APUNTES PARA EL DEBATE – FRENTE DE TODOS CABA
POLÍTICAS SOCIALES Y PERSONAS MAYORES
GESTIONAR MÁS QUE RESOLVER EN LOS 15 AÑOS DE MACRISMO
Las políticas sociales son políticas públicas que tienen como objeto “lo social” sobre lo que el Estado debe intervenir y definir cómo debe hacerlo. Aquí radica la primera diferencia que marcamos con el modelo de política social implementado en 15 años de gestión macrista en CABA. Un modelo que, con rupturas y continuidades, se ha sostenido desde una visión técnica-liberal tendiente a “gestionar” los problemas más que a resolverlos.
Analizar los marcos normativos, el entramado institucional y la inversión pública destinada a los programas sociales, son aspectos claves para lograr un diagnóstico exhaustivo del modelo de política social que nos proponen.
Para una buena evaluación es importante tener en cuenta que muchos de los programas diseñados e implementados por la gestión del PRO han sido programas focalizados, de “emergencia”, que parten de concepciones limitadas y sesgadas de algunas realidades como la pobreza. Esta categoría es hoy un terreno de disputa política y discursiva en una Ciudad en la que parece que hay “pobres que merecen” y “pobres que no merecen” asistencia por parte del Estado. En la Ciudad de Buenos Aires prima una perspectiva asistencialista y de los sujetos como beneficiarios.
DIAGNÓSTICO GENERAL
Hace 15 años que el macrismo gobierna la ciudad más rica y más desigual del país. Es importante destacar que el Estado Nacional aporta recursos concretos en la Ciudad de Buenos Aires en pos de revertir esa desigualdad. Con políticas que se iniciaron en los gobiernos kirchneristas y que hoy lleva adelante el Frente de Todos, se ha garantizado el acceso a mejores condiciones de vida: la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar, el Potenciar Trabajo, el Ingreso Familiar de Emergencia, entre otros programas nacionales que el macrismo ha menospreciado y estigmatizado de forma sistemática.
Según cifras de 2021 en CABA se registró un aumento de la pobreza multidimensional que alcanzó en el cuarto trimestre al 21,6% de la población y al 17,5% de los hogares, con aumentos de 1,3 y 2,2 puntos porcentuales respecto de la última medición del mismo período de 2019, según la Dirección General de Estadística y Censos (DGEYC). La desigualdad entre el norte y el sur de la Ciudad es una realidad ya casi estructural del modelo que nos proponen.
La cantidad de personas que en el sur de la ciudad son pobres (desde la perspectiva multidimensional) es casi 5 veces más alta que en el norte. Las comunas que integran la zona sur son las que contienen índices mayores de hogares y población con Necesidades Básicas Insatisfechas. Marcada por enormes niveles de precariedad y vulnerabilidad socio habitacional, el GCBA tuvo como propuesta para la zona sur generar vías de renovación urbana a través de políticas con una fuerte orientación al sector empresarial: la privatización de terrenos, la promoción e incentivos hacia el sector privado y las operaciones destinadas a la valorización inmobiliaria han sido características centrales de su política para la zona sur. Una gestión urbana que no está planificada en función de las necesidades de la población que allí habita y que tiene profundas consecuencias: el aumento de los precios del suelo y de los alquileres, el desplazamiento de vecinos hacia otras localizaciones, la profundización de la emergencia habitacional y social.
MODELOS EN PUGNA
Es necesario revertir este modelo de ciudad para pocos, planificada desde una “lógica de la ganancia” y trabajar por una ciudad inclusiva para todos y todas. Trabajar desde otro paradigma de políticas sociales es estratégico. Concebir a las personas que habitan, transitan y trabajan en la Ciudad como sujetos de derecho es un aspecto clave y necesario para contraponer las perspectivas que esta gestión nos impone. Asimismo, pensar el Estado asociado con las organizaciones que conocen los territorios, reclaman y garantizan el acceso a derechos vulnerados es también parte de la solución.
