MUCHO MÁS QUE UN PROBLEMA DE CONECTIVIDAD
Buenos Aires, 1ro. de septiembre de 2020
El rechazo del ministerio de Educación de la Nación al protocolo presentando por el gobierno porteño, que pretendía reabrir escuelas con clases presenciales para alumnos que hubieran perdido la conectividad, se produjo -casi simbólicamente- en la misma semana en que el presidente Alberto Fernández decretó “servicios públicos” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, congelando sus tarifas hasta fin de año. Dos paradigmas de Educación, uno excluyente y otro inclusivo, que reflejan distintos modelos de país.
En una misma semana, la que acaba de pasar, el gobierno nacional generó con el decreto 690/2020 “Argentina Digital” una poderosa herramienta igualadora de oportunidades en el acceso a la tecnología; mientras que el gobierno porteño, a través de la ministra de Educación del distrito, Soledad Acuña, insiste ante la decisión del ministerio de Educación nacional que rechazó los protocolos propuestos con políticas discriminatorias, que generan alumnos de primera y de segunda, debiendo éstos últimos -por falta de medios económicos- exponerse al contagio de coronavirus en clases presenciales en el peor momento de la pandemia (con el consiguiente riesgo para trabajadores docentes y no docentes de las escuelas públicas porteñas).
La información puede darse separada, de modo sesgado, como si tratara problemas puntuales, carentes de contexto, sin el valor agregado de una interpretación completa o puede analizarse en el marco de dos modelos de país y de educación diametralmente opuestos, que actualmente conviven: por un lado uno inclusivo impulsado desde el gobierno nacional y por otro, uno excluyente, propiciado, paradójicamente, por el distrito más rico de Argentina.
“A esta situación se llegó, ante todo, porque la gestión del PRO, según su cosmovisión, está convencida de que tales diferencias sociales tienen que existir; y es esta ideología la que ponen en práctica al reducir el presupuesto educativo porteño, el que en diez u once años bajaron diez puntos porcentuales. A eso se le suma que cuando Mauricio Macri fue Presidente desmanteló el Plan Conectar Igualdad, pues los primeros trabajadores y trabajadoras que despidieron de la cartera educativa nacional fueron los de ese sector; de ahí en adelante, dejaron de repartir computadoras, las pusieron en depósitos dejándolas obsoletas, situación de la que nos enteramos cuando llegó el nuevo gobierno nacional. La Ciudad de Buenos Aires acompañó, apoyó y profundizó el deterioro de cada política educativa de Nación durante el macrismo en la presidencia, y dejó a la deriva a miles de pibes y pibas que hoy no tienen herramientas para poder seguir las clases por Internet”, consideró Lorena Pokoik, legisladora del Frente de Todos (FdeT) y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña.
Precisamente el 31 de agosto el ministerio de Educación de la Nación anunció que 36 mil estudiantes secundarios de Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán y cuatro distritos del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirán en estos días netbooks y tablets que la cartera distribuye tras encontrarlos abandonados en un depósito del Correo, donde el gobierno macrista las dejó arrumbadas. A otra tanda similar de casi 40 mil dispositivos ya les fue actualizado el sistema operativo, que había quedado obsoleto y fueron repartidos en el norte del país y el conurbano bonaerense.
A diferencia de las millones de dosis de vacunas vencidas irrecuperables que dejó la gestión del exsecretario de Salud macrista, Adolfo Rubinstein, decenas de miles de dispositivos pudieron ser rescatados con una inversión razonable de la desidia y discriminación planificadas de sectores políticos que descreen abiertamente de la educación pública y de las medidas que tiendan a una real igualación de oportunidades como la que fomenta el Plan Conectar Igualdad.
“La idea que tiene la gestión de Rodríguez Larreta es igual o peor, en cuanto a pérdida de derechos adquiridos, a la de Macri, y lo que pasa con la Educación no escapa a eso.
La falta de vacantes en todos los niveles es el ejemplo más claro y evidente del vaciamiento y ajuste educativo pergeñado por el oficialismo porteño en todos sus años de gobierno, en 2020 hay más de 28 mil pibas y pibes que quedan excluidos de la educación pública de gestión estatal y la fórmula es fácil: si no construyen escuelas nuevas no van a sumar más vacantes. El rol que cumplen estas políticas educativas es tener una Ciudad de vecinas y vecinos desescolarizados o que se paguen sus estudios. Mercantilización de la educación y el que no puede termina convirtiéndose en mano de obra barata. Pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en cada lugar del mundo en el que implementan las misma políticas de ajuste en el sector”, analizó Pokoik.
