En los años de gestión macrista en la Ciudad se dieron muchos casos de negociados con amigos, socios y familiares. Pero en este contexto de emergencia sanitaria y económica, hay algunos que enojan aún más.

En los últimos días se desató un nuevo escándalo por la compra de barbijos con 100% de sobreprecio respecto de su valor de mercado.

El negocio de los barbijos

Diversas organizaciones sociales elaboraron un informe donde denunciaron que el Poder Ejecutivo porteño ordenó la compra de 6 millones de barbijos con sobreprecio. A través de  empresas intermediarias, que están relacionadas con servicios informáticos y de computación y debido a la mediación, el sobreprecio alcanzaba los 207 millones de pesos.

Luego de conocerse el caso de las contrataciones de las Resoluciones N° 87/20 y N° 114/20, el Gobierno dio marcha atrás en la operación y, a través de una contratación directa con la Resolución N° 121/20, sí adquirió los  barbijos al precio que corresponde, comprados a la empresa Dimex, fabricante de insumos médicos, a $35 cada unidad.

Las compañías de servicios informáticos se aseguraban un negocio redondo, pero aún más austero que el conseguido por Green Salud, perteneciente a Ignacio Sáenz Valiente. Mediante la Resolución N° 115/20, se ordenó la compra de 15 mil barbijos por un valor de 45 millones de pesos, es decir a $3000 cada unidad, que en realidad cuesta $289.

Funcionarios, empresarios, amigos, socios y familiares

La malversación de fondos hizo que el Ejecutivo porteño le pidiera la renuncia al funcionario de Salud que encargó la compra, Nicolás Montovio, que fue acompañada por la del presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Gonzalo Robredo.

Este último también incurrió en contrataciones con sobreprecios a través de la Resolución N°67/ENTUR/2020, quedó asentada la contratación que el funcionario -y primo hermano del ex jefe de gabinete Marcos Peña- realizó con el  Hotel BA Central para alojar personas con síntomas vinculados al Covid-19 o provenientes del exterior.

Lo llamativo de la contratación es que la administración de ese hotel pertenece a la firma Midas Hotel Management S.A., cuya Directora Titular es Ximena Vallarino Alfaro Diaz Alberdi, hermana de Horacio Rodríguez Larreta y socia de Ignacio Sáenz Valiente. También integra el directorio de esa compañía Agustina Olivero Majdalani, hija de la ex subdirectora de la AFI en la gestión presidencial de Mauricio Macri. Además de participar en esa sociedad, preside la Corporación Puerto Madero. Es decir, es funcionaria del Estado y provee al Estado de contratos de hoteles.

Poner el foco en el destino de los recursos

Los beneficios millonarios en plena crisis sanitaria y en detrimento de lo público molestan más que nunca. La emergencia que generó esta pandemia alcanza no sólo a la salud, sino también al trabajo, la crisis social, el derecho a la alimentación, la vivienda, entre otras tantas necesidades esenciales. La renuncia de dos funcionarios no pareciera ser suficiente frente a esta situación. Como tampoco consigue despejar las dudas una rebaja de salarios voluntaria, que arrastra consigo un gran ajuste fiscal que afectaría los derechos salariales de empleados estatales.

Esta crisis, en cambio, debería servir para barajar y dar de nuevo en las prioridades a la hora de gestionar lo público; es fundamental redireccionar, privilegiar y atender las políticas públicas. Sólo como ejemplo, lo que se intentó pagar por cada barbijo (con sobreprecio incluido) equivale al bono que le darán por única vez a personas en situación de calle. 

Sin embargo, los recursos del distrito más rico del país siguen destinados a fines muy alejados de las políticas humanitarias que esta crisis social y sanitaria demandan. Como señalábamos también la semana pasada, mientras las políticas sociales siguen siendo deficitarias, el Gobierno porteño destina $52 millones a la compra de municiones y gas lacrimógeno.

Se sigue equipando a una fuerza de seguridad que tuvo una denuncia penal por maltratos a personas en situación de calle en medio de la cuarentena, están en sintonía con la creación de una división de intervención rápida en la Policía de la Ciudad. El gobierno porteño está listo para reprimir a la ciudadanía ante una eventual protesta social.

Muy lejos estamos aún del sueño de que se destinen recursos para evitar un estallido social, de cumplir un rol protector,  asegurando,  por ejemplo, el acceso al agua potable en los barrios más vulnerables, viandas de calidad a las alumnas y  alumnos de escuelas públicas o mayor prevención en la lucha contra la epidemia del dengue que, a propósito, en la última semana ya registró  más de  4049 casos en la Ciudad de Buenos Aires en lo que va del 2020.

Prioridades

Cuando hablamos de prioridades no es sólo una definición ética o moral. Pedimos políticas concretas: priorizar la prevención de enfermedades, la atención de los enfermos, los derechos de los y las niñas y niños de la Ciudad. Lo que no hizo el gobierno porteño en estos largos años de gestión.

Las necesidades y las urgencias no pueden cubrirse con negociados como sucedió con la compra de barbijos a amigos, socios y familiares. El Estado porteño debe definir nuevas políticas públicas que atiendan a los más necesitados, debe consolidar modelos sustentables de gestión que sin duda redundará en el mejor negocio para todos.

Contar con un sistema de compras más eficaz y transparente resulta fundamental, es un buen comienzo para distribuir mejor los recursos. En ese sentido, queda abierta la incógnita si tras el anuncio que Horacio Rodríguez Larreta, efectivamente se cumplirá con la transparencia y se destinarán los fondos presupuestarios a quienes corresponde: las ciudadanas y los ciudadanos.