NEWSLETTER N°181 – MÁS AJUSTE Y EXTORSIÓN PARA GANAR TIEMPO
En una apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento copiada, en formato módico, del modelo estadounidense el presidente ultraderechista Javier Milei montó un show mediático en horario central televisivo el viernes 1ro. de marzo ante la Asamblea Parlamentaria, en una transmisión en cadena que trajo recuerdos de la dictadura, al igual que el excesivo operativo de seguridad militar, llenando los palcos de aplaudidores y sin brindar un solo plano de los bloques de la oposición, en una evidente censura de la pluralidad democrática.
Pero esto fue apenas el preludio de un nuevo discurso agresivo y mesiánico con aires renovados de proyecto fundacional a largo plazo, fundamentado sobre un relato heroico, amenazante, con advertencias sobre “gobernar por decreto” y lleno de mentiras y datos históricos y económicos inexactos: guión “anticasta”, épica del ajuste, defensa de la mano dura, incluso negacionismo y, como sorpresa, la convocatoria a toda la dirigencia política a firmar un “nuevo contrato social” en Córdoba, el “Pacto de Mayo”, copiado burdamente de otro modelo estadounidense, el “Consenso de Washington”, pero con el agregado local de una redacción a las apuradas y con faltas de ortografía.
En una movida táctica Milei apostó de manera extorsiva a encarrillar por la fuerza el vínculo dañado con los gobernadores y a insistir con varias de las iniciativas contenidas en la fallida “Ley Omnibus” y el aún vigente Decreto 70/2023, que exigió sean aprobados en su totalidad como “muestra de buena voluntad” y “a cambio de alivio fiscal” para las provincias antes de la convocatoria cordobesa.
Al mismo tiempo en su discurso volvió a denigrar, sembrar de sospechas delictivas sin pruebas y llenar de agravios a legisladores, gobernadores y dirigentes políticos, sociales y sindicales, a los que ahora presuntamente convoca a la unidad. Detrás de esa máquina de humo discursiva sigue ocultando que las verdaderas víctimas del ajuste de sus políticas son el pueblo trabajador, la clase media y los jubilados. No hay ninguna luz al final del túnel como les gusta decir, sino más castigo a las mayorías populares en beneficio de los sectores más poderosos de la sociedad.
Por supuesto el contenido de los puntos del “Pacto de Mayo” atrasa al ámbito de la “Década Infame” en lugar de contemplar un país inclusivo y moderno: reforma laboral regresiva, retorno de las AFJP y primarización de la economía con destrucción de la industria, palabra que no se mencionó en toda la alocución presidencial, son algunos de la decena de puntos centrales del “gran acuerdo nacional” que Milei pretende imponer también a libro cerrado, sin discusión. Un delirio con componentes místicos fundacionales y un trasfondo totalitario alarmantes de un mandatario con evidentes desequilibrios y una alta dosis de intolerancia y falta de respeto.
Como ya se demostró desde el 10 de diciembre, del dicho al hecho hay mucho trecho, y la imagen pública del presidente Milei se deteriora a niveles vertiginosos con una caída en encuestas de más de 15 puntos de imagen positiva desde su asunción y 6 puntos solamente en un mes, todo al ritmo de un segundo trimestre en el cual se intensificarán las dificultades económicas provocadas por las medidas antipopulares del gobierno, combinadas con una creciente conflictividad social.
Como bastión de la oposición a las ideas del gobierno nacional, el gobernador Axel Kicillof inauguraba esta tarde las sesiones de la Legislatura bonaerense con la intención de poner en valor lo hecho en su distrito y la necesidad de hacer visible el daño libertario a la provincia con la quita de fondos.
