Desinversión y Emergencia en las escuelas porteñas
El día 18 de julio la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) junto con la Multisectorial por la Escuela Pública realizó una conferencia de prensa denunciando que en 26 escuelas la Ciudad de Buenos Aires las clases debieron suspenderse o su funcionamiento se vio afectado por falta de mantenimiento.
Las fallas denunciadas son de diversa índole, en algunos casos se trata de fallas de gas o la calefacción (incluso en un caso hubo escape de monóxido de carbono), falta de luz o problemas eléctricos, cloacas, filtraciones y falta de agua. En otros casos las causas del cierre se debió a condiciones edilicias peligrosas y obras sin terminar.
La falta de inversión y mantenimiento no sólo se traduce en problemas en la infraestructura física, sino que también tuvo lugar una preocupante invasión de ratas por la que al menos 7 escuelas perdieron días de clases.
Crónica de una desinversión anunciada
Para 2019 el presupuesto sancionado para la realización de obras de infraestructura escolar fue de $1.180 millones, lo que en términos de poder adquisitivo implica una contracción a casi la mitad del gasto real.
Si bien es probable que a lo largo del año haya incrementos presupuestarios (de hecho, el 18/7/19 se sancionó una primera ampliación), porque el Presupuesto inicial subestimó la inflación, los recursos y los gastos en los que iba a incurrir, el monto original presupuestado es una muestra del esquema de prioridades del Ejecutivo Porteño, en el cual la inversión en educación recibe una disminuida atención. A modo de ejemplo, puede señalarse que para la reparación de veredas se destinaron $2.218 millones, prácticamente el doble de lo destinado a infraestructura escolar a lo largo de este año.
Un déficit sistémico
Si bien durante 2019 se intensificaron los problemas de infraestructura educativa, se trata de una deficiencia sistémica. A las malas condiciones edilicias que fueron denunciadas por UTE, y que se reseñan sintéticamente más adelante, se le suman otras cuestiones: el estado general de los establecimientos, la escasa construcción de nuevas escuelas y la falta de vacantes, entre otras.
Se estima que en la Ciudad faltan 22.000 vacantes en los diferentes niveles de educación pública. El nivel más castigado es el Inicial -desde 45 días hasta 5 años de edad– y los déficits más agudos se concentran en los barrios de la zona sur de la Ciudad.
En esta dirección vale recordar que en la Constitución de la Ciudad, en su artículo 24°, se estableció la obligación del Estado de “asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. A más de 20 años de sancionada la carta magna, ésta sigue siendo una asignatura pendiente.
La falta de vacantes en el Nivel Inicial también se refleja en la gran cantidad de instituciones educativas privadas. Las unidades educativas en la ciudad de Nivel Inicial son 35,5% de gestión estatal y 64,5% de gestión privada. Mientras que la falta de vacantes en escuelas de gestión estatal lleva a familias de mayores ingresos a recurrir a las instituciones de gestión privada, para las de menores ingresos y/o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, sus posibilidades de un acceso eficiente a la educación de calidad se ven cercenadas.
En lugar de ocuparse de resolver el problema la falta de vacantes en el sector de gestión estatal, hace una década que el GCBA, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri, decidió tomar un “atajo”. Su respuesta fue la creación los Centros de Primera Infancia (CPI), una solución defectuosa, de compromiso, dirigida a las familias de menos recursos que no pueden costear la educación inicial y privada.
Los CPI son gestionados por organizaciones de la sociedad civil a los que el GCBA les otorga un “subsidio” en concepto de beca mensual, para que den cuidado a los niños y niñas que concurren al mismo. El programa no depende del Ministerio de Educación sino del de Hábitat y Desarrollo Humano y, por lo tanto, se ubica afuera del sistema educativo formal.
El personal que trabaja en los CPI se encuentra precarizado, y en general factura por servicios a la organización que gestiona cada centro. Sus remuneraciones son inferiores a las que se pagan en el sistema educativo y no hay esquemas de cobertura de suplencias, lo que redunda en una alta rotación de los planteles docentes y, por lo tanto, afecta el derecho de niños y niñas a recibir una mejor calidad educativa.
Por otra parte, existe una gran heterogeneidad en el funcionamiento de los CPI; la falta de claros estándares de calidad y la situación precaria de los equipos docentes no permiten asegurar que todos los niños/as que asisten a los CPI reciban un servicio de equivalente calidad, con independencia de las características particulares de la organización que lo llevan adelante.
Actualmente se encuentran en funcionamiento 76 CPI a los que concurren 11.002 niños y niñas, según el último informe del Ejecutivo enviado a la Legislatura Porteña. El 60% de las vacantes son de niños y niñas del Sur de la Ciudad (Comunas 4, 8, 9 y 10), que son barrios en los que se concentra la mayor cantidad de chicos/as sin vacantes en las Escuelas Públicas dependientes del GCBA.
