ENTREVISTA A MARIANO RECALDE, SENADOR POR CABA DEL FRENTE DE TODOS
“Basta de despilfarrar recursos, podemos construir una ciudad más justa e inclusiva”
El legislador de la Cámara Alta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repasó con Proyectar Ciudad, en una suerte de balance, los principales hechos de 2020 y analizó los últimos años de gestión de Juntos por el Cambio en el distrito más rico y pleno de desigualdades del país. Días complejos marcados por la crisis heredada de cuatro años de macrismo y la pandemia de Covid-19 que exigen un papel activo del Estado.
1) Hace pocos días, luego de semanas de debate parlamentario y público, el Congreso sancionó la ley por la que se buscó corregir el traspaso de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y los fondos vinculados a su administración, mientras -en paralelo- la Legislatura porteña sancionaba el Presupuesto 2021, aumentando una vez más los impuestos y usando el mencionado debate nacional como excusa para una renovada política de ajustes. ¿Qué reflexiones le merece este cuadro de situación? y ¿cómo se les responde a los que argumentan que no apoyar el reclamo sobre los fondos, mediatizado y judicializado por Horacio Rodríguez Larreta, es ir contra los intereses de CABA?
La decisión del presidente Alberto Fernández elimina el injusto privilegio que le otorgó Mauricio Macri a Rodríguez Larreta en 2016, cuando le cedió recursos de todos los argentinos a la ciudad más rica del país. Se trata de un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Lo que hicimos en el Congreso fue corregir el destino irracional e infundado de fondos para la Ciudad, que corresponden a todos los argentinos, para un distrito que ya contaba con una enorme cantidad de recursos.
Ante la acusación de que esta quita es inconstitucional, injusta y prepotente tal como argumentó el oficialismo porteño se puede responder que así como Macri dio por decreto un aumento injustificado, superior al que le correspondía a la Ciudad, el actual gobierno nacional está en su derecho y la obligación de dar marcha atrás en esta concesión desproporcionada. Es un decreto que modifica a otro decreto y no debería tener ningún cuestionamiento desde ese punto de vista en el plano legal.
Macri le dio a Rodríguez Larreta la policía con recursos, pero sin aprobarlos por ley, los gobernadores se quejaron porque se trataba de fondos que deberían ir a todo el país, cuestionaron que se hiciera de ese modo y que se le concediera a CABA una suma mucho mayor a la que le correspondía para sostener el costo de su fuerza de seguridad. La Ciudad recibió cerca de 86 mil millones de pesos de más en los últimos cuatro años, cuyo aprovechamiento en beneficio de porteñas y porteños dista mucho de estar a la vista. Reitero este concepto: lo más grave es que ni siquiera se utilizó este excedente para mejorarle la vida a los ciudadanos de Buenos Aires. Por eso, escudarse en la presunta quita de fondos para un renovado programa de ajustes aún en rubros esenciales como salud o educación, carece de sentido porque el ajuste y la subejecución presupuestaria ya son una marca registrada de la actual gestión porteña.
Tampoco se puede hablar de decisiones imprevistas o sorpresivas ya que fue conversado por el presidente Fernández con Rodríguez Larreta desde el primer día en que asumió. El tema de la coparticipación de ningún modo debería cambiar la actitud de diálogo que trataron de mantener el jefe de gobierno porteño y el presidente durante la pandemia especialmente para resolver los problemas sanitarios.
2) La Ciudad fue uno de los tres distritos, entre 24 estados federales del país, que no firmó el nuevo Pacto Fiscal, justificándose en que suscribirlo implicaba restarle sentido al actual reclamo judicial por coparticipación presentado ante la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué implica esta discordancia y qué consecuencias puede acarrear la decisión?
