NEWSLETTER N°180 – UN ÓMNIBUS QUE ATROPELLA AL PUEBLO
El gobierno de Javier Milei consiguió el último viernes la aprobación en general de una raleada ley Ómnibus que desregula la economía y criminaliza la protesta social, tras treinta horas de sesiones repartidas en tres días, con cuartos intermedios arbitrarios al ritmo que marcaba el avance de la rosca parlamentaria con la “oposición amigable” y la represión en las inmediaciones del Congreso por orden de la ministra Patricia Bullrich, como si viviéramos en estado de excepción bajo un gobierno de facto.
La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, casi toda la UCR y Hacemos Coalición Federal. El oficialismo tuvo que ceder múltiples cambios y, ante la falta de acuerdo en cuestiones como facultades delegadas y privatización de empresas públicas, la votación en particular se postergó para este martes, artículo por artículo. Recién a último momento de la sesión se informaron los elementos suprimidos y modificados en el dictamen tratado (que nunca estuvo disponible durante la sesión, en un hecho inédito y vergonzoso en 40 años de democracia) y en el que sorpresivamente se reintrodujo “por la ventana” la eliminación del estratégico Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, la “plata de los jubilados”.
La votación en general arrojó 144 diputados a favor de la Ley y 109 en contra para la oposición: apoyando a La Libertad Avanza votaron los legisladores del PRO, casi todo el radicalismo, la mayoría de Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal y otros bloques menores. En contra se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, cuatro legisladores de HCF (Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota), dos de la UCR (Facundo Manes y Pablo Juliano) y uno de Por Santa Cruz (Sergio Acevedo). Cada uno de los diputados que apoyó esta ley responderá ante la Historia, ante sus propias bases y ante sus compatriotas por su conducta frente a propuestas mesiánicas que claramente perjudican a las mayorías populares.
Más allá de las negociaciones de último momento, los gobernadores siguen reclamando recursos y tambalea la votación en particular. Los mandatarios provinciales esperan para hoy una respuesta del oficialismo a sus planteos por más fondos antes de comprometer su apoyo. El Gobierno sigue plantado en no coparticipar el Impuesto País y entonces la votación en particular de la megaley pende de un hilo. El martes podría votarse un texto distinto al que se aprobó en general la semana pasada.
La represión coordinada en las calles con la participación de fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura) mandadas por Bullrich resultó brutal y fue “in crescendo” en cada jornada por la provocación y brutalidad de los efectivos contra manifestantes pacíficos. En la tercera jornada de incidentes se registraron hechos de vandalismos y enfrentamientos a piedrazos en una espriral de violencia promovida desde el Gobierno Nacional para distraer de los objetivos antipopulares discutidos dentro de Diputados. Cabe destacar en el accionar represivo la gran cantidad de trabajadores de prensa y fotoperiodistas, incluso acreditados con pecheras, que fueron buscados como blancos de los balazos de goma y los palazos.
Bullrich salió a avalar la actuación de los efectivos y exigió “indemnizaciones” por parte de los manifestantes, abrazando su inconstitucional Protocolo represivo, pese al repudio generalizado y hasta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No existe justificación posible para este accionar represivo estatal y debe detenerse.
Con una acelerada y también pocas veces vista caída de la imagen positiva presidencial que se registra en las encuestas, el Gobierno Nacional estima que tras salir de Diputados, la Ley Ómnibus no tendrá un trámite exprés en el Senado, sino otra maratón desgastante y consideran que, en el mejor de los escenarios, podría haber una votación a finales de febrero. Para ello, el Ejecutivo deberá prorrogar una vez más las sesiones extraordinarias, convocadas en la actualidad hasta el 15 de febrero, e incluso no se descarta que la definición se dé recién en el período ordinario que comienza el 1 de marzo. La “rosca”, las extorsiones y aprietes como método seguirán siendo moneda corriente en los debates de la Cámara Alta, que es el recinto donde la controvertida medida antipopular podrá tener sanción definitiva o no. Si hubiera modificaciones retornará a ser tratada en Diputados.
La Multisectorial por el Trabajo, la Producción y la Soberanía Nacional se reunirá este lunes para analizar y debatir los pasos a seguir ante “el agravamiento de la crisis social, la media sanción en general de la Ley Ómnibus y la represión” en el Congreso, mientras los diputados trataban el megaproyecto del gobierno nacional. “Ponemos en marcha la cuenta regresiva para una nueva convocatoria a una jornada de lucha”, señaló a Página 12 el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. La multisectorial contiene a las dos CTA, la UTEP, organismos de derechos humanos y agrupamientos de PyMES, entre otras organizaciones.