Las discusiones de las próximas semanas no prometen ser fáciles. Los bloques dialoguistas enfrentan sus propias internas y complican al oficialismo, pese a la evidente intervención reciente de Mauricio Macri para brindar un apoyo ideológico más o menos cerrado al gobierno de Milei desde el PRO y otros exintegrantes de Juntos por el Cambio. En el peronismo la oposición sigue firme y se denunciaron con claridad los componentes de poca fiabilidad del presunto discurso de unidad presidencial y su carácter extorsivo y perjudicial para los intereses populares, con ariete en un brutal recorte de la Coparticipación Federal a las provincias. Y como si fuera poco, hasta dentro del acotado bloque de legisladores de La Libertad Avanza existe un sordo enfrentamiento y hasta se habla de “listas negras”, impulsadas a partir del minúsculo círculo de confianza que rodea a Milei, encabezado por su hermana Karina, Nicolás Posse y Santiago Caputo.
En paralelo avanzan los reclamos judiciales en todo el país y en todas las instancias posibles contra las medidas arbitrarias del gobierno y los expedientes comienzan a agolparse en la Corte Suprema de Justicia con demandas por recorte de fondos de Buenos Aires, CABA, La Rioja, Misiones y La Pampa, picando en punta. Los “supremos”, que hacen malabares para dilatar su intervención esperando señales políticas se ven cada vez más apremiados a brindar definiciones. Un capítulo aparte merece la cara de estupor de los cortesanos ante las palabras de Milei y el estridente espectáculo de obsecuencia montado por legisladores y seguidores del presidente (con altísima asistencia de “trolls” rentados en los palcos) durante la apertura de sesiones.
El papel del expresidente Macri empieza a cobrar peso en la escena política, después de unas prolongadas vacaciones tácticas en la Patagonia, buscando un acercamiento a Milei para brindarle “gobernabilidad”. Por el momento saldó la vuelta a la presidencia del PRO a su favor, luego de un paso al costado de Patricia Bullrich, tras superarse las acusaciones en su contra de la ministra de Seguridad en torno a la polémica por el recorte de fondos al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
Alineados en fila por Macri, un grupo de gobernadores del PRO, incluido el vapuleado Torres, salieron de inmediato a respaldar la convocatoria tramposa al “Pacto de Mayo”, todo aún en tono retórico, ya que tres meses en la Argentina actual equivalen a tres siglos y el escenario va cambiando. Todo está por verse.
En el Senado el rechazo al DNU parecía cuestión de tiempo. En eso coincidían, al menos hasta antes de la apertura de sesiones, radicales y peronistas, rionegrinos, entrerrianos y neuquinos. Victoria Villarruel se está quedando sin excusas para aplazar el debate en el recinto, pues sabe que no podrá seguir rechazando los pedidos de sesiones de Unión por la Patria y, frente a la guerra abierta entre Milei y los gobernadores, los canales de negociación de la vicepresidenta con las fuerzas provinciales seguían bloqueados, al menos hasta la actual convocatoria cordobesa. Por el tema en el frente judicial se promovió una acción para que se le ordene al Congreso su inmediato tratamiento, la presentación fue realizada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Ante la perspectiva de una derrota, el oficialismo finalmente aceptó que se citase a Nicolás Posse, Luis Caputo y otros funcionarios nacionales para que comparecieran a dar explicaciones sobre el decreto 70/2023 ante la Comisión Bicameral. Había sido un reclamo del radicalismo y que La Libertad Avanza adoptó, buscando así aplazar el momento que el decreto llegue al recinto
A través de un comunicado, el bloque de Unión por la Patria en Diputados, que lidera Germán Martínez, señaló que las últimas medidas del Gobierno, como el recorte de transferencias discrecionales, la baja de los recursos destinados a subsidiar el transporte público, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la retención de la coparticipación a Chubut, tienen como objetivo “quebrar a las provincias y disolver la Nación”. Ante ese panorama, desde el peronismo convocaron a “poner en pausa cualquier diferencia política y tomar acciones en defensa del pacto federal que dio origen a la Nación”.
Como una perla de doble discurso y nepotismo, en medio de los promocionados recortes presupuestarios, Federico Sharif Menem, de apenas 23 años de edad y sobrino del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, cobrará más de dos millones de pesos mensuales como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de Diputados. La casta, bien, gracias.
