newsletter nº9 – OTRA VEZ SOPA: Vulnerables vulnerados, justicia y el gobierno corriendo de atrás
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ignora los fallos judiciales, desprotege a los más necesitados y no garantiza el distanciamiento social preventivo, recomendado por expertos y expertas.
En el marco de la pandemia del Covid-19, la falta de políticas públicas del Gobierno porteño sigue llamando la atención pese a las reiteradas advertencias de sectores afectados, la justicia, referentes sociales y políticos.
La Justicia está respondiendo a una serie de amparos presentados para que Horacio Rodríguez Larreta cumpla con el mandato que le han conferido vecinos y vecinas a través de su voto, pero ni eso parece alcanzar. Los paradores y las personas en situación de calle continúan concentrando focos altos de contagio, dado que el Ejecutivo no otorga los insumos necesarios para la higiene en estos albergues, no ha aislado a la población de riesgo ni esboza un protocolo específico para los más vulnerables.
Los elementos de protección a los hospitales y paradores, la continuidad de obras de instituciones de la salud, el acceso a computadoras e internet en los barrios precarios o las tareas de los empleados públicos son algunos de los temas que han sido judicializados a causa del nulo o mal desempeño del Ejecutivo de la Ciudad. Sin embargo, la respuesta oficial es pedir que se aparte a quien no falla como el Jefe de Gabinete desea.
Si de salud hablamos, la cuarentena también mostró algo que venimos repitiendo: se necesitan más espacios verdes públicos para evitar las aglomeraciones. Esta necesidad fue notoria cuando miles de porteños y porteñas salieron a hacer ejercicio sin tener garantizada la distancia mínima para evitar contagios. Es también una responsabilidad de esta gestión, que en 12 años no amplió los espacios verdes conforme recomienda la OMS. Por el contrario, tiene la mitad.
Los más vulnerables perseguidos, abandonados y desprotegidos
Las personas que se encuentran en situación de calle en el distrito más rico del país, son las más vulnerables frente a las problemáticas sociales, económicas y sanitarias. El último censo de personas en situación de calle (PSC) en la Ciudad de Buenos Aires, realizado hace un año, registró que 7251 se encuentran viviendo en las calles porteñas.
Actualmente en la Ciudad hay más de 800 menores sin techo, uno de ellos era Agustín, que murió con 16 años. No sólo estaba esperando una vacante en un hogar, sino que además escapaba del acoso policial de la Comisaría 48 de Villa Lugano.
La pandemia, sin lugar a dudas, agravó la vulnerabilidad en la que están inmersos quienes duermen en la intemperie, expuestos al frío, el hambre y la desprotección absoluta, además no tienen lugar en los paradores para protegerse desde antes de la pandemia.
Si bien los desalojos están prohibidos en todo el territorio nacional, el Gobierno de la Ciudad sigue permitiéndolos. Un caso concreto fue el de Leonardo Macrino, que junto a su compañera no podían pagar el alquiler y fueron desalojados por falta de pago en el barrio Monserrat, pese a que él haya tenido síntomas de coronavirus y un retraso madurativo. Tras pasar cuatro días a la intemperie, también falleció.
Los riesgos se agravan semana a semana para quienes no tienen una vivienda digna. Tanto en los paradores como en la calle, los recaudos para cuidar la higiene y la salud son imposibles de cumplir. Ya en marzo, al comienzo del confinamiento, empezó a intervenir la Justicia y las organizaciones, que solicitaron que se adopten medidas urgentes para prevenir la circulación del Coronavirus en esta población específica.
En el mismo sentido el Frente de Todos presentó en marzo un proyecto de ley estableciendo la emergencia por el plazo de un año a los servicios socio-asistenciales dirigidos a personas en situación de calle y riesgo de situación de calle, disponiendo también la puesta en marcha y fortalecimiento de programas y dispositivos como el Operativo Frío, entre otras medidas.
Las advertencias y propuestas al Ejecutivo porteño no alcanzaron para que éste evite los contagios en los paradores, por ello la Justicia porteña volvió a ordenar al Gobierno que informe sobre la situación de los paradores y hogares bajo su órbita, frente a la pandemia, alegando que las personas en situación de están privadas del ejercicio de sus derechos esenciales y necesidades primarias, estando en un estado de mayor riesgo frente a la pandemia.