La planificación de políticas sociales debe pensarse de manera participativa con los ciudadanos y ciudadanas afectados por el neoliberalismo y por un Estado local que no logra llegar. Es parte del proceso valorar y reconocer a aquellos que día a día se esfuerzan para sostener a los más vulnerables en los territorios de la ciudad y accionar desde la lógica de la comunidad organizada.
Durante la pandemia y el aislamiento quedó en evidencia la necesidad e importancia de un Estado presente en los territorios, articulando con la gestión social de trabajadores de la economía popular, vecinos y organizaciones. Las promotoras y promotores comunitarios fueron y son esenciales para el cuidado de quienes viven en los barrios populares o villas de la Ciudad.
Cabe señalar, y denunciar, un primer punto fundamental: el presupuesto en materia de políticas sociales de la gestión de Larreta en CABA está subjecutado. La cartera del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (que es uno de los principales ámbitos de aplicación de las políticas sociales) tuvo en 2022 solo el 35% de ejecución de los recursos asignados.
A continuación presentamos una selección de algunas líneas programáticas que se llevan adelante como ámbito de aplicación desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El entramado de políticas y programas sociales es amplio y transversal a muchos ejes temáticos con políticas específicas sobre Mujeres, géneros y diversidades, juventud y niñez, vivienda y urbanización.
SITUACIÓN DE CALLE
A casi 12 años de la sanción de la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación y Riesgo de Calle, podemos decir el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumple con el conjunto de medidas que dicha norma obliga a garantizar: promover acciones de concientización y prevención de violencia contra personas en situación de calle, promover acceso a programas de desintoxicación y prevención de consumo de sustancias, programas de salud mental y políticas extendidas de terminalidad educativa, entre otras.
Cabe mencionar que en la Ciudad se despliega una violencia institucional sistemática hacia dicha población, a través de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. En continuidad con las formas desplegadas por lo que fue la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) en la gestión de Mauricio Macri, que operaba en desalojos de viviendas y espacios públicos golpeando a las personas y destruyendo sus pertenencias. A 15 años de la gestión PRO, la violencia institucional contra las personas en situación y riesgo de calle no ha cesado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco de esta situación, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, se presentó un amparo colectivo, en el fuero Contencioso y Administrativo de la Ciudad, que tiene como objeto que cese el modus operandi del Gobierno de la Ciudad a través de su policía y funcionarios del Ministerio antes mencionado en su accionar para con las personas en situación de calle, quienes son arbitrariamente despojadas de sus pertenencias sin ninguna legalidad, hostigadas, denigradas y amenazadas. En paralelo a esta acción colectiva también fueron presentadas en el fuero penal las denuncias pertinentes de numerosas personas que han padecido de esta violencia.
Respecto a los Centros de Inclusión, encontramos que actualmente no hay disponibilidad de un conjunto de ellos que trabajen las 24 horas.
Algunas de las demandas de las personas en situación de calle respecto a estos dispositivos están centradas en la violencia que se vive allí dentro, en la separación de las familias y en que no cuentan con espacios para poder alojar sus herramientas o elementos de trabajo. Tampoco se generan propuestas de inserción laboral reales que impliquen un acompañamiento y seguimiento de cada trayectoria y situación particular.
El relevamiento anual de personas en situación de calle que realiza el GCBA no incorpora de forma real (ni en su diseño, ni en su aplicación) a las organizaciones sociales con experiencia y anclaje en la temática. Este instrumento contabiliza a una menor cantidad de población en dicha situación que otras herramientas que son desplegadas por actores especialistas en el tema. El último censo popular realizado en 2019, contó con la participación de más de 40 organizaciones sociales e instituciones como el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad. El resultado arrojó que 7251 personas se encontraban en situación de calle, de las cuales 871 eran niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el relevamiento realizado por el GCBA en el mismo año, arrojó el dato de 1146 personas. En este punto es importante señalar que luego del fallo judicial que en 2022 le ordenó incluir al GCBA el dato de las personas alojadas en centros transitorios, se relevaron 1600 personas en Centros de Inclusión Social y 1011 personas en calle efectiva. Así el total contabilizado fue de 2611 personas.
