USO ILEGAL DE DATOS EN CAMPAÑA ELECTORAL
Por Andrés Cárdenas
Tras numerosos reclamos de vecinos, el gobierno porteño fue denunciado por el posible uso ilegal de datos personales al emplear la misma base de datos de la vacunación contra el Covid para enviar mensajes proselitistas de Juntos por el Cambio. En relación al tema se sumaron denuncias por extorsión y malversación de caudales públicos. Las zonas grises de la normativa o su incumplimiento, así como la ausencia de sanciones vuelven estas prácticas ilegales un recurso reiterado.
La queja recurrente de parte de vecinos porteños y porteñas en los dos últimos meses fue la comprobación desagradable de estar recibiendo, sin autorización alguna, mensajes de la campaña electoral de Juntos por el Cambio desde las mismas direcciones en las que eran notificados de las novedades y turnos del plan de vacunación e hisopados contra el Covid.
La ley 25.326 de protección de datos personales es muy clara respecto al uso de bases de datos y al consentimiento expreso que deben prestar los y las ciudadanas para recibir publicidad de cualquier índole, ya sea comercial o política.
“Si se comprobara el cruce de datos de la base para vacunación en la campaña electoral por medio de la demanda colectiva que se inició ante la Defensoría de la Ciudad en la Agencia Nacional de Datos Personales se trataría de un uso no consentido y habría una violación al consentimiento expreso, además que debería considerarse otra cuestión: los datos de salud son sensibles y, por lo tanto, tienen que estar doblemente protegidos tal como lo indica la misma ley”, explicó a Proyectar Ciudad, Natalia Zuazo, consultora, experta en tecnología y regulación e integrante de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
En la actualidad, está en curso desde la primera semana de septiembre una denuncia colectiva de vecinos y vecinas porteños por la violación de la privacidad de sus datos, en conjunto con denuncias de trabajadores del call center de la línea 147, quienes alertaron sobre precarización laboral y haber sido obligados a realizar llamadas proselitistas por parte de la empresa GIV SRL, que recibió un millonario aumento de fondos de su contrato con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sin ninguna licitación de por medio.
Ante este cuadro de situación los cargos podrían sumar la figura de financiamiento ilegal de campaña por el empleo de recursos tecnológicos y humanos, en una suerte de 2 x 1, absolutamente fuera de toda norma legal, ética y de respeto a las reglas de convivencia democráticas.
Según los denunciantes, centenares de llamados resultaron claramente direccionados y segmentados por comunas y franjas etarias (por ejemplo, dirigidos a jubilados solos), obligando a los contratados de las centrales telefónicas, por medio de coacción directa de sus supervisores, a hacerse pasar por grupos de jóvenes independientes que por iniciativa propia apoyaban a la coalición gobernante de la Ciudad de Buenos Aires.
En relación directa con estas prácticas, el abogado Juan Pablo Chiesa presentó además cargos por extorsión y malversación de caudales públicos contra el Gobierno de la Ciudad, causa en trámite que recayó en el juzgado del magistrado Luis Rodríguez.
Basta hacer memoria, hasta no mucho tiempo atrás, sobre el uso ilegal de call centers y bases de datos públicas para la difusión de “fake news” acerca de candidatos opositores al macrismo como le sucedió a Daniel Filmus en la campaña del año 2011. O bien recordar, mucho más recientemente, el uso de los “aportantes truchos”, en las elecciones legislativas de 2017, en los que se vio directamente involucrada la actual cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales porteños y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
MALAS PRÁCTICAS SIN SANCIONES
“Al no haber multas y castigos efectivos en la utilización ilegal de los datos personales en campañas políticas esto contribuye claramente a que se repitan las mismas situaciones, si bien las normativas existen como la Ley de Financiamiento de partidos políticos que también fue violada. En el caso precedente de la causa de la investigación periodística de los ‘aportantes truchos’, en la campaña bonaerense de Vidal, se violentaron ambas normas porque también se vulneró la Ley de Protección de Datos Personales. La falta de consecuencias legales hace que se reincida en prácticas nocivas”,consideró Zuazo.
