APUNTES PARA EL DEBATE – FRENTE DE TODOS CABA
EDUCACIÓN
(PRIMERA PARTE)
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA EDUCACIÓN PÚBLICA NO ES UNA PRIORIDAD
La educación es un bien público y un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado y tratado como una prioridad para construir una sociedad más justa y democrática.
Lejos de cumplir con este objetivo, en los últimos 15 años el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha aplicado políticas que atentan contra la autoridad y la calidad de la escuela pública y sus docentes. El proyecto educativo del macrismo trajo como consecuencia la legitimación y consolidación de las desigualdades sociales, la exclusión de los saberes socialmente significativos a las grandes mayorías de la población, la formación en la resignación para un mercado de trabajo cada vez más restringido y precarizado y el disciplinamiento para la aceptación de un orden meritocrático para las nuevas generaciones.
Existe una enorme distancia entre la realidad y el montaje comunicacional del oficialismo. Se ha elaborado un relato en el que buscan posicionarse como defensores de una educación supuestamente “en crisis”, como espectadores pasivos de una realidad de la que no parecerían ser responsables.
Las prioridades se reflejan en los números y la reducción presupuestaria fue sistemática durante todo este período: la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más rica del país y la que menos recursos de su presupuesto destina a la educación. Este ajuste es acompañado por un conjunto de acciones que permiten caracterizar el estado de la educación en la Ciudad: la falta de vacantes en las escuelas de gestión estatal, graves problemas de infraestructura escolar, falta de acceso a dispositivos y conectividad en las escuelas, alimentos de mala calidad en los comedores, desprecio explícito por la carrera docente como profesión y trabajo y subestimación de la participación estudiantil.
En términos legislativos, las pocas leyes sancionadas se han aprobado de espaldas de la comunidad, con una Legislatura vallada y custodiada por policías.
En las siguientes páginas haremos un breve recorrido por las principales acciones y omisiones que definen un sistema educativo cada vez más fragmentado y con enormes dificultades para garantizar el derecho social a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos de la Ciudad.
Presupuesto educativo
La partida presupuestaria destinada a la educación es un primer indicador para analizar cuál es la importancia que un gobierno le otorga a esta área. En 2007 el presupuesto sancionado ocupaba el 26% del presupuesto total. En 2022, ocupó el 16,8%. Es decir, en los últimos 15 años la participación del presupuesto educativo cayó en 10,8 puntos porcentuales.
La reducción sistemática del presupuesto educativo va a contramano de la legislación nacional -Ley de Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional- que obliga a los distintos gobiernos a establecer pisos mínimos de inversión. La ciudad más rica del país es, comparativamente, la que más redujo el gasto en educación de su presupuesto. (CIPPEC, 2020). Actualmente, la CABA es la jurisdicción que menor esfuerzo presupuestario realiza en todo el país en materia educativa.
La reducción del presupuesto destinado a educación se observa en la caída de la inversión por estudiante de gestión estatal para cada uno de los niveles. Tomando como referencia dicha inversión entre 2015 y 2022, en el nivel inicial cae un 38% (de $988 a $616 por día por estudiante), para nivel primario un 37% (de $691 a $438) y en nivel secundario un 43% (de $1119 a $642). En el caso de la educación técnica, la caída es del 41% (de $1422 a $846).
En lo que refiere al presupuesto destinado a las cooperadoras escolares, la caída fue del 70%; lo que demuestra el lugar que se le otorga a la comunidad educativa en la gestión democrática y participativa de las instituciones escolares.
Como veremos, existen áreas que sufrieron la peor parte del recorte presupuestario, como es el caso de infraestructura escolar.
Infraestructura escolar
Una de las características más significativas de esta área ha sido el proceso de tercerización de la gestión del mantenimiento de las escuelas. En el año 2015 se resolvió desmantelar el área de trabajadores que realizaban estas tareas. La Auditoría de la Ciudad realizó numerosos informes que dan cuenta de las fallas en el sistema de mantenimiento de establecimientos educativos, que se puede ver en el deterioro de los edificios, situaciones de riesgo para la comunidad educativa, falta de transparencia en las licitaciones y contrataciones, incumplimiento de los pliegos, falta de rigurosidad en el cobro de multas a las empresas responsables y redeterminaciones de precios en las contrataciones que no constan fehacientemente en los expedientes.
Uno de los slogans de la gestión PRO es la construcción de 54 nuevas escuelas en la Ciudad. Pero en más de un tercio de los casos se trata de reemplazos de edificios existentes, por lo que ni siquiera se crearon nuevas vacantes escolares.
Desde el año 2012 hasta la actualidad el presupuesto destinado a infraestructura escolar perdió -en términos acumulados- el 59% de su poder adquisitivo. Además, el presupuesto destinado a infraestructura escolar se redujo un 69% en plena pandemia y se dieron de baja licitaciones para construcción de nuevas escuelas y de refacciones y mejoras en las existentes por más de $528 millones.
