Buenos Aires, 16 de octubre de 2020

La sesión del 8 de octubre en la Legislatura porteña habilitó el primer paso para construir un barrio náutico exclusivo en Costa Salguero, como continuidad de los emprendimientos suntuarios de Puerto Madero, que proyecta levantar torres de lujo privatizando el acceso al Río de la Plata y vedando a la población el disfrute costero. También se aprobaron otras exenciones urbanísticas. Un panorama a fondo sobre las sumas millonarias en juego y los ganadores y perdedores con los negociados del espacio público de la Ciudad.

 

“Aprovechando la situación de pandemia, en plena vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el oficialismo porteño puso en discusión temas de gran relevancia como la actualización del Plan Urbano Ambiental –ley marco a la que debe ajustarse la política urbana- o una modificación sustancial del Código Urbanístico recién aprobado(1). También colocó sobre tablas la habilitación de la construcción de edificios de lujo en Costanera Norte y convenios urbanísticos que son un escándalo. Además de avanzar en la subasta electrónica de tierras”, dijo a Proyectar Ciudad, el diputado Javier Andrade, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de Buenos Aires e integrante del bloque del Frente de Todos.

La Legislatura porteña aprobó en una primera instancia el pasado 8 de octubre la construcción de un exclusivo barrio náutico con torres de diez pisos, de hasta 30 metros de altura en el 30% del predio de Costa Salguero sobre la línea del Río de la Plata en la Costanera Norte, con 37 votos a favor y 23 en contra.

En la misma sesión el oficialismo de Juntos por el Cambio y sus aliados lograron excepciones a los convenios urbanísticos para la construcción de grandes torres en altura en predios de Palermo y Villa Crespo, y se pasó para más adelante un pedido para una construcción en Puerto Madero de 140 metros de altura (donde están permitidos solamente treinta).

Se trata de modificaciones que favorecen a la especulación inmobiliaria, excluyen a los vecinos y profundizan los procesos de privatización de espacios públicos en contra de los intereses de la mayoría de la población porteña.

Pese a los rechazos y advertencias de organizaciones vecinales, ambientalistas y de la oposición, especialmente desde el Frente de Todos, las rezonificaciones de terrenos, como los que llegan a la legalmente protegida línea costera del Río de la Plata, pasaron la primera aprobación legislativa, para seguir hacia una segunda lectura y un proceso de audiencias públicas antes de la aprobación definitiva.

En primer lugar vale la pena definir qué es un convenio urbanístico(2): este instrumento aparece en el Plan Urbano Ambiental y en el Código Urbanístico y, como indica su nombre, es un convenio entre la Ciudad y un tercero (Poder Ejecutivo, organismos nacionales, interjurisdiccionales, universidades nacionales o con sede en la Ciudad o particulares -personas físicas y jurídicas-).

Entonces, es un vínculo entre estas dos partes con el fín de resolver situaciones insuficientemente previstas por las normas vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Las normas urbanísticas son instrumentos pasivos de gestión, por ende, parte de situaciones generales y hay casos en los que por diversos motivos es necesario contar con instrumentos que permitan modificaciones. Las ciudades son ecosistemas dinámicos, día a día van mutando, y los convenios urbanísticos atienden ese desfase entre la norma y lo que la ciudad “necesita” o la oportunidad que aparece en determinado momento. 

“Un asunto no menor, sino que atañe a la naturaleza del convenio, es que su uso sea considerado para el interés público. En este punto, la subjetividad por la que cada uno entiende sobre lo que es el ‘interés público’ varía dependiendo de los intereses políticos. Si bien el interés privado o particular en el convenio también es lógico, puesto que nadie haría un convenio si no percibe un beneficio, la puja se da en buscar un balance entre ambos intereses. La creación de nuevos espacios públicos, equipamientos que resulten necesarios para diversos sectores, proyectos que generen una renovación del lugar donde se emplazará el convenio pueden ser diversos ejemplos sobre lo que puede ser considerado de interés público. El problema es cuando al interés público se lo vincula con una ‘contraprestación monetaria’. Estos convenios aprobados el 8 de octubre incluyen una nueva variable: entender que una contraprestación monetaria sumada a algún tipo de beneficio para el interés público, resultan suficientes para habilitar cualquier cosa“, consideró el arquitecto Julián Olivares (UBA), especialista en el tema.