Con sabor a poco Milei viajó a Israel y se quedará durante seis días para afianzar las relaciones con el gobierno de Benyamin Netanyahu, luego viajará a Italia para ver a la primera ministra Giorgia Meloni y finalmente desembarcará en el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. De este modo deja en manos de Guillermo Francos y Santiago Caputo las negociaciones del tramo más complejo de la Ley Ómnibus en el tratamiento artículo por artículo, dejando desairados a los gobernadores. Los berrinches del Presidente para “las fuerzas del cielo” llegarán a sus negociadores por vía telefónica desde Tierra Santa y la Santa Sede, aunque sigue sin privarse de denigrar a los legisladores en redes sociales.
En días previos, la contundente demostración de fuerza de la CGT (que advirtió sobre posibles nuevas medidas), sumada a los problemas del Gobierno para imponer muchos puntos de su ley agudizaron las internas en el oficialismo en días vertiginosos de idas y vueltas en los que fue despedido el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro (foto), acusado de haber filtrado información confidencial de reuniones de gabinete a medios de prensa.
Tras el cimbronazo de la salida de Ferraro, el viernes 26 de enero estalló una nueva bomba con una intempestiva conferencia de prensa del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo a últimas horas de la tarde en la que anunció el retiro de las propuestas sobre retenciones, jubilaciones, Ganancias, blanqueo y otras del llamado “Capítulo Fiscal“, para intentar destrabar la negociación en el Congreso. En otra maniobra extorsiva el gobierno adelantó que impulsará el pacto fiscal en marzo, pero lo condiciona al apoyo de las provincias a la Ley Ómnibus en el Parlamento.
Hecha la ley, hecha la trampa: el proyecto mantiene la delegación de atribuciones legislativas en manos del Presidente, por lo que, de aprobarse la norma en general y por articulado, podría tomar esas y otras decisiones por decreto. Y no sólo eso quedan por ahora adentro privatizaciones inconsultas y, como dijimos, la amenaza sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras graves consecuencias. Hasta puede establecerse un mapa del Estado de remate que impulsa el gobierno.
Como último hito, el Gobierno Nacional dispuso por decreto la intervención de los medios públicos: la normativa alcanza a la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina, el portal Educ.Ar y la firma de Contenidos Públicos. Diego Chaher y Diego Marías (hombre de confianza de Mauricio Macri, que está metido en todo) fueron designados para reemplazar al directorio de las empresas estatales.
En un duro revés judicial para el DNU de Milei, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, máxima instancia de la justicia ordinaria en la materia, declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral del DNU de Milei y en su fallo estableció que el Poder Ejecutivo no tiene la competencia para emitir disposiciones de carácter legislativo ni disponer medidas regresivas respecto a derechos adquiridos. Las facturas internas no tardaron en surgir desde La Libertad Avanza hacia Nicolás Posse y Federico Sturzenegger por haber querido imponer la reforma laboral por decreto, luego de que la Cámara Nacional del Trabajo la sepultara y ahora el Ejecutivo intentará apelar ante la Corte Suprema.
También el gobierno tuvo un fallo adverso con la suspensión de los artículos 335 y 345 del decreto 70/2023, los que habilitaban el ingreso de sociedades anónimas deportivas en Argentina, al mundo del fútbol y fue dictada por la Justicia en el marco de una presentación de la Liga de Fútbol de Salto.
Mientras tanto siguen en fila las determinaciones judiciales en contra, ahora la cuestión del DNU en conjunto se va arrimando al umbral decisorio de la Corte Suprema de Justicia. El Supremo Tribunal parece estar esperando una señal política.
Hasta desde el plano internacional llegan señales de alarma ante el accionar del gobierno: la ONU advirtió que la reforma del gobierno podría legitimar ejecuciones extrajudiciales.
