APUNTES PARA EL DEBATE – FRENTE DE TODOS CABA
DESARROLLO PRODUCTIVO Y TRABAJO
UNA CIUDAD SIN MODELO
Después de 15 años de gobierno macrista, la Ciudad de Buenos Aires no parece encontrar el rumbo para un desarrollo autónomo, a pesar del enorme potencial y las grandes ventajas que posee.
La Ciudad de Buenos Aires tiene una población de 3 millones de habitantes, pero como sabemos, aquí trabaja y circula diariamente una cantidad de población ampliamente superior. Esta ciudad cosmopolita, que habitamos y transitamos, resulta ser la más rica del país, beneficiada por su posición de capital y centro administrativo y financiero. Por un lado, las sedes de muchas empresas que operan en todo el país tributan aquí. Por el otro, gran parte de la infraestructura de la Ciudad (hospitales, escuelas, comisarías) fue heredada de las décadas de administración nacional previas a la autonomía. A esto se suma el hecho de contar con una gran cantidad de universidades e institutos de investigación, tanto públicos como privados, dentro de la misma ciudad y en el resto del área metropolitana. Además, la Ciudad es un centro de atracción para gran cantidad de turistas de distintas partes del mundo por su gran oferta cultural. Sin embargo, pese a contar con todas las condiciones para ser una ciudad plenamente desarrollada y con posibilidades de empleo para todos y todas, este objetivo no se ha logrado.
En los últimos cuatro gobiernos locales (dos de Mauricio Macri y dos de Horacio Rodríguez Larreta) no ha existido voluntad de sacar a la Ciudad de la espiral de especulación inmobiliaria y extractivismo urbano para generar las condiciones de un desarrollo genuino. Aumentó la desigualdad, tenemos más persianas bajas y creció la presión impositiva (Ingresos Brutos, sellos, ABL, patentes). Vemos también que el sector de la economía popular, que es fundamental para el desarrollo de la economía local, continúa sin el reconocimiento suficiente.
Al mismo tiempo, las brechas que existen entre el norte y el sur persisten, los y las jóvenes siguen teniendo problemas para acceder a un empleo de calidad y las diferencias entre mujeres y varones se sostienen.
LA CIUDAD NECESITA UN MODELO PRODUCTIVO
Un modelo productivo se define por la articulación del conjunto de políticas macroeconómicas, financieras, sociales y educativas hacia un objetivo o fin determinado. ¿Cuál es el de la Ciudad? ¿Se apuesta estratégicamente a la producción manufacturera, a la exportación de servicios o al mejoramiento de la infraestructura ciudadana? No, a ninguna de ellas, porque la Ciudad no posee ningún modelo productivo.
Empecemos por hacer una caracterización de la actual estructura económica de la Ciudad de Buenos Aires. Las principales actividades económicas de nuestro distrito son: servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (20%); comercio (14%); e industria manufacturera (13%). En estos 15 años de gobierno macrista observamos un crecimiento de la intermediación financiera en detrimento de la industria. A simple vista, podemos enunciar que la Ciudad está configurada en gran medida por un sector económico ligado a los servicios, compuesto en primer lugar por los servicios empresariales, luego los financieros, de salud, de educación, de cultura y de turismo.
Las políticas de producción de la actual gestión están focalizadas en los llamados Distritos Económicos (Tecnológico, de Diseño, Audiovisual, Deportivo, del Vino y, el más reciente, Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares). En ellos, los beneficios se limitan a exenciones impositivas a las empresas que se radiquen en el territorio delimitado. De esa manera, se busca potenciar la actividad, pero no es suficiente. Casualidad o no, la inversión estatal no encontró la misma respuesta en el ámbito privado. Llamativo, ya que el PRO se jacta de ser un espacio político atractivo para la inversión privada, pero al igual que en su paso por el gobierno a nivel nacional, en la Ciudad también le dan la espalda.
NUESTRA PROPUESTA
Debemos ampliar y multiplicar sectores de enorme potencial, como la economía del conocimiento, el turismo y las industrias culturales. Es inadmisible que no se desarrollen políticas concretas, sostenidas en el tiempo y con un impacto expansivo en estas áreas.