No atender a los más vulnerables y desoír hasta a la Justicia
La emergencia sanitaria denota la crisis por la inacción del Gobierno porteño en políticas públicas destinada a las personas más vulnerables. Como señalamos la semana pasada, una lluvia de amparos está cayendo sobre la Justicia, que le reclama al Jefe de Gabinete por sus incumplimientos.
Entre las obligaciones mínimas que debe cumplir el Ejecutivo, está la entrega de insumos y elementos de protección a los hospitales, una problemática que tiene larga data y se agudizó desde el comienzo de la pandemia. A dos meses del desembarco del Covid-19, el personal de los hospitales dependientes del Gobierno sigue reclamando insumos.
Al igual que en tantas instituciones de la salud, la filial de la Asociación Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, del Hospital Fernández presentó una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, pidiendo que se arbitren los medios para la protección de pacientes, público y trabajadores de la institución.
Por su parte, la jueza Elena Liberatori ordenó que se retome la obra del hospital Cecilia Grierson, pidiendo que se informe detalladamente sobre los avances, dado el contexto de necesidad sanitaria causada por la pandemia. Cabe señalar que la construcción es en Villa Lugano, uno de los barrios más afectados por el coronavirus.
Pero a Horacio Rodríguez Larreta parece no agradarle responder a la catarata de amparos judiciales. Así fue con el caso del juez Darío Reynoso, que dictó dos medidas cautelares para que garantice derechos en las villas. Pero los abogados del Ejecutivo porteño prefirieron recusar al magistrado, en lugar de asistir con alimento, agua y elementos de higiene y limpieza a un adolescente que está solo en el asentamiento Lamadrid, porque su madre está internada con Covid-19.
Nos preguntamos si correrá la misma suerte para las niñas, los niños y adolescentes que tienen vulnerado el derecho a la educación y, por tal motivo, se presentó un amparo colectivo. Una vez más, fue la Justicia la que le ordenó a la Ciudad que cumpla con sus deberes y provea computadoras e internet a los estudiantes de los barrios populares para que puedan seguir estudiando en sus casas.
Mientras tanto, empleados municipales también acudieron al Poder Judicial, para denunciar al Jefe de Gobierno por cambiarles de manera compulsiva sus funciones laborales.
Los espacios verdes también son un derecho fundamental
El número casos con coronavirus en toda la Ciudad ya alcanza más de 12 mil casos, concentrando la mitad del país. En los últimos días, se permitió a porteñas y porteños salir a hacer ejercicio y las grandes aglomeraciones fueron una de las noticias de la semana.
El impacto de los amontonamientos pone a la luz lo que sucede en la Ciudad con los espacios verdes: en promedio hay solo 6.1 m2 por habitante cuando la OMS recomienda que haya entre 10 y 15 m2 y cada año hay menos metros de espacio verde aunque el gobierno lo niegue.
La distribución es profundamente desigual según cada comuna. Asimismo, en los 12 años de gestión de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, se privatizaron un total de 473 hectáreas, que es el equivalente a 236 Plazas de Mayo, 630 canchas de River y cuatro veces la zona urbana de Puerto Madero.
En un contexto de emergencia sanitaria, se resalta también la importancia de contar con espacios verdes de acuerdo las sugerencias de la OMS, es parte de la salud contar con más metros cuadrados verdes por habitantes para regular la temperatura, reducir el impacto ambiental, la posibilidad de inundaciones y, sobre todo, mejorar la salud física y mental.
Un Gobierno porteño que juega con los límites y esconde los recursos
Que falten plazas, parques y se prioricen las privatizaciones también es causal de las aglomeraciones que ahora atemorizan a sanitaristas y alarman a funcionarios de la Ciudad. Bajo el slogan de más espacios verdes, el Gobierno porteño incumplió una vez más y hoy expone a las porteñas y los porteños a una situación masiva de riesgo.
Por su parte, no escuchar las órdenes de la Justicia no es simplemente ignorar el poder que otorga la Constitución, es también no atender reclamos de ciudadanas y ciudadanos que, ante la falta de políticas que los protejan y defiendan, deben acudir a la última de las instancias, que es la legal.
La pandemia del Covid-19 vino a poner sobre la mesa las crisis políticas, sociales, ecológicas y sobre todo humanitarias que estamos atravesando en la Ciudad de Buenos Aires. Los recursos están, vamos a insistir en esta idea hasta que se destinen a quienes más lo necesitan porque se trata nada menos que de la ciudad más rica del país.