APUNTES PARA EL DEBATE – FRENTE DE TODOS CABA
SEGURIDAD
(PRIMERA PARTE)
UNA POLICÍA POLÍTICA
La Ciudad de Buenos Aires se constituyó como una jurisdicción profundamente atípica, producto de las particularidades históricas y de la organización nacional a partir del siglo XIX. Al ser concebida como territorio federal y capital nacional, se benefició de esta situación en un país que, si bien se declara federal, presenta un elevado grado de centralismo unitario.
Consciente de su papel en la “ciudad vidriera”, la gestión de la seguridad porteña fue un tema históricamente protagónico en los distintos gobiernos, y debe analizarse en un marco político, al margen de las atendibles cifras que pueda brindar cualquier mapa coyuntural de la inseguridad o el delito.
Desde el punto de vista institucional, la Ciudad no puede ser encasillada ni como provincia ni como municipio, ya que tiene muchas funciones propias de un gobierno provincial -al tiempo que carece de otras- y a la vez mantiene un conjunto de competencias que podrían definirse como municipales. El resultado es un estatus único de la Ciudad Autónoma en el país.
La administración pública nacional se encuentra concentrada mayormente en la Ciudad, pero también las empresas de peso en general suelen tener sede central en su territorio. Incluso, muchos servicios públicos fueron desarrollados dentro del ámbito de la Ciudad y pensados como un nodo central de una red nacional; ejemplos de ello son las líneas de transporte (terrestres -especialmente notorio en los trenes- y aéreos), o el sistema de salud, que fue concebido para dar cobertura al Área Metropolitana e incluso actuar como referencia para la totalidad del país. Lo mismo sucede en el caso de la seguridad.
Los 15 años de gestión macrista en seguridad presentan claros rasgos propios en metodologías y modos de acción, marcados por su opacidad y las sospechas de corrupción. También se destacan operaciones institucionales históricas, que derivaron en asignaciones millonarias con el traspaso de la Policía Federal Argentina (PFA) para la creación de la Policía de la Ciudad en el año 2016, un hito indisolublemente ligado a cuestionados repartos discrecionales de fondos multimillonarios de la Coparticipación Federal en favor de la administración porteña. Otra vez el retorno de centralismo versus federalismo haciéndose presente en el debate histórico argentino.
Desde la autonomización de la Ciudad, establecida por la Constitución Nacional reformada en 1994, se abrió un período de intensos cuestionamientos en torno a cuál debía ser la función de la policía porteña y su alcance institucional, con una primera prueba piloto: la creación en 2008 de la Policía Metropolitana, que inicialmente se desempeñaba con jurisdicción solo en algunas comunas y coexistía en el distrito con la Policía Federal Argentina (PFA).
El 5 de enero de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, acordaron el traspaso de gran parte de la PFA de la órbita del Gobierno Nacional a la del Gobierno de la Ciudad. Esto se produjo a partir de la firma del “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En ese proceso fueron transferidos entre 17.000 y 19.000 efectivos, cerca de la mitad de los que componían la PFA hasta diciembre de 2015.
Con la injustificable excusa de hacer frente a este cambio de jurisdicción y por decisión de Macri, se incrementaron por decreto los recursos enviados en concepto de coparticipación a la Ciudad que pasó del 1,40% al 3,75% y luego se ajustó al 3,5%, pero sobre una masa de recursos más altos. Desde el primer momento las estimaciones daban cuenta de que el aumento era excesivo si lo que se pretendía era financiar este traspaso de efectivos: de hecho, una veintena de provincias aprobó el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, contra la justificación del Gobierno porteño que valuó la maniobra en más de $18.000 millones.
Una estimación conservadora realizada por el Centro de Estudios Metropolitano (CEM) en base a la información pública disponible, mostró que para el 2018, los recursos excedentes transferidos a CABA habrían sido equivalentes a más del 20% de los ingresos por coparticipación que recibió la Ciudad, una fortuna que excedía ampliamente al rubro Seguridad.
De todas maneras, reducir únicamente los aportes económicos extraordinarios que recibió la Ciudad a los fondos coparticipables durante la presidencia de Macri no es correcto, porque en esos años también se benefició claramente de obras, transferencias de terrenos, edificios, y otros activos.
Durante el período 2016-2019 los aportes de Nación por fuera de la coparticipación aumentaron significativamente a través de obras tales como el Paseo y Parque del Bajo, el Viaducto Mitre, la elevación del tren Mitre y San Martín, entre otras. Las transferencias de edificios y terrenos en el último mes del mandato de Macri (una decisión expresamente ilegal), fue puesta bajo revisión por el gobierno de Alberto Fernández, al igual que la cuota coparticipable de la Ciudad (que fue reducida aunque no a sus montos previos a 2015), y también formó parte del paquete de beneficios extras que recibió la Ciudad.
Estas cifras deberían haber sido consideradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de dar un fallo claramente político y favorable al gobierno de Larreta a fines del año 2022, en el conflicto por los fondos de coparticipación con Nación.
