Newsletter N° 35 – La coronación del 2020: Impuestazos, especulación y descontrol
La semana pasada, luego de semanas de debate parlamentario y público, el Congreso de la Nación sancionó la ley por la que se buscó corregir el traspaso de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y los fondos vinculados a su administración, mientras que la Legislatura porteña sancionó el Presupuesto 2021, aumentando una vez más los impuestos para porteños y porteñas usando el debate nacional como excusa para su renovada política de ajuste.
Mientras el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta continúa con el recorte en áreas esenciales e incorpora el cobro de impuestos al uso de tarjetas de crédito en el ámbito de la Ciudad, sus paraísos fiscales se expanden con una nueva quita de impuestos.
Sin lugar a dudas una de las raíces de la disparada de índices sociales es el direccionamiento de los recursos públicos. Pero la gestión actual no permite siquiera auditar sus gastos, tal como denunció Mariana Gagliardi, titular de la Auditoría de la Ciudad.
Presupuesto 2021, coparticipación, impuestos y pactos fiscales
La excusa de ajuste en el Presupuesto que puso el Ejecutivo porteño en esta oportunidad fue la modificación de la coparticipación, de hecho amplió la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero debemos recordar que el aumento de impuestos ya es un clásico de la gestión Pro. Esta tradición, comenzada por Mauricio Macri siendo Jefe de Gobierno, hizo trepar el ABL y las tarifas del subte de forma exponencial en breves períodos de tiempo.
Para continuar con su propio estilo, la ley de administración financiera de la Ciudad para el próximo año también prevé un fuerte recorte en la obra pública. Asimismo, la caída real área por área alcanza un -29,3% en Transporte, un -20,8% en Trabajo, un 20,7% en Vivienda y un -18,7% en Ecología. No sorprenden los clásicos recortes a Educación y Salud, que caen -6,5% y -5,8%.
Respecto al factor impositivo, cabe recordar que en su primer mandato, y junto a los gobernadores, Larreta firmó un compromiso para bajar el impuesto de ingresos brutos. Sin embargo, esta semana dio de baja ese pacto fiscal en la Legislatura, volvió a aumentar ingresos brutos e incorporó nuevos impuestos a las LELIQs y a los pagos con tarjetas de crédito.
En la misma línea de acción y amplificando el desentendimiento con el gobierno nacional, el Gobierno de la Ciudad no firmó el nuevo pacto fiscal que suscribieron todos los otros gobernadores junto al Presidente Alberto Fernández y lo justificaron porque esa adhesión implicaba dar de baja su reclamo judicial ante la Corte Suprema por la coparticipación.
La puja del pacto fiscal y de la coparticipación parece recién arrancar en la Corte Suprema, hay que ver hasta dónde puede Larreta disputar un triunfo, debido a que el endeudamiento de la Ciudad es abismal y, sin acuerdo con Nación, será complicado seguir reproduciendo el modelo de gestión que se ha sostenido hasta el momento. De hecho, los recortes en el presupuesto se deben a que hay que pagar 48.000 millones de pesos de intereses de una deuda que se ha multiplicado fuertemente durante la gestión de Larreta.
La cara detrás del recorte: la especulación y el castigo a los débiles
Una cosa son los recortes en cifras y otra en hechos. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta descartó la construcción de la Escuela Primaria de Creación Estación Buenos Aires, pero la justificación en esta oportunidad no se debe a los recursos coparticipables sino a la reasignación de fondos para la atención sanitaria.
En paralelo, y a días de unas fiestas particulares atravesadas por la grave crisis económica y la pandemia, el Gobierno porteño pretende desalojar a 40 familias que viven desde hace varios años en un edificio ubicado en el microcentro, aduciendo una supuesta falta de condiciones de habitabilidad.
Además de ser un desalojo ilegal, dada la vigencia del DNU 766 que los prohíbe, esta maniobra esconde lo de siempre: sus fines especulativos. Lo más triste y alarmante, que son nuevas familias que se verían condenadas a quedar en la calle porque, recordemos, los paradores cubren apenas a 2000 personas de las casi 8000 que hay en situación de calle.