Juntos por el Cambio y sus aliados imponen con su mayoría casi automática en la Legislatura decisiones que, en lo formal, pueden considerarse legales pero resultan ilegítimas y carentes de ética hacia la mayoría de la población porteña.

“Entre el PRO, el espacio de Martín Lousteau, el de Graciela Ocaña, Lilita Carrió y el Socialismo amarillo, conforman el Interbloque Juntos por el Cambio. Este bloque tiene 37 diputadxs propixs. Eso alcanza para aprobar cualquier ley de 31 votos –modificaciones a la normativa urbanística, dar más altura para construir, por ejemplo- sin discutir con nadie. También los deja a un paso de conseguir, a través de alianzas ocasionales, los 40 votos necesarios para enajenar tierra pública. Ahora bien, tal mayoría, que es legal, debería exigir a quien la posee un cuidado especial en la búsqueda de consensos y en el respeto al principio fundamental del Parlamento: la discusión de ideas y la mejora de las leyes que votamos para nuestrxs ciudadanxs. Esto no sucede”, explicó el diputado Andrade.

Existe una falla que arranca con la sanción de la actual  Ley de Emergencia, que flexibiliza el uso de fondos destinados a todo tipo de situaciones –por ejemplo villas y asentamientos- para destinarlos “prioritariamente” a la atención de la emergencia generada por el COVID-19. Eso los habilita a utilizar fondos para otras cosas y no permite revisar las prioridades. Cambiar el Fondo para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable –que está fundamentalmente pensado para asistir a quienes tienen menos acceso al agua potable, vivienda digna, infraestructura de salud-, en medio de la pandemia, no parece razonable ni justo.

“Por otra parte, las evidentes prioridades del gobierno y la atención de la ciudadanía orientada a la pandemia y la cuarentena, sumado a las limitaciones que genera el debate virtual en la Legislatura, constituyen un escenario muy favorable para la derecha y el neoliberalismo, que buscan vaciar la discusión política y a hacer un ‘como si’ de la participación ciudadana”, explicó Andrade.

  

“DISTRITO JOVEN”, COSTA SALGUERO Y PUNTA CARRASCO

“Lo que busca implementarse para Costa Salguero es un paso más en un programa no explicitado del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que ya lleva años y busca extender Puerto Madero hacia el norte, en una ciudad que sigue creciendo de espaldas al río para la mayoría de los habitantes de la Ciudad. Se valen, hay que reconocerlo, de un hábil uso de la reglamentación de la Legislatura. Así, utilizando terminología políticamente correcta, y cumpliendo con lo formal, hacen ‘como que’ dialogan y escuchan, pero, imponen sus objetivos con sus propios votos, mayoritarios por ahora. Por ejemplo, en cada reunión de diputados de una comisión, la primera media hora está habilitada para que cualquier persona -previo inscribirse- haga uso de la palabra. Lo cumplen, sí. Pero mientras la persona se manifiesta, el oficialismo no escucha, no hay respuesta, y no considera lo expuesto”, cuenta el legislador Santiago Roberto del Frente de Todos.

“El oficialismo porteño ha tenido una actitud sistemática de generar políticas fragmentarias, vinculadas al despojo de la tierra pública en beneficio de los desarrolladores inmobiliarios. Se trata de un modelo de Ciudad que no modifica ni mejora la calidad de vida de porteños y porteñas, sino que sólo beneficia a un fragmento de la población que puede acceder a bienes suntuosos.  El oficialismo suele utilizar una muletilla para justificar la venta y concesión de tierras públicas, que ha generado desde que gobierna la Ciudad, que es la de ‘recaudar’ a través de la privatización y enajenación de tierras. Asimismo, el larretismo utilizó el recorte de la coparticipación que realizó el gobierno nacional a la Ciudad, para justificar el plan sistemático de privatizar tierras con la excusa de la recaudación”, explicó Roberto.

