El humo real de los incendios de la Patagonia se convierte en metáfora de las cortinas de distracción que marcan la apertura de sesiones extraordinarias de febrero del Parlamento, en las que el gobierno de Milei –tras decretar bajo presión una “Emergencia Ígnea” engañosa-  buscará apurar como temas centrales convertir en ley la quita de derechos a los trabajadores y la flexibilización para explotar los glaciares, agregando a último momento el proyecto de punibilidad de niños de hasta 13 años, como señuelo mediático para desviar el foco de los debates principales.

La “respuesta” del Gobierno Nacional llega cuando el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas de bosque, solo en la provincia de Chubut y al respecto, Página 12 analiza: “Cincuenta días tarde y luego de exhibir una actitud de desidia y abandono frente a los incendios que arrasan con la Patagonia, el Gobierno decidió decretar la Emergencia Ígnea y anunciar la transferencia de 100.000 millones de pesos al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país que corresponden a ‘fondos adeudados del ejercicio 2025’. Lejos de constituir una respuesta integral al desastre, la medida se reduce a un acto administrativo vacío que no prevé la disposición concreta de recursos, no contempla asistencia directa a los damnificados ni reconoce los esfuerzos extraordinarios de brigadistas y rescatistas”. 

En el Congreso, la oposición advierte que el decreto funcionará como una maniobra extorsiva para “ganar tiempo” y abrir una negociación con los gobernadores por el envío de fondos, que quedará supeditado al apoyo de los legisladores de esas provincias a la reforma laboral en 2026, el “Año de la Grandeza Argentina”, tal como fue dictaminado por decreto presidencial.

Pero no se trata de la única cortina de humo, ya que montados al espeluznante crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, desde el oficialismo volvieron a activar un proyecto netamente punitivista de ley penal juvenil, con un carácter de urgente no sustentado por las estadísticas criminales: se trata de una discusión necesaria con la que inundan los medios, aunque el objetivo no declarado sea evitar el análisis y distraer la atención de los alcances de la reforma laboral y los proyectos de entrega de recursos naturales del país que avanzan en paralelo.

El senador porteño y presidente del PJ CABA, Mariano Recalde sintetizó el panorama frente al proyecto oficialista: “Con esta reforma laboral los trabajadores pierden estabilidad, previsibilidad, libertad y protección de derechos. Pierden derecho a planificar sus vacaciones, aportes a la seguridad social (que ahora va a financiar despidos), fuerza en la negociación colectiva, convenios por actividad, derecho pleno a huelga, protección sindical, derecho a reclamar siendo tercerizados, acceso a la justicia laboral y herramientas contra el fraude laboral”.  Y esto es apenas un panorama resumido de lo que se esconde detrás de tantos artículos nefastos.

El modus operandi sigue siendo el mismo de diciembre: saturar de temas las Extraordinarias y operar en la confusión, urgidos por hacer avanzar reformas antipopulares profundas de modo exprés, antes de que la economía sostenida con respiración artificial desde Estados Unidos se complique todavía más para la mayoría de la población. Poder ver más allá del humo y activar políticamente en unidad resulta la tarea de la verdadera oposición.

Patricia Bullrich es la encargada de conseguir los votos en la sesión del próximo 11 de febrero en la Cámara Alta para aprobar la reforma laboral. La jefa libertaria en el Senado está convencida de que para lograrlo se necesita introducir cambios, y hace dos semanas que negocia con los senadores “aliados” y los gobernadores un borrador para llegar al recinto, tensiona con Luis “Toto” Caputo por el capítulo fiscal y advierte, para marcar la cancha, que el “95% de los temas” están “cerrados”. Desde el oficialismo también aceleraron contactos con empresarios y pymes en su campaña de búsqueda de apoyos y con el objetivo de acelerar la agenda legislativa que plantean para este año.

No sólo en la Cámara Alta –con una inminente renovación de autoridades– sino también en Diputados todo se dispone para el debate del verano, con el peronismo alistando un discurso común y apostando a que el debate se pueda postergar para marzo y concientizar sobre los graves perjuicios de la nueva ley.

