APUNTES PARA EL DEBATE – UNIÓN POR LA CIUDAD – CABA
MEDIO AMBIENTE
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DISCUTIR SOBRE ESTO?
Los impactos ambientales negativos afectan en mayor medida a la población más vulnerable. Contaminación, inundaciones, déficit de espacios verdes y falta de acceso a bienes y servicios básicos como agua potable, cloacas, seguridad alimentaria y atención sanitaria son algunas de las principales problemáticas ambientales urbanas. Hablar de ambientalismo popular, en concreto, es referirse a las demandas que ponen en el centro de la discusión a la concentración de la riqueza, las condiciones de vida digna, la soberanía política y las lógicas de producción de un sistema profundamente excluyente. Y son batallas que no se pueden dar si no es junto a sus protagonistas.
Después de 15 años de gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos profundas deudas en política ambiental: el incumplimiento sistemático de las metas de la Ley de Basura Cero, la habilitación de la incineración de basura, el uso del suelo con fines extractivos -dejando de lado su función social y de bienestar para la ciudadanía-, la privatización de tierras públicas mediante ventas y concesiones, la contaminación del Riachuelo, la falta de acceso al espacio verde para el uso y disfrute así como para la mejora de las condiciones ambientales, las malas condiciones laborales de las cooperativas de reciclaje y cartoneros/as, el nulo cumplimiento de la Ley de Educación Ambiental y la desigualdad en términos de calidad de vida y calidad ambiental entre el norte y el sur son algunas de ellas y deben ser abordadas desde una perspectiva de justicia social.
UNA GESTIÓN DE RESIDUOS DEFICIENTE
La generación de residuos y su deficiente gestión es una de las principales problemáticas de las grandes ciudades a nivel mundial.
La “Ciudad Verde” de la que se ufana Rodríguez Larreta produce alrededor de 7.500 toneladas por día de residuos: 3.500 toneladas -un 47%- son enviadas al relleno sanitario del CEAMSE en la Provincia de Buenos Aires. Esto produce impactos negativos en el ambiente que pueden devenir en contaminación, atracción de animales y hasta generación de patógenos. Esto se traduce en un aumento de focos de insalubridad, reproducción de plagas, emisiones de gases y enfermedades perjudiciales para la salud de quienes viven en las zonas linderas a la disposición final.
El modelo de economía circular y de reciclado con inclusión social es posible gracias a los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de reciclaje que reconvirtieron el cartoneo, una salida urgente durante la crisis del 2001, en una fuente laboral que resulta fundamental para el tratamiento de residuos y el cuidado del ambiente. En la Ciudad existen 12 cooperativas de reciclaje reconocidas institucionalmente que prestan el servicio de higiene urbana en los Centros Verdes del gobierno porteño. Su trabajo consiste en la recolección de Residuos Sólidos Urbanos -residuos cuyo origen es residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas-, la clasificación de los materiales y su posterior comercialización para que puedan reingresar a la industria como materia prima. También realizan tareas de promoción ambiental con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de separar en origen.
En los últimos años, los cooperativistas han conquistado derechos: hoy cuentan con monotributo social, obra social y aportes jubilatorios. Sin embargo, hoy un recuperador ambiental que recolecta residuos reciclables en calle cobra la mitad que un chofer de camiones de reciclaje. Alrededor de 6.000 cartoneros/as se encuentran registrados/as y organizados/as en Cooperativas de la Ciudad, pero no existen cifras oficiales ni registro de aquellos que lo hacen de manera informal; es decir, sin reconocimiento del Estado. Se estima que son aproximadamente 10.000 personas.
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SECOS Y HÚMEDOS
Los residuos secos son aquellos que se pueden destinar al reciclado y entre ellos se encuentran: el plástico, papel, cartón, vidrio y metal. Mientras que los húmedos, son de origen animal o vegetal y son orgánicos. Algunos pueden destinarse a compost, mientras que otros deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. En la Ciudad generamos otros tipos de residuos: los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), patogénicos, áridos (restos de obras) y forestales, que requieren distintos tratamientos y tienen diferente capacidad de reciclaje. Al día de hoy, el tratamiento de este otro tipo de residuos tiene mucha menos regulación, presupuesto y control por parte del GCBA.
