GRÚAS Y ESTACIONAMIENTOS, DOS CARAS DEL MISMO NEGOCIO EN CABA
Por Andrés Cárdenas
Estas prestaciones se manejaron de modo discrecional con enormes pérdidas de ingresos, en particular durante la gestión macrista, hasta el año pasado cuando detonó el tema en la Legislatura y los medios, obligando al gobierno porteño a reestructuraciones. En paralelo, por presuntos hechos de corrupción en esta área y otras, fue desplazado -con licencia temporal- el Secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente bajo proceso judicial.
El servicio de acarreo, estacionamiento medido y playones son prestaciones que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tercerizaba a las mismas dos empresas privadas desde la década de los ’90 hasta el año pasado, a espaldas de la Legislatura, con la permanente prórroga irregular de las concesiones. El “modus operandi” generó beneficios económicos enormes a estas firmas, verificables en el irrisorio canon que le pagaban a la Ciudad en relación a lo recaudado, y derivó en un enorme perjuicio a las arcas de la CABA, según denuncias documentadas por la Auditoría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA).
Las citadas empresas son Dakota S.A. y Brewda o BRD Construcciones S.A. La primera es una de las dos compañías que tuvo a cargo por más de veinte años el servicio de acarreo de grúas. Por este trabajo, Dakota le pagó hasta octubre de este año $55.000 pesos de canon mensual a la Ciudad, una suma que además permanecía fija desde 2014. Sin embargo, la facturación en 2022 fue de más de $250 millones anuales, por lo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recibía de manera oficial apenas el 0,2% de las ganancias.
Tanto el servicio de acarreo como el estacionamiento medido son sistemas complementarios y funcionan en conjunto, ya que, teniendo en cuenta que hay lugares en los que se encuentra prohibido estacionar, la única forma de poder hacerlo es mediante el estacionamiento medido. Lo más irregular del caso es que los mismos empresarios que manejaban los acarreos, se alzaban con las licitaciones para el manejo de las principales playas y sistemas de estacionamiento medido, con fuertes sospechas de tráfico de influencias por parte de funcionarios oficiales. Eso sí, varios de esos mismos funcionarios contaban con lugares preferenciales para sus vehículos en las playas concesionadas. Un negocio redondo y para muy pocos.
Según datos oficiales relevados por la AGCBA, el costo del remolque en el año 2021 llegó a $4350, al cual se le debía sumar adicionalmente el precio elevado de las multas tarifadas. Nuevos aumentos pretendidos en 2022 fueron la gota que colmó el vaso y distintos bloques de la Legislatura, se unieron en el denominado por los medios “Frente antigrúas”, que impulsó finalmente al cese de los convenios.
Legisladores y legisladoras de diferentes bloques políticos solicitaron al Ejecutivo porteño que convoque a una sesión especial en agosto del año pasado, para tratar la suspensión del servicio de grúas y acarreo en la Ciudad hasta que fuera regularizada la situación de las concesiones, vencidas nada menos que desde 2001.
La solicitud fue firmada por más de 28 representantes de la Legislatura, pertenecientes al Frente de Todos, La Libertad Avanza, Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Consenso Federal, en una alianza coyuntural sin antecedentes.
Al verse cercado por la conformación del “frente anti-grúas” en la Legislatura, el Gobierno porteño cedió y anunció que tomaba el control del sistema de acarreo de vehículos mal estacionados en la Ciudad hasta que se resolviera la nueva licitación.
UN MODO DE OPERAR OPACO CON GANANCIAS MULTIMILLONARIAS
Los contratos firmados en los ´90 porDakota S.A. y BRD S.A. tenían en principio un alcance de una década pero luego, al vencerse en 2001, fueron prorrogados todos los años mediante permisos de uso precario por menos de 5 años de vigencia, mecanismo muy utilizado por el gobierno porteño para evitar cumplir con el requerimiento constitucional que requiere la aprobación de la Legislatura porteña.
Sumado a estos beneficios, el gobierno porteño, a modo de subvención, se hacía cargo de los salarios de los choferes de camiones de las empresas Dakota S.A. y BRD S.A., y les otorgaba una suma adicional del 20% sobre el salario básico. Solamente con esto se esfumaban las exiguas ganancias que de por sí dejaban al erario público unas prestaciones multimillonarias.
En el 2013 se aprobaron los pliegos para la Licitación Pública Nacional para otorgar la concesión bajo el régimen de servicio público, para lo cual el Poder Ejecutivo porteño debía convocar a una nueva licitación para la renovación de las concesiones, esto nunca sucedió y se continuó con las prórrogas bajo mecanismos irregulares a las mismas empresas, haciendo caso omiso a los pedidos de informes y requerimientos que realizó en repetidas oportunidades el Frente de Todos, en minoría.
Recién en el 2020, siete años después, la Legislatura Porteña aprobó el “Proyecto de Ley Servicios de Grúa”, donde se regula el estacionamiento medido, se amplían las zonas de acarreo y se otorga nuevos espacios de estacionamiento a las empresas concesionarias. Dicha ley establece 4 grandes ejes:
● Ampliación de las zonas de acarreo: incluye las zonas de Palermo, Recoleta y Microcentro (6 playas de estacionamiento), ocupando casi el 45% de los lugares disponibles para estacionar hoy en día.