Represión, espionajes y manejos policiales discrecionales
La Policía de la Ciudad fue creada por la Ley 5688/16 del Sistema Integral de Seguridad Pública, sancionada el 17 de noviembre de 2016 y comenzó a operar el 1 de enero de 2017. Horacio Rodríguez Larreta la presentó como un “cuerpo de seguridad que se distinguirá por su formación, equipamiento y cercanía”. Seis años después, vemos que el objetivo no solo no se cumplió, sino que le otorgaron a la fuerza de seguridad una función totalmente diferente: ser una fuerza de choque del espacio político gobernante.
En estos 15 años podemos identificar una serie de “marcas registradas” en la gestión de seguridad: el empleo recurrente del espionaje y uso ilegal de datos, la represión selectiva hacia determinados sectores políticos y sociales, manejos discrecionales de las brigadas policiales por comuna, casos de gatillo fácil y numerosas denuncias de corrupción institucional. En este marco, la Policía de la Ciudad ocupó y ocupa un rol central.
El 17 de noviembre de 2021 tuvo lugar el repudiable asesinato del joven Lucas González, que jugaba al fútbol en el Club Barracas, a manos de oficiales de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a la brigada de una de las comisarías de la Comuna 4. Esa situación volvió a poner de relieve aspectos de control muy necesarios sobre cualquier fuerza de seguridad: los protocolos y las regulaciones para el uso de armas de fuego, las situaciones en las que pueden operar sin el uniforme reglamentario, y, fundamentalmente, los formatos en los que las brigadas están estructuradas, orgánica y jerárquicamente. Poco y nada cambió tras el traspaso policial en el descontrol y discrecionalidad de estos cuerpos especiales -como analizaremos luego en más detalle-, señalados en reiteradas denuncias como recaudadores de las “cajas negras” de las comisarías.
El llamado “Caso Chocobar” mostró otro aspecto cuestionado en la doctrina de los protocolos defendidos por el macrismo en la Ciudad y apoyados por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: el 8 de diciembre de 2017 en cercanías del Pasaje Caminito de La Boca el agente porteño Luis Chocobar mató con un disparo por la espalda a un delincuente que huía tras robar y apuñalar a un turista extranjero. La actuación de Chocobar fue tan cuestionada por organismos contra la represión policial como aplaudida por Bullrich, Macri y Larreta. Finalmente en mayo de 2021 el efectivo de la Policía de la Ciudad recibió una pena excarcelable de dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para volver a la fuerza, mientras que la Fiscalía había solicitado una condena de prisión perpetua. Las principales figuras del macrismo se encargaron de condecorar al efectivo, dejando en claro el aval político a su accionar.
La relación del macrismo con el espionaje viene de larga data y los más memoriosos se remontan hasta los tiempos del expresidente al frente del Club Atlético Boca Juniors, pero, sin dudas, históricamente, la causa más emblemática es la de las escuchas telefónicas ilegales por las que en 2009 fueron procesados el mismo Macri y el entonces ministro de Educación Mariano Narodowski. Sergio Burstein, referente de la comunidad judía y de las víctimas del atentado a la AMIA, denunció entonces penalmente que estaba siendo espiado por la Policía Metropolitana y por esta causa fueron detenidos y puestos bajo proceso el comisario Jorge “El Fino” Palacios, el policía preferido de Macri, y el espía Ciro James, entre otros funcionarios públicos. Esquemas operativos similares saldrían a la luz en años siguientes, con redes de seguimientos ilegales que abarcaron a dirigentes políticos opositores, empresarios, sindicalistas y hasta detenidos en penales por motivos políticos durante la presidencia de Macri. La Policía de la Ciudad tuvo una activa participación en esta red.
La represión es otra marca registrada del macrismo. Uno de los hechos que más rechazo causó en la opinión pública fue la salvaje golpiza y ataque con gases a trabajadores y pacientes del Hospital Borda por parte de la Policía Metropolitana en 2013, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Luego con la asunción de Rodríguez Larreta y la puesta en marcha de la Policía de la Ciudad, este accionar se volvió recurrente. La Policía de la Ciudad respondió con violencia, palos y gases lacrimógenos a la mayoría de las movilizaciones masivas que se realizaron en los últimos años.
Reprimieron en varias ocasiones a enfermeros que reclamaban un reconocimiento profesional; a médicos y residentes que exigían una recomposición salarial; a docentes y estudiantes que se manifestaban contra el vaciamiento de los Institutos de Formación Superior; a las mujeres que se movilizaron en el marco de la marcha Ni Una Menos; a trabajadores de la economía popular; a quienes exigían la aparición con vida de Santiago Maldonado; y recientemente reprimieron a vecinos y vecinas de Lugano que protestaban por la falta de luz después de varios días en un verano agobiante. Al fin y al cabo, palos para todos los que, de una forma u otra, se expresan en reclamo de injusticias.
