EL FONDO Y LAS FORMAS
Por Andrés Cárdenas
Buenos Aires, 30 de junio de 2020
El Senador Mariano Recalde salió esta semana a refutar el comunicado de legisladores opositores en el que denunciaban “censura” y “corte de micrófonos” durante la sesión en la que se aprobó crear una Comisión Bicameral para el Caso Vicentin. El Parlamento, en tiempos de pandemia, se ha consolidado como el escenario elegido por la oposición para tratar de llamar la atención con constantes denuncias por fallas de procedimiento o técnicas y, así, obturar debates de fondo.
“Los legisladores de la oposición no pueden explicarle a la gente por qué quieren evitar que se investigue la deuda de Vicentín con el Banco Nación y recurren a la mentira. Detrás del ‘escándalo institucional’ que denuncian, está su voluntad de encubrir a empresarios y funcionarios vaciadores”, planteó de modo directo el Senador por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, tras la denuncia opositora en un comunicado ante un presunto “apagado de micrófonos” y “censura antidemocrática”.
El “atropello kirchnerista”, como no dudaron en editorializar algunos medios minutos después de aparecido el comunicado de Juntos por el Cambio, se produjo supuestamente en la sesión del 25 de junio, que aprobó en el Senado la institución de una comisión bicameral para estudiar el vaciamiento de la megaempresa cerealera santafesina.
El siguiente paso fue la amenaza opositora de desconocer la votación -que habían perdido por 41 votos afirmativos contra 29 negativos- y judicializarla por la presunta “censura” sufrida durante el trámite de aprobación de la media sanción.
“Es insólito que los senadores de la oposición nos acusen de censura. Hubo más de 6 horas de debate en el recinto y se escucharon TODAS las voces, ¡hasta los insultos del Senador de su bloque que dejó el micrófono abierto!”, tuiteó el senador Recalde.
Como si faltaran evidencias de lo flagrante, publicó un hilarante video editado con las participaciones opositoras durante la sesión.
https://mobile.twitter.com/marianorecalde/status/1276583519968526338
Lo que algunos analistas suavizan como parte de las “chicanas” propias del folclore parlamentario muestra por detrás una estrategia bien aceitada (nunca tan justo como en el caso Vicentin) desde la oposición que, manipulando las limitaciones para sesiones presenciales que exige la pandemia, recurre a las peores prácticas de la política en perjuicio de los intereses generales.
Varias ramas del Derecho suelen recurrir al axioma “lo accesorio sigue a lo principal”, un razonamiento válido también en el plano de la discusión retórica cuando se deben argumentar una serie de ideas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la que dependen.
En el Congreso se está llegando aún más bajo desde la bancada opositora, ya que lo accesorio de las presuntas fallas formales de procedimiento, un paso previo al necesario debate, se fuerza para evitar discutir lo principal.
En el caso de perder la votación de manera democrática se pretende llevar con falsedades o argumentos retorcidos los temas más comprometedores al terreno fangoso de la judicialización serial.
En los últimos meses se pudo ver esta maniobra repetidamente, como un verdadero “modus operandi”, especialmente en los proyectos de ley que ponen en tensión poderosos intereses concentrados como fue el caso Vicentin o las iniciativas para lograr una contribución extraordinaria, por única vez, de las principales fortunas del país en plena crisis del Covid-19.
La Comisión Bicameral, aprobada en el Senado, estará compuesta por seis diputados y seis senadores que tendrán por objetivo investigar las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.
La Comisión también tendrá atribuciones para “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”. Y, finalmente, podrá buscar información para establecer si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.
Ateniéndose a estos objetivos enunciados y a los antecedentes del anterior gobierno de Mauricio Macri se presentan en el horizonte motivos más que suficientes para la preocupación de algunos sectores empresariales y exfuncionarios políticos y técnicos.
QUÉ DEFIENDEN CUÁNDO APOYAN A VICENTIN?
