TAN SOLO LOS CHICOS
Por Andrés Cárdenas
Garantizar los derechos constitucionales de la niñez en CABA prosigue como una gran deuda de la gestión del macrismo, tal como lo marcó un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que relevó importantes falencias en los Centros de Primera Infancia, agregadas a la endémica falta de vacantes en distintos niveles de la educación pública. Por otra parte, colectivos de padres y docentes denuncian derechos vulnerados y presiones por la presencialidad obligatoria en plena pandemia.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires reconoce en su artículo 24 “la responsabilidad estatal indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar los diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine”.
Según la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “los Centros de Primera Infancia (CPI) son espacios creados para garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños de 45 días a 3 años de edad en situación de vulnerabilidad social”. Actualmente funcionan cerca de 75 establecimientos con distintas modalidades en territorio porteño.
Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) explicó al respecto: “Los Centros de Primera Infancia fueron creados en el 2009 y acerca de ellos en la Auditoría de la Ciudad el año pasado se aprobó un informe donde se detectaron diferentes irregularidades y falencias que son realmente preocupantes. En primer lugar, se reveló que hay muchos chicos y chicas en lista de espera, hay una gran falta de personal docente y profesional, por ejemplo hasta el año 2018, gran parte de los CPI no contaban con un equipo técnico completo y, además, las viandas que se entregaban no cumplían con los valores nutricionales adecuados. A su vez, se presentaron varios problemas edilicios, deficiencia de número de sanitarios, localización de salas en lugares no aptos, falta de ventilación y superpoblación debido a la falta de vacantes, entre otros problemas”.
En efecto la Auditoría de Gestión titulada “Atención a Niñez y Adolescencia vulnerables, Proyecto Nro. 9.17.10“, llevada adelante por la AGCBA derivó en un detallado informe de 316 páginas en el cual se evaluó la adecuación de los recursos públicos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia de la actividad del programa que atañe a los CPI.
El informe plantea que “La presente actividad presupuestaria, correspondiente al programa de Centros de Primera Infancia, evidencia problemas de funcionamiento entre los que se destacan la elevada proporción de niños y niñas en lista de espera, las debilidades en materia de personal docente y profesional, la superpoblación en espacios sin suficientes metros cuadrados requeridos. Se advierten, además, problemas de orden edilicio en general (localización de salas en lugares no aptos, falta de ventilación, deficiencia del número de sanitarios), así como la falta de habilitación de los establecimientos. A lo largo de este examen también se pusieron de manifiesto problemáticas tales como la ausencia de implementación del diseño curricular, incluyendo la carencia de actividades de planificación pedagógica uniforme y sistemática, así como la falta de adecuación del servicio de comida a las características de la población infantil atendida”.
Y prosigue, en cuanto a las modalidades de implementación: “Cabe señalar que la previsión de los recursos en la Dirección General de Niñez y Adolescencia y su ejecución por intermedio de la Dirección General de Fortalecimiento, además de las deficiencias detectadas en los sistemas de información y la ausencia de designación formal de los responsables, complejiza el desarrollo de un adecuado sistema de control interno”.
Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen, según expertos, un abordaje educativo consistente en el cuidado de los niños y las niñas. Al respecto de estas instituciones, Ana Malajovich, directora de la Carrera de Especialización en Educación Infantil de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), advirtió en un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA): “En general las familias que los utilizan carecen de alternativas y no pueden pagar cuidados en su casa o cualquier otra opción privada. Las familias critican de los CPI la gran rotación de personal y esto tiene que ver con que las personas que trabajan allí son monotributistas, algunas también son docentes y otras no. Los que son docentes en cuanto consiguen puestos en el sistema educativo se van. Luego, algunos CPI dependen de organizaciones sociales, que reflejan intereses de sectores comunitarios, y otros más bien se comportan como meros negocios. Esta salida de contingencia que se encuentra en CABA se viene sosteniendo sin que se construyan los jardines que se deberían construir”.
Uno de los problemas más graves, en especial para padres trabajadores y/o madres jefas de hogar de la Ciudad resultó la habitual falta de vacantes en estos espacios fundamentales como apoyo para la organización familiar en los sectores más vulnerados, de manera de poder desenvolverse en el medio laboral y garantizar el sustento. En el caso de las madres trabajadoras a cargo de los hogares, si bien deben contar con consideración prioritaria, la carencia se volvió especialmente sensible: otra muestra de las persistentes brechas y desigualdades marcadas por género y por comunas desfavorecidas de parte de una administración porteña que promueve políticas públicas de exclusión con las cuales se fomenta la inequidad social.