Por su parte el diputado Andrade agrega que “los proyectos apenas se discuten, no se tiene en cuenta la voz de los vecinos ni se incorporan modificaciones de ningún tipo a lo que propone el Jefe de Gobierno. Leyes tan importantes como el Código Urbanístico o el nuevo Código de la Edificación tienen discusiones exprés. El complemento justo para esto es el blindaje mediático que tiene la gestión de Rodríguez Larreta en la Ciudad, la simulación del diálogo. Los medios hegemónicos no hablan de estas cosas o cuentan la versión oficialista de la Ciudad Verde y esos relatos edulcorados con que esconden los negocios que facilitan a los amigos. Está claro que son la herramienta electoral de las corporaciones y los grupos económicos, de un país para pocos”.

El proyecto que le da normativa urbana a los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco viene encadenado a otros dos, uno tratado en 2018 donde se crea el denominado “Distrito Joven”, una pieza de 59 hectáreas y 7,6 km de extensión dividido en 5 sectores, que toma el borde de la Costanera Norte, desde el Parque de la Memoria hasta Costa Salguero. Este distrito fue propuesto y presentado como un amplio espacio de esparcimiento para los y las jóvenes. Bajo este eslogan, meramente marketinero, de que la ciudad vuelva a mirar al río, se montó un esquema inmobiliario que habilita la concesión de diversos espacios para usos comerciales, gastronómicos, de esparcimiento, recreativos y nocturnos.

Pero el negocio más grande, la joya de la abuela, se encuentra del otro lado del “Distrito” y es el tan preciado complejo “Costa Salguero”: concesionado en 1991 y transferido desde la Administración General de Puertos en el 2001 por otro presidente que también fue Jefe Comunal (Fernando De la Rúa), este predio de casi 20 hectáreas tiene sus inmuebles concesionados hasta el 2021 y de ahí en adelante la Ciudad tendrá libertad de acción. Cualquier distraído pensaría que una gestión que se autodenomina “verde” construiría un gran parque público que invite a vecinos y vecinas a visitar la Costanera, buscando una nueva forma de relacionarse con la ciudad.

 

Pero no. Los tiempos apremiaban y los números en la Legislatura porteña después de las elecciones del 2019 no auguraban un buen esquema para los negocios inmobiliarios con los que el larretismo se vinculó de manera tan carnal.

En la maratónica sesión del 5 de diciembre del 2019 el oficialismo apuró -con la ayuda de radicales y socialistas- un proyecto que permite la venta de todo el predio y el llamado a un concurso de ideas para el desarrollo inmobiliario de Costa Salguero y Punta Carrasco. Pero para efectivizar esta venta se sumó al proyecto una línea que es la que se discute en la actualidad: “La disposición no podrá realizarse antes del dictado de una nueva normativa urbanística, la cual a su vez requerirá de la previa convocatoria del Concurso Público”.

¿Qué nos dice esto? que no se puede, una vez aprobado este proyecto, vender el predio, sino que previamente se tiene que hacer el concurso de ideas, y en base a ese concurso desarrollar la normativa urbanística. En medio de este recorrido, que el oficialismo creyó que iba a ser exprés, apareció la pandemia y el aislamiento. Sin mucho margen, en abril convocaron al Concurso de Ideas de “Parque Salguero”, organizado con la FADU-UBA, la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y auspiciado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), y en julio ya estuvo el proyecto ganador.

Al no ser vinculante el Concurso con lo que después se defina, a inicios de septiembre presentaron un proyecto con la nueva normativa, donde permiten la construcción de un “fuelle” de hormigón entre la Ciudad y el río. Esto provocó el rechazo de diversos espacios ambientalistas, grupos de defensa del espacio público, organizaciones vecinales, sociales, políticas, espacios técnicos profesionales y hasta de espacios cercanos a las filas del oficialismo. Tanto la constitución como el Plan Urbano Ambiental dicen que cuando terminen las concesiones estas tierras serán para espacios públicos y el disfrute de los vecinos.

