APUNTES PARA EL DEBATE – FRENTE DE TODOS CABA
BRIGADAS POLICIALES, JUSTICIA Y DDHH (SEGUNDA PARTE)
Brigadas de la Policía de la Ciudad
Hasta el 9 de febrero de 2022, fecha en la que se dictó la Resolución 95/2022 del Ministerio de Justicia y Seguridad CABA tras el asesinato del joven Lucas González, cada comisaría comunal contaba con un área denominada “División Sumarios y Brigadas de Prevención”. El concepto de prevención como función de las brigadas era incompatible con la clara distinción que hace la Ley de Seguridad Pública entre las funciones de prevención y de investigación, estableciendo que la función de las brigadas debía ser la de investigación y no la de “prevención”, por la amplitud de este último concepto y el poco control posible sobre estas actividades. En el momento oportuno, advertimos lo incorrecto que era unir el concepto de prevención a la labor de las brigadas.
El Artículo 89.3 de la Ley 5.688 define a la función de investigación como: “Las acciones tendientes a conocer y analizar los ilícitos y hechos que vulneran la seguridad pública, sus modalidades y manifestaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las personas o grupos que lo protagonizaron como autores, instigadores o cómplices y sus consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos. Cuando la investigación se desarrolla en la esfera judicial, comprende la persecución de los delitos y contravenciones consumados a través de las acciones de inteligencia criminal tendientes a constatar su comisión y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, individualizar a los responsables y reunir las pruebas para acusarlos”.
A partir del dictado de la resolución 95/2022 del Ministerio de Justicia y Seguridad, las divisiones “Sumarios y Brigadas de Prevención” pasaron a denominarse “División Investigaciones Comunales”, manteniéndose la estructura de investigación comunal por Comisaría.
Como es sabido, las brigadas de cualquier fuerza de seguridad concentran un poder enorme en cuanto a sus posibilidades operativas. Creemos que generar esta dependencia territorial de las brigadas en cada Comisaría Comunal opaca las posibilidades de control sobre las mismas por su nivel de desconcentración. Asimismo, ese anclaje en la territorialidad es el que, a veces, hace posible las actividades ilícitas de las brigadas, fundamentalmente en su faceta recaudatoria o en cuanto a la utilización de técnicas de investigación por fuera de los marcos legales, como así también la utilización de la fuerza por fuera de esos mismos límites.
En un pedido de acceso a la información pública presentada desde el Frente de Todos, se informó que -a marzo de 2022-:
• 452 efectivos policiales y 95 auxiliares estaban asignados y distribuidos entre las divisiones de investigaciones comunales de cada comisaría.
• En teoría, las brigadas de la Policía de la Ciudad actúan únicamente en investigación si hay una disposición judicial que lo ordene.
• El control del uso de uniforme es fiscalizado por los Oficiales de Dirección y de Supervisión de la Policía de la Ciudad (no se nos aclaró de qué forma se instrumenta la orden de superioridad que exime válidamente al efectivo de usar su uniforme policial e identificación).
• Las divisiones de investigación tienen asignados setenta (70) móviles no identificables para la realización de sus tareas.
Proponemos que:
• Las brigadas de la Policía de la Ciudad pasen a depender de una superintendencia desconcentrada cuyas instrucciones y tareas no emanen ni estén vinculadas a las de las Comisarías Comunales.
• Exista un mecanismo de control efectivo sobre la autorización expresa que pueda dar la superioridad para que los efectivos operen sin uniforme reglamentario y debida identificación.
• Se constituya -como ya hemos reiterado- el Consejo de Seguridad previsto constitucional (Art. 35 CCABA) y legalmente (Ley 1.689). Ese espacio interinstitucional (integrado por legisladores, funcionarios del Ejecutivo y el fiscal general) está previsto como organismo de consulta permanente, encargado de elaborar los lineamientos generales en materia de seguridad para llevar a cabo las tareas de control de la actuación policial y el diseño de las acciones preventivas necesarias. Entendemos que ese debe ser el ámbito donde se discutan las políticas como las aquí involucradas.
JUSTICIA
La necesidad de una Justicia ágil, eficiente y equitativa
Luego de la reforma constitucional del año 1994, las gestiones gubernamentales que la sucedieron (Fernando De la Rúa – Aníbal Ibarra y su continuador Jorge Telerman) fueron de índole fundacional y por lo tanto se encargaron de afianzar las bases de un territorio que hasta la reforma mencionada era administrado de forma directa por el Gobierno Nacional. En este marco, eran los gobiernos de Macri y de Larreta los encargados de dar los pasos políticos necesarios para profundizar el crecimiento institucional de la Ciudad. Lamentablemente, la estrategia de gestión se centró en una constante confrontación con el Estado Nacional y la “municipalización” del manejo de los recursos. Todo ello en claro desmedro de profundizar la maduración institucional del territorio.