En2018 se modifica la Ley 1854 de Basura Cero postergando sus metas (nunca cumplidas) y habilitando la incineración de residuos (Ley 5.966) ante la idea de “hacer desaparecer la basura”, sin prestar atención a los peligros y perjuicios sociales que implica.
Asimismo, la Ley de Tratamiento de Patogénicos N°154 (1999), la Ley de Gestión Ambiental de Residuos Peligrosos N°2214 (2006) y la Ley de Pilas N°5.991 (2018), entre otras, establecen el correcto tratamiento de los distintos residuos, así como también la responsabilidad de los generadores sobre éstos.
Principales déficits y problemáticas
El gobierno de la Ciudad reconoce que el 80% de los residuos domiciliarios son potencialmente reciclables. La propia Ministra de Espacio Publico e Higiene Urbana señaló que podrían recuperarse 2.000 toneladas por día en los Centros Verde. Sin embargo, actualmente solo se recuperan 300.
En el 2019 se enterraban 2900 toneladas por día en el relleno sanitario del CEAMSE. Actualmente, 3300. Se profundizó la deuda ambiental de la Ciudad con la provincia de Buenos Aires.
La desinversión en el sector reciclaje se traduce en maquinaria e infraestructura de los Centros Verdes deficiente, poco control por parte del GCBA de las empresas que proveen a los Centros, bajos salarios para recuperadores/as y promotoras ambientales, falta de presupuesto en sensibilización y educación ambiental e incumplimiento de la Responsabilidad Extendida del Productor.
El “Centro de Reciclaje de la Ciudad” está compuesto por 5 plantas de tratamiento, entre ellas la Planta de Tratamiento de Residuos Áridos, que opera en Villa Soldati desde el 2012. En sus inmediaciones hay 2 jardines de infantes, 2 escuelas y un polo educativo integrado por otras 3 escuelas y clubes. Tanto vecinos como la comunidad educativa reportan, desde el inicio de las actividades de la planta, enfermedades respiratorias y dermatológicas, sequedad de tejidos húmedos, irritación, jaquecas y ataques de asma, tanto en forma aislada como crónica.
La gestión de RSU en los barrios populares se encuentra diferenciada de la del resto de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana no incide en la recolección de los residuos en esos barrios.
Existe una deuda pendiente en la participación de actores/as en el diseño del sistema de gestión de residuos de la CABA. Desde el amparo presentado por las cooperativas contra la incineración en el año 2018, se disolvió la Comisión de Asesoramiento Técnico establecida por la Ley de Basura Cero que permitía a los/as recuperadores/as y las promotoras participar en el ámbito de decisión.
El incumplimiento y postergación de metas de Ley de Basura Cero implica: más emisión de gases de efecto invernadero; mayor contaminación del suelo, aire y agua y mayor vulneración de habitantes de las zonas linderas a los rellenos sanitarios.
Asimismo, la incineración produce los mismos efectos negativos en el ambiente y la salud.
Existen también deudas con los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee): de las 20.000 toneladas anuales que se generan en CABA solo se tratan 813, un 4%. La gestión y tratamiento la llevan a cabo cooperativas que hace años reclaman apoyo del Estado y la adquisición de un predio que garantice las condiciones de seguridad necesarias. El 3% de los RAEE son residuos peligrosos, como los metales pesados.
Los reclamos de los recuperadores/as urbanos en mejoras salariales y de condiciones laborales son objeto de frecuentes represiones y confiscación de su material de trabajo.
Algunas de nuestras propuestas son:
– Mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento, mantenimiento de la maquinaria y logística vehicular de las cooperativas de reciclado y los centros verdes.