“Lejos está de ocurrir esto, porque si bien una superficie se destinará a espacio público, al menos un 26% del total se destinará a edificios con usos comerciales, gastronómico, de vivienda, de alojamiento turístico, de fiesta o deportivos. Esto va a generar rápidamente una repetición de Puerto Madero, grandes piezas con valores excesivos para el promedio de la población, que los empresarios y particulares con posibilidades usarán como reserva de valor. Como contracara de estos emprendimientos lujosos, en la Comuna 8 tenemos el “Barrio Olímpico”, caballito de batalla del larretismo durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, que al día de hoy se cae a pedazos, tiene las infraestructuras sin terminar y no fueron adjudicadas una gran cantidad de viviendas. Sin dudas es cuestión de prioridades”, consideró el arquitecto Olivares.

El legislador Roberto recordó que “respecto del Aeroparque Jorge Newbery se está realizando una megaobra de un estacionamiento subacuático para miles de autos, frente al mismo, cruzando la Costanera. O sea, lo podrían haber hecho en superficie, pero la necesidad de concretar las áreas concesionables del Distrito Joven lo sumergió. Y la solución técnica para los usuarios que estacionen su vehículo bajo el río, y quieran ingresar al aeroparque, es subir a la superficie, cruzar la avenida a pie -con el equipaje- y acceder desde la vereda a la terminal. No está de más recordar que, si superponemos los diagramas del Complejo Urbanístico Costa Salguero – Punta Carrasco con los del recorrido del avión de LAPA que se despistó trágicamente hace unos años, vamos a encontrar una desafortunada superposición”.

 

¿QUÉ IMPLICAN LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS? GANADORES Y PERDEDORES

“Una característica especial de los convenios urbanísticos es que están exentos de pagar lo que se conoce como ‘Plusvalía Urbana’ a través del Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable”. Este derecho, que todos aquellos que quieran construir en la Ciudad deben abonar, surge del beneficio que el desarrollador obtiene en su construcción, que puede ser de mayor altura o más metros cuadrados para edificar, por los cambios que tuvo la normativa. Si antes en un terreno en Almagro se podían construir dos pisos y 200 m2 y con el nuevo Código se pueden construir cuatro pisos y 600m2, ese beneficio conlleva el pago de un impuesto que es destinado a Educación, Salud, procesos de urbanización y otras áreas. Al no tener que pagar este derecho, el GCBA crea esta ‘contraprestación’ monetaria a modo de reemplazo”, analizó Olivares.

De lo general a lo particular, el GCBA firmó recientemente tres convenios urbanísticos con privados en los que la naturaleza del convenio es la de habilitar modificaciones urbanísticas que generen un beneficio extraordinario a estas empresas a cambio de una contraprestación monetaria con el objetivo de subsanar los gastos y egresos generados por las emergencias económicas y sanitarias producidas por la pandemia del COVID 19 y con la generación de una serie de espacios públicos como excusa para generar el antes explicado “interés público”.

     

De estos tres convenios se aprobaron dos en la sesión del 8 de octubre último, ya que el tercero, un acuerdo casi demencial que otorgaba 140 metros de altura en una parcela donde actualmente están habilitados 30 metros en Puerto Madero, generó diversas rispideces en lo que hasta ahora parecía ser un totalmente disciplinado bloque oficialista. Tal es así que cinco legisladores de la bancada mayoritaria, de la Coalición Cívica, se abstuvieron en la votación.

“Los dos convenios aprobados, uno en Villa Crespo y el otro en Palermo, tienen un espíritu similar. El primero, es que ambos privados le compraron a precio amigo unas manzanas al Estado Nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Ya tenemos varias cosas para remarcar: lo primero, empresas privadas le compran al Estado Nacional de entonces manzanas enteras a precios de subasta y lo segundo, el Ejecutivo Porteño les brinda un servicio post venta de modificación urbanística para poder desarrollar de manera eficiente sus negocios. Círculo cerrado”, dijo Olivares.