Frente a este escenario, es importante profundizar la discusión respecto al traspaso de competencias teniendo como ejes rectores el art. 129 de la Constitución Nacional, que establece el carácter autónomo del Gobierno de la Ciudad, y la Ley 24588 (denominada “Ley Cafiero”), que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, la discusión debe trazarse sobre un objetivo fundamental: mejorar el servicio de justicia a los ciudadanos y ciudadanas.
En este marco, es menester poner la mirada sobre el funcionamiento de los fueros que actualmente administra el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, como el Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo presentan grandes falencias; lo que avizora que no está lista la administración de justicia local para asumir más competencias, al menos hasta tanto logre afianzar y consolidar los mecanismos de acceso real a la justicia -en especial de la población más vulnerada-, la diligencia en las tramitaciones, evitar sobrecarga de tareas en los y las trabajadores de la justicia y brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.
Especial mención requieren los procesos colectivos en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario local. Un caso paradigmático al respecto es el del Riesgo Eléctrico de la Villa 21-24, donde el Gobierno de la Ciudad incumple sistemáticamente un fallo que tiene ya más de 12 años de antigüedad.
En el mismo sentido, tampoco ha habido avances sobre la puesta en funcionamiento de otro sistema vital para la población: la justicia vecinal. Este sistema de administración de justicia descentralizado, próximo a los vecinos, debería funcionar en cada comuna, conforme lo establece la cláusula décimo segunda de la Constitución de CABA. Estos tribunales fueron pensados para atender cuestiones de menor cuantía de índole civil y comercial. Pero en 15 años de gestión el PRO no ha invertido sus energías en impulsar su puesta en marcha para constituir una herramienta con acceso ágil y rápido a problemas que afectan diariamente a los y las porteñas sino también para disminuir la carga de asuntos en la Justicia tradicional ordinaria.
En definitiva, resulta irrisorio que desde el oficialismo porteño exijan el traspaso de competencias judiciales escudándose en la autonomía de la Ciudad sin antes afrontar e intentar resolver los enormes desafíos pendientes en la justicia local. Sin abordar esta hipocresía no se puede dar un debate franco de cara a la sociedad, más aún teniendo en cuenta que, con la complicidad de los operadores judiciales que actualmente conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como desde la Legislatura porteña se encuentran realizando un proceso de traspaso de competencias “de facto”, a través de arrogarse entendimiento por parte del primero de causas nacionales, desde el recordado precedente “Levinas”.
Justicia in the pendiente
El traspaso de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad es un trofeo muy codiciado por el macrismo, porque a los ya turbios manejos que detentan en la Justicia nacional y federal, se le suma que en la Ciudad existe un sometimiento del Poder Judicial al poder político gobernante.
Esto se manifiesta tanto en el férreo control que ejerce el macrismo en el Consejo de la Magistratura porteño como en las reformas legislativas que realizaron, amparados en las mayorías parlamentarias, para modificar la estructura judicial; hasta llegar al punto de que la amplia mayoría de los jueces actualmente en funciones fueron designados por los gobiernos de Macri y de Larreta.
Con estas reformas llevaron la cantidad de miembros de la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de 6 a 10 y los juzgados de primera instancia de ese mismo fuero de 24 a 31.
Por su parte, en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario -el que debe entender en todos los juicios en los que la Ciudad es parte- duplicaron los jueces de cámara desde los 6 miembros vigentes cuando asumió Mauricio Macri hasta los actuales 12, y aumentaron a niveles inflacionarios los Juzgados de Primera Instancia desde los 15 previstos por la legislación original hasta los actuales 27.
De esta manera, a lo largo de la gestión macrista se crearon y ocuparon más de 300 cargos de magistrados judiciales de primera instancia y cámaras de apelaciones, de los cuales 19 corresponden al fuero judicial que tiene entre sus misiones controlar lo actuado por los propios Macri y Larreta; este recuento no incluye los reemplazos por ascensos, renuncias o fallecimientos de jueces y juezas nombradas con anterioridad a la llegada del macrismo al Gobierno de la Ciudad, por lo que el número es aún más alto.
Esto trae como resultado actuaciones insólitas de la Justicia de CABA, como el cierre de la causa por la escandalosa compra de barbijos por parte de la Ciudad a una empresa que no tenía antecedentes en el rubro, que no contaba con producción propia ni habilitación para distribuir, a la que se le otorgó un pago por adelantado que no se destinó a la producción de los insumos requeridos y que la Justicia al día de hoy no pudo recuperar en su totalidad. A pesar de que la compañía contratada era fantasma y que el intento de compra representó un perjuicio económico para la Ciudad, la Justicia porteña consideró que los funcionarios involucrados en la operación estaban “sobrepasados” por “un contexto de emergencia sanitaria mundial” y archivó la investigación.