La economía del conocimiento constituye un ejemplo paradigmático; es un sector que debería ser punta de lanza en la Ciudad, ya que contamos con las sedes de las más prestigiosas universidades y centros de estudios del país y una importante cantidad de empresas y profesionales en software, biotecnología y salud. Además, tenemos la fuerza de trabajo suficiente (la Ciudad concentra el 68,2% del empleo en este sector), las redes sociales en el territorio, y un distrito tecnológico hoy desaprovechado. Potenciar y ampliar los sectores que ya tienen un importante desarrollo en la Ciudad es fundamental para generar más empleo de calidad, y al mismo tiempo, ingresar las tan necesarias divisas para el desarrollo nacional.
En primer lugar, es necesario crear una Agencia de ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad, que pueda funcionar en articulación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y las agencias nacionales. Además, las universidades públicas y privadas podrían canalizar financiamiento mientras el gobierno porteño ofrece incentivos para potenciar programas de desarrollo territorial. Es más, podemos ir un paso más allá y pensar empresas públicas o sociedades del Estado nuevas e innovadoras, que funcionen en sintonía con la agenda de desarrollo nacional. Existen casos de sinergía entre el Estado Nacional y la agenda territorial, como es el caso de INVAP (Investigaciones Aplicadas) en la provincia de Río Negro. La Ciudad de Buenos Aires, con su presupuesto, recursos humanos, y diferentes beneficios heredados, puede dar el puntapié para proyectos de ese estilo.
Por otro lado, entre los principales sectores económicos de la Ciudad se encuentran los servicios de salud. En este punto también se debe incentivar y aprovechar los resultados de la investigación médica y de todas las disciplinas relacionadas con la salud como se hizo a nivel nacional durante la pandemia. La Ciudad tiene el presupuesto necesario para convertirlo en uno de los sectores más pujantes de la economía en un mundo post-covid. De esta manera, podría evitar que los y las trabajadores y trabajadoras del sistema en su conjunto sean menospreciados y precarizados.
En todos los casos, la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran oportunidad de aumentar el valor agregado de la producción argentina para el mundo y también de mejorar las condiciones de vida de la población que la habita.
Otro punto importante tiene que ver con el turismo. Imaginemos el siguiente escenario: un turista de cualquier país del mundo llega a la Argentina. Cuando está por aterrizar, se maravilla por la imagen aérea de la Ciudad, con el Río de la Plata en sus costas. Baja del avión en el principal aeropuerto del país, que se encuentra a solo 30 kilómetros de la Ciudad, y cuando quiere dirigirse hacia allí se encuentra con que la misma no brinda un servicio propio y accesible; depende de un servicio privado o de una única línea de colectivos (la 8, subsidiada por la Nación) para moverse hasta el centro de la Ciudad. Una vez que llega, quiere ir a las orillas de ese gran río que se observa desde los aires. Segunda desilusión: solo podrá conocerlo desde lejos, ya que no tenemos acceso directo. El desaprovechamiento del acceso al río en favor de los emprendimientos inmobiliarios, atenta directamente contra las posibilidades de recreación y turismo de la Ciudad. Recientemente, a partir de la presión de los y las vecinas de la ciudad se ha puesto en agenda la necesidad de recuperar espacios verdes, que serán de gran utilidad para la ciudadanía, pero también favorecerán el turismo. Las principales ciudades del mundo, equiparables en presupuesto a la Ciudad de Buenos Aires, tienen un indudable mejor aprovechamiento de sus recursos naturales para hacer turismo. Pero no hace falta irse tan lejos: a tan solo 300 kilómetros está Rosario, que hace de su costanera un atractivo turístico.
La Ciudad tiene las condiciones para ser una potencia turística a nivel mundial, si se implementara un modelo de desarrollo turístico que contemple esta herencia arquitectónica y los -cada vez más escasos- espacios verdes siempre con diálogo entre la ciudadanía, el sector público y privado; incluyendo a los comercios, los museos, los bares, las calles, la música, el arte: en síntesis, a la cultura.
Otro ejemplo de la falta de perspectiva de la actual gestión se refleja en el sector de la cultura. La Ciudad de Buenos Aires es una de las capitales culturales más importantes del mundo, que cuenta no solo con tradición y distinción cultural, sino que además genera más de 100.000 puestos de trabajo genuino, aporta el 11% de su PBI y atrae a miles de turistas cada año. Sin embargo, el macrismo no implementa líneas de financiamiento suficientes. La inversión se traduce en miles de trabajadores y trabajadoras con contratos precarios y sin el acompañamiento necesario.
