Newsletter N° 36 – Aborto legal y más derechos en Argentina; menos vacantes en la Ciudad y más gastos superfluos a costa del ajuste
El mundo entero observó a Argentina en las últimas horas y en la Ciudad de Buenos Aires se desplegó el escenario de las movilizaciones por la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Finalmente, entrada la madrugada del miércoles, fue ley y tanto el distrito porteño como las provincias argentinas amanecieron siendo parte de un país más justo.
Mientras a nivel nacional se conquistan derechos, la Ciudad retrocede casilleros que parecían imposibles de retroceder. Ahora un fallo de la justicia limitó las vacantes a las escuelas a quienes no puedan pagar por la educación privada.
El presupuesto 2021 sancionado recorta su máximo histórico a la educación y a otras áreas sensibles y esenciales. Mientras, los gastos superfluos siguen ejecutándose de manera discrecional. La cuestión de fondo es la de siempre: recursos hay, el tema es que están destinados con una lógica neoliberal y una mirada empresarial.
Es un derecho, es ley
Tal como en 2018, del lado de la calle Yrigoyen el movimiento celeste, del lado de Rivadavia la ola verde. Hacia adentro del Senado, la histórica sesión inició con un poco más de certidumbre y esperanza respecto al debate previo, pero había un potencial empate y más de seis senadoras y senadores indecisos.
Con el correr de la jornada, los votos a favor fueron incrementándose y, faltando más de 10 horas de debate, se llegó a la conclusión de que la ley ya era un hecho irreversible. Si bien el debate se polarizó en varios distritos, en cinco jurisdicciones todos los senadores votaron a favor del proyecto de legalización del aborto: la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Neuquén y Río Negro.
En el caso de la Ciudad, la unanimidad resulta paradigmática, puesto que en la votación anterior dos de los tres senadores votaron en contra y fue una de las últimas jurisdicciones en adherir al protocolo ILE en julio de este año -aún quedan cinco provincias sin adherir. Sin lugar a dudas, el cambio de época que se palpita en las calles encuentra su representación política.
¿Cómo queda el Jefe de Gobierno porteño ante este escenario? Su posición siempre fue en contra de la interrupción del embarazo y, de hecho, cuando se trató el protocolo ILE en la legislatura quienes no acompañaron la normativa representaban al oficialismo.
En su alocución, el senador del Frente de Todos, Mariano Recalde, hizo hincapié en que es una cuestión de salud pública porque miles de mujeres mueren por la clandestinidad del aborto; de Justicia Social y de derechos humanos.
Desde Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, destacó el rol y la lucha de la mujer en la sociedad y su par Martín Lousteau pidió que no se judicialice la norma. Es llamativo, porque quienes tienen intenciones de judicializarla son miembros de su propia alianza política.
Lo cierto es que Argentina se convirtió, tras esta votación, en un lugar un poco más justo, con una vara que sube y con exigencias del movimiento feminista que no piensa dar vuelta atrás. La interrupción voluntaria del embarazo es ley.
Educación en CABA, cada vez menos derechos
La escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo en alerta desde el principio hasta el final de este extremadamente difícil 2020. Si el año comenzó con falta de vacantes, dejando a 25 mil chicas y chicos afuera del sistema público, siguió con viandas en mal estado y tuvo un pico de alumnas y alumnos excluidos por falta de conectividad; culmina en pleno diciembre con un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad que determinó que sólo estarán habilitados para reclamar vacantes en las escuelas aquellas familias que no puedan abonar la matrícula en la educación privada.
El TSJ declaró inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela pública y, como si no fuera suficiente, consideró que las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva en una ONG (la elegida fue Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
“Es un fallo escandaloso, de neto corte político”, advirtió en diálogo con El Grito del Sur María Cecilia Fernández, abogada especialista en la materia. “A pesar de que el texto de la Constitución de la Ciudad es bastante claro, el Tribunal Superior de Justicia -claramente de color político favorable al macrismo- decide rechazar esta demanda diciendo que con los recursos disponibles el Estado hace lo que puede”.
El fallo actúa en sintonía con la tijera de Larreta, que continúa avanzando contra la educación. El presupuesto educativo del año próximo será el más bajo de la última década, recortándolo en un seis por ciento para 2021, a contramano de Nación y Provincia que incrementaron sus partidas a causa de la pandemia.
Las voces en contra de la resolución judicial fueron muchas, una de ellas la del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien calificó de “inaudito” al fallo, recordando que “la educación, desde temprana edad, genera mayores oportunidades de desarrollo. Consideramos fundamental la inversión en educación para cubrir las necesidades de todas las familias”.