– Garantizar a través del Estado que todas las cooperativas cuenten con su propio centro verde.
– Promover y financiar una mejora técnica y tecnológica para que las cooperativas puedan mejorar sus procesos productivos y valorizar el material que recolectan.
– Fortalecer el rol de las promotoras ambientales y reforzar al programa incorporando trabajadoras. Garantizar su participación en la aplicación de la Ley de Educación ambiental.
– Incrementar el presupuesto destinado a la recolección y tratamiento de residuos secos a fin de alcanzar las metas establecidas en la Ley de Basura Cero y derogar el permiso de la incineración de basura. Implementar políticas destinadas a los sistemas de la economía circular: adaptación del diseño industrial para conducir a la circulación social y económicamente sostenible de los productos y materiales en el mercado.
– Ampliación del servicio de recolección diferenciada “puerta a puerta” para la formación en la adecuada separación en origen, posibilitando un aumento de la tasa de recuperación y reducción de residuos que se llevan a disposición final.
DÉFICIT DE ESPACIOS VERDES
El Código Urbanístico de la Ciudad define los Espacios Verdes Públicos como el área destinada a uso público parquizado o agreste, cuya característica es el predominio de especies vegetales y suelo absorbente.
Los espacios verdes constituyen espacios de encuentro y recreación que cumplen funciones ambientales tales como: regulación de la temperatura y la humedad; generación de oxígeno; absorción de precipitaciones; filtración y absorción de contaminantes atmosféricos (entre ellos el dióxido de carbono, principal GEI); amortiguación de ruidos y mitigación de efectos climáticos adversos tales como inundaciones.
Además, estas funciones ambientales representan impactos positivos en la salud pública. El acceso a un espacio colectivo de paseo, relajación o de ocio y esparcimiento es un derecho humano básico para garantizar una calidad de vida saludable.
Sin embargo, la Ciudad permanece hace años muy por debajo en el ranking de metros cuadrados por habitante entre las ciudades de Latinoamérica y cuenta con una distribución profundamente desigual entre los diferentes barrios que la integran. Además, sin contar las áreas naturales protegidas, que incluyen restricciones en cuanto a usos y horarios, la cantidad de metros cuadrados por habitantes se reduce alcanzando apenas los 4,47 m2.
De todas maneras, estimar el acceso a espacios verdes públicos en función de los m2 por habitante no es del todo representativo. Para considerar un espacio verde como “accesible” se estima que no deben estar a más de 5 minutos a pie. Por ejemplo, las comunas 2 -Recoleta-y 14 -Palermo- son las únicas que mejoraron sus indicadores durante la gestión de Macri y Horacio Rodríguez Larreta, pero no todos los habitantes de la Ciudad tienen la posibilidad de visitarlas a diario.
La reducción de espacios verdes absorbentes también contribuye a generar el efecto de “islas de calor” y propicia el incremento de las inundaciones, en total contraposición al objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. Entre enero y abril de 2020, se registraron 3.173 casos de dengue en CABA, siendo las comunas más afectadas la 4, la 7, la 8 y la 1. De esta manera, se evidencia que las condiciones de hábitat informales y deficitarias generan una mayor vulnerabilidad para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.
La falta de espacios verdes públicos es producto de la lógica extractiva del uso del suelo en la Ciudad, que se basa en la política de privatización del espacio público y la falta de políticas que mejoren las condiciones ambientales de la ciudadanía. Donde muchos ciudadanos de la Ciudad ven grandes espacios con posibilidad de ser utilizados como parques, el GCBA ve tierras con destino a grandes desarrollos inmobiliarios: el “Parque” de la Innovación con un valor de venta de U$D 151.500.000 en las tierras del Ex Tiro Federal, el Distrito Joven, Costa Salguero, las torres de IRSA en la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, los convenios urbanísticos de Sastrería Militar en las cañitas o en el Playón de Colegiales son algunos ejemplos del exponencial negocio inmobiliario que excluye a los y las porteños y porteñas del acceso público al espacio verde.
