PLATA QUEMADA
Buenos Aires, 5 de octubre de 2020
Más allá de la coparticipación, Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, privilegió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un enorme flujo de fondos que en muchos casos fueron derivados a gastos discrecionales, mientras a la vez se denunciaron falencias en áreas como Educación, Acción Social y Salud, y, en Seguridad, se verificó represión selectiva de la Policía de la Ciudad, vínculos con el espionaje ilegal y compra directa de equipos antidisturbios en plena pandemia.
El incremento de la coparticipación destinada a CABA que se efectivizó durante la gestión de Mauricio Macri bajo el pretexto de financiar el traspaso de la Policía federal a la Ciudad se realizó con mucha opacidad y desde el primer momento las estimaciones daban cuenta de que dicho aumento era excesivo si en efecto lo que se pretendía era financiar dicho cambio.
Tal como Proyectar Ciudad viene denunciando, el conflicto entre el Gobierno Nacional y el Ejecutivo porteño por coparticipación se remite a enero del 2016, cuando se incrementaron por decreto los recursos enviados a la Ciudad de 1,40% a 3,75% y luego se ajustaron a 3,5% (pero sobre una masa de recursos más altos), beneficiando al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con la excusa de hacer frente al cambio de jurisdicción de la Policía Federal. El Gobierno Nacional estima que realidad dicha medida superó en más de punto porcentual el costo equivalente del traspaso.
Por tal motivo, el Gobierno Nacional podría incluso exigir que el Gobierno de la Ciudad devuelva $124.000 millones o al menos $80.000 millones. Se trata del gran costo excedente que cabe interrogarse en qué se ha usado, todo indica que de ningún modo en beneficio de porteñas o porteños, menos aún para su Seguridad, que sigue estando entre las principales preocupaciones ciudadanas.
“La discusión sobre la autonomía porteña se ha vuelto a poner sobre la mesa, sin embargo muchas veces esta discusión parece estar teñida de una idea de que cada jurisdicción tiene que pujar y utilizar su influencia lo más posible por llevar agua para su molino. Eso no es autonomía, es rapiña por los recursos, lo que lleva a una peligrosa idea de exaltación de los regionalismos que tiende a perder de vista que un país federal como Argentina es más que la suma de sus partes y por ello existe un régimen de coparticipación que debe buscar garantizar que ninguna quede atrás”, consideró Carla Degliantoni, Economista Investigadora de Proyectar Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires, producto de las particularidades históricas, es una jurisdicción profundamente atípica. Concebida como territorio federal y capital nacional, la Ciudad se benefició de esta situación en un país que, si bien es federal, presenta un elevado grado de centralismo.
No solo la administración pública nacional se encuentra concentrada mayormente en la Ciudad, también las empresas en general tienen su sede en su territorio. Más en general, muchos servicios públicos fueron desarrollados dentro del ámbito de la Ciudad pensados como un nodo central de una red nacional, ejemplos claros de ello son las líneas de transporte (terrestres y aéreo), o el sistema de salud que tiene un dimensionamiento y complejidad que fue concebido para dar cobertura al área metropolitana e incluso actuar como referencia para la totalidad del país.
“Asimismo, no puede dejar de señalarse que institucionalmente la CABA es una rara avis en la Organización Nacional, ya que no puede ser encasillada ni como provincia ni como municipio, no es intención profundizar sobre esta situación, solo señalar que la Ciudad tiene muchas funciones propias de un Gobierno Provincial (a la vez que carece de otras) y a la vez mantiene un sinfín de competencias que podrían definirse como municipales”, explicó Degliantoni.
“Por otra parte la Ciudad de Buenos Aires, producto de estas particularidades históricas, es un caso atípico de organización institucional en el cual la metrópoli se ubica en una jurisdicción y su conurbano en otra diferente. Es decir, la división política de la Ciudad y el Gran Buenos Aires no refleja los límites reales del territorio y las dinámicas sociales asociadas, y para enfrentar determinadas problemáticas hace que sea necesaria la confluencia de varias jurisdicciones y niveles de gobierno, como ha quedado de manifiesto cabalmente durante la pandemia respecto del AMBA”, prosiguió la economista.
