El Gobierno Nacional junto a sus aliados logró aprobar y darle media sanción en el Senado a la reforma laboral contra los trabajadores en una extensa sesión marcada por una brutal represión en las calles y con rosca hasta último minuto, en una votación en general en la que el oficialismo obtuvo 42 votos a favor y cedió en parte algunos cambios pedidos por la CGT, los gobernadores y sus principales aliados.

El peronismo, sin fisuras, rechazó la iniciativa en general, con una marcada defensa de los derechos de los trabajadores, que se verán claramente perjudicados si la sanción de la ley avanza tal como está en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias.

En las afueras del Congreso hubo más de 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados para blindar la reforma laboral por un operativo con más de 800 efectivos de fuerzas federales que, junto a la Policía de la Ciudad –y los infaltables provocadores infiltrados-, usaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar una manifestación que fue multitudinaria. Decenas de protestas similares de trabajadores se registraron en distintas ciudades del país.

Los senadores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales salieron en respaldo del Gobierno y aprobaron un proyecto que fracciona vacaciones, crea un banco de horas, recorta el salario ante casos de accidentes fuera del trabajo, disminuye la indemnización y pretende desguazar el modelo sindical argentino, entre muchas otras derivaciones todas negativas, que implican retrocesos en conquistas históricas de los trabajadores y en sus herramientas de defensa.

Patricia Bullrich, al frente de la bancada oficialista consiguió el apoyo a la ley en general y fue aprobando en particular todos los títulos de la ley, luego de una negociación que se extendió desde diciembre del año pasado hasta minutos antes de la votación en el recinto, en la que tras variadas concesiones pragmáticas finalmente pudieron garantizar los votos suficientes.

“La ley ya está, es esta”, dijo Bullrich al día siguiente de la media sanción y aclaró que el Gobierno quiere un tratamiento exprés y sin cambios en Diputados, lo que aún no tienen garantizado.

El senador porteño Mariano Recalde abrió la sesión del miércoles como miembro informante del bloque Justicialista negando que la iniciativa tenga algo de “moderna” y afirmó que retomaba contenidos de la “Ley Banelco” del gobierno de Fernando de la Rúa y de reformas laborales del pasado.

“El problema central de los trabajadores no es la falta de flexibilización, sino la caída del poder adquisitivo, con salarios pisados, paritarias limitadas y aumentos por debajo de la inflación. Esta ley busca equiparar para abajo y legalizar incumplimientos”, agregó.

Recalde hizo hincapié en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como “el punto más escandaloso” del proyecto, y lo comparó con el desastroso sistema de las AFJP. Sostuvo que el FAL desprotege frente al despido arbitrario, subsidia los despidos y desfinancia a la Anses, mientras beneficia a administradoras privadas y a grandes empresas. Según explicó, el esquema perjudica especialmente a las pymes, que necesitarían años de aportes para cubrir una indemnización, mientras que las grandes compañías podrían hacerlo en pocos meses.

Y advirtió a los eventuales promotores y beneficiarios de esta maniobra: “Cuando volvamos al Gobierno los vamos a investigar y meter presos”. La lucha prosigue y la historia de nuestro país demuestra que solamente se pierde cuando se abandona y por eso el peronismo se reafirma en sus convicciones y su doctrina en este momento nefasto.

El senador Recalde en su análisis del día después en AM 530 resumió: “La ley fue empeorando para los trabajadores cada día que pasaba y hasta la madrugada de ayer” y destacó los múltiples aspectos inconstitucionales del proyecto oficialista, que consideró llevarán a la judicialización masiva.

Tras la victoria en el Senado -que llegó tras decenas de derrotas previas-, el Gobierno consiguió media sanción en Diputados para bajar la edad de imputabilidad y ratificar el acuerdo Mercosur-UE en Diputados, como previa al tratamiento definitivo de la reforma laboral.

