POSIBLES ABORDAJES DE LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
Por Romina Duarte y Gastón Etcheberry
La cuestión del consumo problemático de sustancias merece por su relevancia una discusión en términos claros y con el máximo de información disponible, a partir de una revisión sistemática de los diferentes abordajes y las consecuencias que se verifican en el país, en general, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular.
Al analizar esta problemática, en un primer momento se presentarán las principales leyes o normas vinculadas a la problemática tomando como eje de análisis una línea histórica. Seguidamente se analizarán los diferentes modelos interpretativos, y se mostrará cómo se fueron articulando en los últimos años.
En segundo lugar, reflexionaremos aquí sobre las respuestas generales en términos institucionales que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires han establecido como tendencia general, y el modelo de atención de la problemática que se volvió hegemónico.
Por último, pensaremos diferentes posibles alternativas para abordar dicha cuestión en el tiempo venidero.
INTRODUCCIÓN
La problemática del consumo de drogas, como cualquier problema social, es susceptible de diversas interpretaciones. Se trata de un problema social complejo y multifactorial, tanto por sus causas y consecuencias, como por sus componentes e implicaciones.
Es necesario comprender a dicho problema como parte de uno mayor y general de nuestras sociedades, qué es la cooptación de los sentidos y de los proyectos de vida de las subjetividades contemporáneas por el consumo, aquí se ha llegado a un punto en el que hasta las relaciones humanas y las creencias se consumen como mercancía.
Las políticas de drogas llevadas adelante por el prohibicionismo durante más de cien años han demostrado ser ineficaces a nivel global (Ruchansky, “Un mundo con drogas”. La Edición. Buenos Aires: Debate, 2015). Sus efectos han sido muy graves en materia de salud. Algunos de los factores vinculados a esta falta de eficacia: creer que el consumo de drogas podría ser eliminado en el mundo; aceptar la falsa dicotomía entre drogas ilícitas y legales; imponer autoritariamente el modelo abstencionista, contracara del paradigma prohibicionista; no priorizar esfuerzos preventivos en relación con las causas del consumo; responder al consumo problemático de drogas en forma aislada de otras cuestiones sociales, derivadas de los distintos modos de precariedad neoliberal; contribuir a la estigmatización de los consumidores de drogas, presentándose como socialmente peligrosos, imagen multiplicada desde los medios de comunicación masiva al asociar juventud, violencia y consumo de drogas; priorizar la identificación de los factores de riesgo a los factores protectores, las prácticas de cuidado y la solidaridad. Los múltiples elementos implicados determinan una complejidad de aspectos que deberán considerarse para poder entender y abordar de manera exhaustiva este problema social.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil y de los particulares para encarar el consumo problemático de drogas en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina, y de los recursos invertidos en las respuestas implementadas, los resultados obtenidos hasta la fecha han sido magros.
MODELOS INTERPRETATIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS
En este apartado se analizan brevemente los diferentes modelos interpretativos que pretenden comprender y dar explicación a la problemática del consumo de drogas.
Modelo abstencionista-prohibitivo: Desde esta mirada, se plantea el consumo a través de una postura ética, enfatizando lo que está bien y sancionando lo que está mal. El uso de drogas no es visto sólo como algo ilegal, sino como algo moralmente malo. Se asocia al delito, a la desviación y a la idea de “flagelo social”. La droga aparece como agente causal y el consumidor se convierte en delincuente por un lado, y por otro, en sujeto pasivo. Su objetivo es una sociedad libre de drogas y las acciones de prevención se orientan a controlarlas. Se enseña sobre las sanciones jurídicas y morales, utilizando el miedo como elemento disuasorio para evitar el consumo.