En una verdadera vorágine de medidas antipopulares y de sesgo autoritario, en los últimos días el gobierno nacional redujo las asignaciones familiares por DNU; desfinanció el Fondo de Integración Socio Urbana fundamental para el desarrollo de barrios populares; descalabró los ingresos de los jubilados y amenaza a través de sus legisladores con quitarles los beneficios a los que se incorporaron por moratoria; puso al borde de la inacción a la Agencia Nacional de Discapacidad; cerró por decreto el INADI; cortó asistencia a enfermos oncológicos y la provisión de alimentos a los comedores populares y frenó la apertura de cinco Universidades Nacionales, sin brindarle recursos a las que están en funcionamiento, que cuentan con fondos para trabajar solo un par de meses más: todo esto en un plan declarado de reducir a la nada las prestaciones que debe brindar el Estado, como base de su contrato social.
Durante su discurso en el Congreso, Milei aseguró que cerrará la agencia nacional Telam, a la que acusó de ser un “centro de propaganda kirchnerista”, pese a décadas de existencia previa. En tanto trabajadores y gremios prometen “defenderla junto a todo el pueblo argentino”. Este lunes amaneció vallada y se le impidió ingresar al personal.
En el plano económico desde sectores allegados a Milei abren el paraguas y reiteran por todas las vías posibles que los meses de marzo y abril serán especialmente “duros”. Por supuesto no con la casta, como mintieron en campaña, ni con los sectores de poder concentrado sino en contra de la mayoría de la población que deberá afrontar nuevas subas en alquileres, alimentos, transportes, educación, prepagas, telefonía, electricidad, cable, internet y gas, entre otros cientos de rubros. Y todo a la vez, en la búsqueda de una hipercrisis anunciada con la licuación de ingresos más brutal de la historia reciente y que hace prever una fuerte convulsión social con recrudecimiento de justas protestas y reclamos.
Enumerando datos concretos en el segundo mes del 2024, según la AFIP, “la recaudación tributaria nacional disminuyó un 11% real respecto a febrero de 2023. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la caída sería del 19%”. Y como alarmante botón de muestra, la acerería Acindar, entre las principales a nivel mundial, detuvo por un mes la producción en cuatro de sus plantas con una caída del 40% de la demanda y no descartó que la parálisis pueda extenderse más allá de abril, ligada al congelamiento de la obra pública y de la construcción en general.
Se mantiene –y profundiza- el panorama anunciado en un verano frenético. Las consecuencias están a la vista en el libre mercado mileista: se derrumban las ventas, cae la actividad, pero los precios siguen subiendo, los bienes no alimenticios esperan en adelante una baja del 60% en ventas, electrodomésticos se derrumbó 50 puntos, los hipermercados perdieron más del 20% y los proveedores venden a Argentina hasta un 40% más caro que en el exterior. Hasta para el turismo extranjero Argentina se volvió un destino caro en dólares, lo que deriva en una caída de la afluencia de visitantes y en sus consumos en el país.
JORGE MACRI INAUGURA LEGISLATURA Y CARGA CONTRA LOS DOCENTES
Más temprano, el mismo viernes 1ro. de marzo, Jorge Macri brindó su primer discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña: “Vinimos a dar un nuevo impulso a la gestión, con orden firmeza y decisión. El contexto económico y social nos obliga a actuar con precisión y austeridad”, ya que “muchos la están pasando mal”, afirmó.
Entre las novedades anunció que CABA va a “implementar un sistema de prioridad” de atención “para los porteños” en los hospitales públicos, aunque garantizó que la salud en la Ciudad seguirá siendo “pública, gratuita y universal”.
También se refirió a la Educación, defendió el uso de armas no letales por parte de la Policía de la Ciudad y anunció la restitución del sistema de reconocimiento facial de prófugos.