Debemos entender a la cultura como una industria de las más pujantes a nivel urbano: CABA cuenta ya con cientos de espacios (teatros, salas, centros culturales, talleres) y miles de artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura (bailarines, gestores culturales, cantantes, artistas plásticos, técnicos, diseñadoras, vestuaristas), pero para potenciar y aprovechar esa industria se debe reconocer y acompañar al sector y articularlo con otros, a partir de una mirada inclusiva e integral. En ese sentido, es clave reconocer al patrimonio cultural (tanto material como inmaterial) como un recurso turístico de gran potencial debido a sus beneficios para el desarrollo de diversos sectores locales: producción, gastronomía, comercio, restauración, hotelería, textil, editorial, entre otros.
Por último, debemos evaluar el rol que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido durante estos 15 años. La función de la banca pública debería ser apalancar el crecimiento de la Ciudad, principalmente a través de fuertes intervenciones en un modelo productivo, jerarquizando aquellos sectores que más contribuyen, brindando asistencia financiera a pymes, otorgando crédito y tasas preferenciales a todas las empresas, interviniendo fuerte en los distritos, como también fortaleciendo la inclusión financiera de la totalidad de habitantes, empresas y pequeños productores de la Ciudad. Sin embargo, la gestión macrista le ha otorgado al Banco de la Ciudad un rol absolutamente secundario.
El GCBA demostró falta de contacto con la realidad, innovación y audacia para llevar adelante medidas contra cíclicas que puedan sostener la actividad económica para volver a estimular la demanda durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el Gobierno Nacional implementó medidas para sostener empresas y puestos de trabajo como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que permitió que el 65% de los empleadores de la Ciudad pagaran sueldos y casi 41 mil empresas accedieran a créditos a tasa cero o en 24 cuotas a través de esta medida, o el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO); también se aplicaron medidas para incentivar la demanda y la reactivación económica como el PreViaje, con $220.000 millones de impacto, y el IFE, que asistió a más de 510 mil porteños y porteñas. En cambio, el Gobierno de la Ciudad se limitó solamente a eximir de Ingresos Brutos a los locales comerciales durante unos pocos meses. Mientras en la Ciudad bajaban sus persianas 13.514 locales comerciales, el Gobierno local brillaba por su ausencia, desechando propuestas del Frente de Todos como brindar asistencia en el pago de alquileres a los locales comerciales, incentivos a la demanda mediante bonos para el consumo en gastronomía y cultura, y exenciones más amplias e importantes de impuestos. A contramano de lo que hicieron muchos distritos, en CABA se aumentaron los impuestos al consumo y las tasas de servicios.
A modo de conclusión, podemos decir que queda claro que en la Ciudad los ingresos no provienen por políticas activas de empleo y producción, sino a través de los negocios inmobiliarios y la presión impositiva.
LA CIUDAD NECESITA POLÍTICAS DE EMPLEO
El trabajo, especialmente el registrado, es una dimensión central no solo para la inclusión, sino como portador de derechos y de ciudadanía.
En 15 años de gestión del PRO las políticas públicas vinculadas a la generación y cuidado del empleo a nivel local dependieron centralmente de las políticas nacionales. A nivel local, solo han reproducido las desigualdades que existen en materia territorial, de género y por grupos etarios. No es casual que a la fecha no se cuente con un Ministerio de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires; solo tenemos una Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, lo que denota la escasa importancia otorgada al empleo y a su generación. Además, hay que recordar que esta figura se creó en el año 2019, con la Ley N° 6.292. Hasta entonces, Trabajo estaba gestionada por una secretaría y una dirección de empleo.
La postergación de este eje no se ve solo en el organigrama sino también en el presupuesto: la partida destinada a la Subsecretaría de Industria y Comercio equivale al 0,12% del presupuesto.
En la descripción de la Subsecretaría se indica que se aboca a cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas, en el ejercicio del poder de policía (Inspección del Trabajo), en las negociaciones y la solución de los conflictos laborales y en el diseño, establecimiento e implementación de las políticas de empleo y seguridad social. Sin embargo, durante los 15 años de gestión dicho diseño ha privilegiado a las grandes empresas en detrimento de la generación de oportunidades de empleo.
Los índices que presenta la Ciudad de Buenos Aires al segundo trimestre del 2022 indican que el nivel de actividad se encuentra en el 55,4%, el empleo en el 50,7% y la desocupación en el 8,1%. Si desagregamos desde una perspectiva territorial, se observa que en el sur la desocupación supera en 3 puntos el promedio, encontrándose en el 11,1%. Esta diferencia respecto al sur de la Ciudad se replica tanto en las tasas de empleo como de actividad. Con respecto al porcentaje de trabajo no registrado, el sur también tiene los peores indicadores, con el 35% de los ocupados; le sigue la zona centro, con el 26%; y por último la zona norte, con 25%.