Por su parte, Eduardo Barreyro, abogado del colectivo vacantes para todxs, explicó que el fallo viola la Constitución de la Ciudad: “De 20 jueces, 18 dicen lo contrario que dice el Superior Tribunal de Justicia. La educación es para todos, no para el pobre o para el que no puede pagar una privada“.
Asimismo, la oposición pidió el juicio político a los jueces del TSJ, advirtiendo que “con su sentencia violan la constitución de la Ciudad y limitan el pleno ejercicio de derechos”. La denuncia pública culminó en una conferencia de prensa en la que también estuvieron las representaciones estudiantiles, los sindicatos docentes, las cooperadoras escolares y los colectivos de familias autoconvocadas en defensa de la educación pública.
Afortunadamente para la comunidad educativa, el juez Contencioso Darío Reynoso se rebeló y afirmó que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar “una vacante a quien la solicite” y que tiene “la obligación constitucional de asegurar y prever los recursos” para cumplir con el mandato constitucional.
Recursos y gastos superfluos
Como repaso, vale la pena recordar qué ha hecho el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma en el distrito más rico del país durante este año. Como venimos señalando, el presupuesto 2021 está caracterizado por la deuda y el ajuste, mientras todo indica que los recursos se seguirán destinando a gastos como consultoría o servicios de chat, compra de televisores, compra y mantenimiento de macetas en los barrios de mayor poder adquisitivo o incluso a la contratación de coaching astrológico para sus funcionarios.
Repasemos. En plena pandemia, el Gobierno de la Ciudad ordenó la compra de 5 millones de barbijos con sobreprecio, pero fue descubierto y denunciado por diversas organizaciones sociales. El mecanismo no sorprende, Rodríguez Larreta realizó la compra, cuyo sobreprecio superaba los 200 millones de pesos, a través de empresas intermediarias relacionadas con servicios informáticos y de computación.
Además se incurrió en contrataciones con sobreprecios a través de la Resolución N°67/ENTUR/2020, en la que el funcionario -y primo hermano del ex jefe de gabinete Marcos Peña- realizó con el Hotel BA Central para alojar personas con síntomas vinculados al Covid-19 o provenientes del exterior. Lo llamativo fue que la administración de ese hotel pertenece a la firma Midas Hotel Management S.A., cuya Directora Titular es Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, hermana de Horacio Rodríguez Larreta y socia de Ignacio Sáenz Valiente. También integra el directorio de esa compañía Agustina Olivero Majdalani, hija de la ex subdirectora de la AFI en la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Este año también hubo mucho lugar para destinar recursos y esfuerzos públicos a la especulación inmobiliaria, que ha sido el negocio del macrismo por excelencia. Son infinitos los ejemplos que hemos revisado de venta masiva de tierras, de enajenación de inmuebles valiosos para las porteñas y los porteños y de megaproyectos inmobiliarios que conllevan un alto riesgo ambiental, cultural e identitario para los distintos barrios.
Así como la pandemia no impidió que se ejecuten gastos superfluos, el cierre de un año complicado por la crisis económica tampoco. Larreta gastará $90 millones en hacer encuestas telefónicas, según lo publicado en el Boletín Oficial.
Además, la Ciudad adjudicó la provisión de camperas para la Policía por $242 millones a una empresa con 4 empleados. Se trata de South Tech, radicada en la zona franca de General Pico, La Pampa. Sus dueños están inhallables hasta el 18 de enero.
Y si de privilegios y negocios hablamos, el Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) aprobó mediante la resolución N°3382/2020, la adjudicación del nuevo contrato de concesión del servicio al Grupo Benito Roggio – Metrovías por 12 años más.
Fin de 2020
Nos despedimos de este fatídico, triste y complicado año. A través de estas líneas nuestro reconocimiento a quienes pusieron el cuerpo a la pandemia, el personal de salud, las organizaciones que salieron a cubrir lo que el Estado porteño no garantizaba, las organizaciones políticas que no dejaron de luchar por una Ciudad más justa y equitativa.
Si en algún momento estuvo la esperanza de que el Gobierno de Larreta recapacite y destine recursos, en plena crisis sanitaria y económica, a quienes más lo necesitan, este año terminó de confirmar que no lo hará. Se profundizaron los negocios, la especulación y el ajuste. El inicio de su segundo mandato fue su antesala para posicionarse a nivel nacional como presidenciable. Veremos qué Ciudad deja, nos consta que este año dejó una Buenos Aires más injusta, con menos derechos, con menos espacios verdes y con menos oportunidades para porteños y porteñas.