Una cuestión que hay que considerar siempre es que el nuestro es un país federal, lo que implica relaciones que van mucho más allá de la mera suma de sus partes, por esto existe un régimen de coparticipación que debe tender a garantizar que ningún distrito se quede atrás. La pretendida defensa de la autonomía porteña no puede derivar en una suerte de rapiña de recursos obtenidos por favoritismos con determinado gobierno de turno. La controversia que busca judicializar Rodríguez Larreta no discute como asunto de fondo la coparticipación -un tema sumamente complejo- sino que pone en tela de juicio el artículo 75 de la Constitución Nacional, sobre la transferencia de competencias, servicios o funciones.
El traspaso de fondos, según dice la Constitución, debe hacerse con recursos y aprobarse con una ley del Congreso, pero en este caso se hizo con recursos, pero no con ley, sino por decreto, tal como acostumbraba a realizar las cosas el expresidente Macri.
En resumen, no se siguieron los pasos constitucionales correspondientes, se trató de una transferencia discrecional de recursos mal hecha, con una clara intencionalidad política.
Nunca mostraron los números que justificaran la transferencia de recursos a la Ciudad y cuando en el Congreso se demostró que se trataba de una suma excesiva, esto fue reconocido por el propio ministro del Interior del gobierno anterior, Rogelio Frigerio, quien en 2016 se comprometió ante los gobernadores a realizar correcciones que después no se hicieron.
Rodríguez Larreta no rubricó este año el Pacto Fiscal argumentando temas fiscales pero claramente se entiende como una decisión política basada en tres puntos centrales que no está dispuesto a cumplir: la condición de abstenerse de presentar juicios ante el Estado relativos a transferencias de fondos y el régimen de coparticipación y congelar por un año los vigentes; aceptar que la coparticipación no puede transformarse en un sistema de transferencias según las necesidades de cada distrito, y la exigencia de mantener la eximición de pago de Ingresos Brutos para operaciones financieras.
La apuesta del oficialismo porteño apunta a la victimización, la confrontación y la judicialización y vuelve a ubicar a la Ciudad de Buenos Aires como no alineada con las demás provincias del país, casi marcando un eterno retorno de las divergencias históricas entre unitarios y federales, que marcaron nuestra historia.
3) Desde la Auditoría de la Ciudad se ha denunciado la obstaculización para el efectivo control de los gastos del Gobierno de la Ciudad, como las compras y contrataciones directas. ¿Cuál fue su rol durante este año?
Desde que asumió Mariana Gagliardi al frente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires como representante del Frente de todos, pudimos detectar que son reiteradas las trabas y obstáculos por parte del Gobierno porteño para que el organismo no pueda cumplir su función: ejercer el control externo de la gestión pública, exigiendo la rendición de cuentas y garantizando la información constante a los y las ciudadanas. Pero, además, no solamente no mejoró la transparencia sino que se vio agravada en el contexto de pandemia con la Ley de Emergencia Económica sancionada en la Legislatura porteña, que habilitó el desvío de fondos y la reasignación de partidas casi de modo discrecional para el Ejecutivo porteño.
El Frente de Todos, como primera minoría opositora, insistió con fuerza en la necesidad de auditar los gastos, pero en el texto de la ley este pedido fue tomado como una simple sugerencia sin implicancias operativas. En lugar de eso se procedió a constituir una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento, presidida e integrada con mayoría oficialista, lo cual no garantiza la independencia, la objetividad y la neutralidad política.
Está claro que la situación sanitaria sirvió para hacer contrataciones directas de dudosa transparencia como las de las empresas de viandas (de amigos) para personas aisladas en hoteles (de amigos), criticadas por su pésima calidad. También se autorizaron partidas para gastos inverosímiles. Podemos nombrar como muestra solamente algunos de los más exóticos, como la compra de “equipamiento para bowling” por más de 220 mil dólares o la erogación en julio, en el auge de contagios, de 1.200.000 dólares para equipamiento deportivo para el Centro Deportivo de Tiro. No se privaron tampoco de gastos millonarios en dólares para servicios de consultoría, que nada tenían que ver con la pandemia. Por supuesto no nos olvidamos de la más polémica contratación para la compra de millones de barbijos 3M, a nada menos que el equivalente de 3.000 pesos por unidad, y encima estaban vencidos. Por este hecho está abierta una denuncia penal contra los responsables.
