia a la situación.

Sin pretensión de abordar a fondo el debate en torno a la metodología utilizada por una y otra fuente de información, vale destacar que un trabajo de Palleres e Hidalgo  (2018)[1], investigadoras y docentes de la Universidad de Buenos Aires, señalan que la metodología que el Gobierno de la Ciudad utiliza para relevar a las personas en situación de calle “es muy sensible a la sub-numeración y los datos obtenidos no son confiables ni se corresponden con la magnitud del problema”.

Las investigadoras destacan que el conteo que del GCBA se realiza solamente en un día, en horario nocturno y además excluye deliberadamente a las personas en hogares y paradores, lo cual restringe a la situación de calle al universo más reducido de personas sin techo.

Esto último contradice los términos de la Ley 3706, que se define a las personas en situación de calle tanto a quienes habitan en los espacios públicos de la Ciudad como a quienes utilizan la red de alojamiento nocturno (Art 2º); pero también contradice los estándares internacionales sobre la temática, establecidos por el Institute of Global Homelesness. Mientras que la Ley 3706 se ajusta a las mejores prácticas globales y establece el deber de garantizar políticas específicas que garanticen un acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo, el Poder Ejecutivo no ha mostrado estar a la altura de la legislación de la Ciudad.

Por otra parte, la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat incurre en otros incumplimientos a la normativa, en especial en lo que refiere al artículo 4º, inciso k), por el cual los datos del relevamiento anual de personas en situación de calle deberían publicarse con información desagregada que permita un diagnóstico, con la participación de personalidades expertas y organizaciones.

Por el contrario, el relevamiento del GCBA sólo es difundido a través de medios de prensa sin que haya una publicación oficial, un documento metodológico sobre su elaboración, una desagregación de los datos ni una serie histórica compilada. Ese recelo sobre la información de personas en situación de calle contrasta con la política de promoción de datos abiertos sobre la cual el GCBA presume en otras áreas.

A pesar de las críticas oficiales sobre el censo realizado por el Ministerio Público de la Defensa y las organizaciones sociales, Palleres e Hildalgo (op.cit.) destacan que su metodología es superior. El relevamiento se realiza en varios días, en diferentes franjas horarias y con un criterio de eliminación de casos repetidos, para evitar la doble contabilidad.

Más allá de las discusiones metodológicas respecto a la cantidad de personas en situación de calle, lo que resulta preocupante es la ausencia de un diagnóstico oficial sobre el tema, que oriente las políticas públicas necesarias para dar respuesta a la problemática.

 

Un gobierno fuerte frente a los débiles

El endurecimiento de la política del Gobierno de la Ciudad respecto a las actividades de subsistencia (a las cuales recurren muchas de las personas en situación de calle) no sólo se expresa en el incremento de las penalidades a contraventores, previamente mencionado. También van en la misma dirección acciones directas como el decomiso de mercadería de vendedore/as ambulantes y la persecución a los mantero/as, en un contexto en que cada vez más personas son expulsadas del mercado de trabajo formal y recurren a actividades de subsistencia.

Pero también en otras iniciativas como el cambio de los contenedores de residuos cuyo diseño busca impedir la tarea del reciclador urbano, y cuya muestra más emblemática es el caso de los “contenedores inteligentes”. En el marco de las obras en Avenida Corrientes, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público adquirió contenedores de basura que sólo se abren con una tarjeta magnética, para impedir que haya personas que pudieran buscar comida o reciclables.

La iniciativa del GCBA formaba parte de una serie de diseños urbanos anti-vagabundeo, como bancos con separadores de acero para evitar que las personas puedan acostarse en ellos o asientos de descanso vertical bajo los refugios del Metrobús.

La política del Gobierno de la Ciudad para personas en situación de calle muestra así múltiples facetas, entre el debilitamiento de las políticas de protección social que podrían mitigar el riesgo de calle, la hostilización en el trato por parte de las áreas que intervienen sobre el espacio público y la deficiente cobertura de actividades de atención.

• El presupuesto para transferencias con el que se cubren acciones tales como subsidios habitacionales quedó prácticamente congelado nominalmente desde hace dos años, por lo que fue licuado por la inflación. Si los subsidios ya de por sí eran insuficientes, ahora deben cubrir las necesidades de un 64% más de personas en situación de calle desde 2017, con un 37% menos de recursos en términos reales.

[1]Palleres, G. e Hidalgo, C. (2018). Conceptualización y medición de la situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, en Cuestión Urbana, Año 2, N° 3, CEC Sociales UBA.

Los datos del censo muestran esta situación. Sólo un 22% de las personas encuestadas manifestó acceder a un subsidio habitacional, que de todos modos no alcanza para cubrir el alquiler de una pieza de hotel. El subsidio es de cinco mil pesos para individuos, frente a alquileres de ocho mil pesos. Para familias se suman mil pesos por integrante del grupo familiar, aunque el alquiler de una pieza es de doce mil pesos.

La insuficiencia de los subsidios habitacionales se ve agravada por el ajuste al programa Ciudadanía Porteña, por el que personas con ingresos bajo la línea de pobreza pueden acceder a una tarjeta precargada para compras de alimentos, productos de limpieza y otros artículos de primera necesidad. El presupuesto de ese programa también fue congelado entre 2017 y 2018, lo cual provocó prácticamente un recorte a la mitad de su alcance en términos reales y dificultó el proceso de tramitación de la tarjeta para personas que podrían necesitarla.