El Senado es otro ámbito de tira y afloje del resistido decreto de Milei y el interbloque opositor de Unión por la Patria pidió sesionar este jueves 1 de febrero para tratar su validez, pero la presidenta del Senado Victoria Villaruel, no convocará la sesión especial aún. Fuentes allegadas a las autoridades del Congreso aseguraron que todavía analizan posibilidades, pero la prioridad del oficialismo es que se defina primero sobre la Ley Ómnibus. Mientras, tras rechazar la convocatoria, evalúan si pueden lograr el apoyo de los bloques afines para aprobar el decreto. Tras la negativa el jueves el bloque de Senadores de UxP en pleno convocó a una conferencia de prensa en el Senado en la que destacó la inconstitucionalidad del DNU, la voluntad de rechazarlo y advirtió que la presidenta de la Cámara Alta incumple con sus obligaciones como funcionaria pública al no habilitar el debate tal como lo indican la Constitución y todos los plazos y reglamentos vigentes del cuerpo.
Con total soberbia y en una abierta actitud autoritaria Villarruel desconoció todo y alegando “un cambio de época” dijo en un video: “El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época. Los argentinos eligieron un camino. Y la agenda del Senado ya no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores”, sostuvo.
Dentro del tablero político recrudece la interna en el PRO, virtual partido de cogobierno con Milei, al que ven en problemas en un lapso no muy largo. La puja se agitó con los movimientos de Mauricio Macri que avisó su intención de retomar la conducción del espacio, arrebatándosela a Bullrich.
En la economía cotidiana febrero viene ardiente con importantes subas en alquileres, subte, prepagas, telefonía, cable, internet y gas, entre otros rubros. Para colmo la Secretaría de Comercio dispuso la derogación de 69 normas con el fin, según su explicación, de avanzar hacia un “comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente”. En la realidad al dinamitar todo tipo de normativas se verán afectados los controles de precios en supermercados, la obligación del abastecimiento y se dará rienda suelta a los aumentos en la educación privada y la salud, entre otros. Analistas advirtieron que la desregulación tiene un sesgo contrario a la protección de los consumidores y que tiene el riesgo de “profundizar el impacto regresivo” de las políticas de Milei, como ya se nota en el derrumbe de la obra pública.
Como cereza del postre, disfrazado de aumento de impuestos se viene un nuevo “naftazo” con los precios que podrían subir, según el gobierno de modo gradual, otro 25%, con lo cual la carga tributaria indirecta total pasaría del 24% del precio final en la actualidad al 39% y de esta manera, el valor del litro de combustible podría superar la barrera de los $1000 en las estaciones de servicio. Toda la población sabe que el aumento de combustibles se recarga directamente a los precios, aumentando la inflación y los precios al consumidor.
Las consecuencias están a la vista en el libre mercado mileista, en el cual se derrumban las ventas, cae la actividad, pero los precios siguen subiendo: los bienes no alimenticios esperan en adelante una baja del 60% en ventas, electrodomésticos se derrumbó 50 puntos porcentuales, los hipermercados perdieron 20% y los proveedores venden a Argentina hasta un 40% más caro que en el exterior.
Mientras tanto hubo presentaciones judiciales porque el Ministerio de Capital Humano cortó el envío de alimentos a los comedores populares del país, lo que provoca diversas protestas. La ministra Sandra Pettovello dijo ante las cámaras que atenderá uno por uno, “de manera individual”, a las personas que tengan necesidades pero no a las organizaciones, al tiempo que la falta de fondos para alimentos se hace sentir.
Con la caída de la Coparticipación Federal, las provincias sufrirán una merma de 11,1% real interanual en ingresos durante enero, siendo las más afectadas Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
Por su parte, el FMI revisó a la baja la proyección de la economía de Argentina para este año y ahora estima que caerá un 2,8%, para luego crecer 5% en 2025, según su informe de Perspectivas Económicas. En la publicación de octubre, el organismo multilateral había pronosticado un crecimiento de 2,8% para este año.
El Directorio del FMI aprobó el último miércoles la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por Argentina durante la gestión de Alberto Fernández y renegociado por el gobierno de Milei a comienzos de enero. De ese modo, liberó el desembolso de 4700 millones de dólares, a los que se le restaron al instante 1945 millones para afrontar los pagos con el propio organismo que tenían como fecha límite de vencimiento este miércoles. Así nuevamente el Fondo le pagó al Fondo en la eterna rueda del endeudamiento externo.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la provincia “tiene una potencia productiva inmensa y no tiene que ser interrumpida por las políticas” implementadas por el Gobierno nacional y afirmó que con su gestión va a “defender a los empresarios, a los trabajadores y a todos los que crean en el desarrollo” del distrito, al tiempo que, en un encuentro con representantes de Cámaras y agrupaciones empresarias nacionales y bonaerenses, vaticinó un intento de “industricidio” por parte de Milei. Por supuesto existen excepciones ligadas al nepotismo como los beneficios con 1500 millones de dólares del Estado en exenciones impositivas al Grupo Caputo en Tierra del Fuego.
