Newsletter N° 49 – Relato vs realidad La educación desfinanciada, judicializada y utilizada como bandera electoral de Larreta
A la crisis sanitaria y económica se le suma la judicial y educativa. La escalada en la tensión respecto al debate por la apertura de escuelas, que está totalmente judicializada, espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia para resolverse. Lo cierto es que, en medio del debate sobre las competencias judiciales, Larreta tuvo su logro personal y se consolidó como defensor de las clases en las escuelas.
Más que paradójico resulta, ya que Larreta actualmente tiene el presupuesto educativo más bajo del país y es, además, el más bajo de la historia porteña, con recortes que tienen implicancias concretas sobre la comunidad educativa que ahora dice defender. Sucede que la campaña está en marcha, se profundiza la grieta, el PRO consolida su postura en contra de toda restricción ante la avanzada implacable del Coronavirus. Por su parte, el Frente de Todos se aferra a las medidas de cuidado para evitar una tragedia mayor.
La batalla judicial por la presencialidad vs. las medidas del cuidado
En un escenario de claro enfrentamiento entre la Nación y la Ciudad, un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña resolvió el domingo habilitar las clases presenciales en el territorio capitalino y desobedecer el DNU presidencial que suspende por dos semanas esa modalidad en busca de bajar el nivel de circulación viral. El fallo hizo lugar a una medida cautelar pedida por dos organizaciones civiles para mantener la presencialidad en las aulas, dicha presentación había sido rechazada en primer lugar por el juez Marcelo Segón del Juzgado N°17 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, quien consideró que no podía expedirse al respecto.
Ávido, Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa en la que confirmó la continuidad de la presencialidad y aseguró que “si la situación sanitaria se llegara a agravar ya tenemos previsto cómo será la modalidad escolar para cada una de las etapas epidemiológicas”. Como dijimos la semana pasada, si la situación actual no le resulta lo suficientemente grave al mandatario porteño no queremos ni imaginar cuál será el límite.
Este lunes, la Corte Suprema de Justicia se declaró competente para analizar la presentación de la Ciudad contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito y anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión. Según dijo el máximo tribunal en la resolución, el caso es de “competencia originaria” de la Corte y estableció que la demanda se realizará mediante un “proceso sumarísimo”. Esto potencia el debate respecto a la competencia de la Cámara de Apelaciones e incluso hay interpretaciones respecto a que es un fallo nulo desde el órgano que lo dicta.
En este marco, el Gobierno nacional trabaja en la presentación que hará ante la Corte para defender el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspende la presencialidad en los colegios por dos semanas: “La decisión es responder rápido, queremos que la Corte tenga todos los elementos para resolverlo cuanto antes”
En paralelo, y después de que la Cámara de Apelaciones local hiciera lugar a la medida cautelar del Gobierno de la Ciudad y determinara que las clases deben continuar de manera presencial, un nuevo fallo del Poder Judicial porteño instó a que la presencialidad en las clases no sea obligatoria hasta tanto se conozca la decisión final de la Corte Suprema.
Mientras tanto, el bloque de Legisladores del Frente de Todos anunció que pedirá el juicio político a los tres camaristas que firmaron el fallo que le permitió a la Ciudad desafiar el DNU presidencial el último domingo. Los opositores advirtieron que el fallo no pasa un “test de constitucionalidad” y reclamaron a los jueces que se “hagan responsables” por las consecuencias que puede tener su decisión en términos sanitarios.
La Ciudad insiste en que en el aula no hay riesgo, lo cierto es que tal afirmación no tiene el aval científico como dice tener. En un hilo de twitter basado en 40 estudios revisados, el Profesor y Director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Axel Rivas, señala que el mayor problema es aislar la variable “cierre de escuelas” de otras medidas y advierte que “mucha evidencia indica que en contextos de alta circulación del virus hay más riesgo de escuelas expandiendo contagio y viceversa: bajo riesgo cuando no hay olas fuertes de contagio”. Asimismo remarcó que no logró encontrar ningún sistema educativo nacional o subnacional que haya mantenido escuelas abiertas con más de mil casos cada 100 mil habitantes por semana, como ocurre en la CABA en estos días.
El estado de la comunidad educativa
En un orden cercano, la comunidad educativa que se sostiene en estado de alerta casi desde el inicio de gestión del Pro en la Ciudad en 2007, anunció paro contra la “insistencia” de la Ciudad en mantener escuelas abiertas. UTE, Sadop, Ademys y Camyp volvieron a parar en rechazo al regreso a la presencialidad en las aulas ante “el descontrolado aumento de los casos por la Covid-19”.
Tras las medidas de fuerza, denunciaron que la Escuela ORT despidió a dos docentes por parar contra las clases presenciales y plegarse a la medida gremial que reclamaba virtualidad. Por ello los gremios porteños exigieron la “reincorporación inmediata” de ambas.
Frente a la demanda gremial, también cabe señalar que lo que llama la atención de Larreta como abanderado por la educación en plena pandemia es que pelea con uñas y dientes por un sector que históricamente ha desfinanciado. Este año es el de menor participación de educación en toda la serie de gobiernos PRO en la Ciudad, el presupuesto educativo cayó un promedio de un punto porcentual por año y este 2021 tenemos el presupuesto en educación más bajo de la historia representando apenas el 17,18 por ciento del total.