“ Vicentin es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y empresas en el exterior (Uruguay, Paraguay, Brasil y España). Ocupa uno de los primeros lugares entre las empresas de mayor facturación en el país, es una empresa líder en el negocio de molienda de oleaginosas -con una gran capacidad instalada- y en la producción de biodiesel. Está entre las diez exportadoras más grandes de Argentina. El grupo cuenta con dos terminales portuarias sobre el río Paraná, a través de las cuales canaliza sus exportaciones“, detalló la Dra. Patricia Lombardo, Profesora Asociada de la Cátedra de Economía Agraria de la UBA y miembro de los Grupos de Estudio y Trabajo (GET) de la FAUBA.
Lombardo realizó una exposición del tema en un reciente conversatorio público (1) auspiciado por la FAUBA, con especialistas invitados, como el propio Director del Banco Central, Claudio Lozano.
Las actividades diversificadas del poderoso grupo industrial con cabecera en Avellaneda, provincia de Santa Fe, incluyen en el país desde comercialización de granos, embotellado de aceites, algodoneras, faena de hacienda vacuna, fabricación de vinos y mosto y la estrella de su conglomerado: la producción de biogas y biodiesel.
“La presunción del gobierno argentino es que Vicentin habría remitido buena parte del dinero al exterior, en una maniobra defraudatoria usando sociedades en el extranjero. Por eso mismo, la UIF denunció a la empresa, junto con Javier González Fraga, extitular del Banco Nación y Mauricio Macri. El mecanismo consistía en que Vicentin Argentina se endeudaba y firmaba contratos con los productores argentinos, pero quien cobraba las ventas y recibía el dinero era una Vicentin extranjera, que claramente no devolvía el dinero a los argentinos”, explicó Lombardo sobre las maniobras de evasión y triangulación financieras.
El mecanismo de malversación al estilo “cajas chinas” llevó el vaciamiento de la empresa en tiempo récord y puso al Estado argentino en la coyuntura de garantizar la continuidad productiva en primer lugar y evitar la extranjerización del capital en un sector estratégico (con la cuestionada venta, de por medio, de la planta de biodiesel Renova a la multinacional suiza Glencore en diciembre pasado en plena crisis patrimonial) e intentar que los 2368 acreedores públicos y privados en Argentina y el mundo recuperen su crédito.
Pero otro aspecto principal es garantizar la no pérdida de los fondos del fisco y de la banca pública, de todos los argentinos, estimados en 24.000 millones de pesos declarados en el concurso de acreedores del grupo Vicentin.
Un informe contable presentado ante el Juzgado de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de la compañía, demostró cómo el gobierno de Macri le dio al grupo Vicentin -su principal aportante de campaña- nada menos que 6000 millones de pesos entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre, con el cambio de gobierno en marcha. A razón de más de dos préstamos por día llegó a desembolsar el Nación a la compañía, que obviamente se esfumaron en el aire, de modo casi automático. Cualquier ciudadano argentino que intentó gestionar un crédito o préstamo por aquellas mismas fechas sabe en carne propia que resultaba virtualmente imposible lograrlo para el común de los mortales.
El actual Presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, afirmó esta misma semana que “hay que recuperar el dinero prestado a Vicentin para darle créditos a las Pymes”. Mientras que Lozano consideró que: “la vía concursal es un procedimiento que va a llevar mucho tiempo, por eso hay que estar atento para evitar que se convalide la estafa”, a la vez que afirmó que el Estado “pretende preservar los puestos de trabajo en Vicentin, y debe tener un rol protagónico para ayudar a posicionar a la empresa en el primer lugar del mercado de exportaciones de granos”.
La trama de la estafa resulta sumamente compleja, así como lo serán las soluciones eficaces que precisarán de un Estado absolutamente presente en defensa de los intereses de todos los ciudadanos.