En un reduccionismo lamentable los cortocircuitos solamente se concentran en el capítulo fiscal del proyecto, en particular en los artículos 190 y 191 –sobre unos trescientos de una iniciativa que aniquila derechos históricos de los trabajadores–  que reducen alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias con una merma de aproximadamente un billón de pesos.

Salvo la decidida oposición y contrapropuestas del bloque del peronismo, no se generan mayores objeciones de parte de muchos gobiernos provinciales que solo pelean por este puñado de recursos y se desentienden de los retrocesos explícitos para la población de sus distritos, a la que deberán darle explicaciones.

La falta de acercamiento de los gobernadores –que tienen la llave de la votación– se hace extensiva a las centrales obreras, a las que algunos mandatarios locales optaron por no recibir mientras negocian con el Gobierno. Movilización, paros sectoriales, asambleas y piquetes se discuten como alternativas en las bases de las organizaciones de trabajadores, si la CGT no define una huelga general para el día del tratamiento de la ley en la reunión del Consejo Directivo de este viernes.

Milei, en tanto, pasea por escenarios como en la obra de Fátima Flores y el Festival Derecha Fest en Mar del Plata en un “tour de la gratitud” grotesco y, en los hechos, demuestra su sumisión a congresistas de Estados Unidos, que prácticamente “inspeccionaron” activos estratégicos de nuestro país en el corazón de Vaca Muerta, en Tierra del Fuego y la central nuclear de Atucha. Una visita guiada por intereses regionales estadounidenses en Argentina en el mapa de la entrega.

En el cronograma gubernamental, el canciller Pablo Quirno participa en una cumbre clave de minerales críticos convocada por Estados Unidos, a la que concurrió acompañado por el secretario de Minería, Luis Lucero, para formalizar el compromiso de ceder recursos del país y, haciendo sociales, el presidente Milei planea volver a viajar para mostrarse con Trump en la mansión de Mar-a-Lago el próximo 10 de febrero en un evento ultraderechista de la comunidad latina de Miami.

Quirno eligió el silencio en lugar de desmentir la información del diario The New York Times que confirma el avance para que Argentina reciba a deportados de Trump. En su alineación total con las políticas estadounidenses, el Gobierno montó un show copiado de la caza de migrantes en Estados Unidos y anunció un “récord de inadmisiones y expulsiones” de extranjeros en los últimos dos meses.

Con otra “ayudita” de Scott Bessent, la tercera en tres meses, comenzó febrero: el titular del Tesoro estadounidense le giró 808 millones de dólares en DEGs, la moneda del Fondo, a la Argentina antes de un pago con el FMI por 833 millones, con vencimiento en la primera semana del segundo mes del año. La precariedad del esquema del gobierno es absoluta, pese a que el ministerio de Economía intenta atajar los penales y lo niega, con la sombra del “trilema de Caputo”, según analiza el diario Perfil, que lo define como la combinación de la pared de obligaciones de julio -y de 2026 en general-, la posible especulación del campo y el costo de salir al mercado al 9%.

Mientras el ministro endeudador insiste con su especialidad de patear para adelante vencimientos, todas las fichas de la especulación apuntaban a alinear los planetas hacia una baja del Riesgo País por debajo de los 450 puntos para tomar más créditos internacionales y seguir alimentando la bicicleta financiera con una economía real paralizada. Pero el panorama tuvo una novedad abrupta este martes cuando Caputo confirmó que el Gobierno no tenía  intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, lo que sumado a la brutal intervención en el Indec –por orden de Milei-, se tradujo en una fuerte caída de las acciones argentinas del 23% y un ascenso del Riesgo País.

El “sinceramiento” de la intervención escandalosa del Ministerio de Economía en el INDEC estuvo precedido, justo antes de la salida de Marco Lavagna, por un comunicado del Banco Central en el que admitían “riesgos” para el proceso de desinflación y anticipaban cuáles nuevas partidas ajustará el Gobierno en 2026, con jubilados y medios informativos y trabajadores estatales en primera línea de castigo.

