APUNTES PARA EL DEBATE – FRENTE DE TODOS CABA
EDUCACIÓN
(SEGUNDA PARTE)
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA EDUCACIÓN PÚBLICA NO ES UNA PRIORIDAD
Participación estudiantil
Desde que el macrismo llegó al Gobierno porteño, nunca se interesó en establecer un diálogo con el sector estudiantil organizado. Este posicionamiento se enmarca en una visión conservadora de las y los jóvenes, que no son considerados sujetos políticos. La comunicación entre el Gobierno y los Centros de Estudiantes ha sido y es escasa, selectiva o nula.
Los pocos espacios existentes durante los diferentes conflictos sucedidos en estos 15 años nunca reflejaron una escucha real hacia las preocupaciones y aportes que acercaban las comunidades educativas y, menos aún, los estudiantes.
A las distintas protestas y movilizaciones que llevaron adelante las organizaciones de estudiantes, el Gobierno de la Ciudad respondió con medidas represivas, estigmatizantes y disciplinantes. Podemos mencionar las llamadas “listas negras” de quienes participaban en tomas de escuelas de nivel secundario en 2008 y la creación de una línea telefónica para recibir denuncias por “intromisión política” en las instituciones educativas en 2012.
En 2018, durante las tomas de escuelas por la implementación de la “Secundaria del Futuro”, un proyecto inconsulto de la Ciudad, el gobierno de Larreta comenzó a aplicar un “Protocolo contra la toma de colegios” que fue avalado por la Justicia Porteña. Allí se establecía que las familias eran responsables de las tomas y que, en caso de apoyarlas, debían hacerse cargo de los gastos que se generaran por los daños a las instituciones.
Las consecuencias de la aplicación de este protocolo se vieron claramente en el año 2022, cuando los estudiantes volvieron a tomar sus escuelas para visibilizar el reclamo por mejoras edilicias, las viandas escasas y de mala calidad y en rechazo al mal diseño de las prácticas profesionales obligatorias. La respuesta del Gobierno porteño fue la denuncia penal a las familias y la posterior notificación en sus domicilios por parte de la Policía de la Ciudad de la violación al Código Contravencional y sus sanciones.
Nivel inicial
La Constitución de la Ciudad establece en su artículo 24 “la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”. Sin embargo, cada año miles de familias se quedan sin vacante en jardines de gestión estatal.
Esta problemática comenzó a evidenciarse en el año 2006, con la falta de 6047 vacantes para el nivel inicial, que fueron incrementándose año a año, especialmente a partir del 2013 con la implementación del sistema de inscripción online.
La imposibilidad de acceder a vacantes no tiene que ver solamente con la falta de escuelas sino también con la propia lógica de la inscripción online que ha impuesto el Gobierno de la Ciudad, que complejizó y burocratizó hasta la posibilidad de solicitar el acceso a este derecho. Asimismo, existe una fuerte crítica respecto a la ausencia de mecanismos para que las familias conozcan las instituciones educativas en las que inscribirán a sus hijos.
En 2022 hubo 56.832 familias que ingresaron al sistema online y no culminaron su trámite o quedaron en lista de espera. En el nivel inicial, el 53% de los niños y niñas que se inscribieron no encontraron vacante en las escuelas de gestión estatal de la Ciudad.
Nivel Primario
La Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional establecen como uno de sus objetivos para el nivel primario la extensión de la jornada completa. Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recurrido a la estrategia de extensión de la jornada mediante la implementación del programa “Jornada Extendida”, que funciona a contraturno. El Programa de “Jornada Extendida” no debe utilizarse como un sinónimo de jornada completa, ya que si bien puede pensarse como una política transicional, no exime al Gobierno de su responsabilidad de implementar políticas tendientes a garantizar el acceso equitativo a la jornada completa a todos los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad.
El promedio de ampliación de la jornada completa en los distritos del norte entre 2010 y 2020 es de 7,02% mientras que en los distritos del sur es de 4,47%. Es decir, se profundizó la desigualdad en la distribución territorial de la jornada completa. No se priorizó la ampliación de oferta educativa de jornada completa en aquellos distritos donde existe mayor demanda, condiciones socioeconómicas más desfavorables y donde la oferta era menor, lo que repercute en un aumento aún mayor de la brecha existente. Mientras que en los distritos del norte, 6 y 7 de cada 10 niños asisten a la jornada completa, en los distritos del sur son solamente 2 y 3 de cada 10.
Por otra parte, es importante destacar que en las escuelas de nivel primario todos los días quedan cargos docentes sin cubrir; un problema que se ha agravado en los últimos años y que requiere políticas urgentes.