En el caso de Villa Crespo, la parcela ubicada en Fitz Roy y Vera, fue atravesada por el nuevo viaducto del Ferrocarril San Martín (también financiada por el Estado Nacional a través de transferencias de tierras a la Ciudad). Esto hace que una franja de la parcela tenga que ser destinada a uso público, ya que los viaductos tienen que disponer de una banda de 48 metros de espacio público. La empresa privada, de nombre Koolhaas S.A, homónima del reconocido arquitecto neerlandés, ya tenía presentado los planos de obra y tenían pagados todos los derechos de construcción y la cesión de esta franja tramitando con el GCBA. Todo estaba encaminado para iniciar la obra. Sin embargo, firman un convenio con la Ciudad en el que reciben más constructibilidad y más altura, o sea, construir un 18% más de metros cuadrados y 3 pisos más que lo que permite el código urbanístico. Esto a cambio de la cesión del espacio público, -que ya estaba cedido-, la obra del espacio público, que según el Ejecutivo porteño es de US$ 250.000 y la contraprestación monetaria de US$ 1.041.112.

“Más allá de las complicadas cuentas por las que llegan a ese valor, el hecho de haber conseguido ese negocio tan jugoso, que va desde la compra del terreno hasta la posibilidad de adquirir más constructibilidad a cambio de una suma irrisoria de US$ 1.291.112 tiene que llamarnos la atención porque puede generarse un nuevo modus operandi de comprar norma por poco dinero relativamente. Obvio que en este juego solo participan los equipos grandes, las empresas que puedan darse el lujo de adquirir tierras públicas por 13 millones de dólares y tener la posibilidad de que el GCBA les cambie las normas una vez conseguido el terreno. Si el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas tiene como piso el patrimonio por US$ 2.000.000, estos jugadores superan con tranquilidad estos números”, prosiguió Olivares.

El caso de Palermo es más complejo aún, ya que el privado, que son dos empresas de distinto nombre pero con los mismos miembros societarios en un mismo domicilio, compró dos parcelas sobre la Avenida Dorrego al lado del Campo Argentino de Polo por US$ 51.000.000, la primera a US$ 18.000.000 y la segunda por US$ 33.000.000 al Estado Nacional, ambas con equipamientos en funcionamiento, una sede del Ministerio de Desarrollo Social y la Sastrería Militar, respectivamente.

“En este berenjenal el privado hace un negocio jugoso, ya que el Código urbanístico habilitaba 5 pisos en la primer parcela y 6 pisos en la segunda, pero ellos acuerdan la cesión de la primer parcela (US$ 18.000.000) más la obra de espacio público (US$ 1.370.000) y US$ 2.500.000 a cambio de que se habiliten en el terreno de la Sastrería Militar dos torres de hasta 32 pisos, más de 100 metros de altura. Sin entrar en cuestiones que generen más complejidad, el privado con el nuevo convenio podría construir 30.000m2, a US$ 4.000 como valor del m2 de un edificio de esta envergadura en Palermo, el negocio ronda los US$ 120.000.000”, cuantificó el especialista.

“Y en este último convenio no está claro cuán necesario sea un espacio público en ese lugar. Si bien la Ciudad necesita con urgencia generar nuevos espacios verdes, que durante esta pandemia se notó aún más su escasa oferta, tampoco es la excusa para semejante negocio. El predio está a escasas cuadras del Rosedal y en una comuna donde los espacios verdes por habitantes rondan los 13,8 m2/hab, solo superado por la Comuna 1 y 8. La hiperconcentración de espacios verdes genera más desigualdad entre los barrios, donde tenemos la Comuna 5 con 0,19 m2/hab como ejemplo de una mole de cemento con pocos espacios públicos. Los espacios verdes públicos son siempre necesarios, pero usarlos como moneda de canje para la especulación inmobiliaria habla del cinismo del Ejecutivo porteño, al que lamentablemente nos hemos acostumbrado”, concluyó Olivares.

