BECAS UNIVERSITARIAS COMO POLITICA DE INCLUSION
Buenos Aires, 5 de agosto de 2020
El Frente de Todos impulsa un proyecto de la legisladora porteña Lucía Cámpora para la asignación de becas a personas que quieran iniciar, continuar o finalizar un trayecto pedagógico de nivel superior en universidades o institutos universitarios de gestión estatal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte de las obligaciones legales del distrito derivadas de la Ley de Educación Superior 24.521.
“La idea es que las becas planteadas en nuestro proyecto(1) se inscriban en el sistema que ya existe de programas de inclusión educativa y que vengan a llenar un espacio que el Gobierno de la Ciudad no ocupa y es cubierto por el Gobierno Nacional con programas como el Progresar y por las instituciones educativas con sus propios sistemas de becas. El gran ausente, incumpliendo su obligación legal, es el Gobierno de la Ciudad y por eso planteamos un programa para el que no imponemos ningún tipo de restricción ni incompatibilidad, con lo cual no deberían producirse cruces con otros beneficios”, indicó la legisladora del Frente de Todos, Lucía Cámpora, impulsora del proyecto en la Legislatura porteña.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra el 30% del total de todos/as lo/as estudiantes universitarios/as del país y posee un promedio de 21,7 graduados/as universitarios/as por cada 100 habitantes, según informes de la Dirección de Estadística y Censos del GCBA, siendo éste el promedio más alto entre todas las ciudades del país.
A su vez la CABA es la segunda jurisdicción del país con mayor número de instituciones universitarias entre estatales y privadas, según datos del Departamento de Información Universitaria dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y cuenta con algunas instituciones altamente reconocidas, tales como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o el Instituto Universitario de Madres de Plaza de Mayo, entre otras.
Por otro lado, de acuerdo al Censo 2011 de la Universidad de Buenos Aires, esta casa de estudios contaba con una población de 308.748 estudiantes de grado de los/as cuales el 53,1% residía dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Llama la atención que la Ciudad de Buenos Aires, siendo la más rica del país, no tenga políticas en materia universitaria. Sin embargo, se entiende al ver los ejes de gestión del espacio que la gobierna -primero con Macri y ahora con Rodríguez Larreta- donde no se impone la Educación y menos la Pública. En el nivel universitario sin becas ni boleto educativo no solamente incumplen la Ley de Educación Superior que obliga a las jurisdicciones a impulsar la igualdad de oportunidades sino que, además, desperdician un enorme potencial”, agregó Cámpora.
En 2015, a través de la ley 27.204 el Congreso Nacional reformó la Ley de Educación Superior 24.521 (LES) para incluir la concepción de la educación superior como derecho. Así la ley actualmente propone en su artículo primero que “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social en el marco de lo establecido por la ley de Educación Nacional N° 26.206”. Asimismo, en el Artículo 2, inciso b, se plantea que es responsabilidad la provisión de recursos para estos fines de los gobiernos nacional y provinciales, así como la Ciudad.
En el Artículo 13, inciso c, se establece que los/as estudiantes tienen derecho: “A obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, particularmente para el acceso y permanencia en los estudios de grado (…)”.
“Es muy auspiciosa la presentación de un proyecto de ley de becas universitarias en la Ciudad de Buenos Aires porque tiene que ver con la ampliación de oportunidades y el derecho a la educación superior. Debería tener gran consenso. Varios motivos lo hacen muy interesante: es un paso importante para que la Ciudad se haga cargo de que tiene estudiantes en las universidades y tome la responsabilidad de la Educación en un sentido local y territorial, ya no en general, sino acerca del derecho de los estudiantes en su jurisdicción. Y, luego, inversamente implica un avance hacia la visibilización de las universidades como un actor social que puede incidir en un proyecto de desarrollo de una ciudad más integrada, principalmente entre norte y sur, más igualitaria, donde estén mejor distribuidos los servicios y la posibilidad de una vida mejor. Sabemos que existen enormes desigualdades en la Ciudad, que hay barrios inexplicablemente postergados, en relación al nivel adquisitivo general y los enormes ingresos brutos del distrito”, consideró la doctora Graciela Morgade, Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.