A la colonización de los tribunales inferiores le correspondió la colonización del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La conformación del máximo tribunal porteño constituye el caso más paradigmático de intervención del Poder Judicial. Tres de los cinco miembros fueron propuestos y votados por la mayoría legislativa que conforma el macrismo en la Ciudad: en todos estos casos los candidatos tenían una clara vinculación partidaria, dejando en evidencia la voluntad de forjar una Justicia dependiente de los intereses del espacio de Macri y Larreta.
Los elegidos por el macrismo para el TSJ fueron Inés M. Weinberg de Roca, la Presidenta del Tribunal, que además de “compañera y amiga del gimnasio” de Mauricio Macri en Barrio Parque, es viuda de Eduardo Roca, quien fuera subsecretario de Justicia del gobierno de facto de José María Guido, entre otros antecedentes del mismo estilo dictatorial. Esta jueza fue, además, candidata de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación durante su presidencia, tras la escandalosa persecución a Gils Carbó que culminó con su renuncia.
A Weinberg de Roca se le suma Santiago Otamendi, secretario de Justicia durante la presidencia de Macri, integrante de la mesa judicial que espiaba y perseguía a opositores, y confeso militante del PRO, al punto de participar activamente de timbreos de campaña; y Marcela De Langue, quien fuera rectora del Instituto de Formación de la Policía de la Ciudad fundado por el mismo Macri y el cuestionado ex jefe de la Policía de la Ciudad, Jorge “Fino” Palacios. Estas designaciones no responden solo al lazo de amistad que los vincula con el macrismo, sino que son responsables de hacer parte del trabajo sucio de la gestión de la Ciudad, blindando jurídicamente acciones ilegales. Así, entre una infinidad de fallos marcados por el partidismo, intentaron traer a su fuero la causa por la estafa al Correo Argentino de la familia Macri; intentaron resolver sobre la condena del Policía asesino -amigo de Patricia Bullrich- Luis Chocobar; habilitaron a la Policía de la Ciudad a detener personas por portación de rostro sin causa; apartaron de la investigación por el espionaje en la Ciudad al juez natural para que no se sepa que las cámaras de la policía se usan para perseguir a dirigentes políticos opositores; sostuvieron en otro fallo que las niñas y niños menores de 4 años no tienen derecho a la educación pública aunque la Constitución establece que tienen derecho desde los 45 días; y avalaron el protocolo de persecución policial y judicial a estudiantes secundarios que luchaban contra el desmantelamiento de sus escuelas y también a sus familias.
Por último, es fundamental mencionar el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como Fiscal General de la Ciudad. Su designación también fue posible gracias a los dos tercios que alcanzó el macrismo en la Legislatura Porteña. Mahiques fue subsecretario en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Macri y también integrante de la conocida Mesa Judicial; pero además, recientemente se confirmó que también participó del escandaloso viaje a Lago Escondido junto a jueces federales, agentes de inteligencia, directivos del Grupo Clarín y el propio ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro. A pesar de su evidente alineación partidaria, es el jefe de los fiscales de la Ciudad.
Como quedó demostrado, el macrismo aprovechó las mayorías parlamentarias para cooptar las cúpulas del Poder Judicial local y constituirlas en una herramienta de impunidad, por su capacidad de revertir cualquier fallo mínimamente adverso a sus intereses.
Conclusiones
Necesitamos que la Justicia de la Ciudad sea ágil, eficiente y equitativa pero también, independiente. Para eso, es fundamental desenmascarar la trampa que el reclamo llano de “autonomía” implica en la manera y forma de discusión del oficialismo; prueba de ello son los procesos de traspaso que se llevaron adelante en los últimos años, motivados únicamente por un interés partidario y sin mejorar en ningún aspecto el servicio de justicia a la ciudadanía.
Aunque tanto Macri como Larreta enuncien en su discurso la importancia de tener una Justicia independiente, su gestión en esta área da cuenta de la conformación de un Poder Judicial absolutamente sometido al poder político, que encubre y protege a los funcionarios porteños, a los integrantes de su espacio y a sus familias, respondiendo a sus intereses económicos y políticos.
DERECHOS HUMANOS
Memoria, Verdad y Justicia
En los encuentros del Frente de Todos hemos discutido las diversas implicancias del paradigma argentino de Memoria Verdad y Justicia desde la Promoción y el Derecho a la Educación. Observamos un retroceso permanente en materia de DDHH por parte del Gobierno de la Ciudad; un claro ejemplo de ello es que alegan como única política un mapa interactivo donde aparecen geolocalizados los Espacios de Memoria emplazados en la Ciudad (Olimpo, Atlético, Orletti y Virrey Cevallos).
