newsletter nº26 – Modelo PRO: La escuela como marketing, la especulación con las tierras y la tortura como política de seguridad
Pese a que estamos transitando el último trimestre del año, el Covid-19 vino a modificar todos los calendarios, en especial el académico. El regreso a clases sigue en disputa entre Nación, Ciudad y la comunidad educativa. Los gremios rechazan las alternativas presenciales por temor a los contagios, Nación evalúa posibilidades allí donde el nivel de contagios lo permita y mira experiencias en otros lugares del mundo y la Ciudad insiste en su postura de defensor de la educación y se victimiza. Sin embargo, pese a que aún no ha identificado a las alumnas y los alumnos que han perdido contacto con la escuela, el Gobierno porteño ejecuta gastos millonarios en una hipotética vuelta a clases. La única certeza es que las definiciones quedaron pospuestas.
Luego de la puja entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables y el traspaso de la Policía, se ponen en discusión otras discrecionalidades por parte de Mauricio Macri en sus tiempos de Presidente en favor de la Ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Si bien desde enero se están analizando irregulares transferencias de terrenos en los días previos al cambio de gobierno, ahora se sintetiza en la misma lógica, agravado por haber sido al final del mandato.
Por otra parte, volvió a discutirse el uso de las armas táser, pese a que distintos organismos de derechos humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU opinan que estas armas son inadmisibles, debido a su poder de daño que puede causar letalidad a largo plazo. Pero en materia de seguridad, a la derecha que el Gobierno porteño sólo está la pared y decidió aprovechar la coyuntura para reactivar la compra de 300 pistolas táser.
Presencialidad vs. virtualidad
Desde que se inició el conflicto por el regreso a clases en la Ciudad de Buenos Aires, se debate sobre la conectividad y los protocolos de seguridad requeridos para garantizar la escolaridad.
Los gremios se manifiestan en contra de las clases presenciales por la exposición de la comunidad educativa e insisten en que los 6500 chicos y chicas desvinculados de las escuelas son también víctimas de la discontinuidad del plan Sarmiento por parte del Gobierno porteño que dejó de entregar computadores a los alumnos y alumnas de la Ciudad.
Desde el Frente de Todos han presentado un proyecto para saber cómo se lleva a cabo este relevamiento y quiénes son las personas encargadas de realizar el registro.
En simultáneo, el Gobierno de la Ciudad ha realizado distintas contrataciones directas por un monto de casi $700 millones para adecuar las escuelas ante una hipotética vuelta a clases con elementos como dispensadores de jabón líquido y papel higiénico, reposición mensual de jabón líquido y papel higiénico, y refuerzo de personal de limpieza integral y desinfección de los establecimientos educativos, por un periodo de 4 meses.
En la oposición de la legislatura advierten que se destinan millones a una contratación cuando no se tiene aún certeza de lo que ocurrirá, mientras ese dinero podría usarse para la compra de notebooks o al menos suplir el deficiente reparto de ayuda alimentaria en las escuelas. Ambos datos, concretos y confirmados, que exigen respuesta urgente.
Asimismo, se avizora la problemática de la inscripción on-line, pues si en un contexto normal existe un problema grave con la cantidad de vacantes, se prevé que la demanda crezca y la situación se agrave en plena pandemia y con miles de chicos desvinculados de la escuela. Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña insisten con que cada persona deberá inscribir vía web a sus hijos o hijas.
A nivel nacional, este martes el Ministro de Educación, Nicolas Trotta, encabezó un encuentro virtual del Consejo Federal de Educación, donde se trataron propuestas para quienes han tenido poco o nulo contacto con las escuelas. Se barajó la probable habilitación de las escuelas para los estudiantes de los últimos años de primaria y secundaria, a quienes consideran prioritarios para poder pasar de nivel educativo, sin embargo siguen postergadas las definiciones. Por el momento se baraja un Índice epidemiológico de cada distrito para determinar el retorno progresivo.
La venta de tierras y la especulación como bandera
La semana pasada el Senado dio media sanción al proyecto que estipula los fondos del traspaso de la Policía y restituyó el monto de coparticipación porteña previo a que Mauricio Macri lo aumente discrecionalmente en sus primeros meses de gestión siendo presidente.
Los privilegios otorgados por el ex Presidente a su sucesor en la Ciudad no quedaron circunscriptos en los montos coparticipables. Durante el período 2016-2019 se observó que los aportes de Nación aumentaron significativamente en obras como el Paseo y Parque del Bajo, el Viaducto Mitre, la elevación del tren Mitre y San Martín, por mencionar algunas.