Cabe señalarse que el GCBA ha asumido compromisos internacionales y locales:
– En 2009 se convierte en miembro del C40 y crea un Programa Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PEEEP).
– En 2016 adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
– En 2021 presentó su 3er Plan de Acción Climática 2050.
En tanto entre las principales deudas podemos enumerar:
– El GCBA reportó un aumento de los espacios verdes entre 2015 y 2016 (1826 hectáreas), pero en 2012 había muchos más (1916).
– El 25% de lo que cuenta el GCBA como espacio verde son cementerios, canteros y canchas. Mientras que en comunas del norte como la 14 (Palermo) cuenta con 13,8 m2 de espacio verde por habitante, la Comuna 3 (San Cristóbal y Balvanera) tiene solo 0,4 m2.
– La impermeabilización de superficies absorbentes y el aumento de la densidad de población (por el aumento de la capacidad constructiva en algunas zonas) saturan los sistemas pluviales generando inundaciones que dejan daños irreparables e incluso pérdidas de vidas.
– La Ciudad no cumple con la normativa de información pública de registro de tala y reubicación de árboles. El último censo publicado corresponde al año 2018 e indica que la Ciudad cuenta con 470.000 árboles: un 53% de lo recomendado.
– No se respetan los lineamientos del Plan Urbano Ambiental (vigente desde el año 2008). Si bien debería haberse actualizado en el año 2013, durante el año 2020 el GCBA comenzó un proceso de actualización que interrumpió sin resultados concretos.
SOBRE LA GESTIÓN DE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA
La costa de la Ciudad de Buenos Aires sufre un proceso de privatización mediante dos grandes proyectos del oficialismo de la Ciudad, que avanzaron durante la última gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Costa Salguero forma parte del gran proyecto de Larreta para la Costa de la Ciudad: Distrito Joven. Con 59 hectáreas en 7,6 km de extensión, dividido en 5 sectores con diversos usos y posibilidades de construcción, el proyecto presentado en 2017 y aprobado en 2018 cuenta con 22 espacios a concesionar (Ley 5.961).
A fines de 2019, antes de que el oficialismo pierda la mayoría automática en la Legislatura (40 votos propios) para sancionar venta de tierras, se aprobó entre gallos y medianoche la Ley 6.289 de venta de Costa Salguero. Al año siguiente, el oficialismo presentó un proyecto de rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco a fin de adecuar la normativa urbana a la funcionalidad de los desarrolladores privados. Así, el proyecto de Costa Salguero y Punta Carrasco concesionaba 12 espacios, disponía el 26% del espacio para la construcción con 29 metros de altura máxima y habilitaba locales gastronómicos, alojamiento turístico, oficinas y estacionamientos, entre otros usos.
El proyecto de rezonificación atravesó el procedimiento de audiencia pública, que se convirtió en la más convocante de la historia de la Legislatura porteña, con un resultado contundente: 95% de rechazo al proyecto del oficialismo. Al mismo tiempo, la ley de venta de Costa Salguero fue judicializada y declarada inconstitucional en primera y segunda instancia por haberse sancionado sin el mecanismo de doble lectura que se requiere para la venta de bienes de dominio público del Estado. El tema despertó una enorme reacción de la ciudadanía en defensa de su Costanera, lo que llevó a la presentación de una Iniciativa Popular con más de 53.000 firmas para derogar la ley de venta y crear un gran parque público. Pero a pesar de todo esto, el Poder Ejecutivo sancionó un presupuesto de $1.700 millones para 2021 y de $3.085 millones para el 2022 destinado a “Infraestructura de Costa Salguero”.