REALIDAD ECONÓMICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y TERCIARIOS
“En el proyecto apuntamos a que todos los estudiantes que perciban ingresos menores a tres salarios mínimos, vitales y móviles, puedan acceder a esta beca exceptuando del requisito económico a madres de hogares monoparentales, personas trans, personas con discapacidades, trabajadores de casas particulares, integrantes de pueblos originarios y, también para estudiantes que estén privados de la libertad y hayan comenzado sus estudios, para que aportar en la difícil tarea de inserción social. Está comprobado que estas políticas inciden directamente en la baja de los índices de reincidencia. Apuntamos a ayudar a los sectores con mayores dificultades a concretar estudios universitarios, que redunden en mejores posibilidades de desarrollo, trabajo y aporte para sociedades más justas”, dijo Cámpora.
(Lucía Cámpora, legisladora porteña del Frente de Todos, impulsora del proyecto)
Un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) fechado en septiembre del año pasado daba cuenta cabal del enorme incremento, solamente en transportes, para acceder a la Educación Universitaria, Pública y gratuita que se fue acumulando durante los cuatro años de Macri en el gobierno nacional.
Los estudiantes universitarios, al igual que el conjunto de la población del AMBA sufrieron entre 2016 y 2019 un aumento del costo mensual del transporte de 500% acumulado, y solamente durante 2019 se habían registrado incrementos sumados de entre un 120% y 150%.
“El boleto estudiantil se presenta como una necesidad de primer orden para que muchos compañeros no tengan que abandonar sus cursadas, pese a que cerca de la mitad de los estudiantes trabaja a la vez que estudia. Aún así no les alcanza para costear los estudios en el contexto de crisis socioeconómica. Con este escenario el estudio puede volverse una variable de ajuste para llegar a fin de mes”, decía la entonces presidenta de la FUBA, Eva Dimopulos, sobre la realidad de numerosos universitarios en la Ciudad de Buenos Aires y la reivindicación del boleto universitario.
“Macri congeló por años los montos de las Becas Progresas o recortaron los montos destinados al fomento de carreras estratégicas. A lo que hay que sumar en esos períodos, por ejemplo, el aumento indiscriminado del material de estudio y el transporte público, lo que hizo que muchos jóvenes tuvieran que dejar la Universidad. Los estudiantes concentraban sus inscripciones todas en los mismos días para ahorrarse traslados a la Facultad”, confirmó Cámpora.
“La falta de apoyo oficial del gobierno porteño para facilitar el acceso a la educación superior se inscribe dentro de su falta de políticas respecto de la Educación Pública. Por ejemplo, las becas existentes para estudiantes terciarios son tremendamente restrictivas, la posibilidad hasta para el acceso a becas en comedores de niveles inicial y secundario están llenas de complicaciones en los trámites. También la falta de vacantes hay que inscribirla en este desprecio por la Educación Pública”, sintetizó Cámpora.
“En Universidad hay un desentendimiento de la responsabilidad que tienen por la LES como gobierno local, actúan en muchas áreas como un municipio no asumiendo las responsabilidades equivalentes a las de un gobierno provincial, delegando responsabilidades como si fueran exclusivas del gobierno nacional. Puede haber un componente muy elitista en estas posturas que se aplica no solo a la Universidad sino a toda la Educación en general. Cuando Macri hablaba de la desgracia de ‘caer en la Educación Pública’ remarcaba cómo la consideran un reducto para los que no pudieron acceder a algo más. Nosotros pensamos exactamente al revés: la Educación Pública es motivo de orgullo y tiene que ser uno de los objetivos de cualquier gobierno local impulsar la inclusión educativa en todos los niveles”, dijo la legisladora del Frente de Todos.
APORTES AL DEBATE Y LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO
“La reforma de la Ley de Educación Superior 24.521 (LES) incluyó entre sus principales modificaciones instituirla como un derecho. Esto va en línea con lo que definió la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2008 que se diferenció de la concepción neoliberal de los años 90 que la trataba como un servicio. La LES dispone para el gobierno nacional el financiamiento de las universidades nacionales y para los gobiernos locales de las correspondientes a sus jurisdicciones, como en el caso de las universidades provinciales. A ambas instancias les coloca la responsabilidad de impulsar políticas de inclusión educativa que garanticen la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y egreso. La Ley prevé explícitamente que no solo el gobierno nacional sino también los locales tienen la responsabilidad de crear estas condiciones de inclusión educativa. Por eso es fundamental exigirle al GCBA que cumpla con estos mandatos, las políticas de becas son una necesidad”, insistió Cámpora.