Sin embargo, la vara no fue la misma con quienes adhieren a sus políticas. Por ejemplo, durante la pandemia y a pesar de las medidas de prevención que se habían dictado, la Policía acompañó pasivamente las movilizaciones “antivacunas” y negacionistas con epicentro en el Obelisco, que se convertían en festivales de violencia explícita contra funcionarios del Gobierno nacional y contra cualquiera que opinara distinto, incluidos periodistas y trabajadores de prensa, que resultaron brutalmente golpeados en más de una ocasión.
La misma doble vara se dio a fines de 2022, cuando la Policía de la Ciudad custodiaba a quienes se manifestaban de forma violenta contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de la calle Juncal, mientras reprimía a todo aquel que se acercara a expresarle su apoyo. Así prosiguieron hasta derivar en un cuestionable papel en el intento de magnicidio de la expresidenta.
Qué más podemos agregar sobre una gestión de Seguridad que mantiene en sordina el caso del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, que desapareció a comienzos de 2019 sin dejar rastros y al que increíblemente su propia fuerza parece no buscar en una actitud llamativamente pasiva, sin atender a los reclamos de sus familiares y diversos organismos de derechos humanos, que equiparan la situación a la de una desaparición forzada con claro trasfondo institucional.
El caso D’Alessandro
El modus operandi de la Policía de la Ciudad que se describió anteriormente tiene estrecha vinculación con el escándalo que se suscitó alrededor de quien fue su jefe durante los últimos años: el ahora exministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro.
En primer lugar, se constató su participación en un viaje a Lago Escondido junto a jueces federales, agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín. Luego se filtraron una serie de chats donde los participantes del viaje acordaban cómo encubrir el encuentro, con amenazas del propio ministro de “mandarle un patrullero” o “darle una alcaldía para que le den una linda bienvenida” a quienes se animaran a denunciarlo. Finalmente, aparecieron presuntas dádivas de empresarios ligados al servicio de grúas y acarreos de la Ciudad, revelaciones ilegales de información judicial reservada con un alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia e intercambios de información con agentes de inteligencia.
Ni el funcionario ni su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, brindaron explicaciones claras a la ciudadanía sobre el contenido de esos mensajes, aunque confirmaron que efectivamente participó del escandaloso viaje. Desde el inicio el respaldo político hacia D’Alessandro fue absoluto. Sin embargo, y ante la dificultad por tapar el escándalo, el ministro de Seguridad recurrió a una licencia por 90 días, que luego prolongó hasta finalmente renunciar y ser reemplazado por Eugenio Burzaco.
El nuevo ministro de Seguridad porteño desde fines de marzo de este año quiere “multas y penas de prisión” contra quienes promuevan y participen de cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires y también defendió las pistolas Taser, arma que organismos internacionales la vinculan con la tortura, al intentar justificar que su uso “salva vidas”. Desde el Frente de Todos se presentó un pedido de juicio político dirigido tanto a Marcelo D’Alessandro como al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, quien también formó parte de la comitiva de Lago Escondido. Sin embargo, el oficialismo se negó a darle tratamiento en la Legislatura porteña.
Cuestión de prioridades
A través de ejemplos concretos se puede observar cuáles fueron las decisiones políticas del macrismo a la hora de asignar recursos: las veredas o la propaganda y publicidad ocuparon lugares más que relevantes por sobre programas de atención a víctimas de violencia doméstica o de género, población en situaciones de vulnerabilidad o asistencia a PyMES.
Puede verificarse que ciertos aspectos preventivos de la Seguridad, como los citados en el párrafo anterior, se descuidaron incluso presupuestariamente, pero otros, vinculados a prácticas institucionales represivas fueron reforzados, como por ejemplo, en plena pandemia cuando se produjo la compra en 2020 de 150 mil cartuchos con 24 postas de goma cada uno, 2000 granadas de mano, 1000 cartuchos de gas lacrimógeno y 2900 granadas de gas. Por otra parte, también se observa una distribución inequitativa de recursos para la seguridad ciudadana entre la zona norte y el sur de la Ciudad, que se refleja en todos los indicadores, pese a que el primer párrafo del Artículo 34 de la Constitución porteña determina que “la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes.”
Además todas las comisarías de la Policía de la Ciudad deberían contar con un área de protección familiar, donde se canalizan las denuncias por casos en contexto de violencia de género y/o doméstica. Hasta que eso ocurra, todas las comisarías de las comunas 1,4, 8, 7, 3 y 9 con la mayor estadística de casos deberían contar con un área de protección familiar.
Otros ejes temáticos
- Necesidad de políticas de desarme focalizadas en los distintos polos de conflictividad de la Ciudad.
- Desarrollo adecuado de medidas para la prevención de siniestros viales y regularización de los cuerpos dedicados a la seguridad vial.
- Promoción de instancias de participación ciudadana efectivas y constitución del Consejo de Seguridad.
- Profundización de la coordinación multiagencial para la prevención de delitos cometidos en el ámbito de la Ciudad.
- Necesidad de la creación de un servicio penitenciario de la Ciudad a partir de la transferencia de las fuerzas de seguridad.
- Debatir las regulaciones necesarias para la utilización de arma