En la Ciudad de Buenos Aires, los docentes nucleados en CTERA y el gremio porteño Ademys confirmaron su adhesión al paro nacional docente el lunes 26 de febrero, a pesar de que el Gobierno porteño anunció que se les descontaría el día. El propio Jorge Macri anunció que con lo que se descuente a los docentes que no se presenten a trabajar, se creará un fondo para beneficiar a los que no tengan ausencias, en un ataque directo al derecho a huelga con represalias salariales.
La iniciativa de priorizar la atención de salud a residentes porteños en la Ciudad busca generar desde el gobierno de Jorge Macri un punto de conflicto con la provincia de Buenos Aires y recibió una contundente respuesta del gobernador al Jefe de Gobierno porteño por la atención en los hospitales públicos: “La verdad que no tiene lógica, todos los días van a trabajar dos o tres millones de bonaerenses a la Ciudad. Con su trabajo aportan ingresos brutos”, afirmó Kicillof.
Al margen de estas polémicas el brote de dengue en el ámbito de CABA no da respiro y se convirtió en un reclamo a la cartera de Salud, a cargo de Fernán Quirós, que debe dar respuesta por fumigación y posibles vacunas a vecinas y vecinos.
Como contrapropuesta frente a estas políticas porteñas y nacionales, el Partido Justicialista porteño realizó su Congreso Metropolitano para la renovación de autoridades y convocó a un Cabildo Abierto que culminó con la lectura de un documento con los principales lineamientos para reorganizar el peronismo en el distrito, elaborar un proyecto de futuro y un plan de acción para resistir las políticas del gobierno.
“Trabajar por la reconstrucción de una mayoría democrática que sea capaz de proponer y concretar un proyecto de futuro que tenga como eje la justicia social y que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas”, fue una de las conclusiones del encuentro. También hubo un compromiso para impulsar activamente las convocatorias de las movilizaciones del 8 de marzo y del 24 de marzo, “que este año tienen un significado especial y deben ser masivas, a la luz del embate que vienen sufriendo nuestra democracia y nuestras instituciones”.
“Estamos unidos y movilizados para defender los derechos de nuestro pueblo: en las calles, en el Congreso y en cada espacio de representación”, dijo el senador y presidente de PJ porteño, Mariano Recalde, en su intervención.
El fuerte aumento inflacionario registrado en CABA sumado a las desregulaciones impulsadas por el gobierno nacional determinaron que alquilar una casa en la Ciudad salga el cuádruple más que hace un año y pudo relevarse que tras el primer mes de vigencia de las reglas del DNU 70/2023, se ofrecen más viviendas pero muchísimo más caras.
En este dramático contexto de emergencia habitacional en las últimas semanas agentes del Gobierno de la Ciudad desalojaron a personas en situación de calle que dormían en el Aeroparque “Jorge Newbery”: “Queremos una Ciudad ordenada y trabajamos todos los días para que eso suceda. Resolver el problema de la gente en situación de calle que va acompañando a una política de salud mental es imprescindible“, afirmó Jorge Macri, con un alto grado de contradicción respecto de sus políticas en este tema en un comunicado.
Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad remató más de 450 inmuebles de herencia vacante en los últimos cinco años, según advierte un informe de Inquilinos Agrupados (IA), retomado por Página 12. La organización recabó esa información a partir de los datos de las subastas públicas del Banco Ciudad: desde 2018 se remataron casi 60 mil metros cuadrados de ese tipo de inmuebles que podrían ser utilizados en su mayoría para intervenir en la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa CABA.
Un informe de Ambito Financiero afirma que los precios de venta de viviendas en CABA ahora comenzaron a vislumbrar una leve recuperación. Además, la derogación de la ley de alquileres también modificó el mapa, ya que parte de la oferta volvió a volcarse al alquiler y descomprimió el stock que había a la venta, por lo que asociado al temor a la suba de precios, hay una tendencia al aumento de la venta de inmuebles en la Ciudad, claro que reservada para un muy acotado segmento social.