Entonces, entre las consecuencias de la política educativa de la Ciudad las mujeres trabajadoras quedan relegadas en una posición de subalternidad, tanto en relación a la escolarización de los niños y las niñas a cargo, como en lo vinculado a su inserción en el mercado del trabajo. Las estadísticas muestran que, en los diversos tipos de familias, y con mayor énfasis en las monoparentales, las mujeres son quienes, en relación a los hombres, adquieren más centralidad de modo notorio en el cuidado de los niños y las niñas.
El mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estos “parches”, de estas instancias paliativas, en la zona sur porteña, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica y no reciben respuestas de fondo por parte de la gestión de Juntos por el Cambio. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza todavía más la exclusión social de los barrios del sur, en un verdadero círculo vicioso que tiende a reproducirse de modo cíclico.
“En relación a las observaciones que se desprenden del informe, podemos asegurar que los CPI cumplen un rol fundamental para el desarrollo y la protección de niños y niñas de alta vulnerabilidad social. Por eso creemos que es fundamental garantizar un espacio seguro, condiciones edilicias dignas y una alimentación saludable para niñas y niños que asisten a estos espacios. También, cabe destacar que este programa fue pensado para dar respuesta a la emergencia por las vacantes en la Ciudad, pero lejos de brindar una solución, vemos que se repite la misma problemática: más de 23 mil estudiantes no tienen vacantes en la escuela pública de la Ciudad, siendo el nivel inicial el más perjudicado. En conclusión, la problemática de vacantes no se resuelve con más Centros de Primera Infancia, porque estos lugares están destinados a estudiantes de vulnerabilidad social y tampoco cumplen con la demanda de vacantes para estos sectores. Es fundamental que se fortalezca la educación pública, creando más jardines y escuelas para que los y las estudiantes puedan tener garantizado el acceso a la educación, ya que, por ejemplo, las unidades educativas en la Ciudad para el nivel inicial son 35,5% de gestión estatal y 64,5% de gestión privada”, consideró Gagliardi.
UN POCO DE HISTORIA DE LOS CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
Para tener un panorama más general del escenario en el cual la AGCBA relevó el cumplimiento de las prestaciones, funciones e instalaciones de los CPI, los datos del informe coinciden mayormente con los años (2016 a 2019), en los que Juntos por el Cambio tenía a la vez el gobierno nacional, en manos del exjefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el de CABA, a cargo de su sucesor Horacio Rodríguez Larreta.
Se trata de la época de la tan famosa promesa incumplida de campaña de Macri de construir “tres mil jardines de infantes” en el país, la del incremento discrecional del porcentaje de coparticipación que no le correspondía a la Ciudad Autónoma por decisión unilateral del Ejecutivo Nacional y la de la mayor toma de deuda pública del distrito en su historia -sin correlato en prestaciones para vecinos y vecinas-, que dejó fuertemente comprometido el presente y futuro de la recaudación y las finanzas porteños.
Durante los cuatro años que Rodríguez Larreta gestionó la Ciudad en su primer mandato, cuando recibía millones de pesos extra de coparticipación Federal por parte de Macri, redujo el presupuesto educativo de la Ciudad en cinco puntos, y ahora en 2021 lo volvió a ajustar, aún estando en pandemia.
“A lo largo de los años pudimos ver que para el Gobierno porteño la educación no es una prioridad. Por un lado, durante la primera gestión de Mauricio Macri, el gasto educativo comenzó a disminuir del 27% de ese momento al 22% y, por otro lado, con la llegada de Rodríguez Larreta, se fue recortando un punto porcentual promedio cada año. Es así que, este año se presentó el presupuesto educativo más bajo de la historia con el 17,18% del total de la Ciudad. A esto se sumó, un recorte de 370 millones de pesos al Plan Sarmiento, destinado a otorgar computadoras a alumnos y alumnas. También, ajustaron 1900 millones de pesos en infraestructura escolar. Pero el problema no es sólo de presupuesto, ya que manejan el más alto del país y uno de los más altos de Latinoamérica, sino que se deben evaluar cuáles son las prioridades en la distribución de los recursos. Es así que, mientras desfinancian a la educación, el Ejecutivo porteño realiza gastos superfluos de 28 millones de pesos en compras de snacks para funcionarios, decenas de millones de pesos para reparar veredas en la Costanera y más de 250 millones de pesos en estudios de opinión pública. Entonces ahí nos surge una pregunta muy concreta: ¿cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno de la Ciudad?”, cuestionó Gagliardi.