Las consecuencias de las políticas de ajuste son múltiples, en el último trimestre de este año la pobreza en la Ciudad alcanzó a un tercio de su población, casi un millón de personas. Esto implica un 8 por ciento más que los niveles previos a la pandemia.
El otro lado de la moneda se mostró en paralelo la semana pasada, cuando la mayoría parlamentaria del Pro en la Legislatura, junto a sus aliados que responden al Senador Lousteau, aprobó una nueva regulación para los Distritos Audiovisual y de las Artes, de Diseño y Tecnológico en el sur de la Ciudad, que funcionan como una especie de paraísos fiscales a partir de beneficios e incentivos financieros que el Estado brinda.
Además, Larreta pactó con desarrolladores inmobiliarios en zonas de gran valor para llevar a cabo dos convenios urbanísticos entre particulares y empresas con el gobierno de la Ciudad, mediante los cuales se flexibilizan determinadas normas urbanísticas y de edificación a cambio de contraprestaciones o aportes económicos a la Ciudad.
Ejecutivo porteño descontrolado
La presidenta de la Auditoría, Mariana Gagliardi, advirtió sobre la magnitud de los gastos ejecutados por el Gobierno de la Ciudad y resaltó que la institución no fue llamada para controlar un solo peso de todo lo que se gastó este año, pese a la insistencia de sus solicitudes.
Desde la compra de barbijos con sobreprecios al comienzo de la pandemia hasta ahora, los gastos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no pasaron por control alguno. De hecho, recordemos que en plena cuarentena el Pro sancionó una ley que habilitó al Ejecutivo a desviar fondos hacia el combate de la pandemia y, aunque la oposición demandó que los gastos fueran monitoreados por la Auditoría General de la Ciudad, en el texto de la ley quedó como una mera sugerencia, que podemos suponer que nunca ocurrirá.
La titular de la Auditoría lamentó que “hasta el momento no se ha hecho ningún control sobre las compras y contrataciones realizadas, a pesar de que han trascendido múltiples ejemplos de sobreprecios e insumos en mal estado”.
Mientras evade los organismos de control, Rodríguez Larreta ya tiene su propia reforma judicial mediante una ley cuya letra chica generó preocupación en buena parte de jueces y juezas del fuero Contencioso Administrativo porteño.
Las magistradas y los magistrados rápidamente detectaron un nuevo intento de entorpecer sus fallos, con los que el Pro arrastra una obsesión desde los tiempos de Mauricio Macri. La ley, impulsada por el oficialista Martín Ocampo, introduce modificaciones en el código que regula la actuación de ese fuero y da intervención al Ministerio Público Fiscal (MPF) en cada una de las distintas etapas procesales, haciendo más lentos los procesos, y confundiendo el rol del MPF con el que debe resguardar la Procuración General, que representa al propio gobierno, sobre el que pesan las decisiones de los jueces.
El ajuste, la rebeldía y las vulneraciones, ¿hasta cuándo?
En apenas una sesión de la Legislatura se cristalizaron los ejes que definen la gestión del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y venimos señalando en este espacio hace meses: ajuste en áreas sociales, sanitarias y educativas; castigo a las porteñas y porteños con impuestos que se “justifican” por disputas políticas y asegurar, de distintos modos, la especulación y los negocios privados.
El debate por delante es cómo se posicionará sin firmar el Pacto fiscal: ¿podrá seguir tomando deuda como lo viene haciendo, sin vínculo con Nación? ¿La Corte hará lugar a la corrección de los fondos discrecionales que fueron otorgados por Macri? ¿Podrá Larreta posicionarse como referente nacional mientras la Ciudad dispara sus indicadores sociales? ¿Cómo amplificará su imagen nacional mientras reclama más fondos para la Ciudad más rica del país?
Hasta el momento ha evadido todas las auditorías y ha sancionado leyes que le permiten mayor discrecionalidad y desregulación. Veremos cuál será el escenario en rebeldía, con un endeudamiento multiplicado por 8 en 13 años de gestión macrista y con una población cada vez más vulnerable y vulnerada.