“Siempre un proyecto de estas características es muy bienvenido para toda la comunidad académica y para la sociedad en general, en la medida que lo guía una concepción en torno al conocimiento como un bien público y el acceso a la educación superior como un derecho, justamente al darle factibilidad al ejercicio de ese derecho. Claramente el proyecto no se rige por un criterio meritocrático y esa es una cuestión fundamental muy buena”, consideró Ivanna Petz, Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
“Como aporte crítico tal vez debería repensarse la cláusula de que la beca sea de renovación automática y a partir de que el estudiante presente pura y exclusivamente el certificado de alumno regular. Creo que acompañando este certificado se puede planificar también, siempre lejos de un criterio meritocrático, plantear una condición más flexible como haber aprobado o regularizado una materia o haberse integrado en un proyecto de investigación o de extensión universitaria. En la educación superior existen en este momento una serie de posibilidades de formación del estudiante en una Universidad o Instituto Terciario que van más allá de lo que implica la cursada de una materia”, explicó Petz.
“Sobre todo porque se planifica en relación a un deber implicado en este derecho que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, ya que con los impuestos del pueblo, que siempre recaen más fuerte sobre los más humildes, se ayuda a sostener a los estudiantes de educación superior, y esto hay que devolverlo y tiene que ser demostrable. Por otro lado se trata de una beca que es compatible con otras asignaciones y resulta muy bienvenido”, agregó.
“El proyecto se enriquece pensado junto con las universidades e institutos que están en el territorio. Necesariamente hay que normar de alguna manera cómo las universidades e institutos van a enterarse de los estudiantes que disponen de la beca, como una herramienta en el momento de reglamentar esto con el órgano ejecutor que será seguramente el Ministerio de Educación”, concluyó la especialista universitaria en el área.
HACIA UNA UNIVERSIDAD MEJOR EN CABA
“El legado del peronismo en materia universitaria tiene que ver primero con su horizonte para todas las áreas que es el de la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades. Esto en materia educativa y puntualmente para la educación superior cuenta con una medida originaria muy tangible que fue la supresión de aranceles y, a partir de ahí, con ese espíritu, la creación de la Universidad Obrera Nacional, la actual UTN. Luego con los gobiernos de Néstor y Cristina se retomaron estas posturas con la creación de nuevas universidades, programas de becas, impulso a carreras estratégicas. Una política de fuerte consolidación de la Ciencia Nacional precisamente de la mano de las instituciones educativas”, resumió Cámpora.
“Es fundamental sostener las políticas en materia de inclusión educativa universitaria, de hecho vimos con las iniciativas de creación de nuevas universidades, en muchas zonas del conurbano hasta un 80% de los alumnos representan dentro de sus familias a la primera generación que accede a estos estudios. A pesar de que algunos dijeron que no tenía sentido hay que seguir fortaleciendo la inclusión educativa. Existe un falso argumento de que solo acceden quienes pueden costearse los estudios, en primer lugar si eso fuera cierto solamente reforzaría la necesidad de más políticas porque tenemos que garantizar que todos puedan acceder. Particularmente en CABA la brecha norte-sur en materia de desigualdad es muy profunda, por lo que se deben encarar medidas activas de inclusión universitaria. Hay muchísimo por hacer, lo que sí sabemos es que a los alumnos y alumnas trabajadores les cuesta mucho más sostener las cursadas y suelen ser los primeros en tener que dejarlas en gobiernos neoliberales”.
“El peronismo, tanto cuando ocupa el gobierno como en su expresión militante, en las organizaciones y en los claustros estudiantiles tiene siempre como visión la defensa de los derechos de los estudiantes y la inclusión de más sectores sociales. Durante el gobierno de Macri las fuerzas estudiantiles salieron a la calle a defender las conquistas de todos y todas junto con los gremios docentes. El espíritu está claro y ahora estamos firmes en volver a poner de pie a la Educación Pública tan bastardeada en los últimos años y para eso la Ciudad tiene un presupuesto magnífico que debe derivar en proporción hacia la inclusión educativa. Por eso proponemos planteos como el proyecto de becas que presentamos: la Ciudad se tiene que nutrir desde las instituciones educativas para hallar soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad”, concluyó Cámpora.
(1)- En:https://drive.google.com/file/d/17fcOFWiXkKnSDdg79QwOCZxsPKNUlj3P/view?usp=sharing
(2)- http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/Informe%20Transportes%20DIFUSION%20DEFINITVO_0.pdf