El Gobierno, a través del canciller Pablo Quirno, firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, que deberá ser sometido -posiblemente en marzo- a la aprobación del Parlamento y que había sido anticipado en noviembre del año pasado.  Más allá de las definiciones técnicas de las cláusulas no se trata de un tratado de libre comercio tradicional ni de una ampliación equilibrada del intercambio bilateral, sino de la imposición de un “corset” comercial, regulatorio y tecnológico que restringe severamente la autonomía económica, industrial y científica de la Argentina.

De este modo se afianza un esquema de dependencia exclusiva y de sumisión a Washington. Una vuelta atrás hacia el preperonismo con un modelo de factoría, de economía de enclave colonial, primarizada al máximo, sin valor agregado industrial, ni libertad de acción soberana.

La relación planteada resulta de una asimetría desproporcionada con Argentina dándole todo a Estados Unidos, sin nada a cambio, por lo que los legisladores que lo apoyen deberán dar muchas explicaciones. De hecho, la tan anunciada cuota de exportación de carne argentina no forma parte de este entendimiento, sino que fue decretada por una decisión ejecutiva temporaria de Trump, casi como única compensación como presión interna por conflictos sectoriales de su propio país.

El acuerdo marco implica “reducción de aranceles y contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a Estados Unidos un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos”. El histórico tema de las patentes vuelve a cobrar relevancia.

En el sector agropecuario, establece que “Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna”. Esto sí queda asentado a diferencia de la cuota de carne argentina.

En minería y energía, se “busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos” y en materia de “comercio digital y datos, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses”.

Como complemento, durante la misma visita Quirno suscribió un acuerdo estratégico sobre minerales críticos, un rubro clave para la transición energética global, que incluye litio, cobalto y tierras raras, entre otros insumos fundamentales para la industria tecnológica y energética. Estados Unidos busca garantizarse en carácter prioritario el acceso a estos recursos naturales como parte de la nueva “Doctrina Donroe”, por la que Trump pretende pisar fuerte en todo el continente americano como zona de influencia exclusiva de su imperio en declive. Lo mismo ocurre con unos confusos artículos de peligrosa interpretación libre que apelan a la preservación de la “Seguridad Nacional estadounidense en el continente americano”.  Argentina también participó esta semana de una cumbre de jefes militares convocada por Estados Unidos en Washington, mientras Milei agita la épica militar para capturar el voto de Victoria Villarruel con la puesta en escena del sable del General San Martín para generar más cortinas de humo.

En el plano interno la mentira como estrategia oficial y la corrupción como conducta reiterada para destruir al Estado beneficiándose del mismo avanzan sin pausa en la gestión libertaria.

Diego Spagnuolo, el extitular de la ahora disuelta Agencia de Discapacidad (Andis), amigo y exabogado del presidente, fue procesado por las irregularidades y asociación ílicita en la compra de medicamentos por el juez Sebastián Casanello, junto a otros 18 imputados que corrieron la misma suerte. Casanello, tras esta decisión, se apartó de la causa y será reemplazado por su par Ariel Lijo, un cambio que generó suspicacias por presuntas injerencias de algunos laboratorios de peso, sostiene LaPolíticaOnline.

El complejo entramado de coimas, sobreprecios y contrataciones irregulares escala hacia otro nivel de complicidades y presuntamente salpica a Karina Milei y Santiago Caputo, mientras la justicia federal insiste en investigar el origen de audios de la causa.

Otro amigo cercano de Milei, Demian “Satanás” Reidel, finalmente renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina acosado por denuncias de corrupción y bajo sospecha al haber cancelado deudas personales por 825 millones de pesos en tres semanas. Lo reemplazará Juan Martín Campos.

Como vuelta de tuerca el escándalo de las empresas de limpieza de Reidel llega al clan Macri: la firma LX Argentina que detonó el caso de sobreprecios en Atucha fue proveedora histórica del macrismo y aún tiene contratos multimillonarios en la Ciudad de Buenos Aires.

En el segundo año de Milei, Argentina retrocedió 5 lugares en el ranking global que mide la corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, una medición que hace anualmente la ONG Transparencia Internacional, líder en esta materia. Otra cucarda de la Rural para “fenómeno barrial”.