Cabe señalar que el 58% de los CPI abiertos hasta el 2016 habían sido puestos en funcionamiento a partir del año 2011, es decir, con posterioridad a la suscripción del Acta Acuerdo regulatoria. La evolución de la creación de nuevos centros se grafica a continuación:
Según datos de la AGCBA de los CPI existentes en el año 2016, un cuarto se encontraba localizado en la Comuna 8. Ello equivale a 17 establecimientos. Le sigue en importancia la Comuna 4, con el 19,4% de los establecimientos (13 CPI). Luego, se sitúan las Comunas 9 (13,43%, 9 CPI), 7 (11,94%, 8 establecimientos), 1 (10,45%, 7 establecimientos), 3 (8,96%, 6 establecimientos) y 15 (4,48%, 4 CPI). Las Comunas menos representadas son la 13 con 2 establecimientos (equivalente al 2,99% del total de CPI), la 10 con un establecimiento y la 5, con idéntica cantidad. Asimismo, se infiere que en 2016 no había CPI en las Comunas 2, 12 y 14.
Justamente a partir del año 2011 el GCBA suscribió un Acta Acuerdo con disposiciones para los CPI, donde se destacan los principales puntos generales del Protocolo oportunamente previsto que debería ser cumplimentado por los establecimientos inscriptos, con adaptaciones puntuales dentro del régimen:
Entre las consideraciones del informe de la Auditoría General se señala que “el programa, aunque fue creado en forma previa (año 2009, ndr) a la suscripción del Acta Acuerdo en el marco de la causa judicial relativa a la falta de vacantes en el sistema educativo público de nivel inicial, experimentó un crecimiento considerable a partir de la suscripción de la misma. En este sentido, el mismo deberá arbitrar los medios necesarios para promover una equiparación de la atención brindada por los Centros de Primera Infancia –en los aspectos pedagógicos, nutricionales y edilicios-, con aquellos efectores de primera infancia cuyo déficit fue convocado a paliar. En este orden, el programa deberá mejorar los aspectos precitados. También deberá fortalecer sus actividades de control interno, en especial, en lo atinente a las rendiciones de los subsidios otorgados, así como a las rendiciones de diversa índole que deben cumplimentar las organizaciones no gubernamentales encargadas de mejorar la situación nutricional de la población infantil. Finalmente, el ente auditado deberá favorecer el desarrollo de los exámenes llevados a cabo por este órgano de control, que debió enfrentar limitaciones en su labor”.
Asimismo, el 37% de los CPI atiende entre 150 y 169 niño/as (es decir, 25 establecimientos), el 22% tiene entre 170 y 190 niños (el equivalente a 15 CPI), el 12% tiene entre 110 y 129 niño/as (8 establecimientos), el 10% entre 130 y 149 niño/as (7 establecimientos), el 9% tiene entre 90 y 109 niño/as (equivalente a 6 CPI).
La mayor cantidad de niñas y niños en lista de espera por falta de vacantes se concentra, también en este caso, en la castigada zona sur -en las Comunas 8 (1274, equivalente al 24%) y 4 (1030, equivalente al 20%). También es elevada la demanda en las Comunas 9 (588 niño/as), 7 (584 niño/as) y 3 (580 niño/as), que representan aproximadamente el 115 de la demanda en cada caso). Si bien la medición corresponde al año 2016 la misma tendencia se mantiene de modo endémico hasta la actualidad.
Por último, la Auditoría determinó también deficiencias en las capacitaciones obligatorias para estos centros, pues dejando aparte aquellas que fueron impartidas para todos los CPI, sólo 47 Centros recibieron capacitación dirigida al personal (70%), en tanto que de los 67 Centros de Primera Infancia de entonces, apenas 33 recibieron capacitación para familias, niñas y niños concurrentes (49% del total de CPI).
PRESENCIALIDAD: MÁS VULNERACIÓN DE DERECHOS EN PLENA PANDEMIA
El colectivo de padres y madres “Interescuelas por Educación y Salud” se organizó de manera autogestiva en la Ciudad de Buenos Aires para alertar a la población y a las autoridades porteñas que la presencialidad en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria como la del AMBA implica un gravísimo peligro de contagios que compromete la salud propia y de otras personas, de alumnxs, padres, docentes, auxiliares y población en general.