El diputado Andrade añadió: “El gobierno de la Ciudad vende constructibilidad al mejor postor. Los que se ven beneficiados son aquellos que acumulan a través de la renta inmobiliaria, es decir, los grandes desarrolladores. El modelo de desarrollo urbano propuesto por esta gestión es favorecer los negocios de las grandes empresas y en un mercado desregulado, en el que se construye lo que deciden los privados. ¿Lxs perjudicadxs? Todxs nosotrxs. En primer lugar, quienes tienen dificultades de acceso a la vivienda, ya que estos procesos vienen acompañados de un incremento en el valor de la tierra y, consecuentemente, de la vivienda. Lxs porteñxs perdemos espacios verdes, aire, sol, acceso al Río de la Plata y terrenos que podrían servir para garantizar el acceso a la vivienda de los sectores bajos y medios. Además, la tierra pública es un bien escaso de alto valor estratégico que hay que atesorar y no regalar a lxs amigxs”.

“Hubo una manipulación casi perversa. Por ejemplo, para justificar los convenios urbanísticos del 8 de octubre, el Ejecutivo argumentó que, además de dos plazas de un cuarto de manzana, la Ciudad recibiría por las tres exenciones el equivalente a unos 5 millones de dólares (siendo que el beneficio reportado a los privados, derivado de los permisos extraordinarios que se concedan supera los 50 millones de dólares). Argumentaron desde el oficialismo que esos 5 millones de dólares son muy importantes en función de la emergencia socioeconómica derivada del Covid-19: ahora bien, sucede que esa compensación a la Ciudad equivale apenas al 0,1% del presupuesto 2020”, remató el legislador Roberto.

 

LA ESTAFA SOCIAL DETRÁS DE LA ENAJENACIÓN DE TIERRAS

El informe “La década vendida”(3) del legislador porteño Matías Barroetaveña del Frente de Todos y su equipo técnico, presentado en septiembre de este año, releva que el Gobierno de la Ciudad vendió, desde el año 2009, 150 hectáreas de dominio de la Ciudad y otras 78 de Nación para ser destinadas a negocios inmobiliarios.

Tal como Proyectar Ciudad viene denunciando, el Gobierno porteño decidió subastar esos terrenos cedidos, sin criterio social o ambiental alguno. Dichas ventas no fueron planificadas de acuerdo a una política habitacional o de aumento del espacio verde, por mencionar algún tipo de política pública, sino que fueron puestas a la venta para que el mercado disponga de uso y usufructo. Esta situación pone en manos de privados la agenda del uso del suelo en la Ciudad.

Según el informe del diputado Barroetaveña en la superficie de tierra desafectada de CABA se podrían haber construido viviendas para 86.275 personas, para un hogar promedio de 2,4 integrantes, según datos censales. O si se evalúa el promedio de los hogares de villas y asentamientos, de 4,5 integrantes, se podría haber brindado soluciones habitacionales a 161.766 personas.

“La década vendida” estimó que según el relevamiento de espacios verdes del Gobierno de la Ciudad, la totalidad estos espacios es de 376,9 ha en toda la ciudad, con las 149,7 ha enajenadas se podrían haber ampliado los espacios verdes de la ciudad en un 39,7%. En una ciudad que posee un indicador de espacio verde por habitante muy bajo (5,13mt2), mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 mt2, este suelo se podría haber utilizado para generar una gradual mejora de este indicador.

“Algunas subastas convocadas por el Gobierno Nacional mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado quedaron desiertas o los bienes no lograron enajenarse, como afirmamos anteriormente, por acción de la gestión del Presidente Alberto Fernández y la fuerte resistencia del Frente de Todos en la Legislatura Porteña”, indica el informe.