En medio de la escasez de divisas para sostener su plan económico, Milei publicó el decreto que eleva exponencialmente los umbrales de evasión, dispone un amplio perdón fiscal e impulsa el Régimen Simplificado de Ganancias: la denominada por el oficialismo “Ley de Inocencia Fiscal”, implica el tercer megablanqueo en menos de tres años de gobierno, modifica reglas y limita la persecución a los evasores para “sacar los dólares del colchón”. Incluso como gancho ARCA determinó que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones del Impuesto a las Ganancias y desde Economía fogonean la vuelta del crédito bancario en dólares, el mismo que dejó un tendal en los años noventa.

Un Toto Caputo urgido convocó “a llevar los ahorros al banco” y la senadora peronista Juliana Di Tullio cruzó al que nunca se compró ropa en el país: “Traé la que tenés afuera”…

Contrariando el discurso oficialista, el mercado cree que la inflación seguirá subiendo y los primeros datos de febrero confirman un nuevo salto empujado en gran medida por la suba en alimentos, pese al escandaloso silenciamiento de las estadísticas del Indec.

Con crisis, dólar intervenido con la ayuda de Trump, salarios perdiendo contra 2023, el consumo caído y la manipulación estadística del Indec que hizo el gobierno, la inflación creció en enero por octavo mes consecutivo: usando la fórmula vieja, los precios igual subieron 2,9 por ciento en enero y los alimentos se dispararon a más del 5 por ciento. Cada vez más lejos de las predicciones de Milei.

Distintos analistas evalúan a cuánto llegará el valor del dólar en los próximos meses y cuál puede ser la repercusión de una eventual sanción de la reforma laboral.

Mientras, desde el Gobierno, apuestan a “brotes verdes” para el segundo trimestre, como parte del desgastado guión de una banda de estafadores seriales. Con más de lo mismo y con los mismos, qué resultado distinto podría esperarse.

Por supuesto se cuidan las espaldas y se lavan las manos entre ellos: Milei retiró al Estado como querellante en la causa del crédito del FMI de 2018 a Mauricio Macri, para favorecerlo, junto a Toto Caputo y Sturzenegger, funcionarios responsables del demencial endeudamiento sin beneficios para el país en ambos gobiernos. Sin dudas, dos tipos con “suerte”.

Justamente el “ángel desregulador” Sturzenegger pretende avanzar con más despidos voluntarios en organismos descentralizados para seguir desmantelando el Estado y sumar otras 30 mil a las cesantías de 60 mil personas que ya dejaron en la calle, causando estragos en funciones estratégicas y profesionales de importancia vital para el funcionamiento del país.

En el plano de las cuentas los vencimientos con el FMI sacuden a las reservas, que de todos modos siguen en  niveles inaceptables para las exigencias del organismo y las provincias perdieron 530 mil millones de pesos solamente durante el último trimestre.

La brutal quita de fondos a los estados provinciales repercute de manera directa en los presupuestos de Salud, Educación y Seguridad, lo que agita reclamos y tensión social como demuestra la situación generada en las fuerzas policiales de Santa Fe, que acuarteladas y en estado de convulsión interna, obligaron a ceder al gobierno de Pullaro. Un espejo en el que pronto pueden reflejarse otras provincias. Hasta ahora al Gobierno el torniquete a los gobernadores le sirve para extorsionar y distribuir fondos a cuentagotas y de modo discrecional como hizo Santilli en la gira previa a la votación de la reforma laboral. 

Peligra el inicio de clases en las universidades nacionales y desde la UBA los gremios docentes Feduba y AGD-UBA despliegan sus planes de lucha ante el ahogo presupuestario que persiste por parte del gobierno para los docentes, anticipando un cuatrimestre con paros.

LA INFLACIÓN SE DISPARA EN CABA, LA MÁS ALTA EN DIEZ MESES

La inflación de enero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1%, mientras el acumulado en los últimos doce meses alcanza el 31,7%, por lo que la cifra del primer mes del año representa la mayor suba en diez meses.