Costa Urbana
En 2021 ingresó a la Legislatura el proyecto “Parque público y Urbanización: Costa Urbana”, un Convenio Urbanístico entre el GCBA y la empresa IRSA (Inversiones y Representación SA) para construir en lo que se conoce como Ex Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur. Estos predios fueron cedidos por el Estado para la creación de un área deportiva, pero fueron revendidos a la constructora. Este convenio con el GCBA cerró la estafa al Estado al darle normativa para edificios. En este marco, se autorizó la construcción de torres de lujo de hasta 145 metros de altura (más de 40 pisos) y un barrio semi cerrado en una superficie de 23 hectáreas en pleno contorno ribereño (895.000 m2 de capacidad constructiva), a continuación de la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Barrio Rodrigo Bueno, que aún aguarda la culminación de un largo proceso de urbanización.
La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) fue incorporada en el año 2005 en el listado de humedales reconocidos por la “Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas”, más conocida como Convención de Ramsar, firmada en 1971. De acuerdo con datos del MAyDS, aproximadamente el 23% de la superficie del país se encuentra cubierta por humedales, y en la actualidad se reconocieron 23 Sitios Ramsar, cubriendo una superficie total de 5.687.651 hectáreas.
La Justicia porteña dio lugar al amparo presentado y declaró la inconstitucionalidad del Convenio por violar disposiciones de la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental, La Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Acuerdo de Escazú de acceso a la información ambiental. Por esos motivos, estableció su nulidad. Los efectos socioambientales de construir torres o barrios semi cerrados sobre los humedales de Costanera Sur no son menores: la consecuente disminución en la capacidad de adaptación hídrica del sistema aumentaría la frecuencia de sudestadas e inundaciones, siendo la zona de La Boca la más afectada. Así, los barrios populares de la zona quedarían más expuestos, con nula infraestructura para hacerle frente a los impactos mencionados.
Por todo esto proponemos:
– Implementación y control de un plan de adaptación al cambio climático con perspectiva de género y socio ambiental, centrado en las zonas y sectores sociales más vulnerables de la Ciudad.
– Derogación de la ley de venta de Costa Salguero y creación de un gran parque público.
– Aumentar las superficies de espacios verdes, las superficies absorbentes y el arbolado urbano. Priorizar la generación de espacios verdes públicos accesibles en el sur de la ciudad y en los barrios populares.
La Contaminación del Riachuelo derivó en quela Corte dictara un histórico fallo donde se determinan los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, entre las que se incluyen la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, obras de infraestructura de agua y cloaca, la construcción del camino de la ribera y la relocalización de miles de familias, particularmente en la CABA, de los barrios de Villa 26, El Pueblito, Magaldi, Luján y Villa 21-24.
EXTRACTIVISMO URBANO
El uso extractivo de suelo urbano se refleja en una ciudad planificada en la lógica de acumulación de capital y de extracción exponencial de la ganancia en detrimento de sus funciones sociales y de bienestar para toda su ciudadanía. El suelo es un bien muy preciado en cualquier ciudad. El desprendimiento por parte del GCBA de tierras de dominio público para ser entregadas a la lógica especulativa del mercado atenta contra la visión de las mismas como un bien que podría satisfacer necesidades de la población para garantizar derechos. Así, las tierras públicas en las que el Estado podría resolver la construcción de escuelas, centros de salud, viviendas o espacios verdes, son rematadas a manos de grandes constructoras para nuevos departamentos que ni siquiera permiten regular el precio del alquiler porque muchas veces devienen en reserva de valor ociosa.
En CABA se construye cada vez más, al mismo tiempo que su población se mantiene estable. Sin embargo, la población que reside en villas y asentamientos de la Ciudad aumenta de manera exponencial desde la vuelta a la democracia. Así los sucesivos censos de 1991, 2001 y 2010 fueron contabilizando más y más personas en situación de déficit habitacional, llegando a 170.054.
El acceso a una vivienda digna y a un hábitat justo, derechos establecidos en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, son privilegios de un sector cada vez más exclusivo y minoritario de la ciudad más rica del país.
Se calcula que en la Ciudad hay al menos 138.000 viviendas vacías y al menos 230.000 personas viviendo en villas (según datos oficiales que distan mucho de los datos provistos por organizaciones y organismos no gubernamentales).
