NADA SE TRANSFORMA: LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE SIN MEJORAS
Por Andrés Cárdenas
Dos informes publicados por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sobre Paradores y Dispositivos para personas en situación de calle (relevado en pandemia) y, otro actualizado, de Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social confirmaron las mismas deficiencias en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para las ayudas a las personas sin techo y a familias en grave riesgo socioeconómico, que denunciamos hace años en Proyectar Ciudad.
Corría julio de 2020 y en este mismo espacio denunciamos entonces el fallecimiento de al menos seis personas en situación de calle por causas evitables en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, en pleno ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) vigente por decreto nacional con las restricciones que imponía en el mundo el peor momento de la pandemia de Covid-19.
A tres años de este relevamiento, nuevas cifras determinan que, pasada la emergencia global, los indicadores no mejoraron, tal como lo demuestra la sucesión cronológica que haremos a continuación con datos estadísticos proporcionados por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), a cargo de la Dra. Mariana Gagliardi.
En plena pandemia la AGCBA relevaba la situación que luego el organismo volcaría en el Informe Final de Auditoría con Informe Ejecutivo del Proyecto Nº 9.20.04 (ver texto completo) PARADORES PROPIOS DEL GCABA, CENTRO LA BOCA Y CENTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL COSTANERA con Auditoría de Gestión y Financiera para el Período 2020, que fue presentado en agosto de 2022.
En la exposición de lo actuado dice la AGCBA: “La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realizó una auditoría de gestión y financiera sobre los dispositivos de alojamiento para las personas en situación de calle durante el 2020 en el contexto de la pandemia de Covid-19 (Programas 44 y 45). Se tuvieron en cuenta en dicho informe 3 programas: Por un lado los paradores, por otro, los Centros de Inclusión Social y, finalmente, se auditaron también los dispositivos que se crearon ante la emergencia de Covid-19. Dentro de los hallazgos del informe, la auditoría encontró incumplimiento e inobservancia en la formulación del presupuesto (art. 48,49 de la Ley 70) en particular, no cumplió con la elaboración del registro del anteproyecto, la rendición y exposición de las metas y en lo referido a la información de las modificaciones presupuestarias). También se encontró el cierre de paradores durante la pandemia, opacidad y falta de transparencia en relación a la capacidad y cobertura de los paradores, falta de alojamiento para grupos familiares, incumplimiento de las prestaciones alimentarias, problemas de seguridad e higiene en la infraestructura. Además, el personal contratado fue insuficiente para dar respuesta a una demanda adicional provocada por la pandemia. También se observó la falta de seguimiento de las personas, debilidades en los registros de quienes se alojan y ausencia de estadísticas e indicadores sobre el efectivo impacto de dichos programas”.
Cuadro de datos del Informe Ejecutivo de la AGCBA Nro. 9.20.04
Los dispositivos de alojamiento tienen la función de atender de manera integral a las personas en situación de calle, a las que tienen problemáticas habitacionales y a quienes están en riesgo de desalojo. El ingreso a estos dispositivos en su mayoría se da por la Línea 108 y por los operativos de Buenos Aires Presente (BAP).
Durante el período auditado, se cerró el parador Retiro (mayo del 2020) por un importante aumento de casos de contagiados Covid-19 (82 de las personas alojadas y un operador), y el mismo parador nunca volvió a abrir sus puertas. Actualmente las instalaciones están siendo utilizadas por el SAME.
Al día de la fecha persiste la opacidad en el acceso a la información sobre los paradores y la cobertura, ya que desde el gobierno porteño no se brinda información precisa sobre cuántos dispositivos de calle se encuentran abiertos, con cuántas plazas disponibles y la ubicación de los mismos. Del informe se desprende que la información del GCBA no resulta confiable ni íntegra, los criterios de registro en cada uno de los dispositivos, no se encuentran unificados, lo cual condiciona las acciones de seguimiento para el cumplimiento de objetivos y la elaboración de indicadores propios.
Una problemática acuciante que persiste es la falta de alojamiento para grupos familiares, puesto que CABA no contaba con suficientes dispositivos que alojen a familias completas, lo que obligaba a que las familias se tengan que dividir o continuar durmiendo en la calle para mantenerse unidas. Esta situación provisoriamente se subsanó con los dispositivos de emergencia durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, pero no hay información precisa sobre cuántas plazas disponibles hay para grupos familiares en la actualidad.
La Ley 3706 de la Ciudad de Buenos Aires votada en 2010 y terminada de reglamentar tres años más tarde considera en riesgo y en situación de calle “a mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas (internadas en psiquiátricos, en hogares para menores sin control parental o bajo control de otros organismos estatales) o alojadas en hoteles”.
En los últimos años organizaciones de la sociedad civil y trabajadores de los dispositivos de calle han manifestado públicamente el evidente aumento de las familias en situación de calle y la ausencia de políticas públicas para los mismos. Tal como lo dispone la Ley 3796/11, durante el año 2020 el GCBA debía llevar a cabo el Censo de la población en situación de calle pero, también debido al ASPO se postergó para el año 2021, incumpliéndose la normativa y realizándose a espaldas de las mesas de trabajo con los actores involucrados.