¿Qué sucede con los ingresos de los y las porteñas? Los ingresos medios al segundo trimestre de 2022 son de $102.339. Al desagregar por criterio geográfico se repite la situación del mercado de trabajo: el norte de la Ciudad presenta ingresos superiores ($123.445), el centro, intermedios ($82.780) y el sur por debajo del promedio total ($49.877).
Asimismo, si se distribuye a la población total de la Ciudad por deciles de ingresos, siendo el decil 1 los que menos ganan y el decil 10 el que mayor ingreso posee, al segundo trimestre de 2022 los ingresos promedio del decil 1 equivale a $30.940, mientras que el promedio del decil 10 supera los $478.000. La brecha es del 1545%. Las brechas de ingreso por género se mantienen durante el período analizado y rondan, en promedio, el 18%. A su vez, las brechas en materia de ocupación y de cuidados entre las mujeres que viven en el norte o en el sur de la Ciudad, también son alarmantes: en el norte de la Ciudad, las mujeres destinan 4 horas diarias a tareas no remuneradas, mientras que en el sur destinan casi 7. Esta desigualdad reduce las posibilidades de participar del mercado de trabajo. Estas brechas están explicadas por una mayor: la pobreza en el sur es casi el triple que la del norte (31,6% vs. 10,8%), y casi el doble que el nivel general, de acuerdo a la Encuesta trimestral de ocupación e ingresos (ETOI, 2do trimestre 2022).
Las tasas de actividad y empleo durante el año 2021 fueron de 65% y 59,9% respectivamente, mientras que en el 2020 fueron del 62,3% y 55,9%. Pero el impacto de la pandemia se hace notar: se observa una caída de 3 puntos porcentuales respecto al 4to trimestre 2019 (ETOI, DGEyC GCBA). Ocurre el mismo fenómeno en los indicadores de empleo asalariado privado: en febrero de 2022 respecto de diciembre de 2019, la Ciudad no solo es el distrito que perdió la mayor cantidad de asalariados privados (-34.941), sino que también es la que presenta mayor caída en términos relativos (- 2,4%) junto a Mendoza y Salta (-2,7%).
Según el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la principal política de empleo joven es la Expo Empleo Joven, una iniciativa en la que solo el 1,5% de quienes se inscriben, acceden efectivamente a un trabajo. En su última edición, el Gobierno invirtió $50 millones, menos de la mitad de lo que destinó al Campeonato Federal de Asado ($110 millones). El programa Potenciate, en tanto, presenta en su plataforma solo 66 ofertas laborales, de las cuales ninguna está abierta para postularse. Por último, un dato contundente: por cada $20 que se destinan a publicidad, la Ciudad invierte solo $1 en políticas de juventud.
Por otra parte, el GCBA también ha fomentado la precarización de los y las jóvenes a través de deficientes propuestas de prácticas laborales para el último año del colegio secundario. En el sistema educativo y específicamente en la modalidad de Educación Técnico Profesional, ya existen las prácticas profesionalizantes (Resolución CFE N.º 47/08) que, si bien corresponden a la secundaria técnica, tienen como propósito que los y las estudiantes consoliden y amplíen las capacidades y saberes que se correspondan con el perfil profesional en el que se están formando.
Estas prácticas devienen de un plan acordado entre el sistema educativo y el sistema productivo, e incluyen capacitación docente, vinculación y retroalimentación institución-empresa, identificación de las actividades productivas locales y la pertinencia del perfil profesional. La pregunta es por qué la Ciudad no traslada este modelo al resto de las escuelas en lugar de implementar una iniciativa precaria que solo le otorga beneficios a ciertos sectores empresarios.
Respecto al empleo público, la Ciudad de Buenos Aires también precariza a una gran cantidad de sus trabajadores/as. Quienes prestan servicios en seguridad vial (los que cuidan diariamente a los niños y niñas en los “senderos seguros” y los agentes de tránsito) son monotributistas que le facturan al Gobierno de la Ciudad por un monto debajo de la línea de la pobreza. Los y las docentes deben definir sus salarios por norma del Poder Legislativo ya que no cuentan con convenio colectivo de trabajo. Las y los enfermeras no son considerados profesionales de la salud: la Ciudad de Buenos Aires les quitó el reconocimiento como tales, colocándolos en categorías administrativas que no guardan ninguna relación con su actividad diaria. Los residentes y concurrentes, por su parte, tienen un régimen salarial irregular y sufren la desvalorización de sus tareas. Por último se destaca el reclamo de los trabajadores y trabajadoras del Teatro Colón por mejoras salariales y su lucha por el reconocimiento de sus representantes gremiales por parte del GCBA.