Estos son algunos ejemplos de lo que hubiera sido importante auditar. Durante todo este año, no se pudieron controlar las compras y contrataciones realizadas en el marco de la pandemia, un contexto que requiere más que nunca del seguimiento y la fiscalización para garantizar que los recursos se administren de la mejor manera posible. Además, es el organismo idóneo para hacerlo: cuenta con un amplio equipo de profesionales y técnicos, con una larga experiencia y conocimiento sobre el tema, para recomendar, sugerir y planificar el destino de los recursos, que son al fin y al cabo, de los porteños y las porteñas, y deben ser utilizados en su beneficio como derecho constitucional.
4) El nuevo presupuesto de la Ciudad prevé recortes sustanciales que impactan en toda la ciudadanía y en particular en los sectores más vulnerados. A la vez se planea un aumento de Ingresos Brutos y nuevos impuestos como los previstos para los consumos con tarjetas de crédito que afectan en especial y de manera directa a la clase media. ¿Cómo se sostienen estas medidas antipopulares? ¿Cree que pueden impactar en los comicios de medio término del año próximo?
Los equipos del Frente de Todos en la Legislatura porteña al analizar el Presupuesto 2021 (vs presupuesto 2020) recientemente aprobado estimaron, junto con el anunciado recorte en la obra pública, caídas reales en áreas clave como -29,3% en Transporte, -20,8% en Trabajo, -20,7% en Vivienda y -18,7% en Ecología. Sin contar los recortes que se aplican en rubros esenciales como Educación y Salud, que el año entrante caerán al menos 6,5% y 5,8%, respectivamente, según las propias estimaciones oficiales.
La baja de recursos para la Educación no encuentra límite y acumuló diez puntos en diez años, sin construcción de escuelas y con una falta de vacantes que ronda las 28 mil en promedio durante varios ciclos sucesivos. Si faltaba un detalle, la semana pasada, en concordancia con el gobierno porteño, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad determinó que sólo deberían hacer el reclamo por la vía judicial de vacantes en la educación pública porteña, aquellos familiares que no puedan abonar matrículas en la educación privada. Otro golpe contra la Educación Pública, contra la escuela laica y gratuita y la posibilidad democrática de la movilidad social. Otra medida que revela la visión del mundo de una sociedad elitista, meritócrata y sin real vocación hacia la igualdad de oportunidades. Una nueva provocación hacia la sociedad luego de los insultos a los docentes de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, plenamente avalada por Rodríguez Larreta.
Respecto al factor impositivo, cabe recordar que en su primer mandato, y junto a los gobernadores, Rodríguez Larreta firmó un compromiso para bajar el impuesto de Ingresos Brutos. Sin embargo, en los últimos días dio de baja ese pacto fiscal en la Legislatura, volvió a aumentar Ingresos Brutos e incorporó nuevos impuestos a los pagos con tarjetas de crédito, medidas que impactan de lleno en los sectores medios.
Por supuesto el gasto en Publicidad y pauta en medios afines sigue en auge entre los principales gastos para cimentar el blindaje mediático que protege al gobierno porteño.
5) Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia donde anunció su reclamo por la coparticipación ante la Corte Suprema habló de la cantidad de escuelas y jardines maternales que podrían dejar de construir ¿Qué reflexión le merece esto en el contexto de que en pandemia el Ministerio de Desarrollo Social porteño recortó el presupuesto en comedores y merenderos, no brindó materiales de protección adecuados y repartió viandas de calidad más que cuestionable? ¿Se suma al panorama el reclamo salarial y de jerarquización del personal sanitario y médico?
