FALTA DE VACANTES ESCOLARES, UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
Por Andrés Cárdenas
Los resultados de las inscripciones online en la escuela pública porteña derivaron en al menos 20 mil vacantes en falta: un drama reiterado cada año. Algunas familias judicializan sus casos con complejos trámites que -pese al soporte de colectivos de padres perjudicados- no garantizan solución ni alcanzan a sectores populares vulnerados. Desinversión en Educación y subejecución presupuestaria marcan la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que fue intimado por un fallo judicial a brindar respuestas concretas.
Como en las fechas patrias, los actos escolares suelen parecerse a sí mismos con la diferencia de que el público, en este caso padres y alumnos, siempre se renueva: una analogía que puede trasladarse al problema endémico de la falta de vacantes en la Educación pública de la Ciudad de Buenos Aires que, en promedio, suele superar al menos las 20 mil plazas de menos en cada ciclo lectivo que comienza desde hace años. El cierre de la inscripción digital el 26 de noviembre último volvió a confirmar la tendencia.
Las vacantes para las escuelas públicas de CABA se asignan mediante sorteo tras una inscripción online. Así es que cada año miles de niños y niñas se quedan sin lugar -dado que las plazas no alcanzan para todos los inscriptos-, y a sus padres no les queda más opción que resignarse y anotarlos en colegios privados, los que así pueden llegar a hacerlo, o directamente corren el riesgo de quedar fuera del sistema educativo en casos de alumnos de menores recursos.
Dentro de este panorama repetido la principal novedad en 2021 posiblemente sea el fallo judicial dictado la primera semana de noviembre por la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso de la Ciudad, la cual confirmó un fallo anterior emitido por la jueza Elena Liberatori de primera instancia del año 2019.
Por determinación del citado fallo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá garantizar el acceso a la educación pública en seis Distritos Escolares e informar públicamente sobre las 54 escuelas, que aseguró haber construido en sus discursos de campaña electoral. Además, la información de las vacantes (o de su falta) tendrá que ser transparentada en la página web del Gobierno de la Ciudad, lo que actualmente no ocurre.
El dictamen judicial ordena garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria en los Distritos Escolares N° 1 (Retiro, Recoleta, Palermo, Balvanera, San Nicolás, Puerto Madero), 5 (Barracas, Parque Patricios, Constitución, Nueva Pompeya), 13 (Villa Luro, Vélez Sarsfield, Parque Avellaneda, Lugano, Mataderos, Liniers), 19 (Villa Soldati, Flores, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya), 20 (Villa Lugano, Mataderos, Liniers), y 21 (Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati): se trata de 20 barrios porteños en total.
La legisladora del Frente de Todos y especialista en temas vinculados a la educación, María Bielli analiza: “La Constitución de nuestra Ciudad, en éste como en otros aspectos, resulta de avanzada. Pero en este caso, también, parte de una realidad, que es la amplia oferta educativa que incluso antes de las leyes nacionales tuvo nuestra Ciudad. Por eso se establece la obligación de asegurar educación desde los 45 días. La oferta educativa de nivel inicial de la Ciudad hoy deja afuera del sistema a miles de niñes. La utilización del sistema online –que tiene muchas dificultades en su implementación- permite establecer el número exacto de chicos que quedan en lista de espera. Sin embargo desde hace tres años que el gobierno de la Ciudad no hace pública esta información. Se estima que son cerca de 20 mil niños y niñas en promedio, y se sabe también que quedan distribuidas de manera inequitativa en los distintos barrios. Por la falta de inversión en el sur de la Ciudad, y por la proliferación de jardines privados en el norte porteño, la falta de vacantes queda subrepresentada“.
La distribución de los veinte barrios más afectados según el fallo judicial coincide con bastante precisión geográfica con lo expuesto por la legisladora y resalta, otra vez, las habituales desigualdades existentes entre el norte favorecido y el sur postergado de la Ciudad.
“Lo que viene ocurriendo con los fallos que obligan al Ejecutivo porteño a garantizar el acceso a derechos es que son subestimados. Recuerdo fallos que en la pandemia obligaban a la Ciudad a garantizar conectividad y dispositivos que fueron apelados e ignorados. Con la construcción de las 54 escuelas, en un pedido de información pública, el gobierno de la Ciudad reconoce que un tercio de esas escuelas son cambios de edificio, sin incorporación alguna de nuevas matrículas “, explica Bielli.
En la actualidad existe una vulneración de derechos constitucionales en forma reiterada durante los últimos años y por ello desde organizaciones políticas como el Frente de Todos; colectivos de padres autogestionados como “La vacante es un derecho” y “Vacantes para todos”, o asociaciones civiles como “Litigio estratégico”, entre otras, se pelea en las calles cada año lectivo para que esta situación desigual e incluso negada por las autoridades porteñas tenga soluciones de fondo, no se naturalice y se siga perpetuando en el tiempo.