Nivel Secundario
Según la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la educación secundaria tiene la finalidad de “habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”. Allí también se establece su obligatoriedad y que es un deber del Estado garantizarla. Esto supone una tensión con una institución que no fue pensada tradicionalmente para todos y todas.
La mitad de los estudiantes secundarios de la Ciudad asiste a escuelas de gestión privada y, mientras que entre 2008 y 2021 la matrícula de nivel secundario de gestión estatal creció un 7%, la matrícula de escuelas de gestión privada lo hizo en un 13%: casi el doble. Esto evidencia que el Gobierno de la Ciudad no gestionó las condiciones necesarias para garantizar la obligatoriedad del nivel secundario.
En ese marco, se observa que el Gobierno de la Ciudad no generó una ampliación significativa de vacantes, lo que provoca que muchos adolescentes deban trasladarse a otras zonas para poder conseguirlas. Un ejemplo de la desigualdad territorial se evidencia en la Región V de nivel secundario, que comprende los Distritos Escolares 13, 19, 20 y 21 de la zona sur, donde solamente hay vacantes para 1 de cada 5 estudiantes que se egresan de escuelas del nivel primario.
Por otro lado, además del problema cuantitativo de vacantes, en la Ciudad no se ha impulsado la creación de escuelas de modalidad artística y técnica. Mientras las escuelas técnicas crecieron en todo el país, en la Ciudad la matrícula disminuyó 5, 4% en los últimos 10 años.
Respecto de la conocida Secundaria del Futuro (SdF), que en 2017 provocó la toma de 30 escuelas, su creación fue anunciada sin un diagnóstico sobre la implementación de la anterior reforma denominada Nueva Escuela Secundaria (NES) y sin la participación de docentes, estudiantes, familias ni especialistas. Posteriormente, y frente al conflicto generado, cambiaron su denominación por “Profundización de la NES”. En 2018 se empezó a implementar en 19 escuelas, un número que se fue ampliando paulatinamente hasta llegar a 143 en el 2022.
Parte de esta reforma o “profundización” incorporó la implementación de las “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores” (ACAP) para estudiantes del último año, con excepción de los estudiantes de escuelas técnicas que realizan prácticas profesionalizantes. Se estableció un cumplimiento de 120 horas cátedra obligatorias a desarrollarse en ámbitos laborales. La vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo es un tema de debate y disputa, porque lo que está en tensión es si sirve al mercado tal como lo conocemos -desigual, precarizado y flexibilizado- o si la pensamos como modelo de desarrollo para una sociedad más justa e igualitaria.
Tal como está planteado hoy, este “acercamiento al mundo del trabajo” no parece garantizar un mínimo de experiencias de calidad y de vinculación virtuosa entre la escuela y la mencionada experiencia formativa. Sino, más bien, ofrece mano de obra gratuita a empresas privadas que se aprovechan de ella.
Nivel Superior
El nivel superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprende instituciones de formación docente y formación técnica superior. Se trata de 64 instituciones de gestión estatal (26%) y 179 de gestión privada (74%). En lo que respecta a la formación docente, existen 29 instituciones de gestión estatal.
En los últimos años se consolidó la participación estudiantil en la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, que se convirtió en un actor fundamental frente al principal hito de la gestión macrista: el intento de cierre de los 29 institutos de formación docente y la creación de la UniCABA. Anteriormente, la organización se había dado en torno al otorgamiento de becas, que resultaban escasas e insuficientes.
También aumentó la participación en los Centros de Estudiantes, que presentaron un proyecto de ley en la Legislatura Porteña con el propósito de abrir el debate sobre la promoción y el acompañamiento a la formación docente. Esta iniciativa abordaba además la preocupante realidad de las residencias que persiste hasta hoy, donde los estudiantes deben optar entre mantener su fuente laboral y sus ingresos o finalizar sus estudios, ya que -aún en un contexto de emergencia docente-no se contemplan licencias ni acompañamientos para quienes deben realizar el tramo final de las prácticas.
El proyecto de UniCABA, surgido a fines del 2017, atravesó un año de discusión en la Legislatura Porteña y culminó con la aprobación de un proyecto alternativo que implicó la coexistencia de los 29 Institutos con la Universidad. Aunque durante el debate el oficialismo rechazaba que esa coexistencia esconda un vaciamiento, la Universidad de la Ciudad finalmente incluyó en su oferta académica cinco profesorados ya dictados en los Institutos, con modificaciones al plan de estudio desde una perspectiva acotada que ya había sido advertida por la comunidad educativa. En el Plan de Estudios del Profesorado Universitario de Educación Primaria, por ejemplo, no existen las asignaturas de Educación Sexual Integral, Filosofía y Educación, Psicología Educativa, Ética, DDHH y Constitución de la Ciudad, entre otras. Al día de hoy, en los Institutos de Formación Docente hay entre 60% y 85% de docentes interinos. Además de las condiciones laborales inestables, esta situación representa una gran limitación para la ocupación de cargos electivos que requieren ser titular (consejeros, regente, equipo de rectorado) y, por ende, para la vida democrática de las instituciones.
