COVID-19: CRISIS SANITARIA EN BARRIOS POPULARES DE CABA
Buenos Aires, 6 de mayo de 2020
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta confirmó el alto nivel de infectados que se da en villas y asentamientos precarios de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que se agregan problemas graves como la falta de agua en la Villa 31 de Retiro en plena emergencia sanitaria. Una situación desbordada, con raíces históricas y recortes presupuestarios en plena pandemia, que requirió el soporte del Estado Nacional.
En el marco de la pandemia mundial de Covid-19, las diferentes realidades sociales que viven los porteños y porteñas, reflejan y dejan al descubierto las grandes falencias estructurales de la Ciudad, potenciadas por políticas públicas que tienden a expulsar a los ciudadanos de la ciudad y ensanchar la brecha de desigualdad.
LA ACTUALIDAD
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, admitió esta semana, tras días de reclamos, que la curva de contagios por coronavirus crece en CABA y la pandemia se hace sentir con fuerza en los barrios populares y asentamientos con 6 fallecidos y 249 casos, en especial en la Villa 31, de Retiro, y el Barrio Padre Ricciardelli (villa 1-11-14), en Bajo Flores, que presentan los niveles más elevados de infectados.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, actualizadas al 5 de mayo, indicaron que un 14% del total de casos de coronavirus registrados en CABA se produjeron entre los aproximadamente 350 mil habitantes de las 38 villas y asentamientos censados en la Ciudad. La cifra representa a uno de cada diez ciudadanos porteños infectados, o lo que es lo mismo a una población vulnerable literalmente diezmada.
Desde el 24 de abril, cuando comenzó el extendido corte y escasez de suministro de agua potable en Retiro los casos confirmados de personas con COVID-19 en la Villa 31 y 31 bis se dispararon de 3 a 151, sobre un total de 249 en las villas porteñas, y allí también se produjo la primera muerte por la enfermedad, de los seis fallecidos en el lugar ya confirmados por el propio ministro Quirós.
Toribia Balbuena, una jubilada de 84 años, madre de Alba, la primera paciente registrada en la 31, murió el 3 de mayo en el Hospital Rivadavia, donde fue ingresada a terapia intensiva el pasado 20 de abril. Su hija, que había contagiado a los padres, fue dada de alta anteriormente y su esposo, de 85 años, prosigue internado en el Hospital de Clínicas.
El ministro Quirós admitió finalmente ante los medios que “en todas las villas de la Ciudad existe al menos un caso confirmado”y precisó que la villa 1-11-14 del Bajo Flores figura segunda en la estadística oficial con 71 casos confirmados. La distribución de casos en barrios vulnerables se completa con al menos otros tres en el Barrio Ramón Carrillo, uno en Barrio Los Piletones y uno en Barrio Fátima, de Villa Soldati; dos en Ciudad Oculta (Villa 15) y dos en Barrio 20, ambos en Villa Lugano; uno en la villa 21-24 (Zavaleta) en Barracas; uno en la Rodrigo Bueno, otro en Barrio Mitre, en Saavedra, y 11 casos de barrios no determinados.
“El aumento de casos va a llegar y el objetivo es prever y reducir su impacto con el cuidado de todos y en especial de los adultos mayores. Necesitamos que nos sigan acompañando en el uso de barbijos, el aseo, distanciamiento social y salir lo mínimo indispensable. Apelamos a la responsabilidad individual”, hizo un llamamiento Rodríguez Larreta en los últimos días ante la prensa.
Sin embargo, lavarse bien las manos, desinfectar superficies o mantener limpios la ropa y los objetos de uso diario resultan recomendaciones básicas difíciles de cumplir, aún con la mejor voluntad “individual”, en condiciones habitacionales de hacinamiento forzadas por el “aislamiento social en comunidad” y sin provisión de agua. Estos reclamos llevaban un tiempo por parte de referentes y organizaciones sociales en las villas, el gobierno porteño volvió a responder tarde.
Balbuena, la primera fallecida en la 31, convivía en una habitación de nueve metros cuadrados, junto a su marido y su hija que contrajeron el virus, con un baño compartido con otras 11 personas, marcando de modo brutal las malas condiciones de vida y el fracaso de las políticas de “reurbanización e integración urbana”, de alcances más bien cosméticos, promovidas desde 2015 por la gestión de Rodríguez Larreta.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
Para aumentar las señales de alarma, a los casos confirmados el equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad sumó en estadísticas oficiales al menos otros 75 casos sospechosos de contraer el virus entre los contactos estrechos de los infectados en la Villa 31 y 31 bis.