La causa de los “aportantes truchos” fue iniciada en 2018 y actualmente se encuentra en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, luego de una investigación periodística que cruzó datos que evidenciaron posibles manejos turbios de los fondos de campaña de Juntos por el Cambio.
Según la denuncia parte de los presuntos aportantes de fondos resultaron tomados directamente de listados de beneficiarios de planes sociales con graves carencias socioeconómicas, sin su conocimiento ni consentimiento, quienes supuestamente donaron importantes sumas de dinero a la campaña, que obviamente no poseían. Un buen número de los casos presentados en la causa corresponden a vecinos de la Villa Itatí, de Quilmes. Otros perjudicados fueron empleados estatales cuyos datos también habrían sido utilizados de modo espurio violentando bases de datos del Estado.
Se debe reiterar que se trata de maniobras aberrantes que operan muchas veces en perjuicio directo de población vulnerada y vulnerable y cuyas consecuencias también tienen claras sanciones, pues el artículo 157 bis del Código Penal establece penas de prisión de un mes a dos años “a quien ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales”. Lo que sustenta el círculo vicioso de legislación vigente y falta real de aplicación de sanciones.
Por norma, las bases de datos tienen que estar registradas, inscriptas ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que opera bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Las empresas que suelen brindar el envío de sms, usualmente conocidas como integradoras, tienen que cumplir pautas claras para ser habilitadas, tales como evitar la emisión de correo basura (spam) y, sobre todo, los destinatarios tienen que dar su consentimiento o suscribirse a las promociones de modo previo, así como contar con herramientas claras para dar de baja las notificaciones y dejar de recibirlas en el momento que lo decidan.
ZONAS GRISES Y NORMATIVAS INTERNACIONALES
La actual ley de protección de datos personales a nivel nacional tiene más de dos décadas de promulgada y quedó rezagada ante el enorme avance de las nuevas tecnologías a nivel mundial.
“Es una ley que tiene que actualizarse y cuenta con diferentes ‘zonas grises’ en las que se debería trabajar, como las cuestiones de adaptación a estándares internacionales e iberoamericanos, cuestiones de consentimiento y finalidad, adecuación a temas de biometría, empleo de bases de datos públicas y bases de datos en temas de seguridad y otras cuestiones que fueron evolucionando de modo acelerado en los últimos años, tales como el uso de servicios financieros (fintech) o aspectos de decisiones automatizadas en el caso de la Inteligencia Artificial. Además hay que aportar más seguridad respecto de posibles filtraciones de datos. Hubo en 2017 una presentación ante el Congreso Nacional para reformar la ley, que finalmente perdió estado parlamentario, y habría que volver a avanzar pronto con un proyecto que refleje un estado actual de cosas”, explicó Zuazo.
“Existen pactos internacionales y otras normativas más allá de nuestras fronteras que nuestro país debería cumplir. La actual legislación argentina tiene necesidad de adecuación a pactos internacionales, europeos y a nivel Mercosur que deben ser tenidos en cuenta en una futura modificación de la ley”, agregó la especialista.
“No creo que debamos hablar de casualidades en la Ciudad de Buenos Aires sino que se trata de prácticas recurrentes desde hace muchos años. Todo tipo de reclamos al Gobierno de la Ciudad, desde problemas de basura, podas o veredas rotas, deriva en que al dejar asentados tus datos te llegue luego propaganda electoral. Tenemos como ciudadanos y ciudadanos que destacar la dimensión de ilegalidad que posee esta costumbre naturalizada, denunciar tales abusos y que actúen los organismos competentes para sancionar y multar de manera efectiva”, concluyó Zuazo.
Una recomendable reacción colectiva, en defensa propia, ante mensajes invasivos e indeseados como éste: “Hola, soy María Eugenia Vidal. Te invito a que caminemos lado a lado para construir juntos el futuro que queremos. Para saber más entrá a https://bit.ly/MEVidal”.
Existen casi nulos antecedentes de sanciones en esta temática, por lo que se acrecientan las reservas sobre hasta dónde llegarán las denuncias iniciadas por estos días contra el Gobierno de la Ciudad y los candidatos de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, el futuro llegó hace rato.