COLECTIVO TRANS TRAVESTI EN PELIGRO EN PANDEMIA
Por Andrés Cárdenas
Buenos Aires, 29 de julio de 2020
La crisis habitacional y de marginación de esta comunidad en CABA se profundizó con el coronavirus y el aislamiento sanitario, pues a pesar del decreto presidencial que prohibió desalojos hasta el 30 septiembre, muchos se efectivizaron. Las legisladoras del Frente de Todos Victoria Montenegro, Ofelia Fernández y Lorena Pokoik presentaron un proyecto de protección para un colectivo que sobrevive empujado generalmente a la prostitución como única salida y con una expectativa de vida que no supera los 40 años.
“El proyecto de ley del Frente de Todos plantea que debe declararse la emergencia habitacional de la población travesti trans hasta el 2023 para resolver el problema estructural que es la falta de acceso a una vivienda para este colectivo. Propone la creación de un fondo de emergencia y una comisión especial de seguimiento del tema en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad. Además crea un Registro Único de Emergencia Habitacional de la población travesti y trans (RUEHTT) y prioridad en el otorgamiento de subsidios habitacionales y facilidad en el acceso a créditos”, explicó la legisladora María Bielli, firmante de la iniciativa.
El colectivo trans – y no de manera exclusiva- se ve en la necesidad de recurrir a pensiones, inquilinatos, conventillos, hoteles familiares, ante la imposibilidad de acceder a un alquiler formal y una vivienda estable. Estas formas de habitar, que responden a situaciones muy diversas –por no contar con trabajo formal o garantía en la Ciudad, discriminación y otras causas.- presentan distintas problemáticas: altos índices de hacinamiento y cohabitación, elevados niveles de irregularidad en la tenencia de las viviendas, precariedad en los servicios sanitarios e incumplimiento con las normas mínimas de seguridad e higiene.
La pandemia, también en este caso, puso de relieve la falta de cifras oficiales y políticas destinadas a este sector de la población que, mayoritariamente, vive en la “ciudad formal” (fuera del también amplio “sector infornal” de asentamientos y villas) y está profundamente invisibilizado.
“Necesitamos que este proyecto salga, pero a su vez que desde el Gobierno de la Ciudad se implementen políticas integrales que puedan resolver la situación actual. Para la contención solicitamos el acceso a la alimentación y al ingreso social que les permita afrontar la crisis económica que atraviesa nuestro país. Pero también políticas que garanticen el acceso a la salud y al trabajo. En la ciudad de Buenos Aires existe una ley de cupo que no es implementada, no se reglamentó nunca e incluso el año pasado la justicia obligó al Ejecutivo porteño a que se cumpla”, recordó Bielli.
En el año 2018 se realizó un amparo colectivo por el derecho a la vivienda y la justicia falló favorablemente intimando a la Ciudad de Buenos Aires a que resuelva la situación particular de la población trans y travesti. Hubo que llegar a esta situación de pandemia mundial para ver recrudecidas las condiciones de vida y ver que los números de prevalencia de coronavirus son alarmantes en esta comunidad.
La vulnerabilidad de la población travesti y trans está interceptada por otros diferentes vectores, pues se debe señalar que los números de VIH Sida siguen siendo altísimos en ella.
El no acceso a un trabajo formal, pese a una ley de identidad de género de avanzada como la que tiene Argentina desde 2012 resulta contundente y más en los más jóvenes, es decir si se correlaciona la edad de asumir la identidad de género con los indicadores socioeconómicos se verifica la alta situación de vulnerabilidad existente. Lo mismo ocurre con las trayectorias migratorias desde las provincias en general a la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano: el impacto en sus condiciones de vida suele ser para peor.
“Se necesitan políticas que reconozcan a las personas travestis, transgéneros y transexuales como sujetxs de derechos y eso se logra teniéndolxs como protagonistas de las políticas. Es importante que se lxs escuche y se trabaje junto con organizaciones que articulan con el colectivo para hacer políticas efectivas que respondan a las necesidades históricas que presentan”, consideró Bielli.
CON SU VESTIDO AZUL FRANCÉS…
Existen situaciones muy diversas de alquiler de hoteles y pensiones en la Ciudad. En muchos casos se hace en buenas condiciones y es una alternativa habitacional que brinda respuestas para las personas que allí llevan adelante su vida. En otros casos existe una especie de “nube negra” en donde se combina la falta de control y políticas habitacionales del gobierno de la Ciudad, la necesidad de muchas personas que no cuentan con las condiciones para alquilar de manera formal y algunos que aprovechan esta situación para hacer sus negocios.
El Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitieron un comunicado el mes pasado sobre la situación del colectivo travesti y trans en el contexto de pandemia y el impacto de las medidas de prevención del Covid-19.
“Es necesaria una integralidad en las políticas públicas, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años”, indicó el comunicado que se basó en un análisis pormenorizado.