Al bajo nivel de inversión de los últimos años se le suma la falta de ejecución: en el segundo trimestre del 2022 se ejecutó solo el 33% del presupuesto de infraestructura y el 34% del de mantenimiento, una proporción alarmantemente baja para el nivel de urgencia que presentan los edificios escolares. Como si esto fuera poco, el Plan Plurianual de Obras detallado en el presupuesto 2022 no prevé la construcción de nuevas escuelas en los próximos dos años.
Servicios alimentarios
En la Ciudad de Buenos Aires el servicio de elaboración y distribución de comidas para los comedores escolares está tercerizado: se contratan empresas concesionarias para que se hagan cargo de la elaboración y distribución de los desayunos, almuerzos y refrigerios para todos los niveles educativos.
Desde 2016, la Auditoría General de la Ciudad viene observando y advirtiendo acerca de la falta de control en el servicio alimentario de los comedores escolares, específicamente sobre los riesgos que implican las condiciones de esas contrataciones. El Gobierno porteño le traslada la responsabilidad del control de la calidad de los alimentos a las empresas prestatarias. En caso de intoxicaciones o un déficit en el servicio, la Ciudad -en los pocos casos en los que decide intervenir- aplica multas irrisorias.
La gestión de Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, empeoró aún más el servicio. Por un lado, se definió un recorte en las raciones de comida, cada vez menos abundantes y de peor calidad, justificadas en la supuesta necesidad de generar una “nutrición saludable”. Por el otro, se implementó la inscripción online para acceder a la beca de comedor. Dificultar el acceso introduciendo nuevos trámites para las familias es parte de la lógica de esta gestión que vuelve más compleja la posibilidad de acceder a derechos. Los criterios de otorgamiento son engorrosos y dependen de diversos factores tales como el nivel socioeconómico de las familias, la cantidad de personas en el grupo familiar, cantidad de hijos/as, la declaración de ingresos, entre otros.
Asimismo, el Gobierno de la Ciudad utiliza un “índice de presentismo” para no entregar la cantidad de desayunos y meriendas totales, recargando en la conducción de las escuelas la decisión de administrar las viandas.
Educación Sexual Integral
Existen diversos problemas vinculados a la implementación de la normativa vigente. Desde el Ministerio de Educación porteño se promueven solamente actividades focalizadas, que recortan el espíritu transversal de la ley nacional y de la Ciudad. Según la agenda educativa, debe haber solo tres jornadas de ESI por año en las escuelas y desde el Ministerio no se fomenta el trabajo de forma integral. El Gobierno de la Ciudad no puso en marcha un programa con la jerarquía suficiente para abarcar todas las instancias establecidas por la ley ni creó un área específica en la estructura ministerial que garantice y supervise su efectiva implementación en todos los niveles escolares.
Educación de gestión privada
En la Ciudad de Buenos Aires existen 1334 instituciones educativas de gestión privada: representando el 64% correspondiente al nivel inicial, 44% al nivel primario y 55% al nivel secundario. Esto representa el 54% de la oferta educativa de la Ciudad.
En los 15 años de gobierno macrista se observa una tendencia a favorecer la educación de gestión privada. A diferencia de otras partidas, la participación porcentual del presupuesto en Educación de gestión privada sobre el total del presupuesto educativo sí se incrementó durante el período 2007-2022.
En relación a los subsidios estatales destinados a unidades educativas de gestión privada, hay escaso control y seguimiento sobre la forma y los porcentajes que se otorgan. Por otro lado, tampoco hay suficiente información respecto al cumplimiento de estas escuelas de la normativa nacional vigente, que establece que el 10% de su población debe estar becada.
Inclusión digital
Desde el 2010 existe en la Ciudad el Plan Sarmiento, un programa de entrega de computadoras a estudiantes. Originalmente se entregaban dispositivos bajo el modelo 1 a 1, es decir, una netbook para cada estudiante de nivel primario y una notebook para cada docente al frente de un curso.
Sin embargo, en 2016 se recortó el programa. En el primer ciclo, de 1ero a 3er grado de primaria, se reemplazó la entrega de dispositivos a cada estudiante por carros con tablets que permanecen en las escuelas para que se utilicen en el aula, pero que no pueden retirarse. Lo mismo ocurre en el nivel inicial, donde se proveen carros con equipamiento tecnológico (tablets y una netbook) para salas de 5 años. Para el nivel secundario se entregan gabinetes con netbooks a escuelas secundarias y Secundarias del Futuro de la Ciudad, también para que los estudiantes utilicen solo en el aula.
En el año 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, se decidió por decreto discontinuar el programa nacional “Conectar Igualdad”. Esta medida privó de la entrega de dispositivos y el acceso a la conectividad a miles de estudiantes de nivel secundario. Durante la pandemia y a pesar de la importancia que cobró la conectividad, hubo pocas entregas de dispositivos y se hicieron con demora. En ese mismo período el Gobierno de la Ciudad subejecutó el presupuesto destinado al Plan Sarmiento en 370 millones de pesos, que en los primeros meses del 2021 fueron reasignados para subsidios a escuelas de gestión privada.
Por último, hay que resaltar que el PRO utilizó esta área para alentar el negocio privado, comprando enlatados de Google y privilegiando a empresas tecnológicas que monopolizan el mercado.