LA CALLE NO ES UN LUGAR PARA MORIR
Buenos Aires, 22 de julio de 2020
El fallecimiento por causas evitables de al menos seis personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la pandemia de coronavirus, volvió a poner el foco sobre una problemática histórica. Una medida judicial de protección cautelar intimó a acciones específicas al gobierno porteño, mientras existen fuertes diferencias sobre el real alcance de la emergencia entre funcionarios, legisladores opositores y organizaciones sociales que trabajan por los derechos de los sin techo.
“La Ciudad de Buenos Aires, la más rica y con más presupuesto del país, se transformó en la más injusta. La pandemia dio visibilidad y profundizó la desigualdad distributiva al ampliar la brecha entre ricos y pobres en una situación de crisis mundial. Esto obliga a repensar las políticas públicas, a redistribuir los presupuestos y recursos en función de priorizar la vida y la atención de la Salud en emergencias que vienen desde antes como la de las miles de personas en situación de calle”, dijo Lorena Pokoik, legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura porteña.
El sábado 4 de julio poco después de las 23 horas una persona en situación de calle falleció carbonizada, tras ser prendida fuego mientras dormía bajo la autopista, en Virrey Cevallos entre San Juan y Cochabamba: un cachetazo a la conciencia colectiva, que sigue en investigación bajo la carátula judicial de “muerte dudosa”.
El crimen de la mujer tuvo dos antecedentes similares en 2019 de ataques por odio, con dos personas prendidas fuego en Mataderos en mayo y el ataque a una familia completa, en octubre, en Boedo: una vieja casa rodante estacionada, en la que dormían dos adultos con sus 8 hijos, fue rociada con nafta y calcinada. Ambos hechos, por mera fortuna, terminaron sin víctimas fatales.
La pared tiznada debajo de la autopista marca el final anónimo y brutal de alguien que padeció el drama de vivir a la intemperie, situación endémica en la Ciudad. Los otros cinco fallecimientos más recientes tuvieron como denominador común los desalojos compulsivos, el desamparo por la ausencia del Estado y se sucedieron en un lapso de tres meses, en medio del actual contexto de aislamiento y pandemia.
La Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle lo expuso, al conocerse la última muerte, en un visceral comunicado público: “El 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. El 7 de junio fue Leonardo Macrino, quien sufría un padecimiento mental y fue desalojado enfermo de un hotel del barrio de Montserrat, y amaneció muerto sobre la vereda en la esquina de Luis Saénz Peña y Chile. A los pocos días fue Sergio, a quien sus compañeros de ranchada encontraron sin vida, tenía 63 años y dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria. El 27 de junio fue Dimitri, un señor de origen serbio que paraba en Av. Caseros y Lavardén, en Parque Patricios; fue trasladado por una ambulancia del SAME conseguida por vecinos y vecinas y falleció a las pocas horas en el Hospital Penna. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, fue desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra, donde vivía, con lo que quedó en situación de calle y perdió su vida”.
“Desde el 30 de mayo se produjeron en la Ciudad al menos seis muertes por causas evitables de personas en estado de vulnerabilidad. Un incremento impresionante desde el año pasado, mientras que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue sin brindar detalles de la ejecución presupuestaria para lo que debe ser un área esencial como es ésta en medio de una emergencia sanitaria”, explicó Juan Facundo Martínez, director de la Comisión presidida por Pokoik en la Legislatura Porteña.
El 5 de julio de 2020, el Juez de 1ra Instancia en el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario Nro. 13, Guillermo Scheibler, dictó una resolución haciendo lugar a un pedido de medida cautelar sobre la atención integral a personas en situación de calle y en hogares y paradores de CABA frente a la pandemia, bajo apercibimiento de fuertes multas diarias por incumplimientos.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la ministra María Migliore, prometió brindar una proyección presupuestaria para la emergencia para personas en situación de calle ante la Legislatura porteña, sin haberlo cumplido hasta el momento de esta publicación.
El denominado “Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de COVID-19 en un Hogar o Parador transitorio para personas en situación de Calle – CABA”(1) recién resultó publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad esta semana, cuatro meses después de iniciada la emergencia nacional.
MARCADAS DIFERENCIAS DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta centra el manejo de las personas en situación de calle en el programa Buenos Aires Presente (BAP), vinculado a la línea 108, en el que afirma contar con “40 equipos integrados por asistentes y personal especializado y trabajadores y trabajadoras del GCBA reasignados a distintas tareas y voluntarios” (2).
“En la práctica comprobamos que estos equipos en decenas de intervenciones no cuentan mínimamente con personal idóneo, pese a la buena voluntad de los trabajadores en general derivados de otras áreas, con los consecuentes riesgos para todos los involucrados que implica el abordaje a personas con problemas de salud, consumos problemáticos o problemas mentales agravados por el desamparo”, explicó Martínez.
