Newsletter n° 16 – CABA FLEXIBILIZA PERMISOS Y REACTIVA NEGOCIOS
Camas al límite, el sur cada vez más vulnerable y festival de negocios con recursos porteños
Mientras los hospitales trabajan a “cama caliente”, ocupando las plazas de terapia con listas de espera que se van armando, la saturación del sistema de salud comienza a tener otras consecuencias que anteceden y trascienden al Covid. Faltan enfermeras y enfermeros, la falta de cumplimiento en las normas laborales está a la orden del día y las Unidades de Terapia Intensiva, al límite.
Existen múltiples victimas del nuevo escenario que planteó la pandemia, pero en la Ciudad de Buenos Aires están las castigadas y los castigados de siempre, los barrios más vulnerables, los barrios del sur y las personas que tienen negados sus derechos básicos como la energía, la conectividad o al acceso a la salud.
La contracara es la de siempre: el festival de negocios, licitaciones y concesiones a empresas amigas, no cambió ni siquiera en pandemia. Lo mismo pasa con las contrataciones de consultoría innecesaria o a la reparación compulsiva de veredas.
Hospitales, enfermería y camas en alerta
En la Ciudad de Buenos Aires la curva de contagios del Covid-19 sigue sin dar tregua, con más de 56 mil casos positivos y 1196 muertes en el distrito porteño, el personal de salud del Hospital Durand alertó que más de 60 enfermeras y enfermeros están contagiados y ya no hay enfermeros para la Unidad de Terapia Intensiva.
Sucede que las enfermeras y los enfermeros componen el 80% de la planta de un hospital, pero en 2018 el oficialismo aprobó en la Legislatura una norma que los excluyó del equipo de salud, considerándolos personal administrativo. Entonces varios profesionales advirtieron sobre las posibles consecuencias negativas de la decisión. El oficialismo impuso su proyecto a fuerza de mayoría en el recinto.
Hoy el tiempo les da la razón a aquellos que alzaban su voz, pero el escenario se complejiza porque el personal de enfermería no quiere asumir el trabajo frente a la exposición al germen por salarios tan bajos y condiciones laborales paupérrimas. Por tal motivo, sugieren que el Gobierno de la Ciudad ofrezca un incentivo para que la enfermería con experiencia que pueda cubrir esos lugares.
Días atrás, habían advertido sobre la falta de manómetros de oxígeno, aspiraciones en los servicios con pacientes de Covid-19 e incluso de frazadas y calefacción. A la par, respecto a la ocupación de camas en el sistema de salud, el Secretario de ATE del Durand, Héctor Ortiz denunció que la ocupación de camas es mucho mayor al 65% informado por el Gobierno.
La problemática de la ocupación de camas se agudiza junto a la vulneración de derechos del personal de salud y se replica en casi todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Salud dicen que las camas “graves” ocupadas alcanzan un 64,4% en el sector público y un 74% por ciento en el privado, pero un informe interno de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reveló que el promedio de camas ocupadas al 24 de julio era del 82,9%.
La desidia y el impacto sobre los más vulnerables
Una de las víctimas colaterales de la saturación del sistema fue María Rosa Lencinas, vecina de la Villa 31, que falleció en el Hospital Rivadavia con 38 semanas de embarazo luego de sufrir abandono en el Hospital Fernández. María Rosa debía poder acceder a la ambulancia que Rodríguez Larreta prometió en el barrio las 24 horas, también debía contar con el Centro de Atención Comunitaria, pero, una vez más, lo prometido no era accesible. La mayoría de los Cesac no brinda el servicio anunciado.
El sistema de salud de la Ciudad si no está saturado, está abandonado. También falleció una referente barrial, en este caso sí fue de Covid, como consecuencia de la desprotección. Ana Riquelme, era enfermera del Cesac N° 30, luchadora por el derecho de acceder a la salud y por los derechos de las mujeres, recorriendo los pasillos de la Zavaleta y la 21-24 con mucho compromiso.
En la tabla de los incrementos de casos de Covid-19 de la última semana, Villa Lugano está al tope, secundado por Flores y Barracas. Pero los barrios populares y el sur de la Ciudad son los más perjudicados en general, tanto frente a la crisis epidemiológica como ante los indicadores de esperanza de vida, delito, ingreso por habitante, espacios verdes y un sinfín de parámetros.