En ese contexto y dada esta complejidad institucional, una discusión seria sobre la política fiscal de la Ciudad y, en particular la coparticipación, no puede estar escindida de la evolución histórica y el rol que jugó la Ciudad en dicho proceso. Sin ir más lejos la infraestructura que la Ciudad posee y su desarrollo económico es el legado y consecuencia de que la sede del Estado Nacional se encuentre en su territorio.
Fuente: Dir. Gral de Estadísticas y Censo, GCBA y Dir. Nacional de Asuntos Provinciales, Ministerio de Economía de la Nación. (El período tomado para el presente año abarca hasta el 30 de junio último).
DE DÓNDE VIENE Y A DÓNDE VAN LOS FONDOS PORTEÑOS
La Ciudad tiene como principal fuente de recursos tributarios propios a los Ingresos Brutos (IIBB), los cuales representan el 76% de su recaudación. Los IIBB se aplican como porcentaje de la facturación de las actividades económicas independientemente de sus ganancias. La Ciudad tiene una peculiaridad, en la cual muchas de las empresas y sociedades, se estima que abarca al 50% del universo, tiene radicadas sus oficinas comerciales en este distrito, no así su producción la cual se lleva adelante en otras jurisdicciones.
Los IIBB también se cobran a las actividades que realizan los y las trabajadoras autónomas. Durante la jornada laboral, antes de la pandemia, el ingreso de trabajadores y trabajadoras de otros distritos alcanza alrededor de tres millones de personas que además de trabajar consumen, viajan y compran en la Ciudad.
En este marco la discusión de la coparticipación de la Ciudad ha sido objeto de controversias en los últimos años. En 2019 el Gobierno de la Ciudad ejecutó un presupuesto de $367.600 millones equivalente a $119.617 por habitante, el segundo más importante en magnitud entre las provincias argentinas y el primero en materia de recaudación propia.
Sin embargo, como denunciamos, los recursos que recibió el Ejecutivo porteño se destinaron, por ejemplo, a gastos de consultoría o servicios de chat o, compra de televisores, compra y mantenimiento de macetas en los barrios de mayor poder adquisitivo o incluso en la contratación de “coaching astrológico” para sus funcionarios.
Al repasar las asignaturas pendientes y los reclamos de vecinas y vecinos vemos que no se abrieron nuevas escuelas, ni se fortaleció la Salud Pública (antes de la pandemia), no se crearon más y mejores puestos de trabajo y mucho menos se desarrollaron soluciones habitacionales que no implicaran especulación y negociados.
Suele decirse, con razón, que la Ciudad es el distrito más rico del país. Entonces, ¿cómo se gastan los recursos en la Ciudad? En el siguiente gráfico se puede ver en 2019 una selección de programas prioritarios al menos “sorprendentes”, una muestra de lo que llevó y lleva adelante el gobierno de Rodríguez Larreta.
A la vez, en 2019 el presupuesto para la Dirección de la Mujer que impulsa la asistencia integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia de género, explotación sexual o trata de personas fue menos que la mitad del que ejecutó para el Ecoparque, el cual ya debería estar cerrado, refuncionalizado y con los animales reubicados.
El GCBA destinó un 40% más de presupuesto al arreglo de veredas que al programa Asistencia inmediata y fortalecimiento comunitario, cuyo fin es dar respuesta a las problemáticas alimentarias, de insuficiencia de ingreso familiar y de emergencia socio-habitacional.
Para este mismo período, el GCBA gastó prácticamente lo mismo para el Plan Sarmiento(1) -$1.8852 millones-, que lo destinado a propaganda y publicidad -$1.994 millones.
A través de estos ejemplos, se puede observar cuáles son las decisiones políticas del Gobierno de Rodríguez Larreta a la hora de asignar recursos: las veredas o la propaganda y publicidad ocupan lugares más que relevantes por sobre programas de atención a víctimas de violencia de género, población en situaciones de vulnerabilidad o asistencia a PyMES.
De todas maneras, reducir únicamente los aportes económicos que recibe la Ciudad a los fondos coparticipables no sería correcto, pues se benefició claramente de obras, transferencias de terrenos, edificios, y otros activos.
Durante el período 2016-2019 se observó que los aportes de Nación por fuera de la coparticipación aumentaron significativamente a través de obras tales como el Paseo y Parque del Bajo, el Viaducto Mitre, la elevación del tren Mitre y San Martín, por mencionar algunas. Las transferencias de edificios y terrenos al fin del mandato de Macri, ahora bajo revisión, también fueron parte del combo de beneficios extras que recibió la Ciudad.