En tanto el gobierno porteño, en el marco del BAP, asegura disponer de 43 dispositivos o Centros de Inclusión abiertos las 24 horas diarias, 32 permanentes, 8 nuevos para la actual cuarentena, dos para personas mayores (Uspallata y Beñalbo) y uno dedicado al Operativo Frío (Roca III): un total de 2099 plazas permanentes y 1280 nuevas, concluyendo 3379 lugares.
“En cuanto a la cantidad de plazas que afirma tener el gobierno les planteamos que deberían contabilizar menos de la mitad como efectivas dadas las actuales restricciones de distanciamiento impuestas por el Covid-19 y sus protocolos. Por ejemplo, el 12 de mayo pasado de los 188 contagios verificados, 79 se dieron todos juntos en un parador para personas sin techo en Retiro con condiciones inadecuadas y de hacinamiento”, recordó Martínez.
El segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por más de 50 organizaciones sociales en mayo de 2019 determinó en el ámbito de CABA 7251 personas en estas circunstancias: un incremento de 23,5% respecto de la primera medición de este tipo realizada dos años antes. La misma encuesta planificada para este año no pudo llevarse adelante debido al aislamiento social decretado el 20 de marzo pasado, pero las organizaciones participantes coinciden en estimar que el número aumentó considerablemente.
El relevamiento popular del año pasado determinó que, sin pandemia, el total de personas sin techo en la Ciudad ascendía a 5.412 que vivían en plazas, umbrales de edificios o directamente en veredas, una cifra que representaba a la mayoría de las personas en situación de calle -el 73%-, mientras que 641 (9%) dormían en paradores del gobierno porteño y otras 1340 (18%) en otros establecimientos que alojan a personas en situación de calle.
Las autoridades porteñas desconocen oficialmente estas estadísticas y alegan “diferencias de procedimientos”. Los datos que brindan el subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato, Maximiliano Corach, o Javier Salas Bulacio, jefe de gabinete de la ministra Migliore son impugnados por las organizaciones sociales por pretender de modo permanente “dibujar a la baja” el número de personas que viven en las calles porteñas.
“Al estallar la pandemia este ejército de personas recibió como otro imposible en sus vidas el mensaje sanitario ‘quedate en casa’. De hecho se produjo desde el mes de abril un crecimiento de la cantidad personas en situación de calle en la Ciudad, ya que a personas solas o a familias enteras los subsidios habitacionales no les cubren el total del costo de los hoteles y al cerrarse todo tipo de acceso a ingresos informales, se quedaron sin recursos adicionales”, explicó la especialista en el tema Mónica Farías, becaria posdoctoral del Conicet y docente de Geografía de Filosofía y Letras, en un reciente informe del OUBA (3).
“Como contingencia el GCBA habilitó paradores que se utilizan solamente en época invernal pero éstos no dan abasto y muchas personas en estado de vulnerabilidad prefirieron ‘cuidarse’ en las calles con los riesgos que esto implicaba debido a malas experiencias previas a repetición y con denuncias de tratos arbitrarios por parte de fuerzas policiales al exigirles permisos de circulación”, añadió Farías.
Martínez, desde la experiencia en la Legislatura, coincide con estos conceptos y agrega: “Falta verdadera voluntad política para hallar soluciones de fondo y existe una marcada tendencia al ocultamiento de la realidad por parte de los funcionarios. Estiman apenas en poco más de mil las personas en situación de calle, sin aclarar jamás en las reuniones, que son meramente informativas, cuáles son sus presuntas ‘diferencias metodológicas’ de medición respecto de las nuestras y las de las organizaciones expertas. Sus propios números oficiales contradicen lo que sostienen pues reconocen a más de dos mil personas albergadas actualmente en sus dispositivos y aparte concedieron 1245 subsidios habitacionales, para los que se requiere estar en situación de calle ‘efectiva’, además de una maraña de requisitos burocráticos”.
PROPUESTAS PUNTUALES DESDE LAS CALLES
Las cifras oficiales del gobierno porteño más que triplican las que también reconocen, al mismo tiempo, oficialmente como personas en situación de calle. La Ley 3706 de la Ciudad votada en 2010 y terminada de reglamentar tres años más tarde considera en riesgo y en situación de calle “a mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas (internadas en psiquiátricos, en hogares para menores sin control parental o bajo control de otros organismos estatales) o alojadas en hoteles”.
Funcionarios porteños convocaron a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, el 6 y 23 de junio últimos a reuniones de las que participó la legisladora Pokoik, como presidenta de la Comisión de Promoción Social de la Legislatura Porteña, y también representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y referentes de Caritas, así como de la Iglesia Evangélica.
Entre los puntos críticos sobresalientes que le fueron expuestos directamente al GCBA se destacan:
- El no cumplimiento la ley 3706 por falta la voluntad política para implementarla con sus partidas presupuestarias correspondientes.