• Ante el agravamiento de problemática, potenciado por la falta de políticas preventivas, el GCBA intenta disuadir y expulsar a las personas en situación de calle del uso del espacio público. No obstante, vale destacar que los modos de intervención representan una mayor moderación respecto a la política inicialmente desplegada por el PRO-Cambiemos en los primeros años de gobierno de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno en la Ciudad, cuando se había conformado una patrulla de control del espacio público (UCEP) que realizaba violentas expulsiones.
• Con menos escándalo, los dispositivos anti-vagabundeo y las instrucciones a la Policía de la Ciudad para perseguir a personas que trabajan en actividades de refugio generan otros modos de hostilidad y de desligamiento de las responsabilidades del Ejecutivo en el tema.
• Estas medidas tienen su correlato en el discurso oficial, como lo muestran las expresiones del Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, quien al ser consultado por el incremento de personas sin hogar, argumentó que se trataba de “gente que venía a pasar el día”, sugiriendo que no se trata de una problemática propiamente porteña.

Cuando la ayuda pública no es una opción

Una pregunta incluida en el censo de 2017 (que no se incorporó en la versión de 2019) dejaba de manifiesto la falta de políticas públicas de asistencia hacia la población en situación de calle. Cuando se les preguntó dónde acudían en busca de ayuda, sólo el 11% de las personas encuestadas mencionó al Gobierno de la Ciudad, mientras que el 14% recibía ayuda de vecinos/as, el 13% de fundaciones, el 12% de voluntarios/as y el 43% de alguna parroquia o iglesia (culto no especificado).

Desde la perspectiva de las personas sin hogar, sus vecinos y vecinas hacen más por ellos que el propio gobierno, a pesar del mandato establecido por la Ley 3706, que establece que es un deber garantizar “la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del Estado”.

Al contrario de lo establecido por la ley, ninguno de los ministerios responsables  de esas áreas desarrolla políticas específicas para las necesidades de personas en situación de calle. Tampoco hay, por parte por el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, instancias de coordinación entre jurisdicciones que vinculen, por ejemplo, programas de educación y salud con las acciones del ministerio.

Esta característica de la política asistencial ha recibido el nombre de campo de atención fragmentado: cada institución desarrolla acciones independientemente una de otra, sin que se creen instancias duraderas y cercanas de intervención para las personas que habitan la calle (Rosa, 2017)[1]. Esos intersticios entre las políticas públicas son ocupados por las organizaciones y las redes de contención de personas vecinas y conocidas.

La existencia de ese vacío de políticas quedó expuesta en los días de la ola de frío, en los que el club River y Red Solidaria tomaron la iniciativa de abrir las puertas de sus instalaciones para ofrecer refugio y comida a personas en situación de calle.  Luego de eso, otras asociaciones sociales y clubes de fútbol se sumaron a la campaña.

No obstante, la ministra Tagliaferri rechazó coordinar acciones con las organizaciones civiles en los días de frío y criticó sus iniciativas por considerarlas innecesarias. Su argumento fue que la demanda podía ser atendida por la red de paradores.

Más allá de que existen experiencias positivas en algunos centros de integración que funcionan bajo convenios con el GCBA, los paradores públicos muestran una de las peores caras del Estado. Los alojamientos son administrados bajo condiciones hostiles, en varios de ellos las familias son separadas, o tienen que desprenderse de sus pertenencias.Los testimonios de personas en situación de calle indican, además, que en los paradores reciben malos tratos por parte de la Policía y que son espacios donde es frecuente la exposición a situaciones de violencia.

Una vez más, es ostensible el contraste entre el modo deficiente de gestión de los paradores, destinados solamente a las personas pobres, y el esmero con el que el GCBA remodela las oficinas donde se realizan trámites administrativos pagos, como la renovación de las licencias de conducir.

Ana Arias (2019)[2]  hace ese señalamiento, al indicar que el modelo de Cambiemos ha vaciado las políticas de corte universalista, tendientes a la construcción de lo común, mientras que ha fragmentación fragmentado las acciones de gobierno. En esa fragmentación, las políticas sociales son las más desfavorecidas y son pensadas como “servicios para pobres”, de peor calidad, legitimadas por un discurso que adjudican por completo a las personas pobres la responsabilidad de serlo. Cabe recordar que el Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, dijo que muchas de las personas en situación de calle, en realidad, “prefieren dormir en la calle”.

A pesar de los esfuerzos de Cambiemos por ocultar el problema o desligarse de su responsabilidad, el fuerte aumento de personas sin hogar reclama un llamado a revisar los criterios de diseño y ejecución de políticas sociales. Como indica Arias, se requiere abandonar el criterio actual de “ventanilla” para abordar integralmente el fortalecimiento de nodos de protección social

[1] Rosa, P. (2017) Habitar la calle: el accionar de las organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires, edición digital, CEUR-CONICET.

[2] Arias, A. (2019) Una ciudad que puede mostrar otro modelo de políticas sociales. En Recalde, M. (2019), Gobernar la Ciudad. Políticas públicas para una ciudad moderna, inclusiva y desarrollada. Ed. Colihue.