Por lo tanto, la falta de vacantes relevadas es sólo una muestra del déficit de oferta pública en nivel inicial; a esto hay que sumarle que este nivel es el que tiene la mayor presencia del sector privado lo que da cuenta que las familias que cuenta con capacidad económica recurren a este sector para suplir la falencia del sector público; y que en el otro extrema las familias sin recursos deben recurrir a los CPI.
Un Ministerio condenado por no educar
A raíz en una presentación judicial (Expte N°36966/16/0, del fuero CAyTCABA) realizada por docentes, padres de escuelas públicas y legisladores, el Juzgado a cargo de la Dra. Elena Liberatori realizó un exhaustivo análisis sobre la actual gestión del Ministerio de Educación porteño.
En la sentencia del 18 de julio 2019, la Jueza Liberatori ordenó al GCBA a garantizar el derecho a la educación accesible (esto es, dentro del radio del domicilio) en la Zona Sur de la Ciudad, estableciendo además que el GCBA debe abonar el pasaje a los padres y madres que viven a más de diez cuadras de la institución escolar.
En el estudio realizado por el juzgado, se arribó a conclusiones sobre la gestión educativa similares a las que se viene denunciando desde la Multisectorial por la Escuela Pública. Sin embargo, ello no resultó una tarea sencilla ya que el Ministerio que conduce Acuña se negó a entregar información completa, por lo tanto en la tramitación del expediente se citó a declarar como testigo a cada supervisor/a de los 21 distritos escolares.
De allí se comprobó que no hay vacantes en la Zona Sur (Comunas 4, 7, 8 y 9 principalmente), lo cual provocó que hubiera constantes derivaciones a lugares lejanos a los padres y madres. Como resultado del estudio, se elaboró un mapa de la disponibilidad de vacantes, en el que queda en evidencia no sólo la falta de lugares en la escuela pública, sino también lo inadecuado de la solución brindada por el GCBA.
Sumado a ello, el fallo destaca que las “listas de espera” se conforman con alumnos cuyos padres no pudieron aceptar la vacante que Educación ofreció, porque se encontraban lejos de su domicilio (por ejemplo, de Lugano a Villa Urquiza) o sólo contemplaban media jornada.
Además, la magistrada señala que se constató que del plan “54 nuevas escuelas” que promociona el GCBA, sólo hay efectivamente 13 escuelas de creación, siendo el resto reemplazo o ampliación de instituciones existentes.
El fallo también da cuenta de superpoblación en las aulas de la Zona Sur (más de 30 alumnos por aula), hecho que demuestra de por sí la falta de vacantes y la dificultad en las condiciones en que docentes y alumnos deben trabajar y estudiar en las escuelas públicas de la CABA.
Por último, la sentencia también advierte sobre la falta de planificación del GCBA con relación a las vacantes adicionales que serán necesarias una vez que estén finalizados los nuevos complejos habitacionales de Estación Buenos Aires, y Estación Sáenz (Comuna 4). Ambas edificaciones se encuentran dentro del Distrito Escolar Nº5, que ya esta colapsado, y no se advierte suficiente previsión para las necesidades educativas de las familias que habitarán las casi 3.000 nuevas viviendas de dichos complejos.
Una cuestión de prioridades
El presupuesto implica la definición de un esquema de prioridades por parte de las autoridades de una administración o gobierno. Una forma sencilla de visualizar la relevancia que a lo largo de los años se asigna a una temática determinada, en el conjunto de las acciones realizadas, es a través del seguimiento del peso que esa política tiene en el total del gasto presupuestario del gobierno.
Sin embargo, dado el volumen de recursos del presupuesto de la Ciudad, generalmente los cambios en las prioridades de gestión no se ven adecuadamente reflejados por su baja participación sobre el gasto total.
Además, vale destacar que a lo largo de la última década se han producido importantes cambios en la estructura de las políticas públicas de la Ciudad, mediante la incorporación de funciones que anteriormente el GCBA no realizaba. Los casos más claros son el traspaso de la administración del servicio de Subterráneos y más recientemente de la gestión de la fuerza policial.
El traspaso de esas funciones implicó que el GCBA incurriera en mayores gastos y, por lo tanto, la estructura del presupuesto porteño se modificó. Por ello, si se pretende comparar el peso de la educación a lo largo del tiempo, es necesario excluir del presupuesto los recursos destinados a la función Seguridad y la finalidad Transporte. Si no se las excluyera del presupuesto la función Educación seguramente caería, pero eso podría no deberse a un cambio en las prioridades del gasto, sino a la incorporación de nuevas funciones.