Las incongruencias de gestión se replican en el manejo del espacio público porteño con la primera plaza para el barrio de Villa Santa Rita que se sigue demorando. A fines del año pasado, vecinos y vecinas consiguieron que el Gobierno porteño hiciera efectiva la expropiación del predio fijado por ley para el espacio verde, pero desde entonces no tuvieron novedades sobre su construcción prometida para un lapso de seis meses. Como otro ejemplo el controvertido “Paseo Gigena” un emprendimiento inmobiliario de lujo, ligado al Grupo Caputo y levantado en terrenos públicos en Dorrego y Avenida del Libertador, debería haberse inaugurado hace un año, pero el edificio se construyó sobre caños maestros de Aysa y sigue en suspenso.
En idéntica línea de negocios, un hombre de Mauricio Macri, Carlos Frugoni, le entregó al hijo de Nicky Caputo un terreno top de 5 mil metros cuadrados por 2 mil dólares por mes hasta el 2049. Frugoni, titular de AUSA, concesionó un predio ubicado detrás del circuito KDT. Al mismo tiempo, los programas sociales y recreativos de “Puerto Pibes” ya no funcionarán más en el predio de Costanera Norte. Así lo confirmó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), luego de que los trabajadores y trabajadoras de los programas comenzaran una campaña para denunciar el cierre del predio y la posible discontinuidad de sus puestos de trabajo.
La Justicia porteña declaró la nulidad del Distrito del Vino (DV) que ocupa partes de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal con beneficios impositivos para empresas vitivinícolas que se instalen en la zona. El juez de primera instancia Guillermo Scheibler hizo lugar al planteo de las organizaciones vecinales al considerar que la aprobación del distrito, creado por ley en 2021, debió haber cumplido con el procedimiento de doble lectura con audiencia pública por su impacto en materia ambiental y en los regímenes impositivos porteños.
Jorge Macri le intervino la Secretaría de Desarrollo Urbano a Álvaro García Resta. En el mundo inmobiliario señalan a Karina Burijson como la nueva interlocutora entre el gobierno porteño y los grandes desarrolladores, afirma LaPolíticaOnline. García Resta fue el principal nexo con el mercado inmobiliario durante el larretismo y fue el responsable político de la dirección general de Interpretación Urbanística. La principal tarea de esta dirección general es aprobar pedidos de mayor capacidad constructiva de acuerdo al Código Urbanístico vigente, una fuente constante de negocios opacos, conflictos y reclamos.
En una situación grotesca y plena de simbolismos mientras Jorge Macri explicaba ante los medios el operativo de desalojo de una feria ilegal en el Barrio 31 de Retiro, apareció corriendo entre sus piernas una enorme rata generando terror entre los cronistas, para ser de inmediato devorada por dos perros callejeros, en medio de las incómodas expresiones de los funcionarios. Una postal digna de los Simpsons.
También el Gobierno de la Ciudad llevó adelante la audiencia pública donde los candidatos al Banco Ciudad expusieron sus antecedentes y propósitos. Con ese requisito cumplido, solo resta que el directorio propuesto por el Jefe de Gobierno a la Legislatura sea sometido a votación. Analistas políticos estiman que antes de elevarlo se habló del acuerdo que mantiene prácticamente la estructura que se desempeñó durante el Gobierno porteño del ahora cuestionado por los propios, Horacio Rodríguez Larreta.
En el ámbito judicial, a cinco años de la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan y ante los nulos resultados en la investigación judicial, sus familiares presentaron una solicitud de Acción Urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para que intime al Estado argentino a que tome las medidas esenciales para la búsqueda del joven e investigue lo sucedido.
En otro caso resonante a diez años de la tragedia las familias de las víctimas de Iron Mountain siguen reclamando justicia y piden el comienzo del juicio oral contra una veintena de imputados por el delito de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.
Nos despedimos con “Por qué cantamos”, en una inolvidable versión de Nacha Guevara de 1984, con la memoria histórica y el espíritu de lucha bien en alto para los días que vienen.