¿Qué puede hacer el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para revertir la situación en la que se encuentra el empleo? Para empezar, mejorar la asignación de los recursos. A modo de ejemplo, en el Presupuesto 2023 la asignación destinada a las obras de “Reparación y Mantenimiento de Aceras – RYMA” es de $14.871 millones, mientras que para los programas de la Subsecretaría de Trabajo solo se previeron $4.273 millones, apenas un tercio. Es evidente que el presupuesto de la Subsecretaría de Trabajo es insuficiente, y más aún considerando los ambiciosos objetivos que se enumeran en la fundamentación de la Ley de Presupuesto.
Ampliar la cantidad de inspectores de trabajo resultaría otra medida beneficiosa para poder realizar un mayor y mejor control de las condiciones de trabajo de las personas que prestan tareas en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero el macrismo no parece elegir ese camino. La única política prevista para 2023 es la eximición impositiva de Ingresos Brutos para sectores productivos y pymes industriales, además de sostener las exenciones a empresas que se posicionan en los distritos. Pero no es una política de empleo: la experiencia histórica demuestra que la quita de impuestos como medida aislada no genera puestos de trabajo.
ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y POPULAR
La Economía Popular (EP) es un fenómeno estructural de nuestro tiempo, una salida que han encontrado cientos de miles de personas en la Ciudad frente a un mercado que excluye y es incapaz de absorber a la totalidad de la población trabajadora. La Economía Popular da respuestas allí donde el Gobierno de la Ciudad no llega ni quiere llegar, y se organiza porque es la base para la recuperación, como parte de un engranaje más grande. En este contexto, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y sus organizaciones predecesoras han sido fundamentales a la hora de organizar al sector, canalizar sus reclamos, obtener reconocimientos simbólicos y materiales y resistir a los atropellos del Gobierno de la Ciudad.
En CABA la EP cumple un rol fundamental en su dinámica productiva: impulsa proyectos emancipatorios que tienen en el centro la justicia social y una Argentina soberana, que se construye desde los barrios. En términos numéricos, 112.547 trabajadoras y trabajadores están inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), que se divide en 9 ramas. Pero al mirar la Encuesta Permanente de Hogares encontramos un universo un poco más amplio; contabilizando a cuentapropistas sin calificación profesional, ese número puede alcanzar las 230.608 personas, lo que representa un 14% de la Población Económicamente Activa.
En nuestra Ciudad se desarrollan actividades en comedores populares (28.479 personas), como promotores de género y de asistencia por casos de violencia por motivos de género (540 personas), trabajadores socioeducativos (600 personas) y de salud (706 personas), entre otras. En la Legislatura porteña hay varios proyectos para reconocer y otorgar derechos a trabajadores de cuidados comunitarios, promotores ambientales, de género, educación y salud, entre otros, pero el macrismo impide su tratamiento año a año.
Podemos destacar también la actividad del Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos con más de 14.000 personas, entre quienes se destacan artesanos, artistas callejeros, feriantes y vendedor/a ambulante o de punto fijo. Es, probablemente, la rama que más ha sufrido los embates represivos del PRO, especialmente la población de migrantes senegaleses. Son principalmente mujeres (63,2% a nivel nacional) y la gran mayoría (77,9%) trabaja de forma individual.
En los últimos años es posible marcar dos hitos de la política pública del macrismo alrededor de la EP. Por un lado, la conquista por parte de las organizaciones sociales y trabajadores de la EP de la “Ley de Promoción a la Economía Social y Popular”. El primer balance que podemos hacer de la misma es muy deficitario: aún hay dificultades para la inscripción en el FONDES (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social) de varios emprendimientos del sector y la asignación presupuestaria para el 2022 es de apenas $200.000, con una meta de 600 incentivos.