Ahora bien, realizadas dichas consideraciones y tomando las precauciones reseñadas cuando se analiza el peso de la función Educación en el presupuesto porteño (excluyendo la función seguridad y la finalidad transporte) se concluye que durante el primer gobierno de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño la participación del presupuesto destinado a la educación se mantuvo relativamente estable, en torno a un promedio de 29% (incluso con una leve tendencia a ganar peso).
Sin embargo, el gráfico muestra con claridad que a partir del segundo mandato de Macri empezó una tendencia a la pérdida de relevancia del gasto educativo en el presupuesto total. Esta tendencia se profundizó durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Las escuelas en emergencia
La baja prioridad que el Gobierno de la Ciudad asigna a la inversión en educación se refleja en las dificultades que diariamente enfrentan las comunidades educativas. La Multisectorial para la Escuela Pública brindó el detalle de las escuelas afectadas por la falta de respuestas del ejecutivo porteño:
- Comercial 19 (Formosa 136): Invasión de ratas, 6 días sin clases por desratización. Intoxicación de docentes y alumnos por veneno luego de la reincorporación con intervención del SAME, bomberos y defensa civil.
- JIC 1 D.E. 2 (Arenales 2733), Invasión de ratas, 3 días sin clases.
- EMEM 6 D.E. 1, sin clases por deficiencias varias (agua negra y falta de gas).
- Escuela 8 D.E. 10 “Julio A. Roca” (Carlos E Zuberbuhler 1800), sin clases por inundación cloacal.
- Escuela Rogelio Yrurtia (Av. Juan Bautista Alberdi 4139), suspensión de clases por falta de gas.
- Centro Educativo Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318), sin gas y con graves filtración de agua. El 50% del edificio no tiene servicios básicos.
- Normal N°4 y Liceo 2 DE 8 (Rivadavia 4950), sin clases por presencia de ratas (6 días).
- CECEP 19 (Caseros 4050), sin clases por falta de agua y luz.
- Escuela 24 D.E. 19 (Barros Pasos 3610), sin clases por corte de gas de 6 días, y presencia de ratas.
- ET 26 D.E. 6 (Jujuy 225), sin clases por falta de agua y luz.
- Lenguas vivas Juan Ramón Fernández (Carlos Pellegrini 1515), estuvo sin clases 3 días por escape de monóxido de carbono.
- EEM 1 D.E. 20 (Piedra Buena y Zuviría), no cuenta con conexión de gas.
- EEM 5 D.E. 19 (Martínez Castro 3061), sin conexión de gas y problemas cloacales (desborde de aguas servidas).
- Escuela 1 D.E. 12 (Yerbal 2370), debieron suspenderse las clases por falta de agua.
- Comercial Nº 12 (Aquino 6040), filtraciones de agua e inundaciones.
- Escuela 15 D.E. 15 (Tronador 2861), 2 días sin clases por presencia de ratas, además se encuentra sin servicio de cocina.
- Colegio 1 D.E. 3 (Av. San Juan 1545), presencia de ratas.
- Jardín de infantes Nº 13 D.E. 4 (Rosario Vera Peñaloza 699), no se cuenta con gas, además hay deficiencias eléctricas y de suministro de agua.
- Comercial 5 D.E. 3 (Entre Ríos 757), suspensión de clases por falta de electricidad, gas y agua.
- JII 4 D.E. 20 y JII 8 D.E. 20 (Zuviría 6550), se perdieron 20 días sin clases por condiciones edilicias riesgosas y obras sin terminar.
- ET Nº 15 (Martín García 874), se suspendieron las clases por falta de calefacción.
- EEM Nº 4 D.E. 19 (Sáenz 631), falta de gas y calefacción.
- Escuela de cerámica Fernando Arranz, suspensión de clases por trastornos generados por obras realizadas durante el ciclo lectivo.
- Escuela 18 D.E. 6 (Belgrano 3767), el colegio debió ser evacuado y se suspendieron las clases por desperfectos en la caldera.
- Jardín de infantes integral N°13 DE 20: No tiene cloacas ni gas. En abril se cayó un ventilador en la sala de 2 años mientras los chicos dormían.
Además se denunció la situación de diversos los polos educativos donde comenzaron las clases sin que las obras hayan sido terminadas:
- Polo Piedra Buena: la cocina no está habilitada; la escalera de emergencia, sin terminar; baños sin agua y patios inhabilitados.
- Polo Múgica: faltan las conexiones a los servicios básicos como luz, gas y cloacas. Medios de escape, no habilitados.
- Polo Mataderos: las conexiones a los servicios son provisorias y los medios de escape no están habilitados.