Por ello, a partir del 5 de mayo autoridades sanitarias de la Nación, por intermedio de un Comité de Crisis, tomaron cartas en el asunto y comenzaron,en conjunto con las autoridades porteñas, el operativo denominado DETeCTar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina).
Funcionarios encargados del operativo informaron que una vez detectada la persona con síntomas se le realiza el testeo PCR que demora entre 4 y 6 horas, tiempo en el cual el paciente debe permanecer aislado en una Unidad de Aislamiento Transitorio. En caso de dar negativo, la persona regresa a su hogar y si da positivo debe ser trasladado a los hoteles dispuestos por la Ciudad.
El senador nacional Mariano Recalde y los legisladores y legisladoras Ofelia Fernández, Leandro Santoro y Victoria Montenegro, entre otros referentes del Frente de Todos, denunciaron desde el comienzo el grave problema por la falta de agua en la Villa 31 y 31 bis, que solamente puede agravar el volumen de contagios.
En tanto la empresa Aysa explicó que “la red interna del barrio fue construida y es operada por el Gobierno de la Ciudad, que es quien deben garantizar el servicio”, aunque la titular del organismo, Malena Galmarini, mantuvo reuniones con las autoridades porteñas para darle la más rápida solución posible al desperfecto.
“Iremos manzana por manzana, casa por casa, para detectar a quienes tengan síntomas y así actuar rápidamente” en todo el barrio 31, prometió el ministro Quirós, en una reacción claramente tardía tal como ocurrió antes en otros dos frentes que se preveía complicados en caso de contagios masivos por coronavirus: geriátricos y cárceles.
El 21 de abril con la clausura del lujoso geriátrico Apart Incas, en la zona más exclusiva de Belgrano R, se destapó la falta de previsión y control del GCBA en el cumplimiento estricto de los protocolos para el Covid-19 en estos establecimientos: con la constatación de 19 contagiados entre residentes y trabajadores de la institución.
En cuestión de días casos similares se hicieron públicos en los barrios de Parque Avellaneda, Monte Castro y Vélez Sarsfield. Las experiencias en países europeos y otras naciones que sufrieron la pandemia desde antes marcaban a las residencias de ancianos como zonas de alto riesgo y ameritaban mayores controles y previsiones.
En cuanto a los penales el motín de la cárcel de Devoto sacudió al vecindario con incidentes y destrozos en las instalaciones penitenciarias el 24 de abril, apenas tres días después de lo sucedido en el Apart Incas.
Paradojas del distrito más rico de Argentina, con afectados graves en ambos extremos de las clases sociales, y por si fuera poco, con un incremento marcado de los casos de dengue, una epidemia silenciosa que avanza eclipsada mediáticamente por el coronavirus.
Ejemplos de una mala política de gestión porteña de amplio espectro, que en todos los casos nombrados tuvo el denominador común de tener que recurrir ante el desborde a las autoridades nacionales para aportar soluciones más efectivas.
RECORTE PRESUPUESTARIO EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Muchas de las familias de barrios populares subsisten gracias a variadas actividades económicas llevadas adelante en su propia vivienda, pero a su vez tienen un nivel de dependencia importante respecto de su localización y un altísimo grado de informalidad, con los ingresos apenas garantizados “al día”, aún en condiciones “normales”, sin ninguna emergencia sanitaria de por medio.
Por ello las necesidades se multiplican ante las restricciones que impuso la prolongada cuarentena vigente al menos hasta el 11 de mayo próximo.
En este marco el mismo día en que comenzó la intervención sanitaria masiva en la Villa 31 estalló la noticia bomba de que Rodríguez Larreta le quitó 785 millones de pesos al programa del gobierno porteño que asiste de manera directa a los comedores populares (1).
De esta manera, en contradicción con los discursos ante los medios, en los hechos se le recortó esta enorme suma de dinero al área sensible que trabaja en barrios vulnerables, con el objetivo contable de subsidiar el servicio de subterráneos de la Ciudad.
Luego del reclamo del Frente de Todos por el recorte, el Gobierno de la Ciudad revirtió su decisión original y restituyó la partida presupuestaria al programa. Sin embargo, es un motivo de alerta que esta orientación haya intentado plasmarse en el contexto de la pandemia, mientras el Ejecutivo pretende la aprobación de una ley de facultades extraordinarias, las cuales flexibilizarían aún más la administración de los recursos públicos.
No hace falta agregar calificativos a una gestión de gobierno que no soluciona de modo inmediato el suministro de agua potable en un conglomerado vulnerable de cerca de 50 mil habitantes y retacea la provisión de alimentos a comedores populares en media de una pandemia global.