La realidad es que en el relato oficialista prometen inflación cero para este año y las nuevas mediciones con proyecciones les detonaban tal fantasía. Por eso frenaron el nuevo sistema de medición del Indice de Precios al Consumidor hasta nuevo aviso en una decisión desesperada y desprolija.

La gestión de Lavagna (hijo) venía con problemas desde hace tiempo y con la nueva metodología la última medición del IPC le hubiera dado al menos 3,4%, por lo que el Gobierno le prohibió difundirla y precipitó su renuncia, con el anuncio de su reemplazo por parte de Pedro Limes (foto), un funcionario de carrera ligado a la gestión macrista. Si los índices oficiales ya no convencían a nadie, ahora directamente no existirán y de este modo podrán manipular actualizaciones de sueldos, jubilaciones y presupuestos a discreción.

¿Dónde estarán metidos aquellos periodistas del “queremos preguntar” ahora ante este escándalo del Indec? Este miércoles trabajadores de Prensa junto a legisladores denunciaron frente al Congreso el intento de eliminar el Estatuto del Periodista como parte de la ofensiva contra los derechos laborales.

En tanto, la parte minoritaria de la población que puede hacerlo, como ocurrió históricamente en los ciclos de “Plata Dulce”, compra dólares, consume de manera creciente bienes importados finales con nuevas plataformas tecnológicas y viaja al exterior aprovechando el tipo de cambio favorable.

Milei, por su parte, hace malabares para contentar, a la vez, a Trump, a la banca J.P. Morgan y no sacrificar los negocios con China, como le exigen desde Washington.

En la realidad cotidiana, febrero llegó con aumentos desde transportes hasta alquileres y prepagas y en la carrera perdida para llegar a fin de mes, según un informe reciente, la mitad de los hogares del país quema sus ahorros y saca préstamos para pagar un crédito. Un dato relevante de la caída del consumo marca que el cepo a los salarios impide comprar carne, que aumentó al menos 70% en una medición internanual, con un consumo de cortes vacunos en mínimos históricos.

La apertura indiscriminada de la importación ya condenó a la mitad de la industria con más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados. Se trata de un esquema que favoreció a China y Brasil y desplomó la actividad de 20 de cada 36 fábricas nacionales. El desempleo en los segmentos de trabajo registrado se pierde a un ritmo alarmante con despidos masivos, en textiles históricas, fábricas de calzados, electrodomésticos, metalúrgicas de primer nivel y todo tipo de rubros. 

Jaqueados por la apertura económica y el desplome de ventas, algunos sectores empresarios concentrados apuestan a la reforma laboral, que le haga pagar los platos rotos aún más a los trabajadores asalariados. Pero, desde el Gobierno profundizan la pelea con la industria y defienden la apertura comercial indiscriminada, recurriendo los trolls oficialistas incluso a publicidades de la época del Proceso Militar.

En tiempos de crisis los chisporroteos llegaron hasta el mismo Círculo Rojo con el cruce entre el Presidente y la firma Techint: Milei llamó, en clave Simpsons, “Don Chatarrín de los tubitos caros” a Paolo Rocca e incluso lo acusó de querer “jugar all in” para que su gobierno terminara después de las elecciones bonaerenses de septiembre del año pasado. Techint perdió una licitación estratégica a manos de una firma india y la lógica que comparten los popes del sector es que si Rocca puede ser destratado así, nadie está a salvo.

Otro que patalea es Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que apoyó con fuerza la liberalización económica de Milei y se transformó en su “emprendedor” fetiche, pero que ahora pide más rescate estatal y “regulaciones” para frenar a las plataformas de ventas “puerta a puerta” chinas, que crecen arriba del 200 por ciento en su rubro. Al final parece que no era tan libre el mercado para Galperín.

El economista de cabecera de Milei, Demian “Satanás” Reidel, reapareció y se defendió de las acusaciones por corrupción como presidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica, aunque canceló deudas personales por 825 millones de pesos en menos de tres semanas, acción que generó sospechas sobre cómo obtuvo ese dinero.

JORGE MACRI CADA VEZ MÁS CORRIDO A LA DERECHA

En el gabinete porteño se muestran cautelosos frente a las pretensiones declaradas de los libertarios de buscar gobernar el distrito -con el impulso de Karina Milei, Manuel Adorni y Pilar Ramírez- y recuerdan que Jorge Macri ya manifestó su voluntad de ser candidato nuevamente en 2027 para tener un segundo mandato en la Ciudad. La decisión estratégica del oficialismo local resulta cada vez evidente: correrse ostensiblemente en discurso y políticas de gestión hacia posturas de ultraderecha clásica con repercusión mediática efectista y así competir en el mismo barro con La Libertad Avanza.

El año comenzó con varios cortocircuitos con el “enemigo” elegido del otro lado de la General Paz, marcado por un cruce entre el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y la diputada amarilla Silvia Lospenatto por la atención de extranjeros en hospitales, tras un posteo del alcalde porteño, al que el funcionario bonaerense acusó de “definir a quién atender y a quién no”.

Jorge Macri mostró la recuperación de un edificio usurpado del Conicet en CABA con la frase desafiante: “Si quieren okupar, vayan al conurbano”, mientras arrecia su ola de desalojos con cobertura de prensa. El alcalde se prende -todavía con alguna  tibieza- a la retórica discriminatoria dura de personajes libertarios como “la Pepona” Iñaki Gutiérrez y se apuntó con todo al pedido de baja de imputabilidad penal para menores de edad.  Está por verse hasta donde radicalizará sus posturas en una competencia patética, con obvio trasfondo de búsqueda de rédito en las urnas.

Por el momento se mantiene la sintonía de Jorge Macri con Caputo y el Ministerio de Economía dispuso la transferencia de $175.700 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el primer trimestre del año, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en el expediente CSJN 1864/2022, vinculado al histórico conflicto por la coparticipación federal.

El senador porteño y presidente del PJ CABA, Mariano Recalde convocó con el comienzo del nuevo año “a construir una alternativa política y de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires y para el país”.

 “Nos espera un año difícil, atravesado por políticas de ajuste y entrega que ya están generando más exclusión, más desigualdad y más sufrimiento para nuestro pueblo. Todo esto ocurre, además, en un contexto de persecución política y encarcelamiento injusto de la principal líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro Partido no va a mirar para otro lado. Para enfrentar esta etapa necesitamos del compromiso de cada compañero y cada compañera: participando, militando, afiliándose, convocando a otros y sosteniendo la organización”, pidió Recalde.

Esta tarde en la sede del PJ de CABA se abrirá el debate sobre la contrapropuesta de reforma laboral que sostiene el peronismo en una charla con Recalde, la diputada Kelly Olmos y representantes del sector gremial del peronismo.

Se reactivó el conflicto en el Hospital Garrahan luego de que del gobierno diera de baja 70 contratos de personal de guardia médica e impulsara el desafuero de diez gremialistas en medio de presiones, resistencia gremial y la provocación gratuita de Manuel Adorni contra los trabajadores de la Salud.

Atentos al ánimo del electorado, tras las quejas en redes por boletas de patentes que llegaron con más del 100% de aumento respecto del año pasado, el gobierno porteño comenzó a dar marcha atrás y anunció que enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley para ponerle tope a la suba de patentes.

Desde el Gobierno de la Ciudad se vieron obligados a volver a emitir las partidas de boletas de las patentes y garantizar reembolsos ante las fuertes quejas de los contribuyentes.

En materia de delitos ligados a la ciberseguridad, crecen las estafas digitales y los reclamos por deudas con tarjeta en la Ciudad, por lo que la Defensoría del Pueblo porteña alertó sobre el aumento de fraudes en línea y conflictos con resúmenes de tarjetas.

“Enero recargado: obras inconclusas, incendios fatales e intento de desalojo de jardines de infantes porteños”, titula un informe de Tiempo Argentino, medio que en otra nota denuncia el rechazo de vecinos por la privatización de un polideportivo público de Liniers. 

Cierre con Deep Purple y “Humo sobre el agua” para anticipar la semana pesada que se viene… ¡A resistir y mucha Fuerza Patria!