Resulta increíble que Rodríguez Larreta presente como una realidad lo que en verdad es contrafáctico, ya que no construyen edificios escolares por lo que menos aún podrían dejar de hacerlo. El Jefe de Gobierno es quien le restó fondos a la Ciudad en plena pandemia, por citar algunos casos concretos, con el caso que mencioné antes de los cinco millones de barbijos comprados a 3.000 pesos por unidad o los contratos con sobreprecios de hoteles de personas allegada a funcionarios gubernamentales. Por no hablar de los poco prioritarios arreglos de veredas en la Costanera por 90 millones de pesos en pleno ASPO o los 1041 millones de pesos para “mantenimiento” de los inmuebles de Policía de la Ciudad, entre otros casos que denunciamos en la Legislatura y ante los medios, aunque con poca repercusión por lo que venimos planteando.
El ministerio de Desarrollo Social porteño recortó el presupuesto y ajustó al menos 30% a comedores y merenderos en el momento más difícil de la pandemia golpeando a los sectores más vulnerables, en una gestión deficiente, tal como pasó con la baja calidad de las viandas escolares, el cuestionado sistema para retirarlas y la polémica de alcance nacional por la falta de conectividad de 6000 estudiantes del distrito. Como contrapartida, Rodríguez Larreta le saca fondos a porteñas y porteños para dárselos a sus amigos o “devolverles” a quienes aportaron en sus campañas electorales.
En la época en que el gobierno de la Ciudad recibió fuertes repudios por su decisión de cerrar escuelas nocturnas, Rodríguez Larreta dijo que se construirían 54 nuevas escuelas, pero recorrimos las direcciones en persona, junto con las legisladoras Paula Penacca (actualmente diputada nacional, ndr), y Lorena Pokoik, entre otras y otros compañeras y compañeros, para comprobar más de una decena de casos en los que hicieron figurar baldíos como edificios escolares “en ejecución” sin tener empezadas siquiera las obras, por eso las denominamos “escuelas fantasma”.
Las promesas sin cumplir, el engaño permanente y el total desprecio por la Educación y la Salud Pública caracterizan al espacio político de Juntos por el Cambio y el macrismo.
Lo mismo sucede con la Salud, en menos de un año -a fines de noviembre de 2019 y el 21 de septiembre del 2020, nada menos que en el Día de la Sanidad- personal de la Salud fue violentamente reprimido, sin importar que exponen sus vidas como trabajadores imprescindibles, aún más que esenciales, en el combate contra el Covid-19. La respuesta de la Policía de la Ciudad a sus reclamos justos de jerarquización, pase a planta profesional y readecuación salarial, que apoyamos con varios proyectos de ley en la Legislatura porteña desde el Frente de Todos, fue atacarlos con palos, gases y balas de goma. Una verdadera vergüenza para el conjunto de la sociedad argentina.
6) Una de las consecuencias directas del manejo discrecional del Ejecutivo porteño en los trece años de gestión del PRO y Juntos por el Cambio fue la multiplicación en al menos ocho veces del endeudamiento de CABA, que adquiere dimensiones cada vez más abultadas. De esta manera cabe preguntarse si: ¿la importante recaudación del distrito más rico del país corre el riesgo de esfumarse en pagos de intereses, simplemente por seguir tomando deuda pública, en una suerte de círculo vicioso tal como se vino haciendo hasta el momento? ¿Cómo se sale de la trampa?
El proceso de endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires se disparó en efecto, en especial desde 2010 en adelante. Algunos estudios estiman que la deuda del gobierno porteño equivale al menos a la mitad de los ingresos generados por los porteños por el pago de impuestos y otras contribuciones. A la vez para 2007 la deuda por habitante representaba 194 dólares, mientras que diez años después en 2017, ya había trepado a 1123 dólares, cifra que siguió en aumento hasta el presente.