Modelo médico tradicional: Es complementario al abstencionista- prohibitivo solo que pone el énfasis en el consumo como enfermedad que debe ser erradicada. Pone el acento sobre la sustancia, pero ahora entendida como agente causal ya no de la desviación sino de la enfermedad. Por primera vez, el sujeto es visto como enfermo. Considera la dependencia de drogas como una enfermedad caracterizada por una pérdida del control del individuo sobre su ingesta. Ello significa que la dependencia de drogas es considerada un fenómeno vinculado exclusivamente a procesos internos del propio sujeto y para entenderla bastará apelar a la interacción entre la biología humana y las características farmacológicas de las drogas. Se contempla el problema de la drogadicción como un problema médico más, como una enfermedad más, poseída por un individuo y causada por la acción de una sustancia psicoactiva sobre los procesos internos −biológicos− de un individuo.
Modelo de reducción de riesgos y daño: Sitúa el agente activo en el sujeto y en el entorno inmediato, no en las drogas. El sujeto es considerado un enfermo pero la causa es un trastorno psíquico. No distingue entre sustancias legales o ilegales o drogas duras o blandas, lo importante será el vínculo que la persona establece con la sustancia, entonces hace una distinción entre uso, abuso y adicción, considerando como problema solo los dos últimos. Se hace foco en la prevención inespecífica, ya que busca intervenir en la modificación de actitudes y comportamientos del sujeto promoviendo habilidades como el autocuidado, las relaciones interpersonales, el pensamiento crítico, entre otros.
Modelo comunitario: este modelo entiende las prácticas de salud como un proceso colectivo de salud-enfermedad-atención, en el cual el consumo problemático de drogas, además de involucrar a quienes las consumen y sus allegados, compromete a toda la comunidad (Pons, 2008). Las desigualdades sociales en materia educativa, el desempleo, la precariedad laboral, la segregación socio-espacial, la discriminación y la falta de respuestas socio-sanitarias adecuadas no son el mero contexto, sino una parte constitutiva de los consumos problemáticos de drogas. El modelo apunta a desarrollar iniciativas creativas y flexibles con una mirada transdisciplinaria y multisectorial, en las que converjan diversas perspectivas de abordaje teórico-práctico, como las provenientes de experiencias y lecciones aprendidas. Es por ello que se requieren respuestas elaboradas en la proximidad de los grupos sociales que sufren los problemas, de modo que ellas constituyan acercamientos personalizados a los escenarios y situaciones de origen.
MARCO NORMATIVO VINCULADO A LA PROBLEMÁTICA
La existencia de un marco normativo de carácter nacional y jurisdiccional constituye una base importante sobre la cual efectuar un abordaje sustentado en un paradigma centrado en los derechos. De esta forma, la legislación puede concebirse también como una herramienta que contribuye a la formulación e implementación de una política pública.
En el año 2000, se promulgó la Ley 448 de Salud Mental de CABA (LSMC) que vendría a regular con mayor precisión lo que la Ley Básica de Salud no abarcó en su articulado. La mencionada norma hace referencia a la salud mental de la siguiente forma: “… es inescindible de la salud integral, y parte del reconocimiento de la persona en su integridad bio-psico- socio-cultural y de la necesidad del logro de las mejores condiciones posibles para su desarrollo físico, intelectual y afectivo…”. El artículo 14 de esta ley enumera una variedad de nuevos dispositivos.
Con el “fallo Arriola”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) estableció, nuevamente, que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no puede ser penalizada. En dicho escrito, la CSJN declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley 23.737 (de tenencia y tráfico de estupefacientes), al considerar que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales y que no respeta lo manifestado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
En 2010 se creó en Argentina la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte, la sanción de la “Ley 26 657 Nacional de Salud Mental” incorpora avances innovadores en el área, en especial el enfoque de derechos, y pone sobre el tapete la necesidad de que las tramas de relaciones sociales e institucionales se transformen en “comunidades que cuiden”. En el mismo sentido, en el ámbito de CABA, la Ley 2318 sobre “Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo” destaca la multiplicidad de dimensiones presentes en el abuso de sustancias y la necesidad de generar un enfoque pluralista e interdisciplinario para una política pública. Ambas normas coinciden en afirmar que el tratamiento de las adicciones debe consistir en la alternativa terapéutica más conveniente y en la que menos restrinja los derechos y libertades de los usuarios.