SUBSIDIO DE ASISTENCIA HABITACIONAL: DECRETO 690/06
El subsidio habitacional implementado desde el año 2006, tanto por Macri como Larreta, es de un monto insuficiente para completar el pago del alquiler de una pieza de hotel. Por ejemplo, desde julio de 2022 fue actualizado a montos máximos de hasta $16.025 y $20.313 desde octubre (dependiendo la composición familiar). Un tercio de las familias y personas deben recurrir a la Justicia para poder sostenerlo o ampliar los montos a través de recursos de amparo. En estos 15 años se ha convertido en moneda corriente que los vecinos deban recurrir a acciones judiciales para que se garanticen sus derechos.
El promedio anual de titulares del subsidio en 2020 era de 15.000, de los cuales más de 4.000 estaban amparados. En la Sesión Especial de junio de 2022, Felipe Miguel, expuso que había 21.200 personas que cobraban el subsidio habitacional.
En lo que respecta a las características del programa y a sus principales deficiencias, es importante mencionar que solo pueden acceder las personas que se encuentren viviendo en situación de calle efectiva. Es decir, quedan afuera las personas y familias que están en riesgo de estar en situación de calle. En relación con el monto del subsidio, éste no permite acceder a una solución habitacional transitoria (mucho menos permanente) y de calidad.
Resulta imposible afrontar el alquiler de una habitación por esa suma de dinero en la Ciudad de Buenos Aires. Además es importante destacar que muchos de los hoteles no aceptan el alojamiento de familias con niños, por lo que las opciones de encontrar un lugar habitable se ven muy limitadas para las personas y familias que se inscriben en este programa. Esta política no contempla ningún mecanismo regular de aumento del monto y establece un tiempo/vigencia sumamente incoherente con el sentido que debería tener.
Por otra parte, la inscripción al programa resulta muy difícil dadas las trabas burocráticas dispuestas por la administración local. Para acceder al subsidio, cada persona o familia solicitante debe presentar tres presupuestos de alojamientos distintos. Si se pensara la política de forma situada, con un buen diagnóstico de la realidad, se tomaría en cuenta que casi ningún hotel otorga estos presupuestos en virtud de que en su gran mayoría no están registrados y desarrollan su actividad de manera informal.
PERSONAS MAYORES
El envejecimiento, en tanto proceso histórico-social, es dinámico y extremadamente heterogéneo. La idea de una vejez homogénea ha sido desechada como parte de los mitos y la construcción social negativa sobre la vejez. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la población de mayores de 60 años llega aproximadamente a un 22%. Un primer dato a tener en cuenta es que de este porcentaje, la mayoría son mujeres, lo que implica la necesidad de imprimirle una mirada transversal en el diseño de estas políticas con orientaciones específicas para mujeres y población LGBTIQ.
Como mencionamos en la introducción del presente capítulo, las características económicas, sociales y urbanas de la zona sur la ubican en cierto grado de desigualdad en relación con el resto de las áreas de la ciudad. Esta desigualdad atraviesa distintas dimensiones y aspectos a atender desde el diseño de las políticas públicas en general y los programas sociales en particular. En relación con la población de adultos mayores, encontramos una diferencia de hasta 6 años de vida entre el norte y el sur de CABA, y estas diferencias se agudizan aún más en los barrios populares.