Días antes de terminar su mandato, con una maniobra a través del Decreto de Necesidad y Urgencia, el 740, Macri cedió la Ciudad una serie de inmuebles que alcanzan los 16 mil millones de dólares.
Esa decisión le costó al ex Presidente una denuncia del nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino, porque las trasferencias se hicieron en violación al artículo 15 bis de la ley 25.917 que establece que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.
En la Casa Rosada advierten que es mucho dinero el que se otorgó mediante estos inmuebles. “Como se excedieron con la coparticipación para la Ciudad, acá pasó lo mismo”, aseguran.
Las tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires, donde los problemas habitacionales y la falta de espacios verdes son estructurales, para el Gobierno son nada menos que negocios, negocios que se venden, se subastan y se ceden sin criterio social o ambiental alguno. El Paseo del Bajo es el ejemplo claro, carente de perspectiva social, cuyos costos millonarios -y carentes de transparencia– ni siquiera representan un beneficio para porteñas y porteños.
Las táser y su carácter violatorio de los derechos humanos
En los últimos días ha vuelto la discusión en torno al uso de las pistolas táser por parte de la Policía de la Ciudad, mismo debate que ocupó parte del mandato de Mauricio Macri en la Ciudad y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que, lamentablemente, dio aval al uso de las mismas.
¿Por qué estas armas han causado tanta polémica? Distintos organismos de derechos humanos vienen advirtiendo e insistiendo sobre el carácter torturador que tienen dichas armas. Luego del fallo del tribunal supremo en 2016, los organismos decidieron avanzar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando el uso de estas armas como violación a los derechos humanos.
En febrero del año pasado, la CIDH concluyó el estudio inicial del análisis, encontrándose pendiente la notificación al Estado. En ese entonces, los propios organismos que presentaron la denuncia consideraron fundamental que se respeten la Constitución nacional y los tratados internacionales para que no se legalice la tortura en nuestro país.
Asimismo, según un informe de Amnistía Internacional, 670 personas fueron asesinadas en el mundo por el uso de estas armas entre 2001 y 2016. Solo en Estados Unidos, han causado más de 300 muertes, pese a ser definidas como no letales.
Actualmente volvió a ponerse sobre la mesa el tema luego tras la muerte de un agente, acuchillado por una persona con problemas de salud mental. El Gobierno porteño no perdió el tiempo y anunció la reactivación de la compra de 300 táser que dispara dos dardos que producen una descarga de 50 mil voltios.
En ese mismo sentido, en 2019 el gobierno porteño ordenó comprar 60 pistolas Taser por valor de 144.900 dólares.
Desde el Frente de Todos en la legislatura se solicitó al Ejecutivo Porteño que informe la cantidad de pistolas taser con las que cuenta la Ciudad, además de pedir información completa de las dotaciones actuales, sus criterios de asignación, la planificación de futuras adquisiciones y cuál será la capacitación y distribución previstas dentro de la de Policía de la Ciudad.
Las viejas formas se renuevan
Las problemáticas se renuevan, actualizan y profundizan, sin embargo para el Gobierno porteño las soluciones carecen de perspectiva social y política pública. El famoso regreso a clases ha tenido una mutación significativa en el discurso oficial, primero se rehusaron a brindar conectividad, después rechazaron los dispositivos ofrecidos por la Nación y ahora directamente ejecutan gastos como si la normalidad hubiera regresado. ¿Dónde están esos 6500 alumnos y alumnas? ¿Quién los busca? ¿Cómo se los contiene? ¿Por qué tardó tantos meses el Ejecutivo en detectar el problema y en encontrarlos? ¿Los encontró?
El manual de políticas públicas de Juntos por el Cambio, mientras tanto, continúa reproduciéndose de manera automática. La venta de tierras de forma arbitraria e irregular, junto con la insistencia en el uso de armas consideradas como tortura, son muestras de ello. Los inmuebles fueron cedidos por Macri a Larreta en favor de la especulación inmobiliaria. Las taser son una herramienta represiva porque, sabemos, ningún modelo neoliberal cierra sin represión. Los problemas estructurales, tras doce años de gestión, no se resuelven y las respuestas se reeditan con un poco más de maquillaje, un poco más de marketing y siga, siga.