Como controvertida tenemos la Ley 23737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes, llama la atención los datos de detenciones bajo su marco, esto según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC): el 67% de los casos de infracción a la ley de drogas registrados en el país durante el 2019, fueron por tenencia simple para uso personal (54%), tenencia simple de estupefacientes (12%) y tenencia o entrega atenuada de estupefacientes (1,3%). En simultáneo, los delitos contra el narcotráfico a gran escala – contrabando y organización y financiación de estupefacientes- no alcanzaron el 1 % de las denuncias. Sumado a que en nuestro país, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encuentran encarceladas por infracción a la ley 23.737. También se refirió a la situación legal de las personas detenidas por drogas indicando que el 61% se encuentran procesadas y el 39% condenada.
En contraposición al enfoque de dicha ley prohibicionista, tenemos desde el 2014 una ley que permite un abordaje distinto de los consumos problemáticos, la Ley 26934 mediante la cual se crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP).
Del análisis normativo podemos concluir que las incongruencias existentes entre la Ley 23.737 que permite perseguir a los consumidores y sus escasos resultados efectivos en la reducción de la oferta, amerita una reformulación de la misma, en la que se modifique el enfoque y se adecue al fallo Arriola.
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO EN CABA
Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 83 millones de personas en las Américas utilizaron drogas en 2018, principalmente cannabis, opioides, cocaína, anfetaminas y otros estimulantes. Entre 2010 y 2019 el número de personas que consumen drogas aumentó un 22%, debido en parte al crecimiento de la población mundial.
En nuestro país, según los datos del Observatorio Argentino de Drogas (2021) la tasa de mortalidad de muertes relacionadas con el consumo de drogas (MRCD) es de 45,7 cada 100 mil habitantes, lo que representa el 16,3 % del total de fallecidos a nivel país.
En el ámbito de la CABA, el total de casos de MRCD por año es de 913. Una tasa bruta de 46,5. En cuanto a la distribución de las muertes relacionadas al consumo de drogas según sustancia en personas de 15 a 64 años es: 84,3 % tabaco, 1% estupefacientes y 11,7 % de alcohol.
Según la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad, en el 2015 solo la División de Toxicología del Hospital Fernández atendió alrededor de 2.000 consultas de urgencia por intoxicación con sustancias psicoactivas: 880 por bebidas alcohólicas, 226 por cocaína, 59 por derivados opioides (tales como la morfina y la heroína), 57 por benzodiacepinas (como es el caso de los ansiolíticos), 54 por “paco” y 14 por éxtasis.
POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS Y A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
En este apartado nos proponemos recopilar algunas de las estrategias estatales en torno al consumo problemático de sustancias psicoactivas. Definimos que lo problemático en el consumo surge con la periodicidad, al convertirse en un consumidor ocasional, habitual o intensivo. Sin embargo, los intentos clasificatorios no necesariamente dan cuenta de prácticas y sentidos. Se considera uso problemático cuando una persona, ya sea de forma ocasional o crónica, es afectada en su salud física o mental, sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos), sus relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio) y sus relaciones con la ley.
El uso de drogas puede tener propósitos muy variados, desde la medicina tradicional, vinculados a aliviar dolencias, hasta momentos de relax y descanso. En culturas no- occidentales las drogas psicoactivas han tenido diversos usos, espirituales, sociales, curativos, relacionales, etc. Es decir que nos encontramos ante un universo complejo de drogas, en contextos en los que se construyen aprobaciones que producen y estimulan ciertos consumos de las mismas. Respecto de aquellas drogas que no tienen este consenso social, su consumo también puede ser esporádico y casual, y no necesariamente abusivo y problemático.
La “adicción” ocurriría cuando las personas perciben que no pueden prescindir de una sustancia o de una actividad, consumida de forma continuada en el tiempo. Al connotar la droga negativamente, por fuera del sujeto y del contexto, se refuerza la abstinencia y la represión como métodos de intervención definidos desde las políticas públicas. Distinguimos de la misma al “abuso” -el cual sin necesidad de mediar dependencia- se define como; uso inadecuado por su cuantía, frecuencia o finalidad, que conlleva al incumplimiento de tareas o alteraciones en las relaciones interpersonales.