DÉFICIT HABITACIONAL HISTÓRICO, BASE DEL PROBLEMA
A pesar de que la población en general de la ciudad de Buenos Aires no crece desde fines de la década de 1940, manteniéndose en torno a los tres millones de habitantes, el número de habitantes en las villas y asentamientos sí ha crecido, mostrando que en el último período intercensal (2001-2010) hubo un incremento de aproximadamente el 52%, todavía mayor en estos días. Considerando datos de la Encuesta Anual de Hogares del GCBA, la población en villas creció un 85% entre 2007 y 2018.
A la vez persiste el déficit habitacional endémico y pese a que en las últimas décadas la construcción de viviendas se multiplicó, las posibilidades de acceso de los sectores de menores ingresos a un techo digno actualmente resultan cada vez más improbables y allí está la raíz del problema del crecimiento poblacional de los asentamientos.
Esto se debe a múltiples factores como el enorme aumento producido, en particular desde el año 2003 en adelante, en los valores del suelo y de los inmuebles en CABA, por la explosión del negocio inmobiliario, sumado a la carencia de una política habitacional integral, salvo en determinados casos ligados a poderosos intereses digitados.
Los diferentes diagnósticos sobre la problemática habitacional en la Ciudad coinciden en señalar la cuestión de la vivienda como un conflicto no resuelto por las diferentes gestiones. El aumento de la población que vive en inmuebles alquilados y la imposibilidad de acceder a la vivienda propia, las condiciones de vida en las villas de la Ciudad (donde muestran una distribución del ingreso concentrada en los deciles de menores recursos) y los requisitos abusivos que enfrentan quienes alquilan son algunas de las diversas variables para atacar esta problemática.
Luego de trece años de gestión del PRO, a partir de 2007, y muchos sin iniciativas, la asunción de Rodríguez Larreta impulsó un reforzamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) con un plan de integración y “urbanizaciones”, que contempló solamente a 4 de las 14 villas y 21 asentamientos informales existentes en la ciudad, que hoy muestran faltantes y falencias graves en la calidad de vida de los vecinos.
En todos los casos los proyectos tuvieron un trasfondo distinto al de atender a la ingente necesidad de viviendas sociales: en el caso de la Villa 20, del barrio de Lugano, estuvo de por medio la construcción de la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud 2018, ahora destinadas a comercialización inmobiliaria con graves problemas para sus adquirentes con los créditos UVA por las nubes; en el Playón de Chacarita se dio la expansión de la avenida Triunvirato con el consecuente millonario cambio de zonificación para erigir costosas torres en la zona; en la Villa 31 y la 31 bis de Retiro se apuntó igualmente a construir torres en la Avenida del Libertador y, por último, en la Villa Rodrigo Bueno, de Puerto Madero, estuvo de por medio un convenio para levantar un barrio de lujo.
Como parte de nuestra contrapropuesta podemos citar las palabras de Paula Penacca(2): “Se requiere una planificación urbana inclusiva, con instrumentos que apunten a reducir los impactos de las acciones estatales en el mercado de suelo, para que los beneficios de las inversiones públicas estén a disposición de los afectados y no de los promotores inmobiliarios privados (…) Asimismo, creemos que el fortalecimiento de las pequeñas entidades de trabajo, autogestivas y generadoras de hábitats, puede ser un eje fundamental, en el futuro, de la producción de la vivienda y del espacio público, en donde no sólo se acceda al derecho a la vivienda, sino también al derecho al trabajo. La Ciudad debe ser para todos y no para pocos, y eso se logra a través de una gestión inclusiva en todas sus áreas, incluidas las que piensan en gran escala el desarrollo futuro del distrito”(3).
Vale destacar la necesidad de avanzar en la urbanización de las villas, con una perspectiva más amplia, que aborde la complejidad de la situación social de estos barrios y su carencia de servicios públicos, en un marco de trabajo participativo con los actores sociales. La situación de emergencia económica y social exige un abordaje integral que involucre políticas sanitarias, educativas, ambientales, laborales y de cuidado de personas mayores, además de las políticas específicas de vivienda y planeamiento urbano.
Un camino a seguir cuando la pandemia pueda superarse o mantenerse a raya y haya que plantear soluciones habitacionales de fondo, en especial para los sectores más vulnerables en el distrito con mayores recursos del país.
(1)- Ver información en: https://www.revistaque.com/5/28897-larreta-le-quit-785-millones-al-programa-que-sostiene-l
(2)- Actual diputada nacional, ex presidenta de la Comisión de Descentralización y ex vicepresidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.
(3)- Ver en: Recalde, Mariano (compilador) (2018). Gobernar la Ciudad, Políticas públicas para una Ciudad moderna, inclusiva y desarrollada, pp. 71-78. Buenos Aires, Argentina. Editorial Colihue.