Por otra parte, tener en cuenta qué organismos públicos y actores institucionales intervienen en el diseño y gestión de los programas sociales en la ciudad es un aspecto clave y definitorio para entender las concepciones y enfoques que hay detrás. En relación con esto y las políticas para adultos mayores en CABA, en el mes de agosto del año 2021, la Secretaria de Bienestar Integral y la Subsecretaria para Personas Mayores, dejaron de pertenecer al ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y pasaron a estar únicamente bajo la órbita del Ministerio de Salud. Esto representa un retroceso en el modo de pensar y planificar las políticas para esta población. Mientras a nivel mundial se intenta abordar las temáticas relacionadas con las personas mayores desde un enfoque social multidimensional, el Gobierno de la Ciudad decidió centralizar las políticas en el área de salud desde una perspectiva principalmente médica, por lo que pareciera que se va a priorizar un abordaje justamente basado en lo físico/médico, cuando sabemos que las personas mayores no solo se enferman y necesitan cuidar su salud física. Esto debe concebirse y abordarse de forma integral e integrada, y requiere de políticas que apunten a su inclusión social. Esta inclusión de los adultos mayores debe ser planificada tomando en cuenta la diversidad y desigualdad cultural, social, económica y educativa que existe al interior de este grupo poblacional.
El GCBA implementa una serie de programas orientados a las personas mayores de 60 años y más, autovalentes, que residan en la CABA, y que no posean padecimientos crónico-degenerativos o dependencias en etapas avanzadas. Los programas más importantes dirigidos a esta población son dos: el de Hogares de Residencia Permanente, que son establecimientos en los que se alojan personas mayores de 60 años con necesidad de apoyos y en situación de vulnerabilidad socio-habitacional. Por otro lado, el programa de Sistemas Alternativos a la Institucionalización, que brinda cobertura domiciliaria de asistentes gerontológicos/as. En este último caso, se desconoce cuál es el criterio que tiene el Gobierno de la Ciudad para fijar y aumentar el monto de esta prestación.
PROGRAMA TESTIGO: HOGAR DE RESIDENCIA PERMANENTE
El Gobierno de la Ciudad cuenta con cinco hogares propios para el alojamiento de personas mayores en situación de vulnerabilidad socio-habitacional: dos ubicados en la Ciudad (el hogar San Martín y el hogar Rawson); dos en Ituzaingó (el hogar Martín Rodríguez y el hogar Viamonte), y uno en Necochea (el hogar Raimondi). Desde hace tres años, los residentes y trabajadores de algunos de estos hogares denuncian malas condiciones de habitabilidad de estos establecimientos.
Puntualmente se hicieron reclamos por la situación de los hogares Rodríguez y Viamonte, ubicados en Ituzaingó. Se denunciaron problemas de infraestructura, como falta de calefacción y de agua caliente en algunos pabellones, y hasta ausencia de detectores de humo. También se denuncia que los cuidadores y cuidadoras son insuficientes para atender a todas las personas alojadas.
Mayormente, quienes no pueden pagar una institución geriátrica o un acompañante o asistente, recurren a la prestación de PAMI para dar solución a esta demanda.
Cabe destacar el gran “negocio” que se ha permitido montar con las residencias privadas para personas mayores. A modo de ejemplo, señalamos al grupo Montalto, propietario de 9 geriátricos, la mayoría de “alta gama”, inaccesible como prestación social por los altos costos de las cuotas. Respecto a la ubicación de los geriátricos privados en CABA, la oferta en zona sur es inexistente, justamente porque no resulta ‘’rentable’’.
El programa “Vivir en casa” brinda acompañamiento económico a las personas mayores para que puedan seguir residiendo en su vivienda. Está dirigido a los adultos mayores para que destinen la asistencia económica a gastos ocasionados por alquiler, expensas u otras prestaciones relacionadas a la vivienda, y que no tengan el mismo beneficio a través de su obra social. Esta última condición es variable de acceso, ya que si la persona mayor recibe algún tipo de subsidio social por parte de PAMI, el otorgamiento del subsidio “Vivir en Casa” es denegado.
ASISTENCIA ALIMENTARIA
Las políticas de asistencia alimentaria están orientadas a los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. En la Ciudad existen programas de asistencia a comedores comunitarios que se implementan de forma muy deficitaria, no solo porque son insuficientes las raciones, sino porque no incorporan el valor nutricional como un elemento central del enfoque de estas políticas.
