NEWSLETTER N° 128 – CONDENA DEL “ESTADO PARALELO Y LA MAFIA JUDICIAL” CONTRA CFK: “ME QUIEREN VER PRESA O MUERTA”
“Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico” y “me quieren presa o muerta”, aseguró la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse el fallo en la causa Vialidad, cuyo resultado ella misma venía anticipando desde 2019. CFK detalló otra vez las falencias de la acusación en su contra y anunció que no será candidata en 2023: “Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí”, dijo. En su discurso, expuso las complicidades de jueces y fiscales con funcionarios y exfuncionarios de Juntos por el Cambio y grupos empresarios, con el ejemplo de los chats que se conocieron y develaron la reunión en Lago Escondido en el mes de octubre pasado.
La vicepresidenta expresó además con claridad que el objetivo central del veredicto del Tribunal Oral Federal Nro. 2 no fue la condena en sí, en un vergonzoso fallo político y sin pruebas, sino la proscripción política con la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, como una manera de condicionar la democracia.
CFK recibió el apoyo abroquelado del Frente de Todos, de los legisladores nacionales y provinciales, del presidente de la República, Alberto Fernández, y de la Liga de Gobernadores apenas se conoció el fallo, además de innumerables dirigentes políticos y sociales de nuestro país y del exterior.
En Juntos por el Cambio festejaron de todas las formas posibles la condena a la vicepresidenta. “Histórico”, fue el adjetivo más usado en comunicados, tweets, chats de Telegram y en cualquier otro medio que eligieron para celebrar el veredicto.
En la víspera del fallo contra CFK, este domingo, a través del periodista HoracioVerbitsky en “El cohete a la Luna” y una nota de Tiempo Argentino, se comenzó a destapar un verdadero escándalo que no cesa de escalar al revelar alevosos chats entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del Grupo Clarín.
Involucra, entre otros, a los jueces Carlos Mahiques, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, a Marcelo D’Alessandro, Ministro de Seguridad de CABA, y a Jorge Rendo, segundo del Grupo Clarín. Las ilegalidades, amparadas por un infinito sentimiento de impunidad, quedan expuestas para esconder una visita pagada por el Grupo Clarín al complejo del magnate británico Joe Lewis y que no se supiera “que nos metimos en su cama”, según dicen ellos mismos en los alevosos audios.
Un grupo de Telegram fue creado por estas personas el 17 de octubre pasado después que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viajó por invitación, con los gastos pagados, de directivos del Grupo Clarín a la zona del Lago Escondido, encerrada en el latifundio del magnate británico Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.
El grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los citados jueces Yadarola, Ercolini y Mahiques y su colega Pablo Cayssials, el ministro D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo “Bergot”, quien en realidad es el ex espía Leonardo Bergroth. Todos formaron parte del misterioso viaje en un chárter al sur que trascendió en el mes de octubre por la denuncia de dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche.
El grupo se llama “Operación de Página/12” porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia de promiscuidad e ilegalidad profundas. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las últimas horas y confirman las sospechas y denuncias que se acumulan hace años. Se investigan delitos de toda índole que combinan el incumplimiento de deberes de funcionario público, estafas, falsificación de documentos, recepción de dádivas y amenazas, entre otros. Los implicados, tras estallar las escuchas, aseguraron no haber hecho “nada malo” que exceda a la reunión de un grupo de amigos, pero se desesperan en los audios por prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso inventar facturas truchas. Hasta prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar detalles: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
Para el lunes el tema ya había llegado hasta el Presidente Alberto Fernández, que emitió una cadena nacional luego del mediodía en la que se refirió a “la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios” y advirtió que “hasta aquí se han sentido impunes. Es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas”. El primer mandatario aseguró además que impulsará una investigación penal sobre los delitos implicados en el viaje, así como el pedido de juicio político a los involucrados. Con la cadena nacional, el presidente apuntó a poner el tema en el centro de la agenda, forzando a que lo abordaran los principales medios, como una verdadera radiografía de la podredumbre enraizada en parte del Poder Judicial en connivencia con el poder real.
“Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina”, dijeron diputados y senadores del Frente de Todos en un comunicado, al mismo tiempo que exigieron una inmediata investigación y condena de los involucrados y advirtieron que en la mansión del magnate Lewis en Lago Escondido “estaban el padre y hermano del fiscal que ‘investigaron’ la causa Vialidad y el juez de esta causa” contra CFK, además de magistrados responsables de haber dispuesto numerosos fallos favorables al Grupo Clarín.
La participación de dos funcionarios porteños determinó que el bloque del Frente de Todos en la Legislatura activara inmediatamente el procedimiento de juicio político a los funcionarios que participaron del viaje al Lago Escondido junto a jueces y empresarios. Así, serían juzgados, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro y el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques. Los legisladores los acusarían de no respetar la ley de Etica y recibir supuestamente dádivas, en este caso el pago de un viaje con estadía. Aunque los votos no alcancen resulta imprescindible exponer estas conductas mafiosas antes las vecinas y vecinos de CABA.
Pese a que las pobres justificaciones del ministro D’Alessandro oscilaron entre excusas increíbles y victimización, el Gobierno de la Ciudad y los legisladores de Juntos por el Cambio encararon una cerrada defensa del funcionario, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. Defender lo indefendible y acusar sin pruebas son algunas de las características salientes del “lawfare”, impulsado y apoyado por este espacio político.
Las últimas novedades, conocidas el miércoles por la mañana, indican que el abogado rionegrino Marcelo Hertzriken Velasco volvió a presentarse ante la Fiscalía Federal de Bariloche para pedir la detención de las personas involucradas y el desafuero de los miembros del Poder Judicial. El planteo se inscribe en la causa que investiga los delitos de presunta violación de los deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias, iniciada a partir de la denuncia realizada semanas atrás por el propio letrado, titular de la Fundación de Abogados Querellantes. Asimismo, menos de dos horas después del discurso de CFK, la fiscal de Bariloche, María Cándida Etcheparne, pidió a la jueza a cargo de la causa que amplíe la investigación del incidente y se levante el secreto bancario de los investigados.
Mientras, en el Congreso imperan el escándalo y la judicialización como tácticas para trabar el funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura y enrarecer el diálogo democrático, tal como se vivió en la última sesión en Diputados, donde la oposición paralizó la creación de ocho nuevas universidades nacionales.
En las internas opositoras, Mauricio Macri mientras banca desde Qatar a Néstor Grindetti en Lanús, se mueve en el país árabe como si fuera un jefe de estado. La Unión Cívica Radical (UCR) le apuesta a un candidato único que enfrente al PRO, como parte del plan detrás de la propuesta de Gerardo Morales a Facundo Manes para ir a una eventual interna abierta. En tal sentido, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se aferra a un acuerdo nacional y pide internas abiertas en la UCR bonaerense con la intención de competir como candidato a gobernador del radicalismo provincial.
Mientras, todos suman millaje electoral, hasta el senador porteño Martín Lousteau presentó flamantes equipos técnicos para la Provincia de Buenos Aires.
Al que se le secaron las pilas de todos los timbres que solía tocar es al diputado Gerardo Milman: primero fue despedido la semana pasada por Patricia Bullrich como jefe de campaña y también fue desplazado como jefe de bloque. Luego de estos claros gestos de rechazo político, quedará por verse como avanza de aquí en más en la Justicia la bautizada “Pista Milman” en el intento de magnicidio contra CFK.
LARRETA TAMPOCO QUIERE DEJAR TÍTERE CON CABEZA
El jefe de gobierno porteño, el “moderado” Larreta, según su propia definición, apunta ahora a los regímenes jubilatorios especiales de docentes, jueces, embajadores y policías con el objetivo enunciado de reducir el gasto público: unos 3,7 millones de jubilados —40% del total— cobran haberes más altos gracias a sistemas previsionales de excepción. Entre ellos, maestros, universitarios, judiciales, diplomáticos, militares, ferroviarios, estatales de algunas provincias y profesiones que afectan la salud. Las plataformas de los precandidatos presidenciales cambiemitas parecen apostar a quién se muestra como más castigador del pueblo y discípulo del Tathcherismo, postura que consideran les suma votos.