La pregunta gira entonces entorno a qué hizo con esos recursos y cómo eligió y/o priorizó las obras que se financiaron con recursos nacionales.
La tierra resulta ser un bien escaso, en una Ciudad con problemas habitacionales y falta de espacios verdes para sus habitantes, el Gobierno de la Ciudad decidió subastar esos terrenos cedidos, sin criterio social o ambiental alguno. Dichas ventas no fueron planificadas de acuerdo a una política habitacional o de aumento del espacio verde, por mencionar algún tipo de política pública, sino que fueron puestas a la venta para que el mercado disponga de uso y usufructo. Esta situación pone en manos de los privados la agenda del uso del suelo en la Ciudad, dejando al GCBA sin recursos para intervenir, ya que ha vendido los mismos.
En el caso de las obras se optó por ejemplo por avanzar y concluir la traza del Paseo y Parque del Bajo por sobre la extensión de las líneas de subtes o de la urbanización de los asentamientos urbanos. Cabe preguntarse cuáles son los criterios con que la Ciudad le presentó a Nación las obras que esta última financió cuando ambas jurisdicciones compartían igual signo político y cómo resultaron aprobadas.
POLICÍA DE LA CIUDAD: REPRESIÓN SELECTIVA Y ESPIONAJE ILEGAL
“Sin dudas la compra de material antidisturbios en pandemia por un valor superior a los 50 millones de pesos refleja cuáles son las prioridades de Rodríguez Larreta. Los recursos de los porteños tienen que estar destinados a optimizar el trabajo de los profesionales de la Salud, de los hospitales, de los Cesac. No entendemos por qué hay tanta urgencia en gastar en armamento antidisturbios. Se trata de un virus al que no se lo combate con armas ni gases lacrimógenos”, consideró Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos.
“El Gobierno de la Ciudad destinó recursos para comprar 150 mil cartuchos con 24 postas de goma cada uno, 2000 granadas de mano, 1000 cartuchos de gas lacrimógeno, 2900 granadas de mano, pero no se destinaron fondos para reconocer a los licenciados en enfermería como profesionales. Los licenciados en enfermería se encuentran las 24 horas del día los 365 días del año y desarrollan más del 70 % de todas las prestaciones que reciben las personas en los distintos niveles de atención. Están en la primera línea de lucha contra diversas patologías, entre ellas el coronavirus. Todos los que alguna vez acompañamos a alguien en un hospital, sabemos la importancia y el valor del trabajo en enfermería”, prosiguió.
Esta lógica también se refleja en la actitud selectiva del Gobierno de la Ciudad con las movilizaciones y marchas. El caso más evidente es lo que ocurrió el 21 de septiembre pasado en la puerta de la Legislatura con los enfermeros. Ante su reclamo, la respuesta fueron palos y violencia: los cascos y escudos de los policías manchados con sangre de las enfermeras y enfermeros que se acercaron con un reclamo justo marcaron el traspaso de un límite ético, de modo inaceptable para ciudadanos y ciudadanas de todo el país.
Y no fue la primera vez, pues en noviembre del año pasado otra manifestación similar de trabajadores de la Salud fue reprimida con idéntica brutalidad en el mismo sitio.
Asimismo la marcha por los tres años de la desaparición de Santiago Maldonado, el 2 de agosto, fue reprimida, supuestamente por violar las normas de Sanidad, mientras que las reiteradas movilizaciones anticuarentena y contra el Gobierno Nacional en el centro porteño son toleradas, así como las agresiones a repetición a medios de prensa.
Se produjeron por otra parte en los últimos años en la Policía de la Ciudad (anteriormente Policía Metropolitana) hechos de enorme gravedad institucional como significa que miembros de esta fuerza fueran derivados irregularmente a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para realizar tareas de espionaje ilegal.
“Existen responsabilidades y queremos saber quiénes son esos responsables. Se utilizaron organismos de inteligencia, con participación de policías de la Ciudad para la persecución ilegal de dirigentes políticos, periodistas, funcionarios y organizaciones sociales y de Derechos Humanos”, indicó la legisladora Montenegro.