En lo que refiere a los Institutos Técnicos Superiores, la Ciudad se ha encargado de disminuir su oferta en forma sistemática. En el 2019 hubo un intento de cerrar cinco de ellos.
En nuestro distrito, el acceso a la información y la posibilidad de alcanzar un título de nivel superior queda a la deriva de la suerte individual y de las acciones de promoción de su oferta que desplieguen las instituciones que además, en su gran mayoría, son de gestión privada.
Educación de jóvenes y adultos
Al año 2020, el 21,3% de la población de la Ciudad de más de 25 años tiene el secundario incompleto. Mientras que en la zona sur es el 29% de la población de este grupo de edad la que no finalizó el secundario, en la zona norte solo el 6% se encuentra en esa situación.
Al analizar los datos por comuna, los valores más altos aparecen en las Comunas 8 y 4, con el 47% y 35% respectivamente. Además, el promedio de años de estudio es superior en la zona norte de la ciudad y se reduce en el centro y más aún en el sur.
Estos datos dan cuenta de la necesidad de fortalecer la oferta educativa para jóvenes y adultos y de plantear políticas específicas para las comunas del sur de la Ciudad.
Actualmente existen 42.400 estudiantes cursando el nivel primario o secundario en esta modalidad. Una de las principales problemáticas a las que el PRO no ha dado respuesta es a las condiciones de infraestructura. La mayoría de las escuelas utiliza edificios de otras unidades educativas o espacios comunitarios. En la mayoría de las sedes donde funciona el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (PAEByT), el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs) y los bachilleratos populares se requieren mejoras edilicias, así como equipamiento informático, libros y materiales específicos.
Por otro lado, también es imperioso el fortalecimiento de los equipos de apoyo, como trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales, para poder dar respuesta a las necesidades y problemáticas de las y los estudiantes.
A fines del año 2018 el gobierno de la Ciudad intentó avanzar sobre la educación nocturna, impulsando el cierre paulatino de 14 escuelas comerciales con la idea de avanzar sobre los otros niveles. Luego de marchas y protestas cada vez más populosas, el Ejecutivo porteño dio marcha atrás, conformó una mesa de diálogo y derogó su iniciativa gracias a la reacción popular.
Educación especial
En la modalidad de educación especial existen 105 instituciones educativas, 57 de ellas de gestión estatal y 48 de gestión privada. En lo que respecta a la matrícula, para el año 2020 era de 5.040 estudiantes: 2.710 estudiantes asisten a instituciones de gestión estatal y 2.330 a escuelas de gestión privada.
Una de las mayores problemáticas de la educación especial es la disposición del Gobierno de la Ciudad que recorta la edad de escolaridad de 30 a 22 años. Esta medida afecta a 13 escuelas de educación especial destinadas a la formación laboral e integral, que dictan clases sobre diferentes oficios y generan posibilidades de salida laboral, a través de la oportunidad de finalizar la primaria o la secundaria, la oferta de pasantías laborales, comedor, transporte y un lugar de pertenencia y contención.
Hacia fines de noviembre del 2021, el Gobierno de la Ciudad decidió, de manera totalmente arbitraria, recortar el transporte, las pasantías laborales y la edad de egreso de 30 a 22 años. Le quitó a los estudiantes, sin ningún justificativo, 8 años de formación integral. Su argumento fue la aplicación de la Resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación, pero el Gobierno porteño recortó la edad para la escolaridad sin crear una oferta educativa que cuente con acreditación de saberes. Para garantizar este derecho, solo se tomó la edad de egreso.
Otro hecho relevante a destacar ocurrió a inicios de 2022 con el Palacio Ceci, perteneciente a la Escuela Especial y de Formación Laboral N° 28 DE 16 “Profesor Bartolomé Ayrolo”. Maestros, estudiantes y familias de la escuela se enteraron de que el gobierno porteño quería sacarles el palacio por un tweet de la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, donde informaba que sería utilizado como sede del nuevo “Distrito del Vino”. La Ciudad traspasó el Palacio de la cartera de Educación a la de Desarrollo Económico, habilitando usos distintos al educativo. La comunidad sorda sigue en lucha para que el Ejecutivo le restituya el inmueble a la escuela.
Condiciones de trabajo docente
La formación docente tiene como finalidad preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación integral, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa. Sin embargo en la Ciudad, a contramano de lo que sucede en el resto de las jurisdicciones, faltan docentes para cubrir cargos en las escuelas de gestión estatal.