El legislador del FdeT, Santiago Roberto, presentó la semana pasada un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad le entregue a los alumnos y alumnas de escuelas públicas, que no dispongan de computadoras, el equipamiento necesario para poder continuar con la educación a distancia, en el marco de la pandemia, en lugar de propiciar una presencialidad forzada que resulta discriminatoria y riesgosa.
El proyecto de Roberto propone que para financiar la compra de los dispositivos tecnológicos se utilicen los 379 millones de pesos que el Ejecutivo porteño tenía previsto erogar este año en concepto de pagos de intereses por títulos propios y que no fueron usados.
La iniciativa plantea la adquisición “de equipamiento informático nuevo y de tecnología, sistemas y aplicaciones adecuadas a su finalidad (similar o superior al modelo ‘Intel Dualcore Exo Led 10.1 Win7 160gb’) para su entrega a los mencionados alumnos, afectados a los programas de educación a distancia”, en el marco de la Ley de Emergencia Económica y Financiera vigente para el distrito.
“En este contexto, la denominada brecha digital se ha ensanchado y ha dejado al descubierto la falta de equipos y de conectividad que afecta a muchos alumnos y alumnas, principalmente a quienes viven en los barrios vulnerables”, se lee en las consideraciones.
“El 6 de abril, a quince días de la suspensión de las clases presenciales presentamos el proyecto de ley 703-D-2020 para ‘Garantizar el acceso inalámbrico gratuito a Internet a los barrios populares y complejos habitacionales’, que se encuentra en la comisión de Educación -y debería pasar luego por Presupuesto-, sin que el oficialismo lo haya puesto siquiera en tratamiento a pesar de nuestros reiterados reclamos. Lo hicimos sabiendo lo necesario de dar una respuesta urgente ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para que quienes viven en barrios populares y complejos habitacionales no quedaran desconectadxs de sus familias, de su trabajo, de la posibilidad de acceder a información y hacer trámites, así como también contar con Internet para la continuidad pedagógica”, contó María Bielli, legisladora del FdeT.
“Desde el bloque del FdeT, junto a otros bloques, se han presentado distintas iniciativas en este sentido, pero por decisión del oficialismo ninguno ha sido puesto en tratamiento. Hay proyectos para garantizar la libre navegación en las diversas herramientas utilizadas para el acompañamiento pedagógico, para el acceso a Internet a estudiantes de nivel superior, para ampliar la cobertura del servicio técnico del Plan Sarmiento, para la entrega de chips telefónicos y para la entrega de más dispositivos. Queremos poder discutir estos proyectos. Es necesario garantizar la conectividad de manera universal, comenzando por los barrios populares, para garantizar y ampliar derechos”, agregó Bielli.
En efecto, el FdeT también presentó iniciativas, en la misma semana del anuncio del DNU 690/2020 “Argentina Digital”, para buscar garantizar el acceso gratuito a Internet a los alumnos de todos los niveles y modalidades de educación pública de la Ciudad mediante la entrega de una tarjeta SIM de telefonía celular con tecnología 4G, precargada con 5Gb de capacidad de transmisión/recepción de datos por mes.
LO QUE DICEN Y LO QUE SON
“La frase ‘Vamos a ir a buscar a cada estudiante que no tenga computadoras a sus casas’, fue marketinera, la típica manera de torcer los argumentos de la gestión de Rodríguez Larreta. Le habló sólo a su electorado, porque en realidad lo que ellos propusieron fue que los alumnos y alumnas se trasladen a las escuelas para usar allí las computadoras. Lo ideal hubiera sido que realmente vayan a las casas de los estudiantes y les entreguen computadoras y garanticen la conectividad para que puedan revincularse con la cursada. Todos estamos preocupados y preocupadas para que esos pibes y pibas que no pudieron conectarse a Internet y perdieron todo vínculo escolar por responsabilidad del gobierno porteño, puedan volver a reconectarse, pero bajo ningún motivo se nos ocurre exponerlos a ellos, a sus familias y a los docentes y no docentes en medio de una pandemia”, explicó Pokoik.
Un análisis del discurso engañoso digitado desde la cartera de Educación porteña que conduce Soledad Acuña debe desenmascarar la táctica de una presunta preocupación “uno por uno” de los estudiantes “desconectados” (aproximadamente seis mil sobre una matrícula solamente de nivel primario cercana a los 165 mil alumnos y alumnas) cuando en realidad discriminan a los que no tienen conectividad: lo que representa apenas una consecuencia de causas más profundas, tales como la desinversión en materia educativa y la existencia de derechos previos no garantizados.
Ejemplos de “hacerse el otro”, derivando responsabilidades propias en los demás, abundan en las filas macristas como el del entonces ministro de Educación de la Nación y ahora senador, Esteban Bullrich (el del simpsoniano cartón pintado sentado en la banca virtual), cuando dijo, durante el “MiniDavos” del CCK en septiembre de 2016, que había que apuntar en Educación a generar “creadores de empleos” como Marcos Galperín, por un lado, y, por otro, a “crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que no saber lo que viene es un valor”.
Sinceridad brutal y eufemismos en estado PRO puro para exponer una ideología mercantilista, de sistema de castas y vulneradora de derechos sociales y laborales, que necesariamente debe ser analizada y denunciada como tarea política en defensa de los intereses populares.
“En el ámbito educativo y particularmente en la Ciudad más rica del país, es decir con mayor presupuesto por habitante, se ve reflejado a lo largo de estos años un escenario en disputa. La afirmación de la educación como derecho social conlleva el reconocimiento de los pueblos, de cada comunidad, como sujetos de derecho. Y este reconocimiento determina, para cualquier proyecto educativo, un objetivo estratégico: la democratización de la educación. La idea de educación como un derecho social se encuentra a lo largo de la historia en confrontación con el concepto neoliberal de la educación vista como una mercancía, visión que responde a una concepción neoliberal y tiene su correlato en un proyecto político, que entiende que el conocimiento no es un bien social al servicio de un modelo de país basado en la equidad distributiva, sino por el contrario, un bien que debe estar al servicio de las necesidades del mercado”, analizó Pokoik.
El ministerio de Acuña mostró otra formidable acrobacia retórica al afirmar que “la suspensión de clases contribuyó mucho a aumentar la autonomía escolar”. Elegancia victoriana para describir lo evidente para tantos estudiantes y padres, que fue que en muchas escuelas se arreglaron cómo pudieron ante la total ausencia de orientaciones específicas y políticas desde la gestión educativa porteña.
En el comienzo de la cuarentena fueron denunciadas las viandas insuficientes y hasta con productos en mal estado, en un círculo recurrente en el que resultan perjudicados siempre los mismos sectores más invisibilizados de la Ciudad y los habitantes de los barrios populares, que son nuevamente a los que se quiere forzar a una peligrosa y discriminatoria “presencialidad”.
“Desde el peronismo contraponemos el punto de vista del carácter social de los derechos que hace eje en la idea de un Estado presente, cuya obligación fundamental es garantizar efectivamente al conjunto de la ciudadanía, el acceso a esos derechos posibilitando a todos y a cada uno su materialización y reconocimiento. La educación es necesaria para que todo ciudadano y ciudadana participe de manera soberana en la esfera de lo público; transformada en derecho social y efectivizada resulta principio y condición de igualdad y equidad”, dijo Pokoik.
ACCESO A INTERNET: DERECHO ESENCIAL O PURO NEGOCIO
La Ciudad de Buenos Aires tiene en términos de rentabilidad para las empresas la mayor cantidad de usuarios posibles para su red en la menor cantidad de metros cuadrados, es decir, la densidad poblacional favorece enormemente las ganancias de las empresas que prestan servicio. A diferencia de otros lugares de nuestro país, CABA tiene una posición muy favorable para garantizar la conectividad, sin embargo, ni siquiera en este contexto de pandemia y aislamiento se tomó la decisión de avanzar en tal sentido y garantizar estos servicios, que ahora por decisión presidencial fueron elevados a la categoría de “esenciales”.
Con respecto a lo tecnológico, CABA cuenta con una red de fibra óptica propia que según sus datos oficiales no deja ningún punto de la ciudad a más de 500 metros del tendido. Además, ya posee algunos pocos puntos de acceso wifi en algunos barrios populares y por lo tanto, lo que faltó cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue la decisión política de ampliar esos puntos y proveer de Internet a aquellos hogares donde el mercado solamente les propone una solución cara, mala e insuficiente.
“En cuanto al panorama técnico y la falta de acceso a conectividad se dan dos grandes casos en la Ciudad. Por un lado los barrios populares, en los que muchas veces las grandes empresas de telecomunicaciones, ya sea de Internet por cable o por par de cobre (tecnología DSL) no llegan. En estos casos, en algunos barrios populares, cooperativas o pequeñas empresas empiezan a brindar el servicio pero aún de forma muy incipiente y con costos de interconexión altísimos fijados por las empresas dominantes del sector. El resultado de esto es que los habitantes de los barrios populares utilizan la telefonía móvil para navegar, pagando el precio de la conexión y los datos mucho más caro que en los otros barrios de la Ciudad y por un peor servicio”, explicó Bielli.