Tanto Larreta como su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, se han pronunciado explícitamente en contra de políticas impositivas que aborden la vivienda vacía, a pesar de que podría incentivar el aumento de la oferta de alquileres y por lo tanto, la mejora del acceso a la vivienda formal.
Urbanizaciones, acceso a servicios y salud:
– Los informes elaborados por las áreas de salud identifican la existencia de sistemas de cloacas deficientes o inexistentes, restos contaminantes de cementerios de autos y una gestión de residuos inadecuada.
– El Arroyo Cildañez presenta indicios de contaminación orgánica que se duplican a lo largo de su recorrido por la CABA. El oxígeno disuelto, por consecuencia, presenta valores muy por debajo de lo establecido en la normativa.
– El agua del Lago Soldati arrojó para 2021 valores récord de contaminación por bacterias fecales. En sus márgenes se encuentra el Barrio Los Piletones, con más de 1000 habitantes.
– A pesar de estas condiciones a las que están expuestos los habitantes de la Cuenca, durante la gestión de Macri (2016-2019) la presencia del Estado en el territorio se redujo al mínimo. Muestra de ello fue la decisión de abandonar los trailers que recorrían los barrios con dispositivos de salud ambiental.
– Al día de hoy todavía se reportan altas incidencias de diarreas agudas, enfermedades de la piel, dengue y presencia de roedores.
No hay seguimiento como política de Estado de casos de enfermedades generadas por motivos socio ambientales como metales pesados, hidrocarburos volátiles, entre otros.
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL: CONTROL Y RECONVERSIÓN
El GCBA implementa un solo programa de carácter voluntario para fomentar las buenas prácticas ambientales. El Programa Ecosellos apenas certificó a 2 empresas desde el año 2019. Veamos algunas cuestiones puntuales:
– En 2021 se detectó un 50% más de establecimientos con irregularidades y aumentaron un 114% las clausuras con respecto al año 2020, demostrando que la contaminación industrial no se está mitigando.
– El 30% de las clausuras se concentran en MiPyMES y Cooperativas que no reciben ningún apoyo o incentivo para mejorar tanto sus procesos como la calidad del ambiente de sus trabajadores y trabajadoras.
Ante este cuadro de situación, algunas de nuestras propuestas son:
– Renovar el Censo realizado en la zona de la Cuenca Matanza Riachuelo para reevaluar el total de personas que requieren una relocalización.
– Garantizar las relocalizaciones pendientes de todas las familias que viven en condiciones de alto riesgo ambiental en la Cuenca y otorgar viviendas con óptimas condiciones de habitabilidad.
– Garantizar condiciones de infraestructura básicas para la población que habita en la Cuenca (servicios de cloaca, agua potable y gestión de residuos).
– Urgente seguimiento de enfermedades causadas por exposición a contaminación ambiental.
– Políticas eficientes y coordinadas sobre la reconversión y transición de las actividades económicas e industriales de la Cuenca.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Educación Ambiental Integral es un proceso educativo permanente dirigido a toda la ciudadanía con contenidos transversales que promueven la generación de una conciencia ambiental y la construcción de un pensamiento crítico que fomente un cambio de paradigma. La Educación Ambiental es la herramienta clave para entender los vínculos entre el ambiente, la salud, el trabajo y la economía de un país e incluso una región.
Si bien la Ciudad cuenta con una Ley de Educación Ambiental sancionada en 2005, el Programa Escuelas Verdes es de adhesión voluntaria por parte de las escuelas, que además son responsables del diseño, la elaboración y la implementación de los proyectos, sin ningún apoyo ni estímulo del Ministerio de Educación porteño. Como resultado, solo se implementa en el 10% de las escuelas de la Ciudad y las capacitaciones sobre temáticas ambientales están en manos de espacios privados como el Instituto del Petróleo.
