IRREGULARIDADES EN LA RELOCALIZACIÓN DE LA VILLA 20
Por Andrés Cárdenas
La Ciudad de Buenos Aires nunca duerme y tampoco da tregua: el Informe Final de Auditoría con Informe Ejecutivo del Proyecto Nº 5.18.08 REINTEGRACIÓN INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE VILLAS- VILLA 20 relevó las obras para este asentamiento informal porteño en 2017 y ya entonces encontró serias irregularidades en las tareas para la urbanización de las villas que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se había comprometido a llevar adelante desde el año 2016.
El citado relevamiento en el siempre postergado sur de la Ciudad fue realizado por la Auditoría General de la CABA (AGCBA), a cargo de la doctora Mariana Gagliardi, y documentó “la falta de planificación y organización que tiene el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), sumado a la ausencia de pautas de control y cumplimiento y un deficiente rol de supervisión de las obras en el denominado barrio ‘Papa Francisco’”, según consta en el resumen del informe completo.
La Villa 20 es un asentamiento informal en proceso de urbanización ubicado más precisamente en el barrio de Villa Lugano, en la Comuna 8. En noviembre del año 2016 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley de urbanización y zonificación con el objetivo de integrar a la villa como un barrio más. Este asentamiento se encuentra en el predio delimitado por las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, avenida Escalada, avenida Fernández de la Cruz, avenida Larrazábal, Barros Pazos, Larraya, Ordóñez y Miralla.
El IVC es el responsable de llevar adelante la reintegración de las villas y asentamientos en la Ciudad, sin embargo lo que se destacó en la tarea de relocalización de la Villa 20 fueron las graves deficiencias que tiene a la hora de brindar una solución a aquellos vecinos que habitan en barrios vulnerables.
Dentro del IVC se desarrollan programas como el Programa 140 de radicación, integración y transformación de villas, que tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de los habitantes de barrios precarios, tal es el caso del barrio “Papa Francisco”, en el cual este programa en particular abarca un total de 1702 viviendas y 95 locales, de los cuales se auditaron las obras correspondientes a 1038 viviendas y 58 locales.
Para tener una idea cabal de la importancia de las obras el citado Programa 104 poseía un presupuesto para el año 2017 de $ 2.093.467.690, del cual la Villa 20 representaba el 96,32% del total.
Según datos oficiales brindados por el censo del IVC del año 2016 la población de la Villa 20 se aproximaba entonces a los 30 mil habitantes (más que muchas localidades del interior del país), sobre un total estimado para CABA de 2.890.151 habitantes, y al mismo tiempo representaba el 15% del total de los vecinos y vecinas de la Comuna 8:
La cronología de la evolución del marco legal más reciente para los asentamientos informales de CABA en general y para la Villa 20 en particular -que implica un compromiso tomado y no cumplido de manera cabal por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta- se describe en el siguiente cuadro:
AMIGOS SON LOS AMIGOS: EMPRESAS CONTRATADAS Y A LA VEZ APORTANTES DE CAMPAÑA
En su propio análisis, resumido y comentado, la AGCBA desgrana contundentes datos sobre las empresas participantes, que se acercan bastante a la existencia de un posible conflicto de intereses y con certeza a un manejo opaco de los fondos públicos destinados al Programa 140. Los profesionales de la Auditoría dicen:
“Las obras se adjudicaron a tres empresas: Conorvial SA, Green SA y Riva SA, que tienen larga trayectoria de contratos con el Gobierno de la Ciudad, tanto en la construcción de barrios, como en la construcción de infraestructura (rutas y puentes, entre otras) y que además, dos de ellas, son aportantes asiduas de las campañas electorales de Juntos por el Cambio.
La empresa Conorvial S.A. fue la elegida durante la presidencia de Mauricio Macri, para remodelar la Casa de Gobierno y si bien la oferta realizada en la licitación fue la más baja de quienes se presentaron, los $255 millones de pesos de costo superan en un 13% al presupuesto que figuraba en el pliego. Ricardo López Casanegra es vicepresidente en Conorvial S.A., quien además de ser el segundo gran beneficiado con las licitaciones de las obras en la Ciudad de Buenos Aires -el primero es el compadre del expresidente Macri, Nicolás Caputo-, aportó $200 mil al PRO en las elecciones de 2015. Vista a la distancia, sin dudas una inversión redonda.