La emergencia docente es un problema que se ha agravado en los últimos años y que se refleja tanto en el nivel primario, donde hay grados sin maestros/as a cargo; en el nivel secundario, donde quedan horas cátedras sin cubrir; y en la falta de suplentes en el conjunto de las áreas y niveles. Esto repercute de forma negativa en la garantía del derecho social a la educación y trae como consecuencia la sobrecarga laboral de docentes que “cubren” de manera informal esas horas y cuyo trabajo no es reconocido.
Las causas de esta emergencia son diversas. Una de ellas está vinculada a los ingresos de los y las docentes. En la Ciudad de Buenos Aires el salario docente está entre los más bajos: ocupa el puesto 19 sobre un total de 24 jurisdicciones. Esto hace que no sea competitivo en comparación con otros distritos; un hecho insólito teniendo en cuenta que se trata de la ciudad más rica del país.
Otro tema fundamental es la falta de titularizaciones docentes. Las titularizaciones masivas se vienen desarrollando por ley, especialmente en el nivel secundario, ante el fracaso del Gobierno de la Ciudad para llevar a cabo los concursos anuales establecidos.
En el nivel terciario la situación es crítica, no solo por la falta de estabilidad de los docentes sino por los problemas que genera el déficit de docentes titulares a la hora de cubrir los puestos jerárquicos.
Estas condiciones desalientan la elección de la carrera y se suman al alto desgranamiento durante la cursada, así como a las dificultades para sostener y concluir los tramos de prácticas docentes, debido a que la mayoría ya se encuentra trabajando y no hay ninguna licencia que pueda cubrir estos días sin descuento. Además, el sistema de becas es sumamente restringido.
En la Ciudad no existe ley de paritarias docentes, por lo que las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación se terminan discutiendo en la Legislatura, en lugar de tener un ámbito institucional entre el Ejecutivo y los representantes sindicales.
El Ministerio de Educación porteño tiene un largo historial en acciones persecutorias hacia los docentes. Este tipo de accionar intenta poner un manto de sospecha sobre la función y el sentido de las instituciones educativas, condicionar lo que sucede dentro de las aulas -afectando el encuentro pedagógico- y romper el vínculo entre las familias, los docentes y las instituciones educativas.
CONCLUSIONES
La educación y el conocimiento entendidos como bienes públicos o como mercancías pareciera ser una batalla de larga data que se ve reflejada en diferentes coyunturas históricas y que involucra una disputa que, de algún modo, también excede al ámbito educativo.
Como demostramos, existe una definición por parte de quienes llevan adelante la gestión en la Ciudad desde hace más de 15 años de horadar, desprestigiar y deslegitimar lo público mediante diversas estrategias. Por un lado, a través del desfinanciamiento sistemático. Por el otro, con la tercerización de funciones fundamentales que, en manos de empresas que aplican su lógica de rentabilidad sobre los derechos que deberían garantizar. El desfinanciamiento y la tercerización son acompañadas por un discurso que intenta crear sentidos como que “la escuela está en crisis” o “los docentes no se forman”, para abonar el corrimiento del Estado en su rol de garante y responsable del derecho social a la educación. Al tratarse de la jurisdicción con mayor presencia de la gestión privada, esta lógica también se adhiere al interior del sistema público, mediante la incorporación de contenidos digitales y capacitaciones que atentan contra la soberanía pedagógica.
Por otro lado, los datos revelan que la asignación de los bienes y recursos educativos de la Ciudad refuerza las desigualdades sociales existentes. Esto ocurre en la jurisdicción que posee, por su tradición histórica, uno de los sistemas educativos públicos más estables, sofisticados y con más recursos del país.
En estos 15 años han intentado consolidar un proyecto que busca atentar contra la posibilidad de construir escuelas democráticas. La participación de docentes, estudiantes y familias está profundamente cercenada. En este período se vislumbra una persecución constante a la comunidad educativa, con denuncias a docentes por “intromisión política” en las escuelas y “listas negras” de estudiantes que participaron de manifestaciones. Lejos de promover vínculos solidarios, intentan instalar la delación y desconfianza entre estudiantes, docentes y familias.
Garantizar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad de todas y todos los habitantes de la Ciudad es una responsabilidad indelegable del Estado porteño. Sin embargo, 15 años de un gobierno para pocos evidencian que hay una deuda con la calidad y la igualdad educativa.
Este período encontró en el centro de la lucha a las y los trabajadores organizados sindicales, a las y los estudiantes nucleados en sus centros, a las familias y a las comunidades educativas en general que no solo han resistido los intentos de restringir el derecho a la educación, sino que batallan por una educación más justa e inclusiva; que crean, proponen y construyen comunidad organizada allí donde el abandono del Gobierno de la Ciudad se hace palpable.