Históricamente, se concibe a los consumidores o usuarios a partir de dos lógicas hegemónicas: por un lado, la “cura”, que desde una lógica sanitarista lo asume como una enfermedad y, por el otro, la que busca el “control”, desde una lógica punitivista. Ambas refieren a la identificación de una conducta desviada con una falta de aceptación de las normas sociales.
Durante el siglo pasado, y a partir de 1930, sobre todo en Estados Unidos, comenzaron a establecerse sistemas de internación alternativos al modelo psiquiátrico. Una de las modalidades que se considera relevante fueron los grupos de autoayuda, conformándose, en 1935, “Alcohólicos Anónimos”, en Ohio, Estados Unidos, el cual continúa teniendo vigencia.
Ya a partir de la década de 1950, Maxwell Jones, en Estados Unidos, y anteriormente Ernst Simmel, en Reino Unido, desarrollaron otro modelo de intervención concebido como “Comunidad Terapéutica”. Se trataba de comunidades jerárquicas coordinadas por personas ya recuperadas de su adicción con enfoque comunitario y un encuadre absolutamente rígido, cuyo objetivo era que el paciente alcanzara la abstinencia de sustancias, sustituyendo el objeto droga por la dependencia institución.
Estas modalidades de atención comenzaron a implementarse también en nuestro país. Es interesante observar que tanto el modelo clásico psiquiátrico como los grupos de autoayuda y las comunidades terapéuticas perduran en la actualidad, encontrándose, por un lado, la oferta pública estatal y, por el otro, la privada, que suele ser financiada directamente por familiares y determinadas obras sociales. Sin embargo, el escenario se complejiza cuando el Estado, al no tener una oferta importante de establecimientos, infraestructura y profesionales, realiza convenios con estas instituciones privadas.
En nuestro país, en los noventa, con la sobreoferta de drogas y la expansión del consumo, comenzaron replanteos en cuanto al modo de atención de los pacientes y las formas de abordar la problemática con nuevas herramientas institucionales. Se destaca la implementación de tratamientos ambulatorios, con una yuxtaposición de criterios de internación, bajo un enfoque comunitario y un encuadre normativo.
Hay otro dispositivo ubicado de manera intermedia entre los sistemas de internación y los ambulatorios: los denominados “Hospitales y Centros de Día”, que cuentan con jornadas completas o media jornada, caracterizados por incluir actividades asistenciales, clínico-terapéuticas.
Ante la heterogénea oferta pública, privada y religiosa con respecto a los dispositivos de internación y los sistemas de control estatal, surgen dudas sobre la situación de las personas que se encuentran alojadas en los mismos.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE GOBIERNO SEGÚN JURISDICCIÓN
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dentro de las políticas públicas destinadas a dicha problemática se destacan las siguientes:
- Línea 108, opción 3 Contención social en adicciones.
- Promoción de información vinculada y talleres de prevención.
- Centros de día.
- Centro de diagnóstico, admisión y derivación.
- Centro de intervenciones Asistenciales Comunitarias.
- Consejerías.
- Dirección de Luchas contra el Tráfico y Venta Ilegal de Drogas, dependencia de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gobierno de la República Argentina
Dentro de las políticas del Gobierno Nacional se destaca:
- SEDRONAR (Secretaría de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), según el gobierno de turno varía si dicha secretaría se enfoca en la prevención y la atención de los consumos problemáticos o si se centra en un enfoque punitivista que busca reducir la oferta (durante el macrismo la misma transfirió partes de su dependencia al Ministerio de Seguridad).
- Plan Integral para el abordaje de los Consumos Problemáticos (IACOP).
- Centros Comunitarios de Prevención.
- Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” (ex-CENARESO) Especializado en Salud Mental y Adicciones.