Se trata de un tema muy delicado y tiene todavía más aristas. Por ejemplo podemos señalar cuando Macri como presidente transfirió a la Ciudad parte de la deuda contraída con la Comisión Andina de Fomento (CAF) para realizar el Paseo del Bajo. El gobierno nacional le derivó a la Ciudad 140 de los 400 millones de dólares de esta deuda internacional que tomó para hacer esa obra como parte del ajuste que realizó entonces a nivel nacional. A cambio, Nación cedió terrenos por el mismo monto, entre ellos, tierras de la Villa 31 y del Mercado de Hacienda. De esta manera, en lugar de utilizar las tierras públicas de la ciudad con fines estratégicos de desarrollo urbano, Macri y Rodríguez Larreta buscaron venderlas para cubrir huecos o como dijeron de manera más “elegante”, para la “cancelación de amortizaciones de deuda”.
El endeudamiento no resulta ni bueno ni malo en sí mismo y puede ser una herramienta legítima del Estado para llevar adelante proyectos públicos, pero indefectiblemente deben tenerse en cuenta el contexto, las condiciones y fundamentalmente el destino de los fondos comprometidos, para que no terminen dilapidados o fugados por mecanismos de especulación financiera como ocurrió en Argentina durante la presidencia de Macri y en otras experiencias nefastas como la dictadura militar.
El gobierno de la Ciudad abusó de la emisión de títulos en moneda extranjera y en pesos atados al tipo de cambio oficial, lo que expone peligrosamente al distrito a las variaciones del tipo de cambio para los pagos de los servicios.
El Gobierno Porteño va a contramano del Gobierno Nacional, que negocio deuda con los acreedores privados y planea salir de la crisis con un presupuesto que achica los gastos en intereses de la deuda y amplía los gastos de capital.
Otra garantía necesaria, justamente para no quedar atrapados en una trituradora de recursos genuinos, es orientar el endeudamiento hacia proyectos de inversión a largo plazo y con financiamientos supeditados al avance de obras y a tasas bajas. De otro modo los condicionamientos al desarrollo y a la inversión pública en todos los planos pueden resultar muy comprometedores y nocivos.
7) En CABA la brecha entre Norte y Sur sigue siendo abrumadora al verificar los indicadores por Comuna, desde presencia de centros de Salud hasta disponibilidad de espacios verdes, sin embargo los negocios inmobiliarios y la enajenación de tierras públicas, con el último hito en el debate de Costa Salguero, prosiguieron a todo ritmo aún en tiempos de pandemia. ¿El triunfo del Frente de Todos en las Comunas 4 y 8 en las últimas elecciones comienza a marcar el hartazgo entre los porteños y un cambio de tendencia? ¿Otra ciudad es posible en los próximos años?
Sí, es cierto, no se detienen ni aún en pandemia. Tal como sostuve al participar en la reciente audiencia pública en la Legislatura porteña sobre la rezonificación y el intento de venta de los terrenos de Costa Salguero, hay que señalar que el año pasado autorizaron la venta de ese predio con una resolución que le hicieron firmar a una funcionaria -que sin dudas tendrá que dar cuentas en la Justicia- por la cual dispuso que esas tierras, de claro uso público, eran de dominio privado. Con estas trampas aprobaron la ley con una sola lectura en la última sesión de 2019, justo antes de perder los 40 votos, es decir los dos tercios necesarios, como consecuencia del resultado electoral.
La rezonificación de Costa Salguero, es decir el cambio de las normas urbanísticas que se le aplican, es una ley impulsada por el jefe de gobierno para habilitar la construcción de un conjunto de edificios de lujo de hasta diez pisos.
La venta de este predio resultó autorizada por ley en diciembre de 2019, con los votos del oficialismo porteño en la Legislatura, pero se encuentra actualmente suspendida por un fallo de la justicia porteña en segunda instancia, que consideró que los terrenos ribereños son de “especial tutela” por su valor ambiental.
Costa Salguero es un polígono de 18,7 hectáreas, con el que después de varias décadas de concesión, el gobierno porteño tenía la oportunidad histórica de poder darle a la ciudadanía un uso distinto y ofrecer más espacio público verde, pero perdieron decidió algo todavía peor que mantenerlo concesionado en manos privadas, esto es venderlo, dar luz verde para que se pierda para siempre.