“Quedó en evidencia que el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, respondió falsedades cuando el 26 de noviembre pasado, en el marco de una sesión informativa, le pregunté acerca de cuáles eran las tareas que realizaban los agentes de la Policía de la Ciudad que denuncié que revistaban en la AFI. En esa sesión, Miguel dijo que hacían tareas de custodia cumpliendo órdenes judiciales. Sin embargo, es la propia Justicia la que desmintió al Jefe de Gabinete y por eso es más necesario aún que brinde las explicaciones acerca de las responsabilidades institucionales y administrativas acerca de los agentes de la Ciudad que prestaban tareas en la AFI. Por eso presenté varios pedidos de informes y un proyecto para que se constituya una Comisión investigadora. Sin embargo, el oficialismo jamás dio una respuesta. El objetivo es que esto no pase más, que no haya que seguir padeciendo este tipo de situaciones”, agregó la legisladora.
Por último, Montenegro brindó las perspectivas del caso del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, que desapareció a comienzos de 2019 sin dejar rastros, en turbias circunstancias, y al que increíblemente su propia fuerza parece no buscar en una actitud llamativamente pasiva.
“Claramente opino que se trata de un caso de desaparición forzada de persona. Es inminente que la causa judicial tome este rumbo y pase a la Justicia federal. Las irregularidades en la investigación policial y judicial son groseras. Los funcionarios políticos no dan ningún tipo de respuesta ante la evidente responsabilidad del Estado. Los peritos formatearon los teléfonos borrando todos los datos, entre otras gravísimas irregularidades que venimos observando junto al abogado de la familia. Todas esas irregularidades las cometió la Policía de la Ciudad que debería haber sido apartada de inmediato de la investigación. Las personas no desaparecen solas. Ya pasó más de un año y medio y seguimos sin respuesta. El agente despareció en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y me niego a pensar que con todas las cámaras de seguridad que hay no se pueda saber qué fue lo que pasó y dónde está Arshak”, concluyó.
¿CUÁLES SON LOS COSTOS REALES DEL TRASLADO DE LA POLICÍA?
A principios de 2016, el Gobierno Nacional mediante decreto presidencial transfirió la Policía Federal Argentina (PFA) al Gobierno de la Ciudad y aumentó el porcentaje de recursos coparticipables como contrapartida para que la Ciudad haga frente al traspaso.
Ni el decreto del 2016 ni el de 2018, donde vuelven modificar el porcentaje de la coparticipación, pone blanco sobre negro sobre qué se transfiere y cuál es el costo que debió absorber la Ciudad por hacerse cargo de la PFA.
Tal es el caso, que en la última sesión de la Legislatura antes del cambio de legisladores y legisladoras (5/12/2019) el Gobierno de Rodríguez Larreta intentó refrendar por parte de dicho cuerpo un acta acuerdo entre Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos y el ministro de Interior de la Nación saliente. En el acta no se justifica, detalla o explica cómo se estimó el costo de la transferencia de la PFA, solo se manifiesta que la ampliación de la coparticipación es razonable y correcta.
Toda transferencia de responsabilidad y funciones debe ir acompañada de recursos, eso no es discutible. Ahora bien, ¿cuál es el costo del traslado de la PFA? Dado lo opaco del proceso al día de hoy no se cuenta con información pública sobre costo real de dicha transferencia.
Una estimación conservadora realizada por el CEM en base a la información pública disponible, daba cuenta que para el año 2018, los recursos excedentes transferidos a CABA habrían sido equivalentes a más del 20% de los ingresos por coparticipación que recibió la Ciudad.
Es por ello, que no resulta imprevisto ni sorprende que el Gobierno Nacional quiera discutir de manera abierta hacia la sociedad cuál es el costo real de la transferencia de la PFA y, entonces, repensar la ampliación de la coparticipación u otra herramienta de transferencia de fondos.
El Senado de la Nación le dio, el pasado 2 de octubre, media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que fija el monto por el traspaso de la Policía de la Ciudad en $24.500 millones y reduce los fondos que el Gobierno de la Ciudad recibe de Nación, con 42 votos a favor y ninguno en contra. Juntos por el Cambio se retiró del recinto en el momento de votar, volviendo a aducir fallas formales con las que metódicamente evitan tratar cuestiones de fondo en temas vitales para el funcionamiento de la República.