Para colmo, la crisis estadística que desencadenó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC no se limita al plano nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, el instituto de estadísticas (IDECBA) difundió recién el calendario de publicaciones de febrero, con el mes ya avanzado, y sigue sin presentar el cronograma anual que históricamente se publica a comienzos de año. 

También en el apagón estadístico el Gobierno de la Ciudad se puso a tono con el nacional, en  un febrero cargado de aumentos, mientras suben los gastos fijos de las familias y cae el poder adquisitivo de los salarios.

“Jorge Macri endurece el discurso y se mimetiza con Javier Milei para contener el avance libertario en CABA”, titula Ambito Financiero. Mientras que el diario Perfil sostiene que el Jefe de Gobierno porteño armó nueva mesa política, planea cambios mirando al 2027, centró sus objetivos en la clase media urbana, redobló sus críticas a Juan Grabois y llegó a los 580 desalojos con expresos mensajes xenófobos en las redes oficiales, en las últimas semanas, con el objetivo de marcar un “golpe de timón en la gestión”.

Un fuerte giro con fines electoralistas, dado que pese a la marcada sintonía ideológica de ambos espacios, Karina Milei aspira a hacerse con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desplazar a Jorge Macri con la ayuda del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Pilar Ramírez, entre otros referentes libertarios, afirma Infobae. Por otra parte, la ahora senadora nacional Patricia Bullrich también deja abierta la puerta a competir por la Ciudad y no descarta ir por la Vicepresidencia  de la Nación en 2027, según aclaró en la mesa de Mirtha Legrand.

Por supuesto que el peronismo, primera minoría en la Legislatura, dará dura pelea cuando todavía faltan dos años que pueden ser eternos en el actual escenario de crisis, que tiende a complejizarse.

A través del Decreto 95/2026, el Gobierno Nacional dispuso que Adorni tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según LaPolíticaOnline, una maniobra en el Senado de Victoria Villarruel pretendía complicar la instrumentación de este traspaso de funciones con posibles demoras hasta que comiencen las sesiones ordinarias del Senado. Pero en un “pase de magia” de última hora, Bullrich logró incluir el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad al final de la sesión de la reforma laboral en la Cámara Alta, entre gallos y medianoche.

En otra medida de “mano dura”, el alcalde porteño retuvo parte del salario de docentes que se oponen al sistema de asistencia con huella dactilar. Los descuentos, que van de 50 mil a 140 mil pesos, se realizaron sobre quienes se negaron a configurar sus datos biométricos. Desde la cartera educativa dicen que son menos de 3.000 docentes afectados pero una fuente del gobierno confirmó que son más de 15.000, mientras que gremios docentes denunciaron hostigamiento y persecución, sostiene un informe de Tiempo Argentino.

Cada vez más conservadora, Clara Muzzio, la vice de Jorge Macri justificó el ajuste en educación tras el cierre de un colegio privado en Villa Real y argumentó a favor del cierre de grados en primaria, la clausura de salitas de jardines de infantes y comedores y el recorte en secundarios que lleva adelante el gobierno porteño.

Sin aviso previo y bajo un fuerte operativo de seguridad, el Gobierno de la Ciudad comenzó la instalación de cerramientos opacos en el acceso al Barrio Mugica, en el sector de la histórica feria que linda con la Terminal de Ómnibus en Retiro, tras romper el diálogo con los vecinos, detrás de un largo muro.

Tras insistentes reclamos de vecinos del barrio de Liniers, la Agencia de Control porteña finalmente paralizó obras ilegales y con falta de permisos en el Polideportivo Santojanni. El organismo confirmó que la construcción de unas canchas de pádel no tenía la autorización correspondiente tras denuncias vecinales de quienes se oponen a la privatización del espacio público.

Con el humo de los gases todavía flotando en el aire de la Plaza del Congreso, nos vamos con Evaristo Paramos y “Come Libertad”. A seguir luchando!