● Sistema “gestionado” por los usuarios: mediante WhatsApp institucional del GCBA, conocido como “Boti”. Se encuentra vigente desde septiembre del 2020, escribiendo “denuncia vial” al 11-5050-0147, se le solicita al denunciante la foto del vehículo mal estacionado y, a través de tecnología de IA (inteligencia artificial), reconocerá que la imagen sea efectivamente la de un vehículo para comenzar el reclamo, multa y su posterior acarreo.
● Estacionamiento gratuito para los residentes: en un radio de 300 metros del domicilio particular de cada ciudadano o ciudadana.
● Sistema Prepago: se realiza a través del sistema “Boti”. Se carga la patente del vehículo para generar el pago del estacionamiento a través de diferentes medios (por ejemplo: Mercado Pago).
AUMENTOS DESMEDIDOS POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN
Al hacer una cronología solamente de los años recientes, el Gobierno de la Ciudad informó el 3 de enero del 2021 un nuevo aumento en el servicio de acarreo, ubicándose en $3.000 para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a partir del 2 de marzo del 2021, se dio a conocer nuevamente otro incremento tarifario hasta alcanzar un monto de $4.350.
De esta manera, se registró una suba significativa muy por encima de los valores inflacionarios, del 142% respecto del año anterior ($1800). Cabe destacar, que la inflación para el período en cuestión (medida entre mayo de 2019 y marzo de 2021) mostraba una variación del 83% hacia arriba.
Según estimaciones de la AGCBA durante la gestión de quince años del macrismo, la tarifa de acarreo se incrementó entre 2007 y 2015 un 187%, y luego voló hacia las nubes entre 2015 y 2021 (período de Larreta) con un aumento de 650%.
A raíz del citado informe de la Auditoría de la Ciudad se puede analizar que para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente, la cantidad de acarreos realizados fueron 475.054, de los cuales el 47,6% correspondieron a la empresa BRD S.A y el 52,4%, a DAKOTA S.A.
La Auditoría realizó una estimación porcentual de los ingresos que obtuvieron esas concesionarias en relación al irrisorio canon pagado para los años señalados:
Vale la pena recordar que mientras el Gobierno de la Ciudad avanzó con un aumento desproporcionado del valor del servicio de acarreo a los ciudadanos y ciudadanas, muy por encima de la inflación, las empresas pagaron un canon inferior al 2% de su recaudación. Esta situación evidenció un claro perjuicio económico que se vinculó directamente con el otorgamiento por parte del GCBA de prórrogas irregulares de las concesiones de estos servicios, donde los cánones se actualizaron discrecionalmente, sin criterio económico alguno o, mejor dicho, con uno ruinoso para el interés público.
Y SOBRE LLOVIDO…GRAVES SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
“No pude juntar todo. Te juro que antes de fin de mes te integro el 100%. Ahora tengo 60 verdes. Y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba. Pero se ve todo abierto en los sobres. ¿Qué hago?”, pregunta Marcelo Violante, sobrepasado hasta él mismo por el impresionante nivel de impunidad, en los presuntos chats que se filtraron del celular del ministro porteño Marcelo D’Alessandro.
Violante es el empresario que estuvo a cargo del negocio de las grúas por parte de DAKOTA S.A. por más de 20 años y a la vez concesionario de playas de estacionamiento en la Ciudad. Esto llevó a que el Gobierno Nacional presente una denuncia penal contra el dirigente de Juntos por el Cambio por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros.
La evidente pregunta del millón (o de los millones, mejor dicho) que rondaba desde hace años era quiénes, además de los empresarios directamente beneficiados, se llevaban la parte del león de estas concesiones ruinosas para la Ciudad. Estos chats, que posiblemente tribunales como los de Comodoro Py desecharán por cuestiones formales sin hacer caso del ominoso fondo de los contenidos, parecen apuntar en una clara dirección: altos funcionarios del gobierno porteño y tal vez salpiquen hasta al mismo Larreta, según se escuchó en las desgrabaciones.
De hecho el temporalmente desplazado D’Alessandro parece funcionar como un “polirrubro” de tráfico de influencias y en otro de los chats el empresario Violante le sugiere: “Hola! ¿Te da para proponerle negocios a Horacio?”. “Sí”, le responde, sin dudar, el funcionario porteño en una comunicación del 21 de septiembre de 2019.
Mucho que explicar si la Justicia se toma las cosas en serio, ya que resulta muy sencillo contrastar varios pedidos directos del empresario para ser favorecido en licitaciones públicas puntuales con resultados finales de dichos procesos, y así darse una idea del posible alcance que tuvo en la realidad la poderosa red de influencias indebidas.
Ahora, la denuncia presentada por el ministro de Justicia nacional, Martín Soria por pedido del Presidente Alberto Fernández, requiere para ser sumamente precisos que “se investigue” al ministro de Seguridad de CABA por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.
“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, declaró el ministro Soria ante los medios.
También el bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura porteña presentó durante la primera semana de enero de este año un proyecto para crear una comisión que investigue las contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el servicio de acarreo en el que se encuentran involucradas las empresas de Marcelo Violante.
Valgan estas líneas de información detallada como mínimo aporte de luz para miles de porteñas y porteños o de visitantes de CABA que sufrieron alguna vez su “día de furia” ante la arbitrariedad de los acarreos y el pago de cifras exorbitantes, que encima no dejaron un centavo en limpio para los ingresos de la Ciudad, con millones de pesos perdidos en medio de una red de turbios manejos que debe investigarse.