Por su parte, Riva S.A. también es una de las preferidas del PRO, que por la obra del Metrobus de la 9 de Julio fue denunciada por un supuesto sobreprecio de $200 millones; junto a Niro Construcciones S.A acercaron unos $500 mil en forma oficial al balance del PRO en 2015.
Green SA es una de las firmas que fueron beneficiadas con los cuestionados y ahora derogados Contratos de Participación Público-Privada para realizar obras viales durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, la gestión macrista creó el sistema de Participación Público – Privada (PPP) para la construcción de 3.400 kilómetros de autopistas y rutas, de los que solo se ejecutaron un 2% durante dos años. En el año 2020, el Gobierno Nacional, de común acuerdo con todas las empresas intervinientes, rescindió los seis contratos PPP, cuyo costo en dólares iba a ser el triple del que correspondía.
En los papeles Green SA es una empresa de Carlos Arroyo y Carlos Amprino que llegó a ocupar el primer puesto entre las contratistas porteñas. A pesar de enfrentar pasivos por u$s70 millones, se siguieron entregando contratos a esta firma que además plantó a proveedores con deudas millonarias en la obra del Paseo del Bajo y en el Viaducto San Martín”.
Desde las páginas de la sección Urbanismo y otros documentos de Proyectar Ciudad venimos denunciando durante años esta opacidad y arbitrariedad de los malos manejos del Gobierno de Larreta -con el apoyo de su mayoría circunstancial en la Legislatura- en estas cuestiones. Manejos potenciados con discrecionalidad y fondos multimillonarios durante el período presidencial de Macri, de los que la relocalización de la Villa 20 y la urbanización del Barrio Papa Francisco resultan otra muestra.
En otro de los tantos ejemplos del mismo accionar, el conflicto judicial bautizado “Causa Riachuelo” prosigue con el reclamo por las viviendas que el PRO está obligado a construir desde 2011 y nunca empezó. El Gobierno de la Ciudad está obligado por la Justicia a liberar el denominado “camino de sirga” y relocalizar a las familias que malviven de manera precaria allí, pero a más de una década, los proyectos de construcción están suspendidos y faltan casi mil viviendas.
En contrapartida, con rapidez supersónica, hace menos de un mes se subastó uno de los terrenos más grandes del ex Tiro Federal donde se levantará el “Silicon Valley porteño”, para el que un privado adquirió una parcela de 1.800 metros cuadrados. Así progresan las obras de lo que será el Parque de la Innovación en Núñez con notorias excepciones urbanísticas, tal como ocurre sin excepciones (valga la redundancia) cuando grandes desarrolladores urbanísticos, representantes de poderosos intereses concentrados, se encuentran involucrados en las obras.
OJOS QUE NO VEN, VECINXS QUE SÍ SIENTEN
Los responsables del Informe Ejecutivo del Proyecto Nº 5.18.08 prosiguieron con sus consideraciones, dejando en claro el volumen de las irregularidades gubernamentales porteñas relevadas: “El informe constató que la deficiente planificación por parte de las empresas terminó generando el incumplimiento de los plazos, retrasando la obra por entre ocho (8) y doce (12) meses. Ante esto el IVC, no ha aplicado ningún tipo de multas o sanciones previstas en los contratos”, explicaron.
Pero tal vez el más amargo de los incumplimientos fue el del compromiso empeñado con los mismos vecinos de la urbanización a los que se les había prometido trabajo: “Dentro de los acuerdos de la urbanización, se estableció que las empresas adjudicatarias de las obras deberían contar con un mínimo del 20% de mano de obra de habitantes de la Villa 20. Según lo relevado por la Auditoría, se comprobó que ninguna de las empresas cumplió con este acuerdo y que el IVC no realizó ningún seguimiento ni solicitud de cumplimiento de estos acuerdos, aun teniendo en cuenta que esto generaría empleos y beneficios para aquellos que viven en el barrio”. Nada más que agregar y mucho que decir sobre la calidad humana de la gestión de Larreta y los equipos que su gobierno prioriza.
En la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015 existían 39 barrios precarios que necesitaban de urbanización y reintegración. En 2022 este número asciende a 50 barrios, según el relevamiento actualizado del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Como reflexión final cabe entonces preguntarse: ¿los aportantes a las campañas de Juntos por el Cambio serán nuevamente adjudicatarios de estas eventuales obras a pesar de las grandes falencias que presentan en sus trabajos? ¿El IVC aplicará alguna vez multas y realizará controles a las “empresas amigas”? ¿Hasta cuándo persistirán con este modus operandi deficiente y perpetuador de las desigualdades en la ciudad con mayores recursos del país?