- Todas las prestaciones que necesita una persona con un consumo problemático están incorporadas al Programa Médico Obligatorio PMO, por lo tanto el sistema de salud público, el privado y el de las obras sociales cubren los tratamientos.
- Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en el ámbito del Ministerio de Seguridad dicha Dirección se encarga de combatir el narcotráfico y de reducir la oferta de drogas ilícitas.
Tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno de la CABA los diferentes modelos de abordaje conviven, resulta evidente que las múltiples intervenciones descritas no se ven reflejadas en una disminución del consumo problemático, ni en una reducción de las causas por tenencia simple, como mencionamos anteriormente.
En el año 2016 el Gobierno Nacional bajo la presidencia de Mauricio Macri anunció el Plan Nacional Argentina Sin Narcotráfico en dicho plan nuestro país se termina de alinear con Estados Unidos en la Guerra contra las Drogas, y de la misma manera la agencia “Drug Enforcement Administration”, DEA (en español, Administración para el Control de Drogas) vuelve a tener injerencia en asuntos internos de nuestro país, en ese marco también se fortalece el rol de las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico y termina de hegemonizar el modelo prohibicionista para atender a dicha problemática.
Dicho plan nacional fue una de las políticas públicas que se mostró con mayores resultados ante la opinión pública, y todas las dependencias provinciales se alinearon, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien los resultados se promovieron desde los allanamientos, incautaciones y desmantelamientos de las redes, sabemos que a grandes rasgos no se logró reducir la oferta de drogas, y con los datos ya analizados del 2019 esto ha fortalecido la estigmatización y las prisiones sin sentencia o por tenencia simple. A pesar de ello dicho plan nacional continúa vigente a la fecha.
La prohibición tiene al menos tres tipos de consecuencias negativas; por un lado, la ausencia de regulación estatal no hace más que fortalecer el negocio de la producción y el tráfico de drogas y generar ganancias extraordinarias. Por otra parte, en su “guerra contra las drogas” el sistema penal -las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios, el Poder Judicial- es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Por último, los graves daños a la salud de los consumidores se derivan en buena medida de la ausencia del Estado. Es decir, las drogas son un gigantesco mercado desregulado -mejor dicho, regulado por mafias- donde la diferencia en la calidad propicia, la sintetización de estupefaciente en pésimas condiciones y la circulación de sustancias donde abundan los cortes que envenenan.
LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS
Desde comienzos del siglo XX que los países centrales empezaron a ilegalizar drogas que empezaban a entrar en conflicto con sus intereses. La Convención Internacional del Opio (International Opium Convention) firmada en La Haya el 23 de enero de 1912, fue el primer tratado internacional sobre el control de drogas, regulaba el control de todas las personas que fabriquen, importen, vendan, distribuyan y exporten morfina, cocaína y sus respectivos derivados. Así en 1914 la cocaína fue ilegalizada en Estados Unidos en aplicación de la Harrison Narcotic Control Act, y una década después, en 1924, se prohibió la heroína. Finalmente, en 1937 se publicó la Marihuana Tax Act, que prohibía el consumo de cannabis.
A comienzos de los años 70 el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon comienza la llamada “Guerra contra las drogas” en este marco crea la DEA, fuerza de seguridad que ha cumplido una función paralela de intervención en los asuntos internos de países de Latinoamérica, Africa y Medio Oriente.
En Latinoamérica, a pesar de los esfuerzos de los países por alinearse en esta guerra contra las drogas y haber permitido que la DEA se entrometa en asuntos internos (principalmente en México y Colombia), no se han logrado ningún avance que sirva para mostrar que dicha guerra puede reducir el consumo problemático de dichas sustancias. Más bien lo que ha quedado en evidencia es que tal guerra trajo más violencia, más poder a las mafias y más injerencia de los Estados Unidos en las políticas internas de los países.