Entre los principales pedidos de Interescuelas para la Educación y la Salud figuran las clases virtuales hasta que esté garantizada una presencialidad segura, la no obligatoriedad en cuanto a asistencias, el apoyo a familias con dificultades de conectividad y la urgente vacunación del personal educativo (docentes, no docente y directivxs).
Sostienen que con la actuales políticas del ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña se vulneran derechos básicos y que la postura inflexible del gobierno porteño de forzar la presencialidad, además de constituir un riesgo sanitario y una irresponsabilidad para con la ciudadanía, entorpece la continuidad pedagógica que dicen querer sostener y que es lo más importante, según sus palabras.
José Machain, papá de una niña en Sala de dos años del Jardín Escuela Infantil Nro. 6 del Hospital Ramos Mejía, especialista en primera infancia y educación inicial e integrante del colectivo expresó: “Hoy no hay esquema de clases virtuales en CABA y las presenciales se interrumpen constantemente por los casos de contagios de estudiantes y de docentes, se contagien donde se contagien. Para hablar solamente de la dimensión educativa de todo este caos que estamos viviendo, hoy el trabajo docente está sobreexigido. El año pasado en un esquema de virtualidad tenían la posibilidad de ordenar su trabajo para cada grupo a su cargo. Hoy esos grupos se dividen en dos o tres burbujas, dependiendo de la cantidad de estudiantes, lo que recarga el trabajo de planificación y seguimiento. Y como de todas formas no quieren dejar sin clases a quienes no van de forma presencial a la escuela, dedican el poco tiempo libre que les queda a organizar encuentros virtuales, coordinando con las familias y utilizando sus propias computadoras o celulares. Las familias también padecen esta desorganización porque tienen que reajustar su planificación diaria cuando se cancelan burbujas por contagios en la escuela, generando una imprevisibilidad de planificación de tareas y funciones en los hogares y en sus respectivos trabajos (presenciales o remotos). Incluso las direcciones de las escuelas tienen una sobrecarga de trabajo administrativo por el seguimiento que hay que hacer a las burbujas, que se suman a todas las tareas que se han acumulado del año pasado”.
“Desde el colectivo InterEscuelas por Educación y Salud entendemos que, si no logramos que el gobierno porteño comprenda la situación que estamos atravesando, las perspectivas a futuro no son buenas. Todo indica que si continuamos como venimos es posible que la presencialidad no sólo no garantice la educación, sino que la complique aún más. Y a esto habrá que sumarle un posible colapso del sistema de salud que agregará aún más riesgo a toda la situación”, agregó.
Un reciente estudio de investigadores del Conicet, la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudios demostró que la interrupción de la presencialidad escolar contribuye de modo significativo a disminuir contagios de coronavirus y, por ende, internaciones y fallecimientos, pero desde el gobierno de Rodríguez Larreta, más atentos a algún incierto tipo de rédito electoral, siguen ignorando estas evidencias científicas, al mismo tiempo que el sistema de salud público y privado bordea el desastre.
La decidida resistencia de los grupos de padres, sumada a los contagios que “pinchan” burbujas y parecen crónicas de una realidad anunciada, llevaron a que actualmente la presencialidad en los establecimientos porteños resulte baja, “en algunos casos cercana al 20%”, según estimaciones del sindicalista docente Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y de la Confederación de Trabajadores Argentinos de CABA. Pese a las directivas gubernamentales porteñas, muchos padres evalúan las condiciones y los riesgos para optar por privilegiar el cuidado de sus hijos.
Como si no fuera poco propicio el panorama, Machain completó el cuadro: “Nos han llegado comentarios de presiones y amenazas a familias diciendo que si no envían a sus hijos e hijas a la escuela de manera presencial van a perder la vacante en el colegio. También es cierto que no hay ningún esquema de virtualidad propuesto por el gobierno porteño, ni siquiera para los casos en que el propio gobierno exceptúa de la presencialidad a aquellas familias que entran dentro del grupo de población de riesgo. En esos casos es el esfuerzo de docentes y familias el que sostiene la continuidad pedagógica”.