Kicillof anticipó que espera la votación de la Ley Ómnibus, pero que no descarta ir a la Corte Suprema para pedir su invalidez, pues sostiene que el texto representa un peligro para el sistema democrático e institucional del país en su conjunto y además dijo: “No tiene un solo artículo en beneficio de la provincia de Buenos Aires”.
El gobernador bonaerense denunció que “mientras intentan aprobar una ley sin dictamen y sin un solo artículo a favor de los bonaerenses ni de los argentinos, reprimen a quienes se manifiestan pacíficamente, a periodistas y a diputados, para crear un clima y montar un show”, con una enérgica condena a la violencia de las fuerzas policiales y de seguridad en inmediaciones del Congreso.
Los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Damián Selci (Hurlingham), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mayra Mendoza (Quilmes), y Mariel Fernández (Moreno) se reunieron con Kicillof y le advirtieron sobre la demanda de comida en el conurbano, la paralización de mil obras con financiamiento nacional y los problemas en el cobro de tasas locales.
En el plano de la política internacional de acuerdo con el diario británico Daily Express, se habla de una “promesa” del exprimer ministro británico David Cameron para evitar que Milei “presione el botón de las Malvinas”. En esta línea, afirma el medio de Reino Unido, se hará todo lo posible para ayudar al flamante jefe de estado argentino a alcanzar sus objetivos económicos, dándole “menos motivos” para insistir por el reclamo de la soberanía argentina sobre las Malvinas. De esta manera, Londres se prepara para ofrecer “nuevos términos comerciales”. Bandera de remate para la soberanía de Malvinas en el horizonte.
CABA: ALQUILERES COMPLICADOS Y VUELTA A LAS ASAMBLEAS
A un mes de que entrara en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei que deroga la ley de Alquileres, el acceso a una vivienda digna cuesta cada vez más con aumentos que rondan el 20 por ciento o más, pedidos de depósitos en dólares, y proliferación de contratos por períodos más cortos y con actualizaciones trimestrales. Una verdadera odisea con miles de familias a merced de un impiadoso mercado sin regulaciones que atenta contra el derecho a un techo.
En el plano judicial, pese a saber que entrará en conflicto político y jurídico con la Justicia Nacional del Trabajo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la decisión tomada de la creación de una Justicia del trabajo propia que se sumará a los tribunales penales y contenciosos que ya tiene CABA. Los equipos técnicos del ministerio a cargo de Gabino Tapia (foto) trabajan en la redacción de los proyectos, que buscarán implementar un sistema mixto con los tribunales nacionales con mayor autonomía.
La Justicia porteña allanó la casa de Carlos Pedrini, que fuera presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos y que apareció muerto en su bañera en un aparente suicidio tras una denuncia por abuso sexual, y ordenó peritar todos sus teléfonos.
El flamante ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Roberto García Moritán, abonó en un solo pago una millonaria deuda societaria con Racing Club de Avellaneda para ponerse al día, en medio de fuertes versiones acerca de que le interesa desembarcar en la interna de la Academia, en otro vínculo directo del la participación de la política con los clubes de fútbol.
En medio de una creciente tensión social el rechazo a las políticas de Milei produjo una reaparición de las asambleas de vecinos en los barrios porteños, en una vuelta acelerada al escenario de la crisis de 2001. Todos los miércoles, en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y también en puntos del AMBA se producen ruidazos o cacerolazos y para esta semana, en coincidencia con distintos movimientos sociales, votaron movilizarse al Congreso durante el debate de la Ley Ómnibus impulsada por el oficialismo, donde fueron duramente reprimidos.
Otro fenómeno que reverdece directamente ligado a la crisis son las ferias barriales en el AMBA, en las que los vecinos se agolpan en estos mercados improvisados que buscan paliar en algo los efectos de la escalada inflacionaria y funcionan como un sostén comunitario frente a la crisis donde se ofertan todo tipo de productos desde alimentos básicos, indumentaria nueva y usada, productos de limpieza fraccionados y todo tipo de mercaderías.
En estos tiempos revueltos de represión, fuerzas del cielo y litio nos despedimos con nuestra habitual cortina musical clavada en “Lithium” de Nirvana para descargar un poco la bronca. La Patria no se vende, se defiende con organización y lucha. Hasta la próxima semana.