Otro hito histórico de prohibicionismo ha sido la conocida Ley Seca de 1920 mediante la cual se prohibió el uso y la comercialización no medicinal del alcohol, lo que trajo como resultado que se mantenga la demanda de bebidas alcohólicas, estimulando la fabricación y comercialización de licores, que se convirtió en una gran industria clandestina. La ilegalidad de esta práctica, causó que el alcohol tuviera precios elevadísimos en el mercado negro, atrayendo importantes bandas de delincuentes. Uno de los casos más importantes de esa época fue el de Al Capone y otros jefes de la mafia estadounidense, que ganaron millones de dólares a través del tráfico y comercialización clandestina.
En 2019 se publica el “Balance de una década de políticas de drogas – Informe sombra de la sociedad civil” , que evalúa las repercusiones de las políticas de drogas aplicadas en todo el mundo durante los últimos 10 años, utilizando datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y complementándose con estudios académicos revisados por pares e informes de literatura gris de la sociedad civil. El informe concluye que las metas y los objetivos no se cumplieron y enfatiza que han sido contraproducentes, y dentro de los datos más llamativos se encuentran los altos porcentajes de personas detenidas sin sentencia por uso y posesión de drogas.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esa práctica, que lleva a cabo la Policía de la Ciudad, se incrementó de manera asombrosa durante 2019 y 2020. En 2018 ingresaron a los despachos de la Justicia federal de la Capital 4.777 causas por tenencia para consumo. Sin embargo, entre enero de 2019 y agosto de 2020 se iniciaron 29.206 expedientes por el delito de tenencia para consumo, es decir, un incremento de casi el 512%. Cerca del 75% responden a posesión de marihuana.
LAS CONSECUENCIAS CUANDO PREDOMINA LA DESINFORMACIÓN
El otro aspecto de este modelo prohibitivo es el abstencionismo, el cual al tratar de eliminar a la sustancia como la causante del mal genera otras consecuencias no buscadas, en las que destacamos por un lado la desinformación y por otro una vinculación subjetiva de las drogas con lo negativo.
Esto genera que nuestras sociedades están cargadas de prejuicios sobre las drogas ilegales, en la cual se tiende a tener una consideración general sobre las drogas, en vez de una consideración particular sobre cómo cada droga genera reacciones en el organismo y en qué condiciones.
De esta manera solemos escuchar en múltiples discursos que todas las drogas “te queman las neuronas” y “te matan”, sin distinguir entre marihuana, cocaína o pasta base, o que todas las drogas “son adictivas”, sin distinguir entre los múltiples factores de un consumo abusivo/adictivo; orgánico, social, psicológico.
Por otro lado, la identificación de las drogas a lo negativo sin distinciones, lleva a que las mismas también ocupan un montón de roles inconscientes, que reemplacen la canalización de traumas que no han podido comprenderse en el nivel del inconsciente, esto se agrava cuando no tenemos la madurez suficiente para comprender las experiencias que nos atraviesan.
El consumo de drogas es visto en general como una forma de rebelarse a lo establecido, y tener esta consideración por igual sobre drogas tan diversas -con modos de reaccionar tan particulares con nuestros organismos y entornos- sólo puede ser fruto del énfasis del abstencionismo en la negación de dichas sustancias.
En el caso de las drogas legales la desinformación se vincula al control que sobre ellas tiene el mercado, y esto es fruto de la hegemonía del neoliberalismo donde paradójicamente hasta las drogas que no se consideran de entretenimiento (ansiolíticos, barbitúricos, antidepresivos, etc) puedan ser promocionadas de la misma manera. Es importante poder reflexionar acerca de los modos en que los medicamentos se han integrado a una batería de objetos de consumo para la vida cotidiana. Tal proceso había sido descrito por Foucault (1977) al estudiar la articulación entre medicina y poder en la creación de los Estados modernos; a partir de lo cual la medicina se volvía “un dispositivo de normalización y control de los cuerpos y las vidas: mecanismo de biopoder ligado en ese entonces a la acción gubernamental sobre el ordenamiento social”.