Al cierre del presente informe, el 20 de mayo por la noche, finalmente Rodríguez Larreta dio una muestra mínima de conexión con la realidad abrumadora de contagios en el distrito y dijo que acompañaría el DNU con restricciones más fuertes por nueve días impulsado ese mismo día por el presidente Alberto Fernández. Un gesto apenas mínimo que implicó la suspensión de clases por tres días hábiles entre el 26 y 28 de mayo, para retomar el mismo funcionamiento presencial desde junio. Lo anunció de manera teatral, a regañadientes, y advirtió “lo último que cerramos son las escuelas y será lo primero que abriremos”.
¿QUÉ QUEDA POR HACER?
“Tanto en el caso de los CPI como en otras problemáticas detectadas desde la AGCBA, el Ejecutivo porteño debería tomar nota de las observaciones para corregir los errores señalados y de esa forma garantizar una administración más eficiente de los recursos. La realidad es que este tipo de acción no suele ocurrir, y lo pudimos corroborar a través de los informes de seguimiento que la Auditoría realiza para identificar si las observaciones son tomadas en cuenta o no. A su vez, dentro de sus funciones, el organismo que presido, no solamente tiene la función de controlar y supervisar, sino que también realiza recomendaciones. Creemos que aportar desde la experiencia y el conocimiento es fundamental para fortalecer y mejorar la calidad de la gestión pública en beneficio de todos y todas las porteñas. Por eso, cada informe tiene las observaciones pertinentes y las conclusiones. Una vez que se aprueba el informe, el Gobierno de la Ciudad es el encargado de tomar nota de estas recomendaciones e implementarlas para mejorar los programas y las políticas. Es decir, tiene que tener la decisión política de llevar adelante estas recomendaciones y corregir los errores señalados. Actualmente la Auditoría lleva adelante otros controles sobre el presupuesto destinado a Educación. Por ejemplo, en la planificación de 2021 tenemos contemplado auditar el Plan Sarmiento, la construcción prometida de 54 escuelas y las viandas escolares”, concluyó Gagliardi.
Lejos de mejorar las condiciones denunciadas, el Gobierno de la Ciudad contribuyó de manera reciente a desfinanciar su propia creación: un fuerte reclamo se desató a mediados de 2020 en pandemia cuando los CPI “Rayuela” y “Pido Gancho” de Barracas en la Comuna 4 denunciaron a las autoridades porteñas por fondos insuficientes para más de 150 niños y niñas y 42 integrantes del personal entre ambos establecimientos.
La situación de la Comuna 4 disparó un reclamo generalizado, de al menos 45 de los CPI, debido a que en 2019 el aumento de fondos otorgado a estos establecimientos fue de apenas 23% (muy por debajo de las subas inflacionarias) para el pago de sueldos, eventuales alquileres y mantenimiento, entre otros rubros indispensables en el normal desenvolvimiento de actividades.
Como se pudo comprobar, la vulneración de derechos de la niñez y la juventud en el ámbito de CABA con las medidas tomadas en pandemia se extiende a la comunidad educativa en su conjunto, por lo que adquieren cada vez más resonancia los justos reclamos colectivos de padres y docentes.
El especialista Machain destacó: “Respecto de los CPI en CABA queda claro lo deficiente de la propuesta y del propio Programa del Gobierno de la Ciudad, tal como dan cuenta los informes elaborados por UNICEF, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a pedido del propio Ejecutivo porteño. De todas formas, es cierto que en el distrito más rico del país se vulneran los derechos de la niñez y la juventud. Sin ir más lejos, el gobierno porteño aún no entregó el listado de los más de 6500 nombres de estudiantes que no pueden tener clases porque no tienen conectividad ni computadoras. En suma, las respuestas del gobierno y las autoridades educativas de CABA son, por lo menos, muy pobres e indolentes. Hace ya más de un año que nos encontramos en una situación de pandemia. Se trata de un riesgo de salud a nivel mundial, algo que nos altera la vida y el día a día y desde el gobierno pretenden actuar como si esto no pasara”.
Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, los representantes de Juntos por el Cambio acentúan desigualdades históricas y vuelven a recargar sobre los de siempre el esfuerzo y los problemas de ineficacia ligados a los cuidados de la infancia en CABA: como pueden serlo una madre cabeza de hogar con bajos ingresos o una familia trabajadora, residentes en el empobrecido sur del distrito más opulento de Argentina. Hace falta de manera urgente construir más jardines y escuelas y resulta indispensable un cambio de rumbo hacia una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, que deje de castigar a los que menos tienen, aunque tan solo sea por los chicos.