Así como los indicadores dan muestra de la desigualdad porteña entre los barrios y comunas, la deficiente prestación del servicio de energía es una constante que atraviesa a todo el sur de la Ciudad. El Presidente de la Comuna 4, Ignacio Alvarez, denunció este fin de semana que hubo cortes en La Boca, pese a que en los últimos años tuvieron aumentos de más del 3200%, dolarizaron tarifas y no se hicieron las inversiones necesarias.
En vez de dar respuesta a los reclamos, Edesur exige más aumentos sin explicar qué se hizo con las grandes ganancias que muestran sus propios balances y que, a la vez, la gestión de Juntos por el Cambio avaló a lo largo de su gestión nacional.
Similar es la postura del gobierno de la Ciudad, que todavía se rehusa a cumplir con la medida de garantizar conectividad en las villas. El juez Gallardo dio cinco días para que el oficialismo cumpla o de lo contrario remitirá una copia del expediente a la Justicia Penal por la posible comisión del delito de desobediencia judicial.
De negocios y prioridades sobre el Estado policial
Tras casi 5 meses de aislamiento, el Ejecutivo de la Ciudad no da ningún respaldo económico a las 350 mil familias que dependen de trabajos formales, tampoco a los 25 mil comercios que podrían cerrar a raíz de la pandemia. La decisión política de no acompañar a porteñas y porteños en la crisis económica que se agravó fruto de la pandemia en la Ciudad más rica del país responde, una vez más, a la lógica de negocios que rige en Juntos por el Cambio.
A lo largo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, fueron constantes las contrataciones o licitaciones millonarias. En las últimas semanas se supo que vecinos y vecinas de la Ciudad pagarán con sus aportes más de 12 millones de pesos para llevar a cabo un servicio de consultoría sobre la plataforma miBA
La pandemia tampoco representó motivo suficiente para dejar de priorizar la reparación compulsiva de veredas, que tiene un presupuesto mayor al de infraestructura escolar o prevención en la violencia contra las mujeres. El Boletín Oficial publicó la resolución para llevar a cabo la primera etapa de la puesta en valor de las veredas de la costanera, que costará más de 90 millones de pesos y se realizará con Naku Construcciones SRL, una de las firmas favoritas del gobierno porteño que se ha beneficiado con numerosas obras en el Ecoparque.
Lo que más preocupa de la matriz fundada en los negocios es que se acompaña por una mirada que prioriza la política represiva antes que la contención y la reparación de las injusticias que dominan la realidad de la Ciudad. A principio de la cuarentena el Gobierno porteño ordenó la compra de cartuchos de balas y de gas lacrimógeno para reprimir, en lugar de fortalecer la salud y el bolsillo de los que tanto necesitan.
En esta edición nos preguntamos por qué Horacio Rodríguez Larreta prefiere destinar millones de pesos para equipar a la policía de la Ciudad, en vez de atender tantas problemáticas sociales, responder a los profesionales de la salud, redirigir presupuesto para paliar la crisis, entre otras iniciativas posibles. En cambio, se ordenó en distintas etapas la compra de combustible para la Aviación Policial por más de 7,5 millones de pesos y 82 millones en accesorios para la policía.
Modelo agotado
El escenario se complejiza, pese a la decisión política de comenzar a liberar la cuarentena y responder a las necesidades de su electorado, Horacio Rodríguez Larreta está gobernando una Ciudad con problemáticas sociales cada vez más agudizadas. El sur resulta cada vez más postergado con una jerarquización de prioridades sumamente injusta.
Las enfermeras, los enfermeros, el personal de salud, están al frente de la batalla contra la pandemia, pero padecen una explotación y desprotección laboral inaceptable en el siglo XXI y más aún en el distrito con mayor presupuesto del país.
Este es el momento de destinar recursos y hacer realidad las eternas promesas en los barrios más vulnerables. Los Centro de Atención Comunitaria tienen que estar en funcionamiento, el equipamiento destinado a la Policía debería ser distribuido con equipamiento destinado a la Salud, más ambulancias, más respiradores, más camas, mejores salarios para trabajadores que se vuelven cada vez más esenciales.
En cambio, la Ciudad profundiza los negocios a costa del ajuste en salud, educación y alimentación. El gas, las balas, el combustible para la aviación policial y los accesorios parecieran ser más importantes en la agenda de Juntos por el Cambio. Pero la emergencia vino a mostrar, casi a gritos: este modelo no va más.