 

PROPUESTAS DESDE EL FRENTE DE TODOS

“En la sesión legislativa del 8 de octubre, quedó a la vista que el gobierno porteño no tiene intención de mejorar la calidad de vida de las y los porteños, ya que de avanzar con los proyectos que se aprobaron en primera lectura, se produciría un impacto ambiental que modificaría el ecosistema de la costa ribereña, sumando más cemento cuando debería incrementar los espacios verdes y así poder acercarnos a los estándares internacionales. Si el gobierno porteño continúa con la decisión de avanzar con estas leyes, continuará violando la Constitución y el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad ya que se traducirá en la pérdida de acceso a la costa para las y los vecinos”, analizó el diputado Roberto.

A criterio del diputado Andrade: “La primera herramienta para intentar frenar la enajenación de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires es la militancia y el contacto nuestro y de nuestrxs compañerxs con la gente. La discusión política. En la Legislatura, estudiamos los temas, discutimos, producimos dictámenes y proyectos con nuestra mirada, damos testimonio y construimos conocimiento y propuestas alternativas. A pesar del cerco mediático, utilizamos todos los espacios disponibles en los medios de comunicación para dar a conocer lo que sucede y poner de relieve las implicancias que tiene. Intentamos desenmascarar la estrategia inmobiliaria que hay detrás de la política de desarrollo urbano de Rodríguez Larreta. Por otra parte, al ser la primer fuerza de la oposición y tener 17 diputados del Frente de Todxs, eso nos da otro peso en la discusión parlamentaria, que buscamos aprovechar al máximo“.

También resulta de vital importancia la participación de la ciudadanía en las Audiencias Públicas, las que pueden conocer y a las que pueden anotarse en la página de la Legislatura.

El diputado Roberto considera que “es fundamental que la agenda legislativa sea pública y se transmita a todas y todos los vecinos para que conozcan los temas que discutimos y la postura de los distintos bloques para que nos exijan las explicaciones del por qué de nuestro accionar con temas que les pueden cambiar la forma de vivir y transitar la ciudad. No tengo dudas de que cuando eso ocurra, muchas de las leyes que el oficialismo vota en soledad, porque son en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría, no las va a poder tratar por el costo político que eso significaría”.

Entre los proyectos del Frente de Todos figuran subsidios a los alquileres de jubilados y pequeños emprendedores, créditos a tasa cero por parte del Banco de la Ciudad y la creación de un Fondo Solidario de garantía de alquileres, entre otros.

“Queremos una Ciudad de Buenos Aires para todos y todas, que garantice el acceso a la vivienda digna y a un hábitat saludable –Artículo 32 de la Constitución- y que haga un uso estratégico de la tierra pública en este sentido. Que destine más tierra para espacios verdes y no se vendan los parques para hacer edificios mientras nos muestran macetas en las esquinas. Estamos llevando adelante un estudio que indica, por ejemplo, que desde 2015 se han desafectado de su uso como parque cerca de 100 hectáreas. Espacios verdes absorbentes que estaban zonificados o funcionaban como parques. Eso equivale a 100 manzanas, es decir, 100 plazas de barrio. Fundamentalmente, impulsamos una Ciudad que redistribuya la riqueza y brinde posibilidades de disfrute a todxs sus ciudadanos”, concluyó Andrade.

Desde la política se debe insistir, aunque se trate de una concepción ideológica excluyente y arraigada en Juntos Por el Cambio, en que el Ejecutivo de la Ciudad recapacite sobre sus iniciativas y en vez de quitarle espacio verde a las y los porteños, utilice la costa ribereña en beneficio de población como marca el Artículo 8 de la Constitución ciudadana y el Plan Urbano Ambiental (PUA), que establece que las tierras públicas deben destinarse a parques, plazas y espacios verdes, soluciones habitacionales y equipamiento público.

 

(1) – https://docs.google.com/document/d/1rYul2en537rlQKsYb8TicdgzokOmi1mF1isEMN3ZtK8/edit

(2) -https://docs.google.com/document/d/1Ban1Ry79IObd8VWQHMR5GlWx7z5KVL6qD0HmT0bFX3U/edit

(3) – Ver texto completo en: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:8e8fc0bb-dfbc-4adb-bec4-c39026c81d59#pageNum=1