En la sufrida área de Salud, la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló que, en el marco de un nuevo rebrote de coronavirus, “el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ajusta la salud de los vecinos de la Ciudad” con recortes de horas extra y rebajas salariales.
Al mismo tiempo, se suman denuncias de hechos de inseguridad en escuelas. Un total de 2.425 netbooks, 422 tablets y 78 PC fueron robadas de establecimientos educativos en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos dos años, lo que motivó 163 denuncias, informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de esa jurisdicción a la agencia Télam, en tanto desde la cartera educativa admitieron que la instalación de alarmas y otras medidas de seguridad para mejorar la custodia de ese tipo de equipos “es progresiva” y lleva tiempo”.
Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmó este martes, con su par de la CABA, Soledad Acuña, el convenio para que las escuelas primarias de gestión estatal de esa jurisdicción extiendan el horario escolar, en el marco del Programa Una Hora más de Clase por Día.
Sobre un total de casi 300 proveedores, 15 empresas son pesos pesados de la obra pública porteña y concentran el 50% del monto en pesos desembolsado por el Gobierno porteño entre 2009 y 2022. Dentro de las principales contratistas se encuentran las empresas Criba, Conorvial, Constructora Sudamericana, Miavasa, Cunumí y las UTE entre Iecsa y Fontana Nicastro, Techint y Dycasa, y Roggio, Cartellone y Supercemento. Así se desprende de un análisis realizado por La Nación Data sobre un documento oficial publicado en el portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier semejanza con el concepto de “cartelización empresarial” no sería mera coincidencia.
Hablando de empresas, se conoció que la lista de las firmas que contaminan el Riachuelo se redujo 13% en un año, pero sigue incluyendo a 685 grandes compañías y pymes tales como Coto, Makro, Carrefour, Día, Coca-Cola Femsa, Bio Sidus y Roemmers, entre otras. Desde 2021, unas 110 dejaron de arrojar polución a uno de los ríos más contaminados del mundo que afecta la vida de 5 millones de personas.
El diario Tiempo Argentino denuncia un nuevo problema creciente respecto del uso del espacio público en CABA: la “Ocupación VIP” con 3278 locales que usan calles y veredas, algo que el gobierno porteño venía promoviendo en los últimos años para el sector gastronómico, y con la pandemia se exacerbó. Aprovechan el espacio público, sin abonar nada extra y dificultando la circulación. Hasta hubo líneas de colectivos que debieron cambiar su recorrido por esta situación. Desde la Legislatura piden reordenar la normativa.
La Ciudad tiene en carpeta “12 calles verdes”, que serán construidas en 2023. Las principales serán Gascón, en Palermo, y Emilio Castro, en Liniers. Gascón será intervenida entre Honduras y Aráoz, una zona de Palermo que no cuenta con demasiados espacios recreativos. Se trata de 4400 metros de espacio público de los cuales 1166 metros cuadrados serán “área verde nueva”, aseguran desde el GCBA, aunque esto no siempre se cumple, ni los planes de contar con el aval de vecinas y vecinos, tal como ocurre con el Parque Lineal de Honorio Pueyrredón en Caballito.
En Villa Crespo se renuevan las quejas contra el Movistar Arena, el megaestadio del diario La Nación, y denuncian que la sucesión de recitales convirtió al barrio en un infierno para la circulación, además de los ruidos molestos y potentes vibraciones.
Todavía sobrepasados de estupor e indignación por la cloaca a cielo abierto que se sigue destapando en algunos ámbitos del Poder Judicial, nos ponemos algo místicos, “porque ya es hora”, para cerrar con esta hermosa “Oración a la Justicia” de María Elena Walsh, interpretada por el Cuarteto Zupay.