Repasemos sólo lo sucedido en el primer año de pandemia, que comenzó con falta de vacantes y con más de 100 alumnas y alumnos intoxicados por consumir alimentos en mal estado en comedores de las escuelas públicas porteñas. Siguió con la decisión de reemplazar las viandas escolares por sandwiches, reduciendo a la mitad la cantidad requerida, lo que en cuarentena fue reemplazado por bolsones con alimentos, pero insuficientes y carentes de calidad nutricional.
Luego vino la problemática de las alumnas y los alumnos excluidos por falta de conectividad, el Estado porteño no se hizo cargo de entregar las notebooks a quienes no tenían acceso y resistió hasta el regreso a las aulas, que además de desatender los reclamos de los docentes, estuvo cargado de una fuerte estigmatización por parte de la ministra Soledad Acuña, que trató de “fracasados” a quienes están en la primera línea de la educación.
Ante los planteos frente a los protocolos para preservar a la comunidad educativa del Covid-19, Acuña -que batalla aún por la presencialidad- reconoció que como ministra no podía “garantizar la ventilación en las aulas”.
Como si no fuera poco, el Gobierno porteño logró que el Tribunal Superior de Justicia falle -una vez más- en sintonía con su política de ajuste y, de forma inconstitucional, determinó que sólo estarán habilitados para reclamar vacantes en las escuelas aquellas familias que no puedan abonar la matrícula en la educación privada.
Dentro del ajuste del presupuesto educativo, en 2021 el recorte en infraestructura escolar es del 70%, cuyas consecuencias pueden ser lo que sucedió en 2019 en una escuela de la Villa 31, donde se cayó el techo de un aula recién construida. De hecho, en la Verificación Técnica Escolar hecha por la propia comunidad educativa, denunciaron las graves condiciones en las que se levanta la bandera de la presencialidad.
Reiterando que no garantizaron computadoras ni conectividad en 2020 a más de 5100 alumnxs, en 2021 la tijera de Larreta recortó 370 millones al Plan Sarmiento para educación pública y los convirtió en subsidios para escuelas privadas.
Ejes de campaña electoral
La grieta entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires no para de crecer y en medio de la judicialización del cierre de escuelas, ahora Rodríguez Larreta también utilizó la crítica por el bajo nivel de vacunación de los maestros porteños, culpando una vez más al Ejecutivo nacional. “No vacunamos más docentes porque el gobierno nacional no nos da más vacunas”, dijo con liviandad como si no hubiera destinado al sistema privado las dosis recibidas.
El senador nacional por el Frente de Todos y presidente del PJ de la Ciudad, Mariano Recalde, advirtió que no hay otra explicación para la posición tan agresiva, tan confrontativa, del Gobierno de la Ciudad, que la intención de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de hacer fracasar la estrategia de combate al Covid y sacar rédito político tan cerca de las elecciones.
Aseguró que “no hay otra explicación del cambio rotundo que llevó a Larreta a ponerse de la vereda de enfrente, con medidas tan similares a las que el año pasado acompañaba, sobre todo teniendo en cuenta que Diego Santilli hace apenas dos meses dijo que si había una segunda ola iban a tener que suspender la presencialidad”
Por su parte, la legisladora porteña Lucía Cámpora también consideró que “las manifestaciones y los actos de Horacio Rodríguez Larreta indican que está más preocupado por hacer campaña electoral o por sacar algún tipo de ventaja política de esta situación, que es muy dura para todes, que por cuidar la salud de los porteños y porteñas”.
Desde la Provincia de Buenos Aires se metieron en la polémica y, sin mencionar a la gestión porteña, criticaron el bajo nivel de inoculación de los maestros en la Ciudad. “Nosotros llevamos vacunados el 50%. Otra jurisdicción decía que no porque se ciñen a lo que dicen los especialistas. No sé qué habrán hecho con las vacunas de Sinopharm cuando se podían dar hasta 60 años, porque nosotros aprovechamos para vacunar a los docentes y vacunamos a la mitad de los docentes y auxiliares”, afirmó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.
En el peor de los casos
Al Gobierno de la Ciudad no le importa la educación, como repetimos en reiteradas oportunidades, es imposible aceptar que el distrito más rico del país, cuyo PBI se compara con el de los países más desarrollados y prósperos del mundo, el ajuste en educación y salud sea una constante. Pero así lo comprueban los datos, la evidencia que tanto proclama el Jefe de Gobierno. A los hechos nos remitimos cuando señalamos que la educación está lejos de ser prioridad para el gobierno de la Ciudad.
El juego de Larreta es oscuro, no sólo por el doble discurso que tiene una cara con la tijera del ajuste y otra cara con la cruzada por la educación presencial, sino también porque sigue poniendo en riesgo miles de vidas mientras cree que el límite aún no ha llegado. En el peor de los casos se revisarán las medidas, dice, pues creemos que el peor de los casos está en marcha con esta implacable segunda ola de Covid-19.