“Es fundamental que esto sea comprendido por todos en la Ciudad. Que no naturalicemos que en el sur se resuelve el tema preescolar, por ejemplo, con Centros de Primera Infancia (CPI) y en el norte pagando una cuota en los colegios privados. Para esto hay grupos de familias organizadas bajo consignas muy claras: ‘La vacante es un derecho y los derechos no tienen lista de espera'”, resume Bielli.
CUANDO NO ALCANZAN LAS VACANTES, PERO NO IMPORTA
La desinversión en materia educativa, la subejecución presupuestaria, el maquillaje de los números y el ajuste han sido una marca registrada en la gestión del macrismo y Juntos por el Cambio que gobierna desde 2007 en la ciudad con más recursos del país. Sin embargo, el presupuesto educativo del 2021 dispuso un 17,18% de los fondos para la educación, alcanzando la asignación porcentual más baja de la historia porteña.
“Sin dudas que la pérdida de diez puntos porcentuales en materia de inversión educativa durante la última década es uno de los principales problemas que tenemos en CABA. Existen edificios públicos que bien podrían utilizarse para construir escuelas, pero Rodríguez Larreta se encargó de mandar a subasta inmuebles enteros que podrían resolver en parte el problema de las vacantes. Mis primeras preguntas serían: ¿cómo se resolvió el problema de las vacantes? y ¿cómo lograron revertir esa situación que en un momento se contabilizaba y ahora no es contabilizable? Luego considero prudente que quienes gobiernan en una Ciudad con los recursos que tiene la nuestra puedan visualizar y reconocer al menos los inconvenientes que tienen, que sería el primer paso para intentar resolverlos”, expresó Bielli.
El número de vacantes faltantes nunca es admitido oficialmente por el gobierno porteño ni por Rodríguez Larreta, ni por su ministra de Educación, Soledad Acuña. También hay que tener en cuenta otros ciudadanos y ciudadanas que sufren la escasez de espacios para estudiar en CABA pero no entran en la cuenta de las vacantes que faltan: aquellos y aquellas a los que el sistema online les asigna un lugar, pero en un establecimiento lejos de su hogar. Según las organizaciones de padres suman miles de casos, pero tampoco nunca fueron cuantificados.
El mayor déficit de vacantes se produce históricamente en el nivel inicial. Desde el Ejecutivo porteño se justifican argumentando con el refrán del “mal de muchos”, al sostener que en ningún distrito del país se tiene cobertura total para menores de entre 45 días y 3 años. El detalle no menor es que de este modo desconocen compromisos que emanan de la Constitución de la Ciudad que, en su artículo 24 reconoce “la responsabilidad estatal indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar los diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine”.
TRÁMITES COMPLEJOS CON EXCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA
Cuando un grupo familiar comprueba que no obtuvo la vacante solicitada debe iniciar trámites que llevan varios pasos y normalmente precisan de algún tipo de apoyo, como el que suelen brindar los colectivos de padres autogestionados, que incluso ofrecen equipos de asesoría jurídica de manera gratuita.
En primer lugar los damnificados se deben dirigir al Distrito Escolar del establecimiento elegido como primera opción y elevar una nota de queja, de la que deben asegurarse recibir una copia sellada como constancia, que demuestre la correcta recepción por parte de mesa de entradas.
Los colectivos aconsejan también el envío de otra nota similar dirigida al Ministerio de Educación porteño para que el reclamo cuente con un número de expediente ingresado también por la mesa de entradas de dicha cartera. En el caso de que el reclamo administrativo no sea aceptado, se puede pasar a un recurso de amparo, una vía de judicialización disponible para las familias que se hayan quedado fuera de la lista de espera.
En el trámite de inscripciones online porteño se incluyen por sistema hasta cinco opciones que consideran el domicilio y los domicilios laborales de los progenitores, entre las que se marca la principal, luego se pueden agregar hasta tres más, en orden de prioridad, pero sin reemplazar a las cinco adjudicadas en primer término. En la realidad palpable, llueven las quejas de grupos familiares que protestan por la ineficacia de las listas de espera, que, según afirman, no se mueven, luego de haberse quedado el alumno solicitante sin la vacante pretendida.
Las distintas dimensiones de la política educativa de la Ciudad con sus inequidades y complejas trabas burocráticas descriptas tienen como consecuencia, por un lado, la expulsión del sistema formal de niños y niñas que provienen, mayoritariamente, de las familias de menor poder adquisitivo, profundizando de este modo su situación de exclusión socioeconómica. Y, por otro, afectan especialmente a las mujeres, que se encuentran generalmente a cargo del cuidado de niñas y niños y a la vez no pueden integrarse al mercado de trabajo por la falta de acceso a la escolarización dentro de los grupos familiares, generándose un círculo vicioso. En el caso de las jefas de hogar, pese a las prioridades que enuncia prever el sistema, la situación se vuelve dramática en muchos casos.