- Necesidad de equipos interdisciplinarios en la acción de Buenos Aires Presente (BAP).
- No existen dispositivos dependientes del GCBA que alojen a familias, excepto que se les otorgue el subsidio habitacional. No hay política específica al respecto.
- Preocupación por las personas en situación de calle de tercera edad, que corren con más riesgo.
- Preocupación especial por las infancias y adolescencias. La Asamblea por las infancias y adolescencias de la Ciudad de Buenos Aires (APIABA) denuncia la situación de emergencia que se encuentran atravesando los dispositivos que forman parte del circuito de atención de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
- Potenciar los dispositivos de Salud mental y las problemáticas de consumo.
- Declarar Estado de emergencia sanitaria, ya que las personas sin techo al día de hoy no pueden ducharse pues los baños públicos y de locales están cerrados.
- Problemas con la documentación.
- Problemática específica de gente que habita en barrios vulnerables y que están en situación de calle. Poner en agenda quienes están en barrios vulnerables y además en situación de calle.
- Problemas de asistencia alimentaria y de medicamentos.
- Problemática con el sistema de salud: la atención del SAME y la falta de articulación con Desarrollo Social. Tema de ingresos a dispositivos en los que la gente sale por alguna cuestión y después les cuesta volver a ingresar. Protocolos de sectores de aislamiento dentro de los dispositivos.
- Problema de violencia institucional: desalojos violentos de ranchadas y realización de actas por no cumplir aislamiento.
- Pensar el problema de la gente en situación de calle desde una perspectiva de género. Pensar en la pandemia las soluciones habitacionales y no solamente los hoteles y los polideportivos que se puedan abrir. Falta de planes integrales de vivienda.
- Falta de políticas públicas que contemplan a las personas con discapacidad en situación de calle. Respecto a los dispositivos y a los protocolos de intervención de estos dispositivos no se está contemplando las personas con discapacidad.
- Dejar de pensar en el binomio dispositivo de alojamiento-subsidio habitacional que es insuficiente. Incorporar la variable trabajo y vivienda como parte de las políticas integrales de la Ciudad.
EL CÍRCULO VICIOSO DE LOS INVISIBILIZADOS
La mayoría de la gente que puede salir de la calle no suele tener otra opción que ir a un hotel porque carece de trabajo formal y no consigue propietarios garantes, mientras que los dueños de los hoteles familiares conocen estas necesidades extremas y pueden comportarse de modo abusivo imponiendo condiciones precarias con precios excesivos en relación a las prestaciones.
Por ejemplo, los subsidiados, que reciben actualmente hasta 5.000 pesos por mes de ayuda estatal para cubrir, apenas parcialmente, el pago de un alquiler de habitaciones en casas u hoteles, a veces tienen acreditados los depósitos fuera de las fechas de pago y cuando no llegan a cubrir la diferencia de los precios de mercado (como en la paralización de trabajos informales por el ASPO) se ven obligados a retornar periódicamente a la calle. Se registraron desalojos en la Ciudad, aún en situaciones de emergencia como la de la actual pandemia: un verdadero círculo vicioso, un sistema perverso de marginación complicado de superar.
Volver a las calles implica en muchos casos, según los especialistas, una espiral descendente con los problemas recurrentes de seguridad, pérdidas de documentación, problemas de acceso a la atención médica y complicaciones por falta de domicilio estable para lograr vacantes escolares de los niños.
“Hace falta que el oficialismo comprenda el alcance de los términos concertación y diálogo, que venimos proponiendo desde el peronismo, y no es algo que se pueda simular o aprender en un ‘coaching’, sino que es la capacidad de poder ceder algo y que la otra parte haga lo mismo para lograr algo más importante que lo que había antes”, explicó Pokoik.
“Propusimos leyes y políticas públicas que le pedimos al oficialismo acompañe en la Legislatura. Desde el Frente de Todos intentamos ser parte de la solución, siendo la primera minoría, no nos quedamos en la denuncia, tenemos decenas de proyectos presentados, sabemos cómo hacerlo tal como lo demostramos a nivel nacional. Conocemos los presupuestos y las complejidades que implica la Ciudad de Buenos Aires y creemos que podemos evitar muchas muertes innecesarias como las de las personas en situación de calle de estos últimos meses. La injusticia social se lleva mucho más vidas que la pandemia, por eso estamos a tiempo, si el Gobierno de la Ciudad reflexiona sobre gran parte de las políticas públicas dejando de lado la categoría neoliberal que distingue entre ciudadanos de primera y de segunda”, concluyó.
(1)- https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:aad9a306-8e20-4c06-9577-9a5df59d9a95
(2)- https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/buenos-aires-presente-bap
(3)- http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/documentos/Informe%20OUBA%20-%20Covid%2019%20DIFUSION.pdf