Los programas alimentarios de asistencia a comedores diseñados desde una perspectiva integral, comunitaria y de derechos deberían contemplar dimensiones que para el GCBA son inexistentes: el mejoramiento de la calidad y condiciones de trabajo y gestión de los comedores en cada territorio, la puesta en valor de las tareas de cuidado que se desarrollan en los centros comunitarios, el reconocimiento simbólico y económico a los cocineros y promotores nutricionales, el acompañamiento técnico y formativo (formación nutricional, seguridad e higiene alimentaria). Volvemos a encontrar en la política alimentaria un sesgo del GCBA netamente asistencialista, sin perspectivas de integración social, territorial, sin promover la seguridad ni la soberanía alimentaria.
PROGRAMA TESTIGO: APOYO A GRUPOS COMUNITARIOS
El Programa “Grupos Comunitarios” se articula a través de convenios con comedores asistidos y con comedores bajo programa. En estos 15 años los comedores y merenderos que están contenidos en el programa no han variado. En 2008/9 el GCBA hizo convenios con diferentes organizaciones sociales y asociaciones civiles o eclesiásticas. En los años de la pandemia, la cantidad de raciones destinadas al programa sufrió una reducción del 25%.
Es importante sopesar estos datos para hacer un recorrido de su deficiente aplicación a lo largo de estos años. Mientras las personas en situación de calle y que asisten a comedores y merenderos se incrementan notoriamente, el GCBA no da respuestas a quienes se organizan para garantizarles un plato de comida. El Estado debe dar respuesta a la difícil situación económica y a las problemáticas alimentarias crecientes, incrementando los montos asignados para todos los comedores, y mejorando la cobertura al incorporar a los comedores asistidos a la modalidad “bajo programa”.
El Gobierno de la Ciudad no garantiza en tiempo y calidad las raciones asignadas a cada uno de los puntos comunitarios. Es urgente que se incrementen las partidas para recomponer la disminución del 25% hecha durante la pandemia. El GCBA tampoco incluye en esta política el acondicionamiento de los centros comunitarios y el reconocimiento salarial de quienes allí trabajan ya que esta línea de acción también carece de un enfoque integral.
Por otro lado, cabe mencionar un problema que se hace cada vez más visible en la ciudad que son los servicios alimentarios en comedores escolares de gestión estatal. Se han hecho públicas las denuncias en relación a la mala calidad de los alimentos, en muchos casos raciones que han sido entregadas en estado de putrefacción.
Para el macrismo la alimentación en las escuelas es un negocio de un puñado de proveedores que increíblemente continúa con sus concesiones después de graves denuncias.
PROGRAMA TESTIGO: CIUDADANÍA PORTEÑA
El principal programa destinado a asistir a los hogares en situación de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es el Programa Ciudadanía Porteña – Con Todo Derecho, que procura garantizar el acceso a productos de primera necesidad, el derecho a la alimentación, salud y educación de niñas, niños, adolescentes y su grupo familiar. La titular es la mujer, sea ésta la jefa de hogar o cónyuge.
Hace varios años que Ciudadanía Porteña viene reduciendo la cantidad de familias que asiste, pasando de 60 mil hogares en 2008 a 38 mil en 2020. Para el 2022, se produjo una nueva reducción a 36 mil hogares. Esto se debe, en parte, a que su ingreso se encuentra restringido. En efecto, desde el año 2008 se ingresa a través de otro programa, Ticket Social, y es incompatible con la AUH. Pero por supuesto, la cobertura de Ticket Social también se redujo.
La política social del GCBA es focalizada, discrecional y solo apunta a administrar la pobreza, por lo que no se resuelve con estas prestaciones insuficientes, tampoco, su objetivo alimentario. Como vemos, disminuye la cobertura año a año, sin mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las familias destinatarias.
ECONOMÍA POPULAR
La Economía Popular es una forma organizativa que han encontrado millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país y nuestra Ciudad, frente a un mercado que excluye y es incapaz de absorber a la totalidad de la población trabajadora. Aún permanece invisibilizada y quienes la integran han tenido que luchar en los últimos 20 años para obtener diferentes reconocimientos. La conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) es un hito trascendental que permite continuar avanzando en la obtención de derechos para las mayorías.
Actualmente existe un proceso incipiente de inscripción al Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), en el que a febrero del 2022 (últimos datos disponibles) se han registrado 103.678 en la Ciudad, lo que representa el 3,4% del total del país.
La Economía Popular contiene diversas ramas relacionadas al ámbito productivo y reproductivo. Algunas de ellas comprenden una cantidad de trabajadores que superan en muchos casos a aquellos pertenecientes al trabajo empleado por el Estado o privados. Contar ya con un Registro Nacional y crear un sistema de indicadores que permitan cuantificar y caracterizar a este enorme sector de trabajadores de nuestro país es un paso fundamental para mejorar el diseño de las políticas públicas.
Entre las distintas áreas, hay que señalar que las tareas de cuidado no son actividades residuales, situadas en los márgenes del mercado, ni que ocupan los “nichos no rentables del sistema económico”. Son los fundamentos indispensables de las condiciones de posibilidad de vida de muchos sectores de nuestra sociedad. El necesario reconocimiento económico y simbólico de estas tareas choca con los enfoques neoliberales que priman en el modelo de políticas sociales del GCBA. El concepto de cuidado situado, más allá del ámbito privado, familiar y femenino, se expande como responsabilidad colectiva y política de cuidado de la salud y colisiona con los intereses por la acumulación indiscriminada de dinero y la rentabilidad económica.
Algunos aportes provenientes del campo de la economía feminista permiten visibilizar y cuantificar el valor económico de esas tareas de cuidado no remuneradas que son realizadas en su gran mayoría por mujeres. En Argentina, según un informe presentado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en septiembre del 2020, el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) representa un 15,9% del PIB y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13%). En total, se calcula que se trata de un aporte de $4.001.047 millones, valor que resulta de monetizar la gran cantidad de tareas domésticas que se realizan en todos los hogares, todos los días.
Pero es necesario construir una perspectiva respecto a los cuidados que nos permita dejar de concebirlos como una responsabilidad que recae principalmente en las familias y sobre todo en las mujeres, para trasladar los cuidados al ámbito público y colectivizarlos. Es allí donde aparecen las organizaciones de la economía popular que llevan adelante las diferentes actividades de cuidado en términos comunitarios.
En diciembre de 2020 se sancionó en la Ciudad la Ley 6736 de Promoción de la Economía Social. Si bien se trató de un proyecto presentado por el Ejecutivo, a la hora de su tratamiento existían más proyectos sobre la temática cuyos elementos no fueron incorporados. Aún así, el tratamiento de esta ley implicó un espacio para que las distintas organizaciones sociales puedan discutir sobre la economía social y popular en la Ciudad.
Por otro lado, más recientemente, la Legislatura aprobó la “Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”, con el objeto de constituir Distritos Económicos en algunos barrios populares y dar beneficios económicos a las empresas que se instalen allí. Esta ley fue tratada a espaldas de los vecinos y vecinas, ya que no se abordó en las Mesas de Gestión y Participación.
DISCAPACIDAD
Las personas en situación de discapacidad que por su condición de salud física, psíquica, motriz o intelectual ven restringida o limitada su participación plena, su inserción en la sociedad y en la Ciudad, necesitan de políticas que promuevan su inclusión y la igualdad de oportunidades.
Existen diversos problemas no resueltos que afectan a esta población en la Ciudad de Buenos Aires: la accesibilidad física a los espacios públicos y al transporte y las dificultades de inserción laboral y educativa. Problemas que se agudizan en las zonas más vulnerables de la ciudad como son los barrios populares y las villas.