En trece años de gestión, primero Macri como jefe de gobierno, en sus ocho años de gestión vendió 40 hectáreas y concesionó otras cien. Mientras que Rodríguez Larreta pisó el acelerador, como si no existiera un mañana, vendiendo cien hectáreas y dando en concesión otras 155. En total los habitantes de Buenos Aires perdimos 395 hectáreas de uso público.
La enorme reacción popular, la interminable lista de protestas ciudadanas en la audiencia pública en curso, al menos hasta el mes de enero de 2020, muestran que Costa Salguero marcó un punto de inflexión, un “basta ya” a la prepotencia del dinero y al desprecio de lo público en pro de intereses mezquinos para el beneficio de pocos.
La última vuelta electoral con el triunfo del Frente de Todos en las comunas 4 y 8 también marcó otro hito, un claro cambio de tendencia y el principio del final del predominio de la lógica del egoísmo, la exclusión y el elitismo, disfrazada con buenos modales, que lleva adelante Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.
CABA tiene el presupuesto más alto del país, el problema es que está mal administrado. Rodríguez Larreta tiene que cortar el despilfarro de recursos y ocuparse de los que más necesidades tienen, que son los vecinos y vecinas de los barrios del sur de la Ciudad, siempre postergados y relegados por sus políticas.
Tal como lo sostenemos desde hace tiempo es una gran mentira que la Ciudad de Buenos Aires sea de derecha y los militantes populares tenemos que redoblar el esfuerzo para brindar una alternativa de otro modelo de ciudad más moderna, justa e inclusiva.
8) El 2020 fue un año muy especial para el mundo, marcado por las restricciones de la pandemia de Covid-19, pero pese a todo se registró un récord de sesiones y leyes sancionadas en el ámbito parlamentario nacional. ¿Cuáles considera los mayores logros del período legislativo en general? ¿Qué implica real y simbólicamente la esperada aprobación de la Ley IVE y cree que marcará un antes y un después histórico?
Suscribo las palabras del reciente balance de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la República y Presidenta del Senado que integro, cuando remarcó que pese a la pandemia hace 13 años que no se llevaban adelante tantas sesiones, que llegarán a cerca de 35 al cierre de año, y recalcó el profundo agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores legislativos. En Diputados también se llegaron a sancionar unas 66 leyes en el año. Volviendo al Senado, también se realizaron más de 200 reuniones de Comisiones con gran cantidad de expositores y expositoras y una buena adaptación a las modalidades a distancia que impusieron los protocolos sanitarios.
El Senado aprobó 40 leyes hasta diciembre y dio media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a Diputados. Se trataron temas fundamentales como el Presupuesto Nacional, el Aporte Solidario Extraordinario a las grandes fortunas, la ley de góndolas, del manejo del fuego, alquileres, economía del conocimiento y Teletrabajo, entre otras iniciativas muy relevantes, en el contexto de la grave crisis heredada del período macrista y los estragos que sigue generando el Covid-19.
Como dijo Cristina, todas leyes a favor del pueblo argentino, por la ampliación de derechos, para enfrentar la pandemia, fortalecer a la economía, defender la soberanía nacional y propiciar el federalismo.
En cuanto a la esperada sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) creo que sí marca un antes y un después de la verdadera disyuntiva en este tema que no es otra que la que separa el aborto clandestino del aborto legal y lo coloca en su real dimensión que es la de una cuestión de Salud Pública. La clandestinidad y las prácticas riesgosas, con pronunciadas diferencias entre clases sociales, tienen que terminar, al igual que las muertes y secuelas que vienen dejando desde hace décadas.
Mi voto se planteó sin dudas a favor de la legalización de la IVE porque respeta una reivindicación histórica y una deuda enorme que se arrastra desde la restauración democrática de nuestro país. Que sea Ley, ni una compatriota menos.