Según el informe conjunto, en la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 180 hoteles familiares declarados (muchos más sin declarar), incluidos hoteles alojamientos que funcionan como vivienda; en ambos casos, las condiciones de habitabilidad son precarias: baños sin desagües aptos, goteras en las habitaciones, cocinas comunes sin salubridad ni seguridad. El costo base de un cuarto de hotel, muchas veces compartido, es de al menos 800 o 1000 pesos diarios, una cifra altísima considerando las condiciones ofrecidas., más aún si se mensualiza.
“El proyecto de Ley de Protección en Pandemia en CABA para el Colectivo Trans es una medida urgente y fundamental. En el relevamiento cuantitativo del año 2016, que fue el último importante que se hizo a través del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad(1), se determinó que el 65% de de la población de mujeres trans y travestis alquilaba en hoteles y pensiones o en espacios tomados y un 3,6% se declaró en situación de calle. Son números que empeoraron.”, analizó Soledad Cutuli, Doctora en Antropología, investigadora y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
“Las condiciones de este 65% del colectivo son absolutamente precarias. Ligadas a trabajos informales y con falta de garantías para alquilar resulta imposible tener contratos a lo que hay que sumar la alta cantidad de integrantes del colectivo que ejercen la prostitución. En los casos de situación de calle resulta muy dura la vida en los paradores o centros de integración para las mujeres trans y travestis, más en el marco de la ASPO y la pandemia, dado que esta situación se intercepta con una trama de otras vulnerabilidades como ser migrantes en algunos casos, cuestiones generacionales y también con consumos de sustancias”, indicó Cutuli.
“La situación de consumos y de vinculación con el narcomenudeo es consecuencia de estas tramas de vulnerabilidad absoluta, se trata ante todo de una población con derechos vulnerados. La oferta de sexo puede venir en combo con la de droga y eso da cuenta de la situación extrema de desamparo en la que se encuentran. Su expectativa actual de promedio de vida es menor a 40 años de edad, merecen una vida más vivible”, agregó la investigadora.
Bielli, al analizar alternativas al problema habitacional, sostiene: “Se tiene que generar un registro público, tiene que haber controles y políticas de mejoramiento de estos espacios para que garanticen una vida digna. Tienen que existir modalidades de alquileres que den cuenta de la población que habita la Ciudad, que muchas veces no cuenta con trabajo en blanco ni familiares o amigues con propiedades garantes”.
(Parte de la comunidad travesti trans del Hotel Gondolín de Villa Crespo)
APOYO ESTATAL PARA UNA VIDA DISTINTA
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación trata actualmente proyectos de inclusión laboral para las personas trans travestis, donde se dispone que el Estado Nacional asegure un cupo para contratar empleados de esta población.
Los proyectos fueron presentados por las presidentas de las comisiones de Mujer, Mónica Macha, y de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley; la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez; la diputada Gabriela Estévez, el diputado Leonardo Grosso, la radical Brenda Austin, y la diputada de izquierda Romina Pla, entre otros.
Todas las iniciativas presentadas incluyen el cupo que debe tener el Estado para personal trans travesti pero no coinciden sobre el porcentaje: las iniciativas de Álvarez Rodríguez y Macha lo ubican en el 1,5%, mientras que Romina del Plá y Austin proponen que sea del 0,5%. En esta última iniciativa, se suman también a la obligación de cumplir con el cupo a las empresas concesionarias de servicios públicos.
En todos los casos, se contempla la capacitación y formación educativa de las personas trans y travestis, un sistema de acceso a la salud, e incluso en el proyecto de la diputada oficialista Gabriela Estévez se propone crear una línea de subsidios para el financiamiento de microemprendimientos y establecer un sistema de incentivos para las empresas privadas.
“Vemos con gran optimismo todo el proceso de debate que se está llevando adelante en el Congreso. Es histórico el hecho de que haya un debate público y abierto tan plural y diverso acerca de una deuda histórica de nuestra democracia como es el cupo laboral travesti trans. El colectivo fue y es hoy en día sistemáticamente vulnerado en derechos como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Por eso hablamos de lo urgente que es encontrar soluciones”, consideró Bielli.
Por su parte la especialista Cutuli dijo: “Existe una complejidad en el trato estatal hacia el colectivo trans. Durante el período 2008 a 2015 hubo condiciones mucho más favorables y luego fue una pesadilla durante el gobierno de Mauricio Macri. Una estrategia, con aciertos y errores, fue generar cooperativas de trabajo en el marco de otros colectivos y con otras personas con trayectorias laborales fragmentarias y complicadas y esto fue atinado para la socialización en el trabajo y ofrecer un ingreso que fue apuntalado por distintos ministerios desde el Estado, hasta que los emprendimientos fueran sustentables”.