Los trámites requieren de tiempo disponible y pericia burocrática, recursos que no les suelen sobrar a los grupos más vulnerados de la sociedad, en este marco la judicialización de los reclamos se convierte, en muchos casos, en una posibilidad que sólo queda al alcance de ciertos grupos poblacionales y en el que el papel de los colectivos de padres cobran relevancia positiva. De todos modos, el resultado conjunto representa un escenario de incipiente segregación social.
“Tanto la inscripción online, como la posibilidad luego de judicializar el reclamo son herramientas que sólo llegan a determinados sectores de la mano de las organizaciones. Realizar la inscripción online, o incluso la inscripción para las becas de comedor, para muchas familias representan una primera barrera”, reflexiona Belli.
En síntesis, si bien la gestión de la educación pública siempre tiene impacto en las trayectorias educativas individuales de niños, niñas y adolescentes, y en el plan de vida de sus familias, es en el marco de situaciones de fuerte crisis económica o social, como las derivadas de las recientes políticas neoliberales y la pandemia, en las que la política pública debe tornarse decisiva para la promoción de la inclusión social en el más amplio sentido.
Una de las instancias más problemáticas es la gestión de primera infancia, tal como describió Proyectar Ciudad al analizar un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA).
La doctora Mariana Gagliardi, presidenta de AGCBA explica al respecto: “Los Centros de Primera Infancia fueron creados en 2009 y acerca de ellos en la Auditoría de la Ciudad el año pasado se aprobó un informe donde se detectaron importantes irregularidades y falencias. En primer lugar, se reveló que hay muchos chicos y chicas en lista de espera, hay una gran falta de personal docente y profesional, por ejemplo hasta el año 2018, gran parte de los CPI no contaban con un equipo técnico completo y, además, las viandas que se entregaban no cumplían con los valores nutricionales adecuados. A su vez, se presentaron varios problemas edilicios, deficiencia de número de sanitarios, localización de salas en lugares no aptos, falta de ventilación y superpoblación debido a la falta de vacantes, entre otros problemas”.
“Los Centros de Primera Infancia son espacios de cuidado, dependientes del Ministerio de desarrollo Humano y Hábitat. De ningún modo podemos pensar que están en lugar de los jardines de nivel inicial y, sin embargo, así funcionan. Además de la diferencia en términos de infraestructura -muchos de los CPI son casas, espacios de organizaciones- existe un abordaje pedagógico que es disímil, por tratarse de espacios que no son necesariamente conducidos por personal con formación pedagógica. Con esto no quiero subestimar el enorme trabajo que se lleva adelante en esos espacios, pero no suplen ni pueden suplir a los jardines “, agregó la legisladora Bielli.
María José Gutiérrez, secretaria de nivel inicial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) fue enfática al respecto: “Los Centros de Primera Infancia son una farsa. No dependen de Educación, no tienen docentes formados, no tienen currículo. No es un acceso a la Educación. Faltan escuelas y faltan vacantes.”.
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS Y TODAS
Una de las propuestas de la UTE para volver más amigable los procesos de inscripción a todas las familias es la de un procedimiento mixto, en el cual docentes y autoridades escolares puedan volver a tener acceso al sistema para ordenar de manera “humana” lo que el sistema online, adoptado en nombre de la omnipresente “modernización” cambiemita, no puede resolver.
De todos modos, las soluciones de fondo para los problemas de vacantes en CABA difícilmente lleguen sin la construcción y/o habilitación de establecimientos educativos, tantas veces prometidos y nunca concretados: todavía resuena la falsa promesa macrista de la construcción de 3000 jardines de infantes en todo el país, con los ecos de una perversidad siniestra.
Recientemente, en la Ciudad tuvo gran repercusión el cierre del jardín de infantes para trabajadores y trabajadoras del Hospital Ramos Mejía, logrando salvar con la movilización de los damnificados, docentes y sindicatos, la sala de lactantes del establecimiento. En lugar de abrir, cierran jardines infantiles y no se construyen nuevos edificios escolares.
El Presupuesto de la Ciudad en Educación, además de los recortes sistemáticos y continuos, fue subejecutado todos los años, lo que implica un mayor recorte encubierto sobre el nominal: hubo intentos de cierres de grados, de escuelas para adultos y de cursos para discapacitados.
Los sindicatos de educadores porteños insisten además en la falta de un proyecto serio de formación continua docente, falta de cursos para capacitación, carencia de trabajos de cercanía con las escuelas y de planificaciones sectoriales segmentadas de acuerdo a las distintas realidades de los distritos escolares.
Una realidad de conjunto en la que la falta endémica de vacantes escolares emerge casi como un síntoma más de una patología mucho más compleja, producida por una gestión de gobierno, que más allá del marketing vacío, se desentiende de las necesidades urgentes de porteñas y porteños. Otra realidad es posible.