Por otro lado, más recientemente la Legislatura aprobó la “Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”, con el objeto de constituir Distritos Económicos en algunos barrios populares y dar beneficios económicos a las empresas que se instalen allí. Sin embargo, hay elementos que son muy cuestionables, tanto en el proceso de conformación de la norma como en la política pública en sí misma. Por un lado, no fue tratada en las Mesas de Gestión y Participación, rechazando la posibilidad de las propuestas de vecinos y vecinas de los barrios populares. Además, no hay a la fecha datos concluyentes sobre la efectividad de la política de Distritos en distintos puntos de la Ciudad para generar más empleo. Finalmente, no se estipulan beneficios para los trabajadores, emprendimientos productivos y comerciales preexistentes en los barrios populares; está pensada casi exclusivamente para beneficiar a las grandes empresas, que tendrán disponible rápidamente la posibilidad de desarrollar un emprendimiento de este tipo y serán las primeras en anotarse en el registro.
ES HORA DE REDISCUTIR LAS PRIORIDADES
En la actualidad, los ingresos del fisco porteño provienen en casi un 75% de la recaudación de tributos de fuente local, a diferencia de otras provincias que dependen en mayor grado de los fondos recibidos por el régimen de Coparticipación Federal. En este escenario, la Ciudad tiene una baja dependencia de la administración nacional, lo que le otorga mayores niveles de solvencia y facilita su acceso al mercado de capitales y financiamiento con organismos multilaterales. Esto se traduce en mayores grados de autonomía y administración del gasto público.
El principal componente de la recaudación local es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Tres de cada cuatro pesos de recaudación tributaria propia de la Ciudad provienen de este impuesto. A modo de ejemplo, mientras que en enero de 2008 los impuestos al consumo y transacciones representaban el 59,9% y el Impuesto a la propiedad significaba el 36,8%, en enero de 2022 los primeros implican el 84,3% y el segundo tributo el 14,3%. Este cambio en la estructura tributaria no solamente se debe a que el Impuesto a los Ingresos Brutos está directamente relacionado con la evolución de la actividad económica, sino que la Ciudad es uno de los distritos de mayor presión impositiva, con la alícuota promedio de Ingresos Brutos más alta del país (3,63%) después de la de Misiones (3,77%).
Asimismo, las transferencias que la Ciudad recibe por Coparticipación potencian su carácter de riqueza. Históricamente ha percibido el 1,4% del total de los fondos; durante el Gobierno de Mauricio Macri se elevó injustificadamente y por decreto a 3,75% para financiar los gastos de la transferencia de las fuerzas de policía que cumplían funciones en la Ciudad. Como la suma transferida era mucho mayor que la que correspondía, en ese período el Gobierno de la CABA recibió 100 mil millones de pesos demás. Esto profundizó las asimetrías entre las distintas jurisdicciones, debilitó el carácter federal de nuestro sistema político y fortaleció el gasto público en favor del distrito más rico del país. Bajo el gobierno de Alberto Fernández se restableció la alícuota de 1,4% y se determinó por ley, según dictamina la Constitución Nacional, que el traslado del servicio de seguridad fuera abonado por transferencia del Estado Nacional al Tesoro porteño.
En cuanto al gasto en seguridad, desde que el macrismo asumió el gobierno de la Ciudad, se incrementó fuertemente año tras año.
Por otra parte, la Ciudad ha ido incrementando año tras año los pagos en servicios deuda (pago anual de amortizaciones e intereses) en relación con el gasto total. Entre el año 2008 y 2014 el peso de esta cuenta fue en promedio de 1,6%. En el período 2015-2018 este valor fue del 3,7% y en los últimos tres años se ubicó en una media de 7,9%.
Por su parte, el stock de deuda medido en dólares ha tenido un crecimiento considerable en el período 2008-2017, ya que incrementó casi cinco veces su valor inicial de 2007. Pasó de 861 millones de dólares a 4.985 millones de dólares. Entre 2018 y 2021 el stock se fue reduciendo gradualmente. A junio de 2022 la Ciudad tiene compromisos por un total de 2.145 millones de dólares. La composición de la deuda muestra que en el trienio 2013-2015, 7 de cada 10 pesos adeudados eran en moneda extranjera. En la actualidad esa relación se redujo levemente al 60% del stock.
En suma, se puede considerar que a pesar de que el stock de deuda se redujo en los últimos años y que su exposición en moneda extranjera también se limitó, los gastos anuales se vieron incrementados en relación con el gasto total de la Ciudad. En la actualidad el distrito tiene suficiente solvencia para enfrentar sus compromisos de deuda y no presenta una situación de riesgo.
De todas maneras, es cuestionable el uso de los fondos del endeudamiento, ya que deberían ser destinados principalmente a obras de infraestructura, como por ejemplo, la extensión de la red de subte, que desde que asumió el macrismo ha sido postergada al abandono.