“En los programas de inserción laboral las que lograron incorporarse mejor fueron las que tuvieron trayectorias menos infelices que la demás, las que no fueron expulsadas tempranamente del hogar, prostituidas en condiciones espantosas, las que no tuvieron trayectorias migratorias complejas o vivieron en villas de emergencia o las que pudieron hacer del comercio sexual una estrategia y no una condena de vida. Algunas pudieron cubrir cupos laborales, las que tuvieron más educación, para poder cumplir con ciertos estándares de ‘idoneidad’, mientras que otras están mucho más postergadas y es un porcentaje grande, el que no accedió al sistema educativo, que no tuvo otro trabajo que no fuese la prostitución y/o otras iniciativas informales”, amplió la especialista.
Otra arista para este complejo debate la aporta SaSa Testa, Becarix Doctoral (CONICET/UBA-IIGG) y Magíster en Estudios y Políticas de Género: “Una vez que sea sancionada la ley se deben implementar capacitaciones constantes y obligatorias en perspectiva de géneros, haciendo hincapié en la Ley 26.743 a todos los organismos públicos y privados seguida de una efectiva reglamentación, entendida esta como el acto de ofrecer puestos de trabajo sin dilaciones para nuestro colectivo. Hay algo que me preocupa y es el hecho de que en los proyectos de ley solamente se contempla el cupo laboral para personas trans y travestis, excluyendo a las identidades no binaries que tampoco nos identificamos con la cisnorma. Creo que este punto es fundamental para volvernos sujetxs de derecho y contar con las mismas oportunidades de inclusión en el mundo laboral”.
“En principio, y a la luz de encontrarme realizando una serie de Instagram live a beneficio de diversas organizaciones trans, travestis y no binaries de distintos puntos del país, entiendo que las urgencias son múltiples y diversas: subsidios para cubrir gastos de vivienda, aumentar la cantidad de bolsones de comida y elementos de limpieza y aseo personal, así como reforzar el acceso a la salud integral trans, estipulada en el Art. 11 de la Ley 26.743. Con esto quiero decir, por ejemplo, que las partidas de hormonas lleguen en tiempo y forma a todos los centros de salud encargados de entregarlas a las personas interesadas”, concluyó Testa
ENTRE REGULACIONISMO Y ABOLICIONISMO
La discusión del abolicionismo se presenta como un debate candente en el feminismo. Activistas trans históricas como las ya fallecidas Lohana Berkins y Diana Sacayán, asesinada en un crimen de odio en 2015, le buscaron una “salida por arriba” a esta polarización en el caso de las mujeres trans y travestis: si decían elegir esta actividad, a la vez necesitaban derechos laborales y lugares para ejercer su trabajo y contar con protecciones como el resto de trabajadores y trabajadoras.
“Mantenerlas por fuera de la formalidad precariza sus vidas sin dudas. El debate va por otro lado, el argumento principal es que la prostitución para este colectivo no resultó una elección sino que se trata de comprender una situación a la cual fueron arrastradas por una trama de vulnerabilidades”, expresó la especialista Cutuli.
“Un problema actual es que parte del discurso abolicionista se tornó abiertamente antitrans y antimujeres trans rompiendo una parte de la alianza que existía antes, radicalizando la idea de que no son mujeres y por ello no pueden ocupar los lugares de debate del feminismo, esto es una oleada conservadora, retardataria y retrógrada muy peligrosa que tiene mucho empuje en las redes sociales y genera una materialidad preocupante, que atrasa décadas. No se pueden permitir los discursos de odio en el propio seno del feminismo. Regular y darle derechos a trabajadoras sexuales es una demanda absolutamente válida que debe ser respetada y atendida con urgencia, así como una estrategia integral para las mujeres trans”, opinó Cutuli.
En medio de todo se reitera la postal de décadas de “zonas rojas” como las de Flores, Constitución o Palermo donde aflora esplendorosa la hipocresía social, con tantos prostituyentes “señores de su casa” en autos de alta gama y privilegios inaccesibles para trans y travestis. Un mal cuento de la Cenicienta, de fantasías glamorosas, que se desvanece sin encantos cuando se corre el maquillaje y la luz del día se posa sobre los cacharros tiznados de las cocinas de las pensiones.
“Se suele caer en una visión dicotómica y antagónica que creemos anula la complejidad que tiene el debate. Es importante abordarlo desde una perspectiva interseccional, es decir, debemos tener una perspectiva de géneros -porque claramente no es lo mismo la situación de mujeres trans que cis- de clase, de raza. Es hora de dar este debate con la seriedad que amerita, de una manera democrática y escuchando a quienes cotidianamente ejercen el trabajo sexual y también a quienes no lo eligen. El Estado debe garantizar que quienes deciden ejercer el trabajo sexual lo puedan hacer en condiciones dignas y quienes no lo elijan tengan una alternativa que también les permita vivir dignamente. El cupo laboral travesti trans es fundamental en este sentido”, concluyó la legisladora Bielli.
(1)- https://www.algec.org/wp-content/uploads/2017/09/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf