La marea verde y una deuda social
El 8 y 9 de marzo las calles de todo el país y del mundo son escenario de una de las movilizaciones más multitudinarias y crecientes de los últimos tiempos: la marea verde y feminista. En conmemoración del día Internacional de la Mujer Trabajadora, se hace presente un variado pliego de reivindicaciones y reclamos por los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Sin embargo, en estas breves líneas nos queremos detener en un reclamo que consideramos básico y que se escucha cada vez más fuerte: ¡PAREN DE MATARNOS!
En Argentina, en los cortos meses de este año ya ocurrieron 68 femicidios – según el Observatorio “Ahora que si nos ven”- de los cuales cinco fueron en los primeros días de marzo. Un femicidio cada 23hs. A ello se suma, que el día de ayer encontraron el cuerpo sin vida de Fátima Acevedo, desaparecida desde el 1° de marzo, quien había denunciado reiteradas veces a su ex pareja y padre de su hijo. La violencia hacia las mujeres por el sólo hecho de ser mujer, es un problema social latente. La situación demanda políticas integrales de prevención y atención que subsanen esta enorme deuda social.
Si hablamos únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, sólo en Enero 2020 durante la feria judicial la OVD (Oficina de Violencia Doméstica) dependiente de la Corte Suprema de Justicia atendió a 1496 personas de la Ciudad, en la que un 59% fueron mujeres adultas y 18% niñas y adolescentes. En 2019 esta oficina recibió en total 12.457 casos, la cifra más alta en sus once años de creación.
¿Qué pasa con los espacios de atención dependientes del Gobierno de la Ciudad? En la Ciudad faltan políticas integrales y presupuesto para estar a la altura de estas cifras. La Dirección General de la Mujer (DGM) encargada de brindar asistencia a mujeres, niños, niñas, niñes y adolescentes en situación de violencia y promover la igualdad de trato y oportunidades entre los distintos géneros, como señalábamos en un informe del año anterior, recibe una partida presupuestaria excesivamente menor que por ejemplo lo que se destina para la reparación compulsiva de veredas.
Además de tener otras prioridades, el porcentaje destinado a la DGM es el mismo año tras año; y si lo comparamos con el porcentaje respecto al total de lo que recibe el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es una proporción menor respecto al año anterior.
De la DGM dependen los Centros Integrales de la Mujer (CIM) que son centros de atención de la violencia doméstica y sexual, estipulados por la Ley N° 5.466 sancionada en el año 2015 que prevé como mínimo 1 CIM por Comuna –meta que se llegó a cumplir recién el año pasado- y establece que se debe llegar a tener 1 CIM cada 50.000 habitantes. Como señalamos en el informe anterior, de todos los CIM que funcionan actualmente, ninguno está abierto las 24 horas y los horarios de atención son acotados. Por ejemplo el CIM de la comuna 8 donde habitan 97.692 mujeres (censo 2010) funciona de 8.30 a 15.30 hs. Se trata de un horario dificultoso para las mujeres que cumplen horarios laborales o tienen familiares a cargo.
Además, cabe señalar que por lo menos 5 del total de los CIM son de gestión asociada, es decir que se encuentran a cargo de ONG´s o asociaciones civiles que realizan convenios con el Estado. Bajo esta modalidad, el Estado transfiere un monto inicial para adecuación edilicia y equipamiento, y luego un monto fijo mensual para el funcionamiento del mismo. Más allá de que se pueda discutir la responsabilidad del Estado de optar por tercerizar estos espacios de atención, el principal problema que encontramos es la no existencia de un criterio de atención homogéneo para todos los CIM, que por ejemplo se ven reflejados en que cada lugar tiene horarios de atención distintos. Asimismo, cada asociación es responsable de emplear a su personal, por lo cual queda librado a los criterios de cada espacio y no a una política integral.
Luego de la atención primaria en los CIM, en la Ciudad actualmente funcionan tres refugios, pero el refugio “Mariquita Sánchez”, es el único específico para mujeres en situación de violencia de género, que brinda alojamiento transitorio y seguro para mujeres (con o sin hijos/as, únicamente se permite hijos varones de hasta 12 años) que atraviesen una situación de violencia de alto riesgo; Además el GCBA cuenta con las “Casas de Medio Camino” (“Juana Manso” y “Margarita Barrientos”) donde se recibe a mujeres que han sido alojadas en los refugios. Sin embargo, las mujeres que transitan estos espacios no cuentan con una política formal que solucione su situación habitacional o laboral, si tenemos en cuenta que muchas de las que escapan de situaciones de violencia en sus hogares no tienen trabajo estable -o dependían económicamente de su agresor-, ni cumplen los requisitos para acceder al alquiler de una vivienda.
Si bien estos espacios con las falencias marcadas existen, queda por preguntarse: ¿Cuál es la articulación entre la línea de atención telefónica 144 y los organismos que funcionan en la Ciudad? ¿Qué programas existen o se pueden elaborar que permitan realizar un acompañamiento a la persona desde las primeras consultas o denuncia en los CIM o línea telefónica? ¿Son suficientes las herramientas del GCBA que existen hoy para las mujeres en situación de violencia?
La respuesta no sorprenderá. Podemos señalar que una de las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de realizar una denuncia es el patrocinio jurídico, limitado y difícil de solicitar, donde la persona en situación de violencia debe sostener por sí sola todo el proceso de denuncia y se le solicita que gestione ella misma el seguimiento de las medidas civiles.
También las prestaciones en torno a los botones antipánicos es muy deficiente como lo demostró la muerte de Carla Soggiu en el barrio de Nueva Pompeya, que puso en evidencia las deficiencias de las licitaciones y la falta de control, dado que no funcionó el GPS, y demostró que el equipo de operadores del 911 no está capacitado para acompañar a las víctimas.
Finalmente, son escasas las políticas que no se focalicen en situaciones denunciadas o en curso, demostrando la falta de políticas integrales que sean encaradas desde la prevención.
Si tenemos en cuenta la cantidad de mujeres que habitan la ciudad y las estadísticas sobre violencia de género, los dispositivos de asistencia con los que cuenta la Ciudad no están articulados, no son suficientes, ni están a la altura de las demandas actuales.