El desempleo es uno de los principales problemas que afecta a las personas con discapacidad a nivel mundial, ya que todavía existen muchos prejuicios sociales/culturales sobre las posibilidades que tiene esta población para trabajar y desarrollar una vida activa. En el caso de la Ciudad, rige la Ley 1.502 que establece un cupo laboral del 5% de trabajadores/as con discapacidad en los tres poderes del Estado, en las empresas del Estado y en las empresas concesionarias de servicios públicos. La ley preveía alcanzar dicho cupo en 2009, pero en ese año el macrismo decidió extender un año más el plazo para poder cumplir con la reglamentación. Sin embargo, el cupo del 5% de trabajadores con discapacidad nunca se cumplió. A su vez, encontramos que hay una falta importante de datos e información estadística específica sobre esta población y su realidad en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a ello, según la Auditoría General de la Ciudad, hasta el 2019 los últimos números disponibles indican que no se llega al 4%, y en algunos sectores está por debajo del 1%.
Con respecto a las barreras físicas, según la Encuesta Anual de Hogares realizada en el 2018, aproximadamente 4 de cada 10 personas con discapacidad encuentran obstáculos para utilizar trenes (38,7%), colectivos (49%) y subtes (43,6%). Además, el 38,2% advierte obstáculos en las veredas. En este sentido, también se destacan los retrocesos sistemáticos que el Gobierno Porteño presentó en la Legislatura con las modificaciones de los Códigos de Edificación y Código Urbanístico. Los proyectos aprobados en 2018 daban luz verde a medidas mínimas inaccesibles para viviendas particulares (18 metros cuadrados) y ninguno de ellos contó con una mirada transversal en términos de discapacidades. Asimismo, en lo que respecta a los ámbitos escolares, se transgrede la altura máxima de diecisiete metros con sesenta centímetros para aulas o locales de permanencia, introduciendo condiciones de riesgo en los medios exigidos de salida de edificios escolares.
Algo parecido ocurre con las estaciones de subte. Está vigente el decreto reglamentario de la Ley Nacional N° 24.314, a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires, donde se ordena que todas las estaciones de transporte deben tener condiciones de accesibilidad: ascensores, posibilidades de movilizarse en las combinaciones e información que sea posible de interpretar para todos y todas. El decreto daba un plazo de 3 años para la adaptación de todas las estaciones, que debía ocurrir en el año 2000. Sin embargo, en diciembre de 2018 la Legislatura aprobó la Ley 6.132, por un proyecto presentado por el bloque macrista, que dispuso un plazo de 20 años más para garantizar accesibilidad en todas las estaciones de subte, y exceptuó a las estaciones que el GCBA constate que no podrán ser adaptadas ni siquiera para garantizar la accesibilidad parcial. Según datos de SBASE, solamente un 46% de las estaciones de subte son accesibles para personas con discapacidad en la actualidad.
En el ámbito educativo también encontramos grandes desigualdades para las niñeces, adolescencias, juventudes y adultos con discapacidad. Según la Encuesta Anual de Hogares, aproximadamente 4 de cada 10 personas con discapacidad de 6 años y más que asisten a la educación común manifiestan que existen barreras en su inclusión educativa. A la falta de accesibilidad física de algunos edificios educativos, se suma la falta de cargos de maestros y maestras integradoras para brindar apoyo a las personas con discapacidad que están incluidas en escuelas comunes. A esta realidad se sumaron dos situaciones muy graves de ataque a la educación de personas con discapacidad en la ciudad. Por un lado, el intento de apropiarse del edificio Palacio Ceci, donde se aloja hace décadas la escuela pública Bartolomé Ayrolo para niños y niñas sordas. Cabe destacar que dicho colegio es modelo en toda América, y quiso ser usurpado para realizar parte del Distrito del Vino. Por otro lado, se destaca la exclusión de los centros educativos de formación laboral a los estudiantes mayores de 22 años.
El organismo que se encarga de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad en la ciudad es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). A pesar de todos los problemas descritos, la COPIDIS redujo su presupuesto en un 11% durante el 2021.
Debemos contraponer a este modelo focalizado, sesgado y neoasistencialista, una visión integral de las políticas sociales; entenderlas como la estrategia para mejorar y organizar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, la calidad y extensión de sus derechos y los modos de integración social.