En la Ciudad de Buenos Aires se identificaron más de 7000 personas que se encuentran en situación de calle y en 2021 el GCBA censó tan sólo a 2.573 personas, dato que fue recusado por parte de organizaciones sociales por considerar que “subregistran” la situación. Consideran estas mismas organizaciones que hace años que la cifra de personas en situación de calle supera las 7.000 personas (dato coincidente que surge de los censos populares).
El Observatorio de Innovación Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presentó en mayo del 2022 una investigación a partir de una encuesta aleatoria en diferentes barrios porteños a 340 personas en situación de calle, donde se encontró con que el 85% de los entrevistados no quiere dormir en los paradores del gobierno porteño por temor a robos y a situaciones de violencia.
Se destaca del mismo que más del 75% de las personas aseguran tener síntomas de depresión, el 41% se encuentra con problemáticas de consumo de drogas y el 58% con consumo problemático de alcohol, mientras que los dispositivos no cuentan con herramientas suficientes para asistir a las personas en esta situación.
LA MISMA MALA ALIMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS EN PARADORES
Por estos mismos días la Ciudad de Buenos Aires se ve conmovida por la toma de más de veinte establecimientos de enseñanza, con reclamos que incluyen, entre otros, la mala calidad de las viandas alimenticias y los problemas de infraestructura edilicia que implican graves riesgos para la comunidad educativa.
Larreta y su equipo, en lugar de dialogar, amenazan e intentan amedrentar a la toda la comunidad educativa y, en nombre del presunto incumplimiento de las normas, intima a alumnos y a sus padres con patrulleros en sus domicilios durante la noche, e incluso con descabelladas e ilegales multas económicas.
Con total descaro la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, admitió ante los medios que no piensa discutir los cuestionamientos de fondo si persisten las tomas, aunque antes de las mismas tampoco aceptó jamás dialogar sobre los reclamos de estudiantes y docentes.
Claro, no hace falta investigar demasiado para determinar que algunas de las mismas empresas, a las que aquí denunciamos y cumplen un pésimo servicio de alimentos en las escuelas, también tienen asignados los paradores con idénticas quejas de mala calidad.
En cuanto a incumplimientos de las prestaciones alimentarias el Informe Ejecutivo de la AGCBA Nro. 9.20.04 “encontró desajustes en las compras y contrataciones durante la pandemia, en contradicción a lo establecido en la Ley 2095. Así, por ejemplo, en las licitaciones de la prestaciones alimentarias ganan siempre las mismas empresas (Friends Food y Teylem), con irregularidades en los pliegos, como la falta de la discriminación de un menú apto para menores de 5 años, e irregularidades en los gramajes de las viandas entregadas, incumpliendo con los valores calóricos necesarios”.
Respecto de los problemas de seguridad e higiene en la infraestructura también “se encontraron con incumplimientos de las condiciones de seguridad e higiene correspondientes a la infraestructura de los paradores propios y se encontraron con espacios que no son adecuados para los fines que se usan (por ejemplo, personas alojadas en lugares de tránsito)”.
Parece comprobarse que estas deficiencias y malos servicios, con las prestadoras de siempre, no constituyen la excepción sino la regla, en un gobierno, que tanto cuidado pone en las apariencias, descuidando cuestiones fundamentales. Mucho cartón pintado de amarillo y pocas nueces.
EL CÍRCULO VICIOSO EN LA ASISTENCIA A FAMILIAS VULNERADAS
La AGCBA realizó más recientemente una auditoría de gestión sobre el programa Asistencia a Familias de Alta Vulnerabilidad Social, más conocido como “Subsidio 690” en alusión al decreto que le dio origen. Sobre la gestión la AGCBA dice: “De los hallazgos del Informe de auditoría 9.21.03 (ver texto completo) nos encontramos con importantes informalidades en la planificación de dicha política pública que imposibilitan llevar un seguimiento efectivo de su impacto para resolver la problemática: el programa no cuenta con estadísticas, ni indicadores propios y hay inconsistencias en los registros de los beneficiarios. Este programa es la única política pública que plantea una solución habitacional transitoria para la población vulnerable. El subsidio consiste en una prestación económica mensual que en sus inicios se percibía durante 6 meses, en 2020 pasó a 12 meses y en la actualidad alcanza los 18 meses. La prestación económica tiene como fin ‘brindar atención a familias en situación de calle con la finalidad de mitigar la emergencia habitacional de los residentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires’. según lo dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No deja de ser una solución temporal y excluyente, en su mayoría se recurren a hoteles de familia, pensionados, los cuales reproducen situaciones de precariedad habitacional y hacinamiento, e imponen condiciones que excluyen, por ejemplo, a familias con menores. El acceso al subsidio se da a través de la presentación de documentación que acredite la situación y demuestre el pago de un alquiler, convirtiendo en engorrosos y excluyentes los trámites necesarios para acceder. En la descripción del programa, no se mencionan los cambios realizados en 2021 ni en la actualidad respecto al plazo máximo en que las familias perciben el subsidio, cuyo impacto presupuestario para 2022 se estima en $2.500 millones. Además se redujo el universo asistido pasando de 19.600 a 19.000 familias, lo cual no se condice con la evidente agudización de la problemática habitacional a partir de la pandemia. El monto mensual que perciben las familias es de $13.000 y aumentará a $20.313 a partir de octubre 2022″. Más claro, imposible.