La expansión de la medicalización se vió favorecida por la confluencia de diferentes aspectos entre los que se destaca la masiva entrada del capital financiero en el sector salud. La industria farmacéutica de la mano de un modelo biomédico clásico de entender a la medicina aislando al organismo, lleva a que se promuevan el consumo de dichas sustancias por encima de la atención a las causas que nos llevan a tener una vida precaria en el neoliberalismo, con cada vez más enfermedades psicosociales como la ansiedad, la depresión, el insomnio, etc. De esta forma, la medicalización se manifiesta no sólo en la producción de enfermedades sino en el consumo ligado al mercado de la salud. Implica la expansión del diagnóstico y tratamiento médico de situaciones previamente no consideradas problemas de salud.
Sobre el cigarrillo y el alcohol ya han calado hondo en nuestras sociedades los roles que dichas industrias venden con el auge del neoliberalismo. Las interpretaciones sobre la producción y el consumo no pueden ser descontextualizadas del proceso de crisis socioeconómica que se profundiza en los últimos años. Desde las perspectivas socioeconómicas, los países de ingresos altos tienen un mayor consumo per cápita. Siguiendo a Menéndez, en Morir de Alcohol (1990) el objetivo básico de la publicidad es la reproducción del capital y este constituye el principal motor de la “actual alcoholización de masas”. Otros autores sostienen que el aumento en el consumo, que supone cambios en el estilo de vida, no solo tienen que ver con la producción sino que el objetivo prioritario, es el control social e ideológico. Una de las industrias que más ha utilizado la publicidad es justamente la industria químico- farmacéutica. Esta industria ha trabajado como uno de los principales criterios el estilo de vida asociado a los procesos biológicos y los procesos sociales.
Existen dos procesos que han afectado a las políticas de salud en general. El primero tiene que ver con los intereses y objetivos de los diferentes sectores del Estado, de tal manera que mientras el sector Salud propone y trabaja para reducir el consumo de bebidas
alcohólicas-tabaco el sector económico, así como los sectores agrícola e industrial impulsan la producción y el consumo (Menéndez, 2020). Durante la pandemia de COVID-19, se han promovido por las redes sociales y su disponibilidad ha aumentado en muchos países debido a la mayor facilidad de acceso a las compras en línea y las entregas a domicilio.
Por lo tanto, replantearse la hegemonía del modelo prohibicionista-abstencionista por un modelo que priorice la reducción de daños en un enfoque comunitario, va a requerir no solo derivar la inversión, sino también un cambio cultural que ponga en cuestión la forma en que nos vinculamos con dichas sustancias, y los roles que deseamos que cumplan en nuestra sociedad venidera.
CONCLUSIONES: EXISTEN ALTERNATIVAS INCLUSIVAS Y NO DISCRIMINADORAS
- Promover perspectivas no basadas en la persecución sino en la información, la atención médica y los servicios a los consumidores.
- Despenalizar el consumo, descriminalizar a los consumidores.
- Programas de atención y sustitución para los que tengan un consumo problemático.
- Oferta de materiales higiénicos descartables para el consumo.
- Oferta de materiales anticonceptivos.
- Atención y promoción de la salud de dichas poblaciones, principalmente para prevenir enfermedades vinculadas a los consumos problemáticos.
- Espacios para el consumo controlado de drogas.
- Legalización progresiva y controlada de los estupefacientes.
- Presupuesto para el acompañamiento de las comunidades terapéuticas y las diversas formas de intervención comunitarias.
- Acceso y promoción de la información.
- Promover investigaciones colectivas que permitan replantearnos los roles que dichos consumos ocupan en nuestra sociedad.
- Control de la oferta, y de la calidad de las sustancias.
- Combatir los prejuicios vinculados a las sustancias y a los consumidores.
- Crear postas donde se pueda controlar la pureza y calidad de las sustancias en espacios de consumo habitual (fiestas, zonas de consumo, etc).
- Promover alternativas de consumo responsable como nuevos modos de subjetividad y de proyectar nuestros roles en la vida.
Promover espacios comunitarios que construyan proyectos de vida alternativos a la hegemonía del consumismo (murgas, espacios culturales, deportivos, etc).