También se destaca la nula posibilidad que tienen las y los estudiantes de escuelas medias e Instituciones de Formación Docente de recorrer los espacios, que termina por saturar el acto pedagógico y enriquecedor de la visita. Por eso es fundamental que la Ciudad adhiera a la Ley Nacional de Sitios n°26.691.
Además, vemos con preocupación la situación judicial de quienes cometieron delitos de lesa humanidad, con la proliferación de salidas transitorias y/o libertades domiciliarias, ya que la mayoría de los beneficiados reside o termina residiendo en la Ciudad.
Discapacidad
En esta área la gestión macrista aplica el paradigma de la prescindencia que se refleja en cada una de las políticas en materia de ampliación de derechos; en la retracción presupuestaria en materia educativa y de salud; en la restricción de las trayectorias educativas singulares y la reducción de la inclusión al solo hecho de que un niño, niña, adolescente o joven transite lo común.
Se aplica el paradigma de la prescindencia cuando prima el mercado por sobre el Estado y se ponen los bienes materiales y simbólicos al servicio de este, como lo sucedido con el Palacio Ceci, un histórico espacio para hipoacúsicos, y el abandono en materia de infraestructura. Cuando no se invierte un solo peso en material didáctico específico. Cuando se reduce el transporte para complejizar las intervenciones pedagógicas.
En estos 15 años en los que tanto se usó la educación para el marketing: ¿Cómo y cuándo se abrirán espacios de discusión y de construcción de sistemas pedagógicos de intervención en materia de inclusión? ¿Qué posibilidades se ofrecen a los alumnos de Educación Especial para su integración al mundo del trabajo? Y en los casos que se ofrecen, ¿por qué precarizan el ingreso y las condiciones? ¿Qué se hace para que el cupo del 4% de los puestos de trabajo en la planta del Estado sea para personas con discapacidad?
¿Cuándo se discutirá con el conjunto de la comunidad educativa la territorialización de la Educación Especial y su presencia en todos los niveles del sistema educativo? ¿Qué se hace desde el Estado de la CABA para que la intromisión de lo privado en los sistemas públicos (APND) no generen dispositivos de intervención diferentes entre quienes tienen obra social y quienes no?
Desde el Frente de Todos exigimos que se implementen políticas públicas de inclusión y ampliación de derechos. Muchas de estas propuestas forman parte de proyectos de ley que hemos presentado y que el oficialismo se ha negado a tratar:
• Lengua de señas en la Ley de Educación.
• Articulación entre salud mental y educación.
• Censo de personas con discapacidad.
• Debate de la Ley 24.901 del Sistema de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.
• Fortalecimiento de la formación docente y de la formación en medicina.
• Reformulación en los espacios de discapacidad en las comunas.
Discurso de Odio (DDOO)
En estos 15 años, el Gobierno de la Ciudad fue elevando de forma progresiva los pisos de violencia en sus intervenciones, en el acceso a los servicios públicos y en el abordaje de las problemáticas de las minorías a través de políticas poco inclusivas que profundizan prejuicios. Esto permitió acentuar y validar la estigmatización y el odio sobre los sectores más vulnerables, fragmentando el tejido social.
Con el fin de generar un dispositivo para la identificación y abordaje de estas violencias, a través de distintos registros ingresados en la Legislatura de la Ciudad, se ha confeccionado un mapa donde se pueden visualizar: ataques homoodiantes, ataques vandálicos sobre símbolos de la memoria colectiva, episodios de violencia institucional, actos discriminatorios y ataques a personas en situación de calle. En CABA, el objeto de los DDOO son los barrios del sur, los sectores populares, los sectores más desfavorecidos. Para el Gobierno de la Ciudad hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los discursos de odio se originan en las asimetrías y las diferencias estructurales de la misma urbe.
A su vez, el Gobierno de la Ciudad de alguna forma avala y potencia este tipo de discursos. La mayoría de los ministerios ejercen una suerte de violencia institucional, existe una actitud violenta, un correlato institucional y una validación constante a través de los diferentes instrumentos estatales. ¿Existe una decisión política de incentivar el odio? Es necesaria una discusión en torno al rol del Estado.
Ante el incremento de la cultura del odio es fundamental avanzar en la conformación de redes para la deconstrucción y resignificación de los discursos; activar dispositivos de observancia comunicacional desde una óptica jurídico- pedagógica; avanzar en capacitaciones y cursos en distintos niveles educativos sobre derechos y los dispositivos disponibles ante casos de ataques violentos.