La mayoría de las personas que pueden salir de la calle no suelen tener otra opción que ir a un hotel porque carecen de trabajo formal y no consiguen propietarios garantes con residencia en CABA, mientras que los dueños de los hoteles familiares conocen muy bien estas necesidades extremas y pueden comportarse de modo abusivo imponiendo condiciones precarias con precios excesivos en relación a las prestaciones.
Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre los desalojos en CABA, detectó que en el año 2017 más del 9% de los hogares se encontraban en hacinamiento (en las comunas 1, 8, y 9 supera el 20%) y durante el período que va del 2014 al 2019 se iniciaron 2029 juicios de desalojos (contabilizando sólo los desalojos formales).
En un verdadero círculo vicioso, volver a las calles implica en muchos casos, según los especialistas, una espiral descendente con los problemas recurrentes de seguridad, pérdidas de documentación, problemas de acceso a la atención médica y complicaciones por falta de domicilio estable para lograr vacantes escolares de los niños.
El informe de Auditoría 9.21.03 prosigue: “Tomando el precio promedio de un alquiler de 3 ambientes (70m2), que informa la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, para junio del 2022 este rondaba en los $88.869, siendo evidente que el monto que otorga el programa sólo permite acceder a soluciones habitacionales deficitarias, que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad”.
Se observa además que “el abordaje debe ampliarse también a familias en riesgo de situación de calle, tal como lo establece la normativa. Por otro lado, se advierten falencias de control interno que se mantienen desde hace más de 4 años, entre las que se destaca la imposibilidad de calcular la demanda real en relación a los subsidios otorgados. Dicho programa está lejos de brindar soluciones permanentes a la situación habitacional de familias que no tienen dónde vivir ya que incluso carece de un seguimiento que permita contar con información sobre la población asistida para garantizar mejores condiciones de vida a sus habitantes”.
CONCLUSIONES Y OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Las conclusiones del Informe Ejecutivo de la AGCBA Nro. 9.20.04 resultan lapidarias y recuerdan en detalle cuáles son las obligaciones del Gobierno de la Ciudad respecto de esta porción vulnerada y vulnerable de la población:
“A pesar del evidente aumento de la población en situación de calle y de los aumentos de problemáticas habitacionales vinculadas a la crisis de la pandemia, la atención para dicha población sigue siendo de las últimas prioridades del GCBA. La falta de recursos de dichos dispositivos, la falta de proyectos inclusivos, la falta de equipos multidisciplinarios, lleva a los mismos a convertirse en meros aguantaderos de dicha población.
Dentro de los motivos que llevan a cada vez más personas vivir en situación de calle en la Ciudad, se destacan el déficit habitacional, el desempleo, y las problemáticas de salud mental, las cuales no son realmente atendida por el GCBA, se requiere un abordaje integral de la problemática en estos tres niveles, con información que surja de la políticas llevadas adelante y que permitan realmente evaluar los resultados de dichas políticas.
El GCBA está obligado a brindar una respuesta integral para las personas en situación de calle o en riesgo de desalojo. Por el contrario, asistimos a una respuesta parcial, fragmentada, con múltiples irregularidades. Además, los paradores fueron creados para responder a situaciones de extrema emergencia en las que se garantice un techo a familias por un período corto y excepcional (inundaciones, incendios, etc.), pero constituye una violación de derechos humanos que sean usados en forma permanente como una solución habitacional, precaria y precarizante, respecto de la Ley N° 3.706.
En efecto, por esta ley, en relación a las personas en situación de calle, el GCBA tiene el deber legal de formular e implementar políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado. No se puede encontrar una política realmente efectiva del GCBA que logre incorporar a esta población a una vida digna y de derecho.
Finalmente destacamos que los dispositivos de atención para las personas en situación de calle dependen para cumplir con su mínima responsabilidad de contención, del compromiso y la empatía de los y las trabajadoras de los mismos, quienes se encuentran totalmente desprotegidos por la falta de acompañamiento de sus tareas por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA. Las políticas públicas no pueden quedar sujetas en su implementación al voluntarismo de las y los trabajadores”.
Cabe agregar además, como cierre y como cuestiones accesorias pero ineludibles algunos puntos más, tales como el análisis de la problemática específica de gente que habita en barrios vulnerables y que está en situación de calle; el acceso a la atención del SAME y la articulación con Desarrollo Social; los casos de violencia institucional reiterados que se registran y la integración de la perspectiva de género y los casos de discapacidad.
Pero sobre todo recalcar que sin políticas de fondo en materia de trabajo y acceso a viviendas con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el actual cuadro de situación seguirá persistiendo en CABA con todo su trasfondo de desigualdad deshumanizada.