POLÍTICA ANIMAL Y SANIDAD PÚBLICA
La elaboración de políticas públicas para el control de la fauna urbana mediante vacunas y castraciones es necesaria tanto para el bienestar animal como para la sociedad en su conjunto, ya que previene la dispersión de enfermedades y el crecimiento poblacional desmedido.
Un cuidado básico de los animales urbanos incluye vacunas, desparasitaciones y castraciones, sin contar el tratamiento de cualquier enfermedad o lesión que los animales puedan sufrir. Actualmente, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (IZLP) es la única institución de zoonosis pública de la CABA que se ocupa de controlar, monitorear e investigar temas relacionados a las zoonosis.
Tanto los animales domésticos como la fauna urbana en general tienen la capacidad de transmitir enfermedades a las personas. La población creciente de roedores y la proliferación de mosquitos Aedes Aegypti (transmisor del dengue, zika y chikungunya) deben ser abordadas con políticas tempranas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo para lograr resultados efectivos.
Pese a las normativas, la Ciudad cuenta solamente con dos Centros de Atención Veterinaria, que a la vez brindan horarios de atención extremadamente reducidos. El cupo de castraciones, que debiera ser equivalente al 10% de la población de animales, no llega al 1%. Aunque la meta debería ser de 100 mil castraciones por año, el GCBA la limitó a 815 intervenciones anuales.
Proponemos la creación de una Red de Hospitales Veterinarios Públicos. Implementación de Centros de Atención Veterinaria por comuna con capacidad suficiente para atender la demanda. También hace falta una actualización de censos a fin de cubrir la cuota de castraciones necesaria para el control poblacional y una política integral para la población de animales callejeros.
DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SANA Y SOBERANA
Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019, el patrón alimentario es menos saludable en grupos sociales de mayor vulnerabilidad ya que consumen menor cantidad de frutas y verduras y alimentos proteicos y mayor cantidad de alimentos azucarados y bajos en nutrientes. Educar y concientizar sobre la temática es fundamental, así como conocer nuestro derecho a una alimentación sana, segura y justa. Las cadenas de comercialización generan aumentos de precios injustificados que terminan excluyendo a gran parte de la ciudadanía de la posibilidad de acceder a una alimentación sana y de calidad. El acceso a una alimentación sana tanto en escuelas, comedores y hogares, así como a cadenas de comercialización más justas no forma parte del programa de gobierno del macrismo.
Se produjo el reporte de numerosos casos de gravedad por intoxicación de niños producto del mal estado de las viandas de escuelas y comedores, que además no poseen una calidad nutricional adecuada. Por otra parte, la inscripción a becas para la obtención de las viandas escolares presenta numerosas trabas burocráticas.
El GCBA no promueve los espacios comunitarios de huertas urbanas. Es más: en el año 2021 intentaron desalojar las huertas comunitarias instaladas en las calles Cesar Díaz de la Comuna 11 y Rosetti de la Comuna 15. Gracias a la resistencia de organizaciones ambientales y de los vecinos, las huertas se sostuvieron y hoy son un lugar de encuentro e intercambio.
Por eso proponemos:
– Ampliación del servicio de comedores escolares.
– Desarrollo de políticas de promoción de nodos de comercialización autogestivos y cooperativos para garantizar el acceso a la alimentación sana y con precios justos a toda la población y fortalecer el trabajo de los productores y productoras de la economía social y solidaria.
– Creación de programas que regulen y financien la logística, asistan técnicamente y aporten a la comercialización de cooperativas de producción de alimentos.
– Generación de espacios de divulgación y oportunidad de comercialización de productores familiares o cooperativas de alimentos producidos de forma agroecológica, como por ejemplo en las ferias de la ciudad o comedores escolares.
– Creación de huertas urbanas comunitarias que promuevan la toma de conciencia tanto sobre la importancia de la alimentación saludable como de los impactos sociales y ambientales de las formas de producción y consumos convencionales.
– Fortalecer la gestión comunitaria para robustecer la cohesión social y la convivencia ciudadana.