“El otro caso de falta de acceso se da en barrios que están pasados por las redes de las grandes empresas prestadoras pero que por el precio del servicio resultan inaccesibles a aquellos hogares de bajos y medios ingresos. Este caso es atendible con la regulación de los precios del servicio y la prestación básica universal que traerá el Decreto 690/2020, pero en el primer caso que describía sigue siendo necesario que la Ciudad se ponga al frente de la prestación del servicio”, agregó.
A través del Decreto 690/2020 el Estado tiene que ser consultado sobre futuros aumentos de precios que pretendan las empresas de telecomunicaciones. Asimismo se ordena un congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, se ordena la prestación como un servicio básico universal. Esto último tiene que ver con que las empresas están obligadas a poder llevar Internet a lugares que actualmente no cubren y a poner una prestación básica con una tarifa social. A partir de ello, los lugares por los cuales pasa la red pero no están conectados podrían acceder a esta tarifa mínima que resultará regulada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
POR UNA REAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El Gobierno de la Ciudad podría haber respondido a la suspensión de clases presenciales destinando una mayor cantidad de recursos a la entrega de dispositivos a los y las estudiantes y decidió dar una respuesta mínima. “Nuestras vidas están más atravesadas que nunca por la mediación de programas, dispositivos y conectividad, por lo que se requiere de un rol activo y presente del Estado para generar caminos de igualdad que reduzcan la brecha digital existente. Las computadoras no pueden ser bienes de lujo, sino que deben ser objetos personales que garanticen derechos. Por ello es central que el Estado entregue computadoras a cada estudiante y docente”, analizó Bielli.
“Sin embargo el Plan Sarmiento que entregaba netbooks a estudiantes de primaria, decidió hace cuatro años demorar la entrega de los dispositivos de 1ero a 4to grado del nivel primario. A esto se sumó que durante la gestión de Macri se anuló el Programa Conectar Igualdad, mediante el decreto 386/2018, con el argumento que ya un alto porcentaje de niñes tenían computadoras y, los que no, tenían celular, sin considerar que estos dispositivos cumplen funciones diferentes. Esas decisiones llevaron a que en el marco de la suspensión de clases presenciales, miles de estudiantes no contaran con dispositivos en sus casas para garantizar condiciones adecuadas para su continuidad pedagógica. Porque si el Estado no entrega dispositivos, tenerlos o no tenerlos depende de las familias. Lo mismo ocurre en relación a la conectividad, que tampoco garantiza el Gobierno de la Ciudad. De este modo se ven más claramente las consecuencias de un modelo de ciudad profundamente desigual”, explicó la legisladora.
“La UniCABA, la Secundaria del Futuro, y hasta el nombre completo de la cartera educativa porteña que es ‘Ministerio de Educación e Innovación’, reflejan un maquillaje con nombres estruendosos, como los que les ponen a sus programas y planes. Mientras en la letra chica hay un vacío absoluto de contenidos: ¿Secundaria del Futuro? ¿De qué futuro hablan si no puede garantizar 5000 computadoras ni conexión a sus estudiantes? ¿Ministerio de Educación e Innovación? ¿Innovación? Cuando no hay nada nuevo sino viejas recetas basadas en el ajuste y el vaciamiento educativo. Las consignas publicitarias en CABA dejan al desnudo el contrapunto entre lo que tendrían que ser, moral y éticamente, y lo que realmente son y hacen”, concluyó la legisladora Pokoik, por su parte. .
La educación permite igualar oportunidades y requiere por lo tanto una fuerte inversión pública. Se necesita garantizar vacantes en todo el sistema educativo, seguir revalorizando la tarea y la formación docentes, fortalecer la educación técnico-profesional para afianzar el vínculo entre educación y trabajo. Pero también la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de toda la sociedad y aportar a la construcción de soberanía: como muestra de ello tenemos el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B esta semana, que es motivo de orgullo para todo el país. Las universidades nacionales tienen reconocimiento a nivel mundial y se necesita seguir afianzando la producción del conocimiento científico y tecnológico que allí sucede, fomentando las mejores herramientas de acceso al conocimiento desde los primeros niveles de manera igualitaria.
Por último, más allá de las políticas públicas para construir caminos de mayor desarrollo y justicia social se requiere, con activa participación estatal, fortalecer las instancias de concertación, como comunidad organizada, con quienes construyen la escuela: docentes, no docentes y sus organizaciones sindicales, familias y las redes comunitarias barriales que cumplirán un rol central en una etapa de recuperación del tiempo perdido y los derechos avasallados de manera uniforme durante los últimos cuatro años.