Por su lado, la oposición de Juntos por el Cambio, en defensa cerrada de su principal aportante de campaña, agitó a la opinión pública desde sus medios y redes disponibles ante un presunto “ataque a la propiedad privada” y un “giro chavista” confiscatorio del gobierno nacional, del que, una vez más, hacen responsable a la Vicepresidente y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Aquí pueden verse las dos caras de una misma moneda: sectores opositores intentan promover en las calles “banderazos” y “cacerolazos” en medio de la pandemia, pero evitan hablar sobre las cifras escandalosas de las maniobras fraudulentas; mientras en el Senado denuncian “apagado de micrófonos” para “embarrar” aunque más no sea la aprobación de una Comisión Bicameral que intente llegar al fondo de la cuestión
ABSTENCIÓN OPOSITORA EN LEY DE ALQUILERES
En la mañana de hoy, 30 de junio, el Ejecutivo nacional promulgó finalmente la Ley de Alquileres 27.551, que había recibido sanción parlamentaria definitiva el 11 de junio pasado en el Senado y establece nuevas reglas para los contratos de locación con claras mejoras para la situación de inquilinos e inquilinas de la Ciudad.
Según sus estudios, el Frente de Todos calcula los alcances de esta normativa son muy relevantes ya que en la Ciudad al menos el 32,1% de las propiedades son alquiladas, y unas 900 mil personas son inquilinas, sobre una población algo menor a los tres millones de habitantes.
La Cámara de origen fue Diputados, donde la votación se saldó con 194 votos a favor, 24 abstenciones (18 del PRO; 2 de la Coalición Cívica; 2 UCR; 1 de Consenso Federal; 1 de Federal Unidos por una nueva argentina), 0 en contra.
Pero en un tema tan vital, en especial para el sector trabajador y la población de menores recursos, la oposición volvió a dar la nota en el Senado, al “retirarse” del recinto “en desacuerdo con la inclusión de temas que no estaban vinculados a la pandemia”. Una objeción meramente formal, insensible a las necesidades básicas del pueblo y además falsa, como demostraremos.
El Frente de Todos advirtió que, en medio de la emergencia sanitaria, “todos los temas son atravesados por la pandemia” y votó en soledad la nueva normativa para los contratos de locación, que contempla extender de dos a tres años el tiempo de alquiler y una flexibilización para la presentación de garantías, así como otros importantes avances para los inquilinos.
La oposición nuevamente colocó el carro adelante de los caballos, sin tener en cuenta las recurrentes problemas ligados a los alquileres, que por ejemplo pueden verificarse en un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que apenas entre el 20 y 30 de abril de este año recibió 620 reclamos por parte de inquilinos en problemas en plena pandemia.
En el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) el Poder Ejecutivo Nacional había dispuesto a través del DNU 320/20, por el plazo de 180 días, hasta el 30 de septiembre del 2020, medidas para proteger a los inquilinos, como la suspensión de desalojos, prórrogas de contratos, congelamiento de precios de alquileres de inmuebles y planes de pago fuera de término, medidas que en reiterados casos no se respetaron.
Como corolario lamentable de lo que llamamos la estrategia de las formas sobre el fondo de los debates nacionales más necesarios en la actualidad, la denominada por los medios “ala dura” de Juntos por el Cambio parece decidida a intentar bloquear también el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Tras caducar el protocolo acordado para realizar sesiones a distancia, referentes opositores como el titular nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, o diputados del PRO y aliados como Jorge Enriquez y Fernando Iglesias, volvieron a exigir sesiones presenciales, imposibles de concretar en el corto plazo con las mayores restricciones sanitarias impuestas en el AMBA al menos hasta el 17 de julio.
En caso de prosperar esta postura, que no es la de todos los legisladores opositores, lo que se lograría en la práctica sería la clausura de los debates parlamentarios, en un momento de apremiantes necesidades normativas derivadas de la crisis mundial que disparó el Covid-19. La irracionalidad